Jaime Alfonso Rodríguez Cermeño

Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1112/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Jaime Alfonso Rodríguez Cermeño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1112/2022-********************, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración del presente cuaderno incidental, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 21, inciso D, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se acuerda que es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión derivado de este asunto, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el numeral citado con antelación del mencionado Acuerdo General, pues se negaron las medidas cautelares solicitadas (suspensiones provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados; además, a criterio de este órgano jurisdiccional, carece de relevancia documental para su preservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema ********************ntegral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, contados a partir del auto dictado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés dentro del cuaderno principal, en donde se ordenó el archivo del mismo, deberán ser destruidos de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 señalado en el apartado que precede. Toda vez el incidente de suspensión de mérito se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste (duplicado) a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción ****************************************, inciso a), y párrafo tercero, del multicitado Acuerdo General. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 109 y 110), se ordenó el archivo del presente asunto, sin que se hubiera hecho pronunciamiento alguno respecto al incidente de suspensión derivado del mismo. Por lo que, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que el quejoso ********************, no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintiuno de abril del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, ténganse por recibidos los oficios 337/2023, 338/2023 y 343/2023, signados por la Presidenta y la Actuario, ambos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al que acompañan diversas constancias relativas al expediente de origen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como correspondan. Ahora bien, de dichas constancias certificadas se observa que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el quejoso Jaime Alfonso Rodríguez Cermeño y CORECOMPOSITES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., celebraron un convenio en el que dieron por concluida la relación laboral que los unía. En ese sentido, de autos se aprecia que el acto reclamado en este asunto, lo es la omisión de la autoridad responsable de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia dentro del expediente administrativo laboral 262/E06/2021, así como la inactividad procesal en el referido sumario; consecuentemente, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la parte quejosa, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de ley de la materia, que a la letra dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Dicha causal de improcedencia cobra vida jurídica, cuando el acto reclamado dentro de un juicio constitucional como el que nos ocupa, ya no pueda surtir efecto legal o materia alguna, por la simple razón de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, que a diferencia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 62, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cesación de los efectos del actos reclamados), no requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la causal que se analizará, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En el caso, lo que se reclama a través del juicio constitucional que nos ocupa es la omisión de la autoridad responsable de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia dentro del expediente administrativo laboral 262/E06/2021, así como la inactividad procesal en el referido sumario Empero, como ya se vio, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el quejoso Jaime Alfonso Rodríguez Cermeño y CORECOMPOSITES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., celebraron un convenio en el que dieron por concluida la relación laboral que los unía. Por ende, aún y cuando subsiste el acto reclamado, lo cierto es que el mismo ya no surte efectos legales o materiales alguno en la persona del directamente agraviado Jaime Alfonso Rodríguez Cermeño, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, resultando inconcuso analizar si los mismos son inconstitucionales, porque jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria si, en el caso, se tiene constancia de que el directamente quejoso y la autoridad responsable celebraron un convenio en el que dieron por concluida la relación laboral que los unía; de ahí que aún y cuando subsiste la determinación reclamada, sus efectos ya no irrogan perjuicio al quejoso. Luego entonces, se sostiene que concurre en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y siendo esto así, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de garantías, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo: XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con cuarenta minutos del diez de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

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