Jaime Alfredo Alvarado Rodríguez

Expediente 1199/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1199/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Jaime Alfredo Alvarado Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado... se tiene por rendido... se tiene por admitida y desahogada la prueba documental...

  3. Principal

    Agréguese a los autos es escrito de cuenta signado por el promovente... mediante el cual da cumplimiento al requerimiento... Vista la demanda de amparo... SE ADMITE... sin formarse el incidente de suspensión. . . pídase los informes justificados... se fijan las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE... para la celebración de la audiencia constitucional... se desprende que el... le reviste el carácter de tercero... se le reconoce tal carácter...

  4. Principal

    AVISO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 30/08/2019, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 129/09/2019, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE;: "....veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por Jaime Alfredo Alvarado Rodríguez, contra actos de la Sala Regional del Centro II en Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1199/2019-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, cabe señalar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deberá contener el escrito de demanda de amparo, entre los que destacan la autoridad responsable, lo anterior tiene el propósito de que el juzgador puede emitir las determinaciones que en derecho correspondan. Además, se considera necesario mencionar el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo: "Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." De lo transcrito se desprende que se impondrá una pena de seis años de prisión, así como multa de 30 a 300 días, al quejoso, su abogado o autorizado, o a ambos, si afirman hechos falsos, u omiten los que les consten en relación con los actos reclamados, en relación con el diverso artículo 108 de la de Ley de la Materia. Por tanto, una vez analizada la demanda de amparo, a efecto de tener por satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 108, fracción III, en relación con el ordinal 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo vigente, y estar en aptitud de proveer sobre la demanda de amparo intentada, resulta procedente prevenir al promovente para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad, precise y cumpla con lo siguiente: 1. Precise cual es la autoridad reclama pues del proemio de su demanda se advierte: ". del índice de la Sala Regional del Centro II, con residencia en esta ciudad de Celaya Guanajuato." Y del capítulo denominado III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES, señala: ". la H. Sala Regional del Centro II, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad de Querétaro." Lo cual genera confusión para esta Juzgadora, pues no se tiene la certeza de que autoridad es la responsable. .... En la inteligencia de que dichos requisitos deberán ser desahogados por la parte promovente de la presente acción constitucional, toda vez que éstos constituyen un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien ejercitó la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, es importante resaltar que el promovente del amparo que deberá acatar en todo momento la protesta de decir verdad, pues de lo contrario como ya se mencionó existen consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo. Robustece la anterior determinación, la jurisprudencia P./J. 127/99, visible en la página 32, tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Asimismo, la tesis aislada II.2o.P. 51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 781, Tomo VII, Marzo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196602, que dice: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para que se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo". Se hace de su conocimiento que deberá exhibir el original de su escrito aclaratorio y la cantidad de copias de éste, que resulten necesarias para correr traslado a las autoridades responsables que se sirva precisar, y una para el Agente del Ministerio Público de la federación de la adscripción; en la inteligencia de que las copias exhibidas de su escrito de demanda, quedan en forma separada de este expediente, en la Secretaría de este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto resulta aplicable, la jurisprudencia por contradicción número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable e la página 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que contiene: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento". Se apercibe al promovente que para el caso de no desahogar en sus términos la prevención formulada, se procederá conforme al artículo 114, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Por otra parte, con apoyo en el artículo 12 de la ley de Amparo y en atención q la certificación de cuenta, autoriza en términos amplios a los licenciados José Guadalupe Jiménez Dávila, María del Carmen Rico Torres, y José Jesús García Rodríguez, y únicamente para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones a las diversas personas que señala en su escrito, hasta en tanto acrediten estar registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, o en su caso acrediten tener su cédula registrada en el registro nacional de profesionistas se la Secretaria de Educación Pública. Se autoriza como domicilio procesal el señalado en su escrito inicial. Ahora bien, por lo que ve al señalamiento que el quejoso hace respecto al correo electrónico, hágase de su conocimiento que, no ha lugar acordar de conformidad a su petición, pues el promovente no refiere si cuenta con firma electrónica, ni tampoco proporciona el nombre del usuario con el cual está registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y a su vez, la acreditación del registro de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente. . .", ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ.

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