Jaime Antonio Zamayoa Mendoza

Expediente 925/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
925/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Jaime Antonio Zamayoa Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 925/2022 R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Jaime Antonio Zamoyoa Mendoza, a través de su apoderado legal Víctor Hugo Barrita Soriano, mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, que estima violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de demanda. En proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió la demanda, solicitó a la autoridad señalada como responsables su informe justificado; ordenó emplazar al tercero interesado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda de amparo. En auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, se requirió al quejoso, para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo en relación a la autoridad Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, ante la omisión del quejoso en ampliar respecto a la aludida autoridad, se determinó que este asunto se resolvería en los términos planteados en la demanda. CUARTO. Tramite del juicio. Seguido el trámite respectivo la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que el quejoso Jaime Antonio Zamoyoa Mendoza reclama de los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez: La omisión de emitir los acuerdos necesarios para lograr el cumplimiento del laudo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 1528/2019(4) de su índice. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, por conducto de su Presidenta, negaron la existencia de la omisión reclamada, argumentando que de conformidad con los artículos 618, fracción II, y 940, ambos de la Ley de Amparo, es obligación del Presidente Ejecutor de la Junta Especial el ejecutar los laudos dictados por la Junta. Siendo por tanto el acto reclamado en este juicio constitucional una omisión jurídica, entendida como un estado pasivo por parte de la autoridad, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad legal que la habilita, obliga o le da competencia. Sobre esta figura jurídica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1aXXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, y que en estos casos, el deber de la autoridad es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que solo pueden omitirse conductas, fácticas y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. En ese tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. De tal forma, que este Juzgado Federal, ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niega bajo la justificación de que legamente no estaba obligada a actuar en la manera en que lo exige el gobernado; debe analizar precisamente ese aspecto de existencia. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.99/2018, visible en página 926, Libro 59, octubre 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018110, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En tal sentido, este Juzgado Federal analiza la existencia de la omisión de los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, en emitir los acuerdos necesarios para lograr el cumplimiento del laudo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 1528/2019(4) de su índice; a la luz de la obligación legal de tal autoridad de proceder a realizar tal actuación. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 53, Tomo VII, junio 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En los artículos 618, fracción II, y 940, ambos de la Ley de Amparo, se establece la obligación del Presidente Ejecutor de la Junta Especial de ejecutar los laudos dictados por la Junta. No existiendo disposición legal que establezca la obligación de la Junta Especial, como órgano colegiado, de proveer lo necesario a fin de obtener el cumplimiento de los laudos. Luego, los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, con base en sus atribuciones legales, no están obligados en emitir los acuerdos relativos a la ejecución del laudo; por tanto, no existe la omisión jurídica que reclama Jaime Antonio Zamoyoa Mendoza de esa autoridad. En consecuencia, al no existir el supuesto que condiciona la existencia de la omisión reclamada, esto es, un deber de hacer incumplida; procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 155 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 925/2022, promovido por Jaime Antonio Zamoyoa Mendoza, en términos del último considerando de esta resolución. Siendo por tanto el acto reclamado en este juicio constitucional una omisión jurídica, entendida como un estado pasivo por parte de la autoridad, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad legal que la habilita, obliga o le da competencia. Sobre esta figura jurídica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1aXXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, y que en estos casos, el deber de la autoridad es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que solo pueden omitirse conductas, fácticas y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. En ese tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. De tal forma, que este Juzgado Federal, ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niega bajo la justificación de que legamente no estaba obligada a actuar en la manera en que lo exige el gobernado; debe analizar precisamente ese aspecto de existencia. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.99/2018, visible en página 926, Libro 59, octubre 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018110, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En tal sentido, este Juzgado Federal analiza la existencia de la omisión de los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, en emitir los acuerdos necesarios para lograr el cumplimiento del laudo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 1528/2019(4) de su índice; a la luz de la obligación legal de tal autoridad de proceder a realizar tal actuación. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 53, Tomo VII, junio 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En los artículos 618, fracción II, y 940, ambos de la Ley de Amparo, se establece la obligación del Presidente Ejecutor de la Junta Especial de ejecutar los laudos dictados por la Junta. No existiendo disposición legal que establezca la obligación de la Junta Especial, como órgano colegiado, de proveer lo necesario a fin de obtener el cumplimiento de los laudos. Luego, los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, con base en sus atribuciones legales, no están obligados en emitir los acuerdos relativos a la ejecución del laudo; por tanto, no existe la omisión jurídica que reclama Jaime Antonio Zamoyoa Mendoza de esa autoridad. En consecuencia, al no existir el supuesto que condiciona la existencia de la omisión reclamada, esto es, un deber de hacer incumplida; procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 155 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 925/2022, promovido por Jaime Antonio Zamoyoa Mendoza, en términos del último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestación en relación a la ampliación de su demanda de amparo, respecto de la autoridad Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento allí decretado, y el presente juicio se resolverá en los términos planteados en la demanda. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, para que indique si amplía su demanda de amparo, respecto de la autoridad Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por tanto, resulta jurídicamente imposible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que se difiere la misma y en su lugar se fijan las OCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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