Jaime Alfredo Torres Palacios

Expediente 850/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
850/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Jaime Alfredo Torres Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante el cual, acusa recibo del oficio por el que se le devolvieron las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que fue conminado. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ----------- por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales L.J.T.C., HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, inciso b; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso c, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: . b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . b) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. En tanto el incidente de suspensión al haberse negado la medida cautelar provisional y definitiva es destruible, en términos del acuerdo general previamente transcrito. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General señalado, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, tomando en consideración que la autoridad responsable Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, remitió como complemento a su informe justificado copias certificadas en un tomo del expediente 44/2020, así como un disco en formato DVD; y toda vez que no es necesaria la retención de las mismas, devuélvanse a su lugar de origen. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días computados legalmente acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a dicha responsable, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). En diverso aspecto, respecto a los documentos que la parte quejosa exhibió conjuntamente con su escrito de demanda, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General, se dejan a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales aludidas, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado. Se pone a disposición de la autoridad requerida, el correo electrónico luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace de su conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto, Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo 5553870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Finalmente, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las demás partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 850/2020-IV, promovido por ---------------, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales L. J. T. C., contra actos del Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado a este Juzgado Federal, al día siguiente, ---------------, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales L. J. T. C., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por la autoridad y actos que a continuación se precisan: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- A consideración del suscrito lo constituye la resolución emitida por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, dictada en la audiencia inicial de fecha 23 de octubre de la presente anualidad RESPECTO AL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR EL SUSCRITO, en contra de la determinación de MODIFICAR LAS MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS EN EL AUTO DE FECHA 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, recurso que fue planteado en el desarrollo de la AUDIENCIA INICIAL. (.)" SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, quedando registrada con el número 850/2020-IV, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37, 107, de la Ley de Amparo, y 48 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, concretamente en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. SEGUNDO. Fijación de la Litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado es: La resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada por la autoridad responsable dentro del expediente 44/2020, al resolver el recurso contra la determinación que fija la medida provisional consistente en una pensión alimenticia provisional a favor de su concubina ---------------, equivalente a un salario mínimo diario vigente en esta zona. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, aceptó la existencia de los actos reclamados. Certeza que también se corrobora con las copias certificadas del expediente 44/2020, relativo a la controversia del orden familiar "guarda y custodia", así como pago de pensión alimenticia, que remitió como complemento de su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en el caso las partes no invocaron alguna causal de improcedencia en el juicio, además, no se advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de proceder al estudio de fondo, se considera importante hacer referencia a ciertos antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto reclamado, entre ellos se destaca lo siguiente: 1. Escrito inicial de demanda promovida por---------------, en representación de su menor hija L.J.T.C, en la vía de controversia del orden familiar "guarda y custodia, así como, el pago de pensión alimenticia", contra ---------------. 2. Auto de veinte de enero de dos mil veinte, por el que el Juez Octavo Familiar de Tlalnepantla, México, admitió a trámite la referida demanda, radicándola con el número 44/2020, y decretó las medidas provisionales correspondientes en la que decretó la guardia y custodia de la menor de iniciales L.J.T.C a favor de ---------------, y se fijó únicamente pensión a favor de la referida menor la correría a cargo de ---------------, pues la demandante no acreditaba el carácter de concubina. 3. Posteriormente, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo a ---------------, contestando la demanda y oponiendo excepciones y defensas y se admitió la demanda reconvencional. 4. Mediante proveído de once de marzo de dos mil veinte, se tuvo a ---------------, contestando la reconvención entablada en su contra. 5. En ese orden por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se señalaron las doce horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia inicial. 6. Audiencia inicial de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la que se desarrollaron las etapas correspondientes, y se realizó la revisión de las medidas provisionales, las cuales fueron confirmadas y se decretó a favor de ---------------, y a cargo del señor ---------------, el pago por concepto de pensión alimenticia provisional, la cantidad equivalente a un salario mínimo diario vigente en la zona. Contra esta determinación en la propia audiencia el aquí quejosa interpuso recurso de revocación, mismo, que el juez responsable resolvió que resultaban infundados e improcedentes los agravios expresados por el recurrente confirmando la pensión provisional decretada. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación de la quejosa se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, los conceptos de violación se estudiaran en su conjunto puesto que los mismos se encuentra en caminados a lo siguiente: La resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada por la autoridad responsable dentro del expediente 44/2020, al resolver el recurso de revocación interpuesto contra la determinación que fija la medida provisional consistente en una pensión alimenticia provisional a favor de la demandante ---------------; no se encuentra debidamente fundada y motivada al ser contradictoria pues con anterioridad el propio juez había señalado que la demandante no acreditaba dicho carácter, de igual manera refiere que no se acreditó el hecho de que la actora se encuentre incapacitada para trabajar derivado de la amputación de su pierna izquierda. Precisado lo anterior, se impone destacar que la obligación alimenticia es una institución conforme a la cual, una persona denominada acreedor tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco o vínculo que exista entre ellos y que genere esa obligación. Se trata de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, radica en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentarios) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores de edad, los gastos necesarios para su educación y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. La pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; y la segunda, se da al dictarse la sentencia, en atención a los elementos de prueba que aporten las partes, ya que es hasta entonces cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. En ese orden de ideas, la medida provisional, como su nombre lo indica, es determinada en el auto que admite la demanda natural sin mayores pruebas ni manifestaciones que las señaladas por la parte actora en su escrito de reclamo, la que subsistirá por regla general hasta en tanto se dicte sentencia de fondo en el juicio y se decrete o no la pensión definitiva; esto es, que el porcentaje fijado en ella en modo alguno prejuzga sobre lo que se resolverá en la sentencia respectiva, sin embargo, dicha medida puede modificarse al momento de revisar en la audiencia inicial las medidas provisionales. En cambio, la pensión definitiva es decretada en la sentencia que decide la cuestión de fondo planteada y tiene como base todo el material probatorio allegado al controvertido por ambas partes. Entonces, la institución de los alimentos tiene como finalidad principal proveer a la subsistencia de aquéllos que conforme con la ley están en condición de recibirlos y consiste en la obligación a cargo del deudor para suministrar a quien los necesita, las cantidades o montos que acorde a sus posibilidades, sean suficientes para cubrir los gastos de subsistencia; y, parte de la buena fe de quien manifiesta necesitarlos; por lo cual, existe obligación del Juez, de fijarlos provisionalmente, atendiendo a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 788, registro digital 2006163, del rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia" En ese tenor, se tiene que en el caso en estudio deberá darse un valor preponderante a los derechos de recibir alimentos; pues, la obligación de otorgarlos es de orden público e interés social; asimismo, debe precisarse que la litis se concreta en determinar la actuación del juez responsable al momento de resolver el recurso de revocación interpuesto contra la determinación que fijó la medida provisional consistente en una pensión alimenticia provisional a favor de la demandante ---------------, (relativa a la revisión de medidas provisionales), en el cual se confirmó dicha determinación; esto es, si se realizó conforme al marco legal y si ello no contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, se impone precisar el marco normativo relacionado al recurso de revocación, emitido en contra de la modificación de las medidas provisionales y fijación de la pensión alimenticia provisional, contemplado en el Código Civil del Estado de Estado de México y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; que sirvió de fundamento al juez responsable para dictar el acto reclamado. En ese mismo sentido, los artículos 5.8, 5.44, 5.45, 5.50 y 5.75, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establecen: Suplencia de la queja. Artículo 5.8.- En el conocimiento y decisión de las controversias relacionadas con el derecho familiar y del estado civil de las personas, el juez podrá suplir la deficiencia de la queja e incluso analizar cuestiones distintas a las planteadas por las partes, si ello resulta imprescindible para proteger debidamente el interés de la familia y en particular, los derechos e intereses de los menores. Medidas provisionales Artículo 5.44. Cuando se controviertan derechos de niñas, niños y adolescentes o incapaces, el juez podrá dictar las medidas provisionales que estime pertinentes para salvaguardar los derechos de aquellos, ya sea a petición de parte, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las procuradurías de protección municipales o de oficio, con conocimiento de la posición de las partes sobre el particular. Revisión de las medidas provisionales Artículo 5.45.- Las medidas provisionales serán revisadas de oficio y, en su caso, modificadas en la audiencia inicial en la que, inclusive, podrán dictarse otras. Las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva. Artículo 5.50.- La audiencia inicial comprenderá: I.Enunciación de la litis; II. Fase conciliatoria; III. Fase de depuración procesal; IV. Admisión y preparación de pruebas; y V. Revisión de las medidas provisionales. De la revocación en audiencia Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución. Así, tenemos que los artículos 4.403, 4.127 y 4.129 del Código Civil del Estado de Estado de México, establecen: Definición del concubinato Artículo 4.403.- Se considera concubinato la relación de hecho que tienen un hombre y una mujer, que sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer matrimonio, viven juntos, haciendo una vida en común por un período mínimo de un año; no se requerirá para la existencia del concubinato el periodo antes señalado, cuando reunidos los demás requisitos, se hayan procreado hijos en común. Derecho de recibir alimentos. Artículo 4.127. Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, cualquiera de los cónyuges o de los concubinos que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia o se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud. Reglas sobre alimentos entre concubinos y los hijos. Artículo 4.129. Los concubinos están obligados a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones afirmativas: I. Que acrediten haber hecho vida común por al menos un año o haber procreado algún hijo en común; II. Que el concubino o concubina carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total del sueldo, hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de alguno de los concubinos, el otro deberá proporcionarlos de por vida. Cuando alguno de los concubinos se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato. III. Que no haya contraído nuevas nupcias o viva en concubinato; IV. Que se reclame dentro del año siguiente de haber cesado el concubinato. Derogado. En el caso de que la concubina trabaje u obtenga una actividad remunerada, la obligación del concubino para dar alimentos será en los términos que establezca este Código. La concubina que no tenga hijas o hijos, que carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al treinta por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato. No podrán reclamar alimentos y en su caso cesarán si se une en concubinato o contrae matrimonio. Artículo 5.8.- En el conocimiento y decisión de las controversias relacionadas con el derecho familiar y del estado civil de las personas, el juez podrá suplir la deficiencia de la queja e incluso analizar cuestiones distintas a las planteadas por las partes, si ello resulta imprescindible para proteger debidamente el interés de la familia y en particular, los derechos e intereses de los menores. De los artículos transcritos, se advierte que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad, que entre ellos encontramos a los alimentos, por tanto, el Juez está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, por lo que oirá lo solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizarlos. También, en lo que aquí interesa, se desprende la obligación de los cónyuges o concubinos de proporcionarse alimentos, que la pensión alimenticia provisional se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; esto es, con las pruebas que aporte la acreedora. En ese sentido, ha quedado precisado que los numerales 5.45 y 5.50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales, como lo es la resolución que en su momento fijó el monto de los alimentos provisionales, puede modificarse al momento de revisar en la audiencia inicial las medidas provisionales. Ahora bien, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el procedimiento para fijar de manera provisional los alimentos, no es contrario a la Constitución, pues el otorgamiento de esa medida precautoria se justifica, sustancialmente, en la necesidad ineludible e inaplazable del acreedor alimentista de obtener los recursos económicos indispensables para su subsistencia; determinación que al no ser definitiva, puede ser combatida por el obligado alimentista durante el juicio correspondiente, en donde podrá ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar la acción intentada en su contra. Ese razonamiento, está plasmado en la tesis de la citada Sala, Sexta Época, visible en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen IV, Cuarta Parte, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLOS NO ES ANTICONSTITUCIONAL (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y DE JALISCO). El procedimiento sobre alimentos provisionales establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas -en el fondo igual al de Jalisco-, no es contrario a la Constitución. Los artículos 694 y siguientes del código de Jalisco establecen la forma de dictar con urgencia medidas para fijar una pensión alimenticia provisional, simplemente precautoria y fuera de juicio, sin que la resolución que la establezca sea definitiva ni de ejecución irreparable; si el deudor alimentista estima que se le afecta su patrimonio sin motivo legal, puede combatir esta afectación en el juicio contencioso respectivo; por otra parte, como la resolución que decreta la pensión de alimentos provisionales no puede dictarse sino cuando quien la exige, haya acreditado previamente el título en cuya virtud la pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil que demuestren el matrimonio, el nacimiento, etc., o bien la sentencia ejecutiva, el testamento o el contrato en que conste la obligación de dar alimentos, es claro que se está frente a normas jurídicas análogas a las que regulan las providencias preparatorias, las precautorias y aun las ejecutivas, en que para decretarlas no se oye previamente al deudor y que, no obstante esta circunstancia, no son inconstitucionales porque se le oye en el juicio; y por último, la petición de alimentos provisionales se basa sustancialmente en la necesidad ineludible e inaplazable de obtener los alimentos. En consecuencia, no son anticonstitucionales las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco contenidas en el capítulo quinto del título undécimo relativo a los juicios sobre alimentos y al procedimiento sobre alimentos provisionales." Sobre esa base, se tiene que el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para fijar la pensión alimenticia a favor de la tercera interesada, en lo que interesa expuso: "(.) En seguida el Juez acuerda: con apoyo en lo que establece el artículo 5.75 fracción IV del código adjetivo civil para esta entidad se admite el recurso de revocación interpuesto puesto que la determinación impugnada se refiere a la revisión de las medidas provisionales, modificándose éstas; consecuentemente se da vista a la contra parte para que en este acto manifieste lo que a su derecho corresponda respecto a la interposición de dicho recurso. La parte actora en uso de la voz, por conducto de su abogado patrono manifiesta: Una vez escuchados los argumentos vertidos por el recurrente los mismos deben ser improcedentes en virtud de que el derecho humano a recibir alimentos se encuentra regulado en el Código Civil de manera particular en el numeral 4.127 en relación con el 4.129, asimismo por ser un derecho fundamental se encuentra regulado en la Constitución y Tratados Internacionales, así mismo en el numeral 5.44, 5.45 y 5.50 fracción V en relación con el 5.8 del Código de Procedimientos Civiles, dado que de todos los preceptos invocados se advierte que le asiste el derecho de recibir alimentos bajo su calidad de concubina y que ante esa acción no requiere de mayor prueba más que la pre constituida de necesitarlos atendiendo a las propias manifestaciones de las partes tanto en la demanda, contestación, reconvención y contestación a la última quienes en todo momento han confirmado esa relación concubinal, asimismo, al precisamente este momento procesal oportuno para modificarlas o adicionar como en el caso que nos ocupa ya que de la fecha en que se dio inicio al presente asunto al día en que se actúa las circunstancias variaron notoriamente sí que exista la necesidad de acreditar diversa prueba pues ha quedado establecido en autos las circunstancias en que sucedieron esos cambios, independientemente de quien le haya ocasionado la lesión que como consecuencia le género la pérdida de su pierna izquierda sí que pase por desapercibido que contrario a lo argumentado por el recurrente, estos hechos si son atribuidos ---------------, sin embargo esta necesidad de recibir alimentos o es en base a quien la lesiono si no por la sola necesidad de recibirlos ante la evidente incapacidad que tiene de momento y quizá en futuro para hacerse llegar de sus propios recursos, por lo que solicito se confirme la medida provisional decretada a favor de la accionante y demandada reconvencional. El Juez resuelve: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4° Constitucional que establece la igualdad entre hombres y mujeres en relación con el artículo 1° de nuestra Carta Magna que preceptúa la prohibición de discriminar a las personas por razón de su edad, sexo, estado civil entre otros, así como con apoyo en lo que establecen los artículos 4.127 y 4.129 del Código Civil para la Entidad, que establecen el derecho a recibir alimentos no solo por parte de los hijos sino también entre cónyuges y concubinos sin que pueda hacerse ninguna distinción o discriminación, por el hecho de que en el caso concreto que nos ocupa los contendientes no hayan contraído matrimonio pues el derecho a recibir alimentos por parte de la señora --------------, deviene precisamente de su relación de concubinato habida con el recurrente; relación que se presume pues de acuerdo aml9o (sic) que establece el artículo 4.403 del Código Civil de la Entidad, concubinato es aquella relación de hecho entre un hombre y una mujer que sin estar casados civilmente se ostentan como marido y mujer; debiéndose cubrir únicamente el requisito de un año con dichas circunstancias; plazo que incluso se exime se entre éstos han procreado hijos, como acontece en la especie, tal como se desprende la documental pública consistente en el acta de nacimiento de la menor procreada entre las partes con valor probatorio pleno, en términos de lo que establece el artículo 1.359 del Código Civil de la Entidad. Aunado a lo anterior, la imposición de una medida alimenticia provisional a favor de la concubina -----------------, no se impuso basada en el hecho en que el recurrente la haya lesionado y que con motivo de ella haya perdido la pierna izquierda; como erróneamente lo refiere en vía de agravios sino que se reitera dicha pensión provisional se otorgó en la fase de revisión de medidas provisionales, basado en el derecho que tienen la antes mencionada a recibir alimentos, según lo preceptúa el artículo 4.127 del Código Sustantivo de la materia para la Entidad; así como ateteo (sic) a lo que establecen los artículos 5.45 y 5.58 del Código Adjetivo Civil que refieren la facultad del suscrito de decretar de oficio otras medidas provisionales a las ya dictadas además de modificas (sic) éstas en su caso, en base al análisis de lo manifestado por las partes hasta este momento así como de los documentos exhibidos; es por ello que toda vez que con el escrito de contestación de demanda y reconvención presentado por ---------------, hizo del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional que le había sido amputada la pierna izquierda; circunstancia que no había sido considerada cuando se decretó la pensión provisional únicamente para la hija de los contendientes, a razón de UN SALARIO MÍNIMO, sin que sea trascendente para la imposición de dicha Medida Cautelar, se reitera si esa lesión fue causada por ésta al aventarse de las escaleras como lo asevera el recurrente o fue causada por su propio concubino, lo cierto es que con motivo de la amputación de su pierna le imposibilita le imposibilita trabajar para allegarse de recurso a fin de satisfacer sus necesidades sus necesidades alimenticias; tal estado de necesidad y su derecho a recibir alimentos en su calidad de concubina son las razones y fundamentos en los que el suscrito se basó para decretar la pensión alimenticia a su favor. Consecuentemente, a juicio del suscrito resultan infundados e improcedentes los agravios expresados por el recurrente, confirmándose la Pensión Alimenticia Provisional decretada a favor de ---------------. (.)" Como puede apreciarse, el juzgado responsable al resolver el recurso de revocación confirmó la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la aquí tercera interesada, en la fase de revisión de medidas provisionales; atendiendo a las manifestaciones de la parte actora y demanda tanto en la demanda, contestación, reconvención y contestación a la última, en todo momento confirmaron esa relación concubinal, aunado a que los alimentos son de orden público, urgente necesidad y de ministración inaplazable. De igual manera, al modificar las medidas provisionales y fijar pensión a favor de la demandante ---------------, tomó en consideración que a esta le había sido amputada la pierna izquierda; de ahí que le resultara evidente la incapacidad física de la actora para allegarse de sus propios recursos. En ese tenor, se considera ajustada a derecho la resolución aquí reclamada, pues la determinación por la que se confirma la pensión alimenticia de manera provisional a favor de su acreedora dictada en la revisión de medidas provisionales, como se vio, está fundada y motivada, pues al efecto la autoridad responsable citó los artículos en los cuales basó su determinación y expuso los motivos que tuvo para ello, los cuales resultan acordes a dicha estadía procesal; aunado a que dicho porcentaje ahí establecido, se considera acorde para sufragar los gastos elementales de la acreedora, que comprenden los alimentos: comida, vestido, habitación, atención médica, principalmente. Lo anterior en virtud de que, la resolución por la que el juez en su momento fijó el monto de los alimentos provisionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.45 y 5.50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, podía ser revisada de oficio y, en su caso, modificada en la audiencia inicial en la que, inclusive, podía dictar otras, motivo por el cual se considera correcta la actuación de la responsable pues no revocó sus propias determinaciones como lo aduce el quejoso, en razón de que se encontraba en el momento procesal oportuno para modificar y dictar nuevas medidas provisionales. Aunado a lo anterior, al momento en el que se fijaron las medidas provisionales primigeniamente en la controversia de origen no contaba con mayores elementos de los que se advirtiera el carácter de concubina de la demandante, sin embargo, como ha quedado establecido cuando celebró la audiencia inicial y al momento de hacer la revisión de las medidas provisionales, dicha circunstancia había quedado superada, por lo que el juez natural se encontraba facultado para de oficio modificar las referidas medidas, pues como lo expuso en su resolución tomó en consideración que la demandante y el de demandado, procrearon una hija juntos, circunstancia que corroboró de la documental publica consistente en el acta de nacimiento de la menor, así como, de la demanda, contestación, reconvención y contestación a la última, en la que ambas partes confirmaron la relación concubinal, por lo que es evidente que las circunstancias variaron de una determinación a otra, sumado el hecho de que la demandante ---------------, debido a una lesión perdió la pierna izquierda, hecho que incluso le fue atribuido al aquí quejoso, de ahí que resultara evidente incapacidad de la actora de hacerse allegar de sus propios recursos, sin que esto significara que efectivamente este hubiera tenido la culpa de dicha amputación. Así, contrario a las estimaciones de la parte quejosa, se aprecia que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado; además, el juzgado responsable actuó con apego a derecho al confirmar la medida provisional de alimentos que se fijó en la audiencia inicial dentro del expediente 44/2020, consistente en una pensión alimenticia provisional a favor de ---------------, pues como quedó establecido, las medidas provisionales pueden ser modificadas en audiencia inicial e inclusive se pueden dictar nuevas, conforme a su prudente arbitrio; ello, derivado de la naturaleza imperativa que tienen los alimentos para ministrarse en forma inmediata, además de que al decretarse así, se siguen las formalidades del procedimiento especial de alimentos. En este orden de ideas, la circunstancia de que la tercera interesada sea concubina; o bien, como refiere el quejoso no se le haya acreditado dicho carácter, debe ser motivo de prueba en el juicio natural, y no en este juicio de amparo, ya que no debe perderse de vista que éste, no es una instancia más, sino un medio extraordinario de defensa que protege a los ciudadanos de actos de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte; aunado a que la calidad de concubina, no impide por sí misma solicitar el pago de una pensión alimenticia, aun cuando ya no exista la relación; dado que la legislación civil estatal equipara dicha relación a la del matrimonio, por lo menos en tratándose de alimentos. A esto último, resulta aplicable por las razones que se contienen en la misma, la tesis X.C.T.45 C del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2894, registro digital 163695, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. LOS CONCUBINOS PUEDEN RECLAMARLOS MUTUAMENTE AUN CONCLUIDO EL CONCUBINATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). De los artículos 298, 167, párrafo final, y 285, último párrafo, del Código Civil para el Estado se colige que el legislador estableció un trato igual para quienes se encuentran unidos en matrimonio, que para quienes lo están en concubinato, pues el primero de dichos preceptos prevé como obligación entre los concubinarios, la de proporcionarse alimentos en los mismos casos y proporciones que los cónyuges, lo que implica que no existe diferencia alguna en tratándose de la obligación alimentaria entre quienes son cónyuges como entre concubinarios, en cualquier situación o caso, lo que incluye cuando sucede su separación, puesto que es un derecho preferente que se presume siempre de acuerdo con el segundo de los referidos dispositivos, y lo tutela el último de dichos numerales al disponer que los concubinos pueden reclamarse alimentos al terminar su relación, esto, por un tiempo igual al que haya durado la relación, siempre que el acreedor no contraiga nupcias ni establezca un nuevo concubinato, viva honestamente y ejerza la acción dentro de un año contado a partir del día siguiente a la disolución de la unión". Por las anteriores consideraciones, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Sin que con ello se desatienda el hecho de que en el caso que nos ocupa proceda la suplencia de la queja en favor del quejoso, en términos de la jurisprudencia 1a./J.24/2020 (10a.), empero, este órgano jurisdiccional no aprecia algún vicio trascedente en el acto reclamado que haya vulnerado los derechos del interesado. A mayor abundamiento, de conformidad con la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia mencionada, que en la parte que interesa señala lo siguiente: "102. En la inteligencia que, al aplicar la suplencia de la queja en favor del deudor, los juzgadores de amparo deben hacer una ponderación integral de las circunstancias del caso, a fin de constatar que las violaciones advertidas en los actos reclamados, efectivamente constituyan un vicio trascendente a los derechos del interesado, que se imponga reparar para evitar una patente vulneración de sus derechos en relación con las reglas de los alimentos; es decir, sobre la base de que la institución alimentaria demanda la prevalencia de relaciones de equidad y proporcionalidad en la determinación del derecho en los casos concretos." De lo anterior se aprecia que, al aplicar la suplencia de la queja en favor del deudor, los juzgadores de amparo deben hacer una ponderación integral de las circunstancias del caso, a fin de constatar que las violaciones advertidas en los actos reclamados, efectivamente constituyan un vicio trascendente a los derechos del interesado, que se imponga reparar para evitar una patente vulneración de sus derechos en relación con las reglas de los alimentos, es decir, sobre la base de que la institución alimentaria demanda la prevalencia de relaciones de equidad y proporcionalidad en la determinación del derecho en los casos concretos. Empero, en el presente caso no es dable suplir la deficiencia de la queja del quejoso, en razón de que no se aprecia algún vicio trascedente en el acto reclamado que haya vulnerado sus derechos, ni que haya habido en su contra una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa y, tampoco que por condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio, por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a -----------------, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales L. J. T. C, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese a personalmente a las partes. Así, lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en Naucalpan Estado de México, ante el Secretario Luis Daniel Hernández Ortiz, que da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de promoción 3717, correspondiente al juicio de amparo 850/2020-IV. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México., en cumplimiento al requerimiento de nueve de abril de dos mil veintiuno, manifiesta la imposibilidad que tiene para remitir la videograbación relativa a la audiencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el expediente 44/2020, relativo a la controversia del orden familiar, promovido por ---------, en contra de ----------, toda vez que la misma se llevó a cabo en forma reservada, es decir, no fue video-grabada, para lo cual, remite copia certificada del acta de audiencia correspondiente a dicha fecha. En atención a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad responsable, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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