Jaime Antonio Chávez Iturbe

Expediente 460/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
460/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Jaime Antonio Chávez Iturbe

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la peticionaria de amparo interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de octubre de dos ml veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 98 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años. Asimismo, en observancia a lo previsto en el numeral 35 del citado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15 del propio acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo de cuenta con la que *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, a nombre de ***, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún y otras autoridades; se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 460/2020-V. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En el caso concreto, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como ordenadoras, reclamo la orden de aprehensión y/o detención decretada en contra de ***, y de las autoridades ejecutoras el cumplimiento a dicha orden." De lo transcrito se advierte que el promovente reclama la orden de aprehensión y detención, así como su ejecución, sin embargo, del análisis integral de la demanda se advierte que el directo quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene tener en cuenta que el primer párrafo del artículo 22 de la Carta Magna, indica: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especia, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Asimismo, lo que dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Por lo que, en el caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. S éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancia del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Aclarado lo anterior, se estima que el promovente del amparo Jaime Antonio Chávez Iturbe carece de legitimación procesal activa para promover la presente demanda de amparo en favor de ***, toda vez que el directo quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo y, por tanto, no se encontraba impedido de firmar por propio derecho el escrito inicial de demanda de amparo. En primer lugar de conformidad con los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6º de la Ley de Amparo y que constituye uno de los principios básicos del juicio constitucional, el juicio de amparo siempre se sigue a instancia de parte agraviada, el cual, tiene tres hipótesis de excepción, a saber: a) por medio de representante, acreditando debida y legalmente su personalidad -artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo-; b) por conducto de defensor, en materia penal -artículo 14 de la Ley de Amparo-; y, c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo -artículo 15 de la Ley de Amparo-. En la inteligencia, de que las anteriores hipótesis son las únicas excepciones que se tienen para promover el juicio de amparo, en representación del directo quejoso, esto es, por su representante legal o por su defensor, o en su caso por cualquier persona cuando se trata de algunos de los prohibidos por el 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo. En el presente caso no se configura alguno de los supuestos que señala tal numeral, ya que de las manifestaciones del promovente se advierte que el directo quejoso actualmente se encuentra gozando de su libertad, de ahí que en la realidad el acto reclamado en el presente asunto no encuadra en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, consistentes en pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales. En consecuencia, se concluye que **** carece de representación para acudir ante esta instancia constitucional a promover demanda de amparo en favor de ***, ya que en el caso no se configuran los supuestos que establecen los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, pues del ocurso de demanda no se advierte dato alguno del cual pueda válidamente inferirse que el citado ****, se encuentre imposibilitado para promover el juicio de amparo. En consecuencia, dado el acto que se reclama, es indudable que el promovente Jaime Antonio Chávez Iturbe, carece de legitimación procesal activa para hacerlo y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia. Al respecto tiene aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis visible en la página 272, del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2076, Tomo: LXXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido: "AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO. El artículo 17 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, previene que cuando se trata de actos que importen ataques a la libertad individual, fuera de procedimiento judicial, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona a su nombre, pero si se reclama un auto de formal prisión, esto hace presumir que existe un procedimiento judicial abierto en contra del quejoso, por lo que no se está en el caso del precepto citado, y si el que promueve el amparo no alega tener el carácter de defensor, debe desecharse la demanda que promueva." Por otra parte, es aplicable a contrario sensu, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 216, Tomo: II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. DEBE ADMITIRSE CUANDO QUIEN LA PROMUEVE LO HACE POR ESTAR IMPOSIBILITADO EL QUEJOSO. Cuando de la demanda de garantías se desprende que la promovente aduce que en nombre de su cónyuge interpone la acción de amparo, fundándose en el hecho de que había sido trasladado a otro reclusorio; ello implica que el afectado estaba materialmente imposibilitado para interponer en forma personal el juicio de amparo, por lo que de acuerdo con el artículo 17 de la ley de la materia, la cónyuge promovente sí está legitimada para promoverlo y por ende, debe darse trámite a tal demanda." En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 15, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Sobre el particular tiene apoyo la jurisprudencia por reiteración V.2º. J/75, visible en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, Agosto de 1993, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Toda vez que el domicilio para oír y recibir notificaciones que cita en su escrito demanda se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III dela Ley de Amparo se ordena notificar por lista de estados el presente proveído. Por otra parte, dado el sentido de la presente determinación, no se accede a la solicitud del promovente a efecto de vincular el presente expediente al usuario *****; para su consulta electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación, única y exclusivamente, de este proveído. De igual manera, como es un hecho notorio que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables, de conformidad con los artículos 20 y 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se dispuso que no se permitirá la entrada libre a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicaran en internet conforme a los previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por tanto, se instruye a la actuaría de esta adscripción para que la notificación de esta determinación la lleve a cabo en tales términos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, como es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente y que dentro de la jurisdicción de este juzgado, el semáforo estatal de riesgo epidemiológico de la Secretaría Estatal de Salud, se encuentra en color amarillo, en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables, de conformidad con los artículos 20 y 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se dispuso que no se permitirá la entrada libre a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicaran en internet conforme a los previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por tanto, se instruye a la actuaría de esta adscripción para que la notificación de esta determinación la lleve a cabo en tales términos. Notifíquese personalmente.

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