Jaime Antonio Acebedo Rentería
Expediente 27/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jaime Antonio Acebedo Rentería
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el doce de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Finalmente, con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su demanda. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos en particular la certificación que antecede y toda vez que la tercera interesada Operadora Comercializadora Liverpool, sociedad anónima de capital variable, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, en esta ciudad. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de quince de enero de este año a la tercera interesada Operadora Comercializadora Liverpool, sociedad anónima de capital variable; y, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele la subsecuente notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, agréguese la razón actuarial de dieciséis de marzo de este año, de la que se advierte que no fue posible notificar la determinación de doce de marzo del año en curso a la referida tercera interesada y, como está ordenado en el párrafo anterior notifíquese dicha actuación por medio de lista. Y DICHA DETERMINACIÓN EN LO CONDUCENTE DICE:Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 07834/2019/9. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, del estudio integral que efectúa a la demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se colige que el quejoso reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de proseguir con el trámite del expediente laboral 07834/2019/9, en virtud que no se ha realizado pronunciamiento alguno respecto de las pruebas ofertadas en el mismo. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, en la determinación de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que emitió acuerdo dentro del cual dio continuación al procedimiento laboral, señalando fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de los medios de convicción que se ofertaron en el sumario. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. La parte quejosa demandó diversas prestaciones de carácter laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, quien lo radicó bajo el consecutivo 07834/2019/9. 2. El trece de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 3. Posteriormente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se celebró el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, procediendo la Junta responsable a calificarlas y a señalar diversa data para aquellas que ameritaban desahogo especial. 4. El veintiuno de enero de dos mil veinte, se desahogaron algunos medios de convicción, quedando pendientes de desahogo diversas pruebas, como la testimonial de la parte actora y la ratificación de contenido y firma con cargo al actor. 5. En auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la responsable dio continuación al procedimiento laboral, señalando fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de los restantes medios de convicción que se ofertaron en el sumario -testimonial y ratificación de contenido y firma-. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se continuó con la tramitación del juicio laboral 07834/2019/9, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de los restantes medios de convicción que se ofertaron en el sumario, con lo que se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 07834/2019/9; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con diez minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, quedando sin efectos la misma.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 07834/2019/9. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, del estudio integral que efectúa a la demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se colige que el quejoso reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de proseguir con el trámite del expediente laboral 07834/2019/9, en virtud que no se ha realizado pronunciamiento alguno respecto de las pruebas ofertadas en el mismo. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, en la determinación de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que emitió acuerdo dentro del cual dio continuación al procedimiento laboral, señalando fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de los medios de convicción que se ofertaron en el sumario. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. La parte quejosa demandó diversas prestaciones de carácter laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, quien lo radicó bajo el consecutivo 07834/2019/9. 2. El trece de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 3. Posteriormente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se celebró el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, procediendo la Junta responsable a calificarlas y a señalar diversa data para aquellas que ameritaban desahogo especial. 4. El veintiuno de enero de dos mil veinte, se desahogaron algunos medios de convicción, quedando pendientes de desahogo diversas pruebas, como la testimonial de la parte actora y la ratificación de contenido y firma con cargo al actor. 5. En auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la responsable dio continuación al procedimiento laboral, señalando fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de los restantes medios de convicción que se ofertaron en el sumario -testimonial y ratificación de contenido y firma-. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se continuó con la tramitación del juicio laboral 07834/2019/9, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de los restantes medios de convicción que se ofertaron en el sumario, con lo que se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 07834/2019/9; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con diez minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, quedando sin efectos la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de quince de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, estaban fijadas las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Audiencia constitucional. Ahora bien, no obstante que se encontraban señaladas las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y esa data ya transcurrió en el período de contingencia en el que estuvo suspendido el trámite del asunto conforme la certificación que antecede, en su lugar se señalan las nueve horas con veinte minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga su verificativo. Comuníquese esta decisión a las partes. A pesar de lo decretado en el auto en que se admitió la demanda de amparo, también transmítase por oficio a las autoridades responsables. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.
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