Jaime Antonio Garcia Garcia
Expediente 2300/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2300/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Jaime Antonio Garcia Garcia
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Resolución del Tribunal Colegiado. Téngase por recibido el comunicado signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la resolución emitida mediante sesión ordinaria virtual de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada en los autos de la revisión incidental 295/2023 de su índice, en la que dicho órgano colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la interlocutoria recurrida. SEGUNDO.- Se niega a Miguel Ángel Torres Ontañon, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones expuestas en la presente ejecutoria." Acúsese el recibo respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1118/2023 y, PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco y turnada a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, por conducto de su síndico y representante legal Ana Carmina García Valladares solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que en él precisó, señaló como vulnerados los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de dos de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, previa prevención cumplida y previo registro 1118/2023. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, la cual por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo registró bajo número 251/2023. Seguidos los trámites correspondientes, el Tribunal Colegiado, mediante resolución de once de julio de dos mil veintitrés, declaró fundado el medio de impugnación correspondiente, y en consecuencia, revocó el acuerdo recurrido. TERCERO. Atento a lo resuelto por el Tribunal revisor, en auto de nueve de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; por lo que se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de |los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse un acto de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que de la lectura integral de la demanda, escrito aclaratorio y demás constancias que obran en autos, el acto reclamado a las autoridades responsables Jefe y Ejecutor Fiscal, ambos de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea número 096 de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, se hace consistir en: El requerimiento de multas estatales impuesta por autoridades no fiscales F921096000072 de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, (acto que se reclama del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea número 096 de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco). El acta de requerimiento de pago y embargo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, derivada del folio F921096000072 practicada a la parte quejosa (acto que se atribuye al Ejecutor Fiscal de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea número 096 de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco). TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las responsables, pues así, lo manifestaron en su informe justificado y dicha certeza se desprende de las constancias certificadas allegadas por las responsables al rendir su informe con justificación, con valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia la orden de requerimiento y diligencia practicada. CUARTO. Causal de sobreseimiento. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio oficioso, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. Así, en el caso concreto, será innecesario emprender el estudio de fondo de los actos reclamados, debido a que este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al sobrevenir el motivo de inejercibilidad previsto en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Dichos numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; (.)" Dichos preceptos legales establecen que el juicio de amparo procede en contra de actos, omisiones o resoluciones derivadas de procedimientos que sean tramitados a manera de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, contra la misma, o bien de violaciones que se hayan cometido durante el procedimiento cuando hayan trascendido al resultado del fallo. Además, cuando se trate de actos que no constituyan la resolución definitiva dictados en el procedimiento seguido en forma de juicio; pero que sean de imposible reparación y afecten de manera inmediata y actual los derechos sustantivos del gobernado. En ese sentido, de una interpretación realizada en sentido contrario de dicho numeral, se obtiene que el juicio de amparo no será procedente contra resoluciones emitidas en los procedimientos seguidos a manera de juicio que no constituyan la definitiva, o bien, las que no sean de ejecución irreparable. Ahora, el alto tribunal del país, ha definido que dentro de la categoría de procedimientos administrativos se identifica el de ejecución, el cual no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, el comentado procedimiento de ejecución, es similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Asimismo, el alto tribunal ha definido que, en ese supuesto, el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, cuando debería promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 17/98, con número de registro 196530, que dice: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Por otra parte, cabe precisar que el procedimiento administrativo de ejecución, conforme al Título Sexto del Código Fiscal del Estado de Jalisco, surge cuando no es satisfecho un crédito fiscal dentro del plazo que para el efecto señalen las leyes fiscales, por lo que se hace exigible su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Los vencimientos que ocurran durante el procedimiento, incluso recargos, gastos de ejecución y cualquier otro, se harán efectivos junto con el crédito inicial, sin necesidad de notificación, ni otras formalidades especiales. En efecto, de lo dispuesto en los artículos 129 a 183 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, se desprende que el procedimiento administrativo de ejecución se efectúa mediante una serie de actos que tienen su inicial orientación en lo que dispone el artículo 129 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, en cuanto a que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta, adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras, y en caso de no hacerlo, se efectuará por el ejecutor, el que también está facultado para designar el lugar de depósito. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de retención, etcétera, así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. De esta manera, cuando se embargan los bienes de mérito, el procedimiento de ejecución inicia con la orden de requerimiento de pago; la primera fase, la constituye el requerimiento de pago, la segunda, el embargo en comento, en el cual, se nombra o remueve al depositario del bien o bienes trabados y se señala domicilio de depósito; la tercera, convocatoria a remate, y la última, el remate y adjudicación de bienes. En suma, puede sostenerse que en términos del Código Fiscal del Estado de Jalisco, no satisfecho un crédito fiscal dentro del plazo que para el efecto señalen las leyes fiscales, se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución (artículo 129); que los vencimientos que ocurran durante el procedimiento, incluso recargos, gastos de ejecución y cualquier otro, se harán efectivos, junto con el crédito inicial, sin necesidad de notificación, ni otras formalidades especiales (artículo 130); que en el caso del artículo 129, la autoridad ejecutora ordenará requerir al deudor para que efectúe el pago y, en caso de no hacerlo en el acto, se le embargarán bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales y que dichos bienes se describirán con precisión; asimismo, establece que el ejecutor entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien se entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada, de la que también entregará copia y que el deudor podrá efectuar el pago, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento (artículo 131); también precisan los conceptos que se comprenden dentro de los gastos de ejecución y la forma en que se harán efectivos por las oficinas de recaudación fiscal, en su caso, conjuntamente con el crédito fiscal (artículos 155 y 156). Lo que demuestra, en la especie, que el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Así, las etapas fundamentales del procedimiento administrativo de ejecución son: 1. Requerimiento de pago. 2. Embargo. 3. Avalúo (para negociaciones, avalúo pericial). 4. Remate; y, 5. Adjudicación. Todas esas fases, están encaminadas a la satisfacción del cobro de contribuciones a favor del fisco, cuando el crédito se encuentra firme o, no ha sido debidamente garantizado (sin que se olvide la existencia del requerimiento de pago y embargo precautorio, como acto previo al procedimiento administrativo de ejecución, que reviste modalidades propias). De ahí que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas en el procedimiento administrativo de ejecución, puesto que sólo puede promoverse cuando se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie; es decir, la definitiva que apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Lo anterior tiene como finalidad evitar la obstaculización de la ejecución de las resoluciones que tienen el carácter de cosa juzgada, por lo que no debe admitirse el juicio de amparo indirecto en contra de las determinaciones intermedias que se vayan emitiendo en tal procedimiento administrativo de ejecución, ni aun en el caso de que se reclame la inconstitucionalidad de la ley que rija tal procedimiento, ya que de lo contrario el cumplimiento de las resoluciones fiscales se haría interminable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 17/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 187, registro digital 196530, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." No se soslaya que con la orden de embargo decretada y ejecutada se afecta el derecho fundamental de propiedad de la quejosa, lo que, por regla general, haría procedente el juicio de amparo al tratarse de actos privativos. Sin embargo, el motivo de afectación está directamente vinculado a la ejecución de la cosa juzgada derivada del procedimiento laboral de origen del que deriva la imposición de la multa; por tanto, al no haber llamado a juicio a la autoridad que le impuso la multa -tal y como se desprende de las actuaciones del presente juicio de amparo- y no poderse desvincular dicho acto del que ahora se estudia, no se actualiza la excepción a la procedencia del juicio de amparo en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución. En efecto, la causa de improcedencia invocada se actualiza, habida cuenta que los actos reclamados no gozan de autonomía respecto del procedimiento en el cual se impuso dicha medida de apremio; ya que, si bien con el acto reclamado se afecta el derecho sustantivo de la parte quejosa relativo a la propiedad respecto del vehículo embargado; lo cierto es que dicho acto no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, y por tanto no es dable aplicar excepcionalmente por analogía, la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 108/2010, en materia común del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, novena época, registro: 163152, página: 6, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Además, el impetrante no controvierte el embargo por razones que impliquen un perjuicio inmediato e irreparable, pues no refiere que dicho gravamen haya recaído sobre bienes inembargables o algún otro aspecto que evidencie tal afectación, dado que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los motivos de disenso los enderezó únicamente contra las actuaciones iniciales del procedimiento administrativo de ejecución, el cual, como se precisó, culmina con la resolución que en definitiva aprueba o desaprueba el remate; siendo este el momento, en que a través del juicio de amparo pueden reclamarse todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al concatenarse con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, del mismo ordenamiento legal. En virtud de lo anterior, no se abordará el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento, no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Orienta a lo anterior la jurisprudencia II.3o. J/58, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, Materia(s): Común, Página: 57, Octava Época, Registro: 214593, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 368/2023 de su índice, que derivó del juicio de amparo 1874/2022 del índice de este juzgado. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 63, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto del acto, autoridades y motivos expuestos en la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
"Zapopan, Jalisco, once de octubre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha ADQUIRIDO FIRMEZA. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Destino expediente principal. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
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