Jaime Alejandro Ruiz Gómez
Expediente 35/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- Jaime Alejandro Ruiz Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 35/2019-IV, promovido por JAIME ALEJANDRO RUIZ GÓMEZ, por derecho propio. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Sergio Alberto Ramírez Ponce, secretario quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda (fojas 02 a 06); auto admisorio de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 10 a 12); y constancias de notificación de las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que los suscriben, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y por precluído el derecho de las partes para hacerlo. Se cierra el período de pruebas. A continuación, se procede a abrir el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente el representante social los vertió (fojas 65 a 67). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales a que haya lugar y por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 35/2019-IV promovido por JAIME ALEJANDRO RUIZ GÓMEZ, por derecho propio. R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda: Veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 02 a 06). Admisión con incidente de suspensión: veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 10 a 12). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 12 vuelta), con pedimento (fojas 65 a 67). Emplazamiento a los terceros interesados: Sin que sea el caso realizar pronunciamiento al respecto, dado el sentido de la presente resolución. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción . SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que los actos reclamados son los siguientes: ? Orden de aprehensión ? Detención. ? Su ejecución. NO ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO CERTEZA FOJA 1 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORALIDAD PENAL, CON SEDE EN TEPIC. Detención o presentación Niega 21 Orden de aprehensión Cierto 2 FISCAL GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT. Detención o presentación Niega 18 Orden de aprehensión Desvirtúa 3 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NÚMERO II, DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO REGIONAL NÚMERO III, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. Detención o presentación Niega 22 Orden de aprehensión Desvirtúa 4 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT. Detención o presentación Niega 17 Orden de aprehensión Cierto 5 ENCARGADO DE LA COMANDANCIA, DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. Detención o presentación Niega 20 Orden de aprehensión Cierto Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, que el aquí quejoso señaló únicamente como actos reclamados la orden de detención, así como su posible ejecución en la demanda de amparo y el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad y otras autoridades, indicaron que existe una orden de aprehensión en su contra. En ese sentido, no obstante que el peticionario del amparo, señaló diversos actos y de los aludidos informes se desprende la existencia de una orden de aprehensión dictada en su contra, ello no es obstáculo para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del acto, bajo el argumento de que no fue señalado por el quejoso en su escrito de demanda. Lo anterior es así, en virtud de que aún y cuando la orden de detención reclamada, tienen sus diferencias técnicas con la aprehensión, en mayor o menor grado, todas restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado. Además, la orden de detención indicada en el libelo de amparo, fue atribuida a una autoridad judicial, siendo que la orden de aprehensión fue librada también por una autoridad jurisdiccional, lo que evidencia identidad de ente ordenador. Máxime que el quejoso principalmente se duele de la privación de la libertad que pudiera acontecer con motivo de la orden de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 6/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 196, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRONEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSION. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a).- Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b).- Las dos son libradas por un Juez, c).- Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d).- Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador, debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.". TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables señaladas con los numeral 1, 2, 3, 4 y 5, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos reclamados consistentes en la orden de detención, presentación y su ejecución, mismos con los que se dio vista al impetrante del amparo a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido, sin que hubiere aportado prueba para desvirtuar dicha negativa. En tales condiciones, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Como cuestión previa, es menester precisar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado. -Informe justificado, rendido por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic (foja 42). -Recepción de constancias de la cuales se desprende lo siguiente: ? La orden de aprehensión emitida el dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en contra del quejoso y otros (foja 12 a 16, anexo I). ? Informe rendido por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, el diez de diciembre del presente año, acompañado del Disco Versátil Digital (DVD) de la audiencia celebrada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se le dictó al quejoso, auto de vinculación proceso (foja 70 ). Constancias a las que les reviste pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 188, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., pues el método a través del cual se capturó la información en tal disco, es confiable por estar contemplado el mismo en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y porque el medio electrónico fue remitido por una autoridad judicial, además de haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, tomando en consideración que conforme a la técnica que rige el juicio de amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde a este Órgano de Control Constitucional, analizar de oficio si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, por ser su estudio preferente y de orden público, en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Al respecto, dicho ordenamiento instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así ya que la citada causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. Por tanto, es claro que el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el cinco de diciembre del presente año, originó una situación jurídica diversa de la que se encontraba al momento de la presentación de la demanda (orden de aprehensión), habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer aquella que surgió en virtud del auto de vinculación a proceso; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. Ello es así, porque la situación jurídica de la parte quejosa ya no deriva de la orden aprehensión y su ejecución reclamada, sino del auto de vinculación a proceso, el cual generó diverso estatus jurídico, aunado a que dicho auto guarda autonomía con el acto reclamado, ya que puede subsistir, con independencia de que el acto reclamado resultara o no inconstitucional. Cobra aplicación a lo anterior, por su contenido jurídico, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número de registro 171841, publicada en la página 50, Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio, promovido por JAIME ALEJANDRO RUIZ GÓMEZ, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución. Segundo. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a doce de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio CRJP-16374/2019 y anexo, signado por la Juez Administradora de Enlace Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, mediante el cual remite copia del archivo de audio y video de la audiencia celebrada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, relativa a la causa penal 1452/2019 de su índice, que se sigue al quejoso JAIME ALEJANDRO RUIZ GÓMEZ; donde se advierte, que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. De lo anterior se toma conocimiento y será tomado en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese los alegatos ministeriales del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Atento a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en cuenta en la audiencia constitucional de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, una vez que se dicte sentencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2o., de la Ley de Amparo, expídase la copia certificada que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe. SARP/Lars
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Diferimiento de audiencia En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y, para su verificativo, se señalan las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Requerimiento a autoridad responsable ? Ahora bien, una vez revisadas las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, en complemento a su informe de ley, se aprecia que no anexó el índice cronológico correspondiente. En ese orden de ideas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la actual Ley de Amparo, solicítese al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, que de no existir impedimento legal, dentro del plazo improrrogable de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, en cualquier vía que esté a su alcance, remita a este juzgado el índice cronológico correspondiente o bien manifieste el impedimento material o legal que tenga para ello. ? Por otra parte, de las constancias que se acuerdan se advierte que el quejoso compareció ante la autoridad judicial que aceptó el acto reclamado (orden de aprehensión), por lo que se fijó fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación. Por tal motivo, requiérase al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, para que una vez celebrada dicha audiencia, inmediatamente remita el disco versátil digital (DVD) de la misma, celebrada en los autos de la causa penal 1452/2019 de su índice, en contra del quejoso JAIME ALEJANDRO RUIZ GÓMEZ; asimismo, informe lo que determinó en cuanto a la orden de aprehensión que libró el dos de septiembre de dos mil diecinueve en el expediente penal aludido (acto reclamado), ante la comparecencia del quejoso, debiendo adjuntar el soporte documental correspondiente. Apercibimiento a la autoridad responsable Apercibida dicha autoridad, que en caso de incumplimiento a lo ordenado, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos 50/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Información reservada Por otra parte, del informe justificado rendido, se advierte que se le reconoce la calidad de víctima a una menor de edad de identidad reservada con iniciales G.J.J.V., quien se encuentra representada por Dulce Vanessa Serrano Ramirez, en consecuencia, manténganse en sigilo dicha constancia, por contener información confidencial o, en su caso, reservada, sin embargo, se utilizarán para resolver la presente controversia constitucional; lo anterior tiene sustento la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.". En ese sentido, y toda vez que no se cuenta con mayores datos del domicilio donde pueda ser emplazada a juicio Dulce Vanessa Serrano Ramírez, representante de la menor tercera interesada, requiérase al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este juzgado federal, el domicilio en donde puedan ser emplazada la representante de la parte tercera interesada o bien, manifieste la imposibilidad que tengan para ello. Apercibido que de ser omiso, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 244, de la Ley de Amparo. Por otra parte, dése vista a la parte quejosa para que, en el término de tres días, proporcione el domicilio donde pueda ser localizada la representante referida de la parte tercera interesada, a fin de que pueda ser debidamente emplazada a juicio. Además, dígase al justiciable que, de no dar cumplimiento a lo solicitado se procederá a la búsqueda de la representante de la parte tercera interesada por conducto de diversa instituciones y si resulta infructuosa dicha búsqueda, se procederá en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la ley de la materia, emplazándose por edictos, los cuales correrán a su costa. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
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