Jaime Aldaco Martinez

Expediente 633/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
633/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Jaime Aldaco Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, con el que en atención a lo informado por este juzgado el veintiuno de abril del año en curso, solicita la devolución de los discos compactos que obran en autos. Por lo tanto, en virtud que resulta innecesaria la retención de los referidos medios tecnológicos, mediante oficio con transcripción del presente auto remítanse éstos a la Sala de referencia. Del que se requiere se abstenga de acusar recibo, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  2. Principal

    ... Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso con el que se le notificó el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, y se le devolvió el toca ** y copias certificadas del expediente F***, en seis tomos. Ahora bien, respecto de la solicitud de que se remita un sobre con documentos, infórmesele que de la revisión del oficio por el que la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Sexto Circuito recibió los autos, se advierte que sólo recibió un sobre con un disco compacto, el cual fue remitido a su vez por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a este juzgado, lo que se corrobora con la descripción de anexos asentada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. Por lo tanto, mediante oficio con transcripción del presente auto, hágase del conocimiento del tribunal oficiante que este juzgado se encuentra imposibilitado para acceder a su petición y en ese sentido, remítasele copia de las constancias de donde se advierten los 2 sellos referidos con antelación. Siendo que, de solicitar la devolución del disco compacto referido, deberá hacer la petición en esos términos. Notifíquese.

  3. Principal

    ...TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada Propietaria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, y al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Salamanca, Guanajuato, consistentes en la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca *** del índice de la sala aludida, así como su ejecución, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 08 y 51). Certeza que se corrobora con el toca *** del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, que obra en el tomo de pruebas VII, al que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º, de la que se advierte que la existencia de la resolución reclamada. CUARTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia propuesta por las partes y no advertirse alguna que deba estudiarse de oficio, enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa en contra del acto reclamado, mismos que se encuentran dentro de su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. Para cumplir con el fin anunciado, se estima necesario narrar, de manera breve, los antecedentes que informan el acto reclamado. ... Ahora bien, la parte quejosa argumenta, esencialmente, que el actuar de la responsable viola en su perjuicio el derecho humano de legalidad y seguridad jurídica, pues si bien declaró fundada la excepción de preclusión por el periodo de noviembre de dos mil dieciséis y hasta la presentación del incidente resuelto (19 de agosto de 2019), lo cierto es que condena al quejoso a diversas prestaciones después de ese periodo. Aduce que resulta contrario a lo señalado por el artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, pues si la responsable declaró acreditada la excepción de preclusión sea permanente y no temporal, si se tiene en cuenta que la preclusión en la pérdida de un derecho, por tanto, si la quejosa perdió el derecho para impugnar el contenido de esos autos, los mismos están firmes, con todas sus consecuencias y cuando la responsable limita las consecuencias de la preclusión que decretó al plazo que refiere, viola sus derechos humanos. Las anteriores manifestaciones son infundadas, pues si bien la Sala responsable estuvo en lo correcto al declarar fundada la excepción de preclusión por el periodo de noviembre de dos mil dieciséis y hasta la presentación del incidente resuelto (19 de agosto de 2019), lo cierto es que los alcances de esa preclusión se encontraban limitados a ese período. Para corroborar tal aserto resulta pertinente realizar las siguientes precisiones: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 92/2000-PS, señaló que las distintas formas en que los derechos procesales se pierden o extinguen han sido clasificadas en activas y pasivas. Las primeras suponen la voluntad del interesado de renunciar a los derechos que la ley adjetiva les otorga lo que refleja la disponibilidad de las partes sobre el proceso, y las segundas se traducen en una actitud omisa por parte del interesado cuya sanción jurídica consiste, precisamente, en la pérdida de esos derechos. Las formas activas consisten en la renuncia y el desistimiento de alguna de las partes, mientras que las segundas comprenden, entre otras instituciones, a la prescripción, a la preclusión y a la caducidad. La preclusión es definida doctrinariamente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal4; y opera, únicamente, por lo que hace a los derechos de carácter procesal que la ley concede a las partes dentro de las diferentes fases procedimentales y tiene lugar: a) Cuando no se observa el orden señalado en la ley para el ejercicio de una facultad procesal; b) Cuando se realiza un acto incompatible con el ejercicio de esa facultad; c) Cuando ya se ha ejercitado la facultad procesal de que se trata, y d) Cuando por permitirlo la ley se ejercita nuevamente la multicitada facultad, agotándose entonces el derecho o derechos que se habían adquirido con el ejercicio inicial de aquella facultad.5 La preclusión parte del supuesto de que el desarrollo del proceso debe estar sometido a un orden, lo que supone, a su vez, que el mismo esté dividido en etapas previamente definidas. Por ello, si las partes no cumplen con la carga de hacer valer su derecho dentro del plazo que para tal efecto dispone la ley adjetiva, pierden la oportunidad para ejercitarlo posteriormente. Este concepto de la preclusión está íntimamente relacionado con el de carga procesal; así, precluye un derecho al no contestarse una demanda, al no ofrecerse pruebas, al no impugnarse una resolución, dentro de los plazos y oportunidad que la ley procesal da para ello. De lo relacionado con antelación, debe concluirse que en el caso de que se ejercite un derecho a través de un incidente de ejecución de convenio en sentencia, al ser derechos de carácter estrictamente procesal, sólo pueden incidir respecto del mencionado incidente, pero no se actualizan por lo que hace a ejecutar el derecho reconocido en sentencia firme, que constituye cosa juzgada. En este sentido, puede decirse que la preclusión únicamente se actualiza en relación con la diversidad de actos meramente procesales que realizan las partes y no en relación con los derechos derivados de la sentencia, como el que se ejercita al pretender hacer cumplir una ejecutoria, a través del incidente de ejecución de convenio en sentencia.6 Por consiguiente, no puede estimarse que, la resolución dictada en el incidente de ejecución de convenio en sentencia, llegue al extremo de hacer nugatorio el derecho reconocido en la sentencia definitiva que causó estado, contraviniendo con ello la garantía constitucional que asegura la inviolabilidad de la propiedad. Ciertamente, la naturaleza jurídica del crédito de la parte vencedora emana de una sentencia (pago de alimentos), y desde ese momento ingresa jurídicamente a su patrimonio; derecho que debe ser tutelado por el Estado. Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia de rubro, texto y datos de identificación siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 188209 Jurisprudencia Materias(s) Civil Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XIV, Diciembre de 2001 Tesis: 1a./J. 104/2001 Página: 23 INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA DE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL). Si se toma en consideración, por un lado, que el incidente de liquidación de intereses es un acto vinculado con la ejecución de sentencia, ya que por esa vía se busca establecer en cantidad precisa y líquida una condena indeterminada y, por otro, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la acción que se ejercita para hacer cumplir una sentencia, a través del incidente relativo, deviene del derecho reconocido en la propia sentencia firme y que constituye cosa juzgada, resulta inconcuso que no puede estimarse que en virtud de una resolución que declara improcedente o desaprueba dicho incidente, precluya el derecho del incidentista para ejercitar nuevamente la acción. Lo anterior es así, porque ello implicaría hacer nugatorio el derecho reconocido en la sentencia definitiva que causó estado, contraviniéndose la garantía constitucional que asegura la inviolabilidad de la propiedad, y se extinguiría el derecho para hacer efectiva la prestación de condena impuesta en la sentencia, lo que significa contrariar la obligatoriedad con la que está investida la cosa juzgada y la finalidad que persigue todo proceso jurisdiccional. Por tanto, el derecho para ejercitar el incidente de liquidación de intereses no puede ser objeto de la preclusión, ya que la única figura jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia, es la prescripción, pues las acciones, a diferencia de los derechos procesales, no precluyen, sino sólo se encuentran limitadas por aquélla. Contradicción de tesis 92/2000 PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de jurisprudencia 104/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de noviembre de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. De lo anterior obtenemos lo siguiente: a) La preclusión es una forma pasiva de perder derechos y se traduce en una actitud omisa por parte del interesado cuya sanción jurídica consiste, precisamente, en la pérdida de esos derechos. b) Constituye la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal y opera, únicamente, por lo que hace a los derechos de carácter procesal que la ley concede a las partes dentro de las diferentes fases procedimentales; c) Tiene lugar, entre otras razones, por no haber observado el orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; d) No tiene el extremo de hacer nugatorio el derecho reconocido en la sentencia definitiva que causó estado, Ahora bien, contrario a lo expuesto por el quejoso, la preclusión decretada por la sala responsable, se encontraba limitada al ejercicio de un derecho de carácter meramente procesal cuyas consecuencias fueron la pérdida de ese derecho por el tiempo en el que no se ejerció, veamos. 1. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil trece, el aquí quejoso promovió vía ordinaria civil, la disminución de pensión alimenticia definitiva respecto del 30% del salario que le era descontado en favor de *** (tercera interesada) la rendición de cuentas y el pago de gastos y costas procesales, demanda que fue radicada bajo el número de expediente *** del Juzgado de Oralidad Familiar de Salamanca, Guanajuato, ordenó emplazar a la demandada, quien dio contestación, por conducto de su progenitora, quien ejercía su representación, mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil trece (fojas 2 a 9, 64 a 67 y 145 a 159, del tomo I de pruebas) 2. Luego, en audiencia preliminar de veintidós de mayo de dos mil trece las partes llegaron a un acuerdo, en el que entre otros puntos convenidos se destacan los siguientes: La pensión alimenticia definitiva que se le venía descontando al actor (aquí quejoso) en lo subsecuente quedaría al 15% de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe como jubilado de PEMEX; El actor quejoso se haría cargo de todos los gastos relativos a la educación de su menor hija, hasta en tanto ésta esté estudiando y acorde a la edad y educación que estuviere recibiendo (minuto 21:11 a 35:07) Acuerdo que en la propia audiencia fue ratificado por las partes y, al no contener cláusulas contrarias al derecho, aprobado en todas sus partes por el juez de instancia, quien lo elevó a la categoría de cosa juzgada. 3. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil catorce, el aquí quejoso promovió incidente de ejecución de sentencia, rendición de cuentas de administración y modificación para la administración de la pensión alimenticia, del cual, previos los trámites de ley, en audiencia de ocho de diciembre de dos mil catorce, las partes celebraron un acuerdo modificatorio en el que, quien ejercía la representación de la aquí tercera interesada, se obligó a aperturar una cuenta bancaria en favor de ésta, así como en rendir cuentas de manera mensual, el cual fue sancionado por el Juez de instancia y considerado integrante del convenio celebrado en el juicio principal, por lo que fue elevado a la categoría de cosa juzgada (minuto 35:36 a 40:38 video 3) Sin que exista constancia que tales acuerdos, elevados a la categoría de cosa juzgada, hayan sufrido modificación alguna; 4. Luego, mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis (fojas 910 a 912 del tomo III de pruebas) el actor incidentista solicitó se requiriera a la demandada incidentista para que la cantidad pagada por concepto de colegiatura, fuera depositada en una cuenta bancaria a nombre de él (deudor alimentario) en atención a que, a su consideración, tal monto era pagado con las mensualidades que le eran descontadas, por lo que, a efecto de ser él quien se beneficiara de la deducción de impuestos con motivo del pago de las mencionadas colegiaturas. 5. Así, en auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis, la Juez de origen acordó la petición del actor incidentista, ordenó requerir a *** demandada con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se acordaría de conformidad, lo que aconteció en auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis y se ordenó girar oficio al Jefe del departamento de Recursos Humanos de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca Guanajuato, para que hiciera el depósito de la cantidad de $3,646.00 (tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 mn) a la cuenta proporcionada por el actor incidentista -aquí quejoso- del porcentaje de la pensión que se le venía descontando en favor de su hija; 6. Luego, previa solicitud de precisión del Jefe del departamento de Recursos Humanos de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca Guanajuato, (foja 937 del tomo III de pruebas) en auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis (foja 938 íd) la Juez natural aclaró al oficiante, que la cantidad que debía depositar en la cuenta del aquí quejoso, no era un descuento adicional, sino que se debía retener del quince por ciento mensual que se le otorgaba a la menor; circunstancia sobre la que el propio accionante manifestó su conformidad y solicitó se girara nuevamente oficio a la moral (foja 940 Íd) por lo que en auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis (foja 941 Íd) se ordenó girar oficio al Jefe del departamento de Recursos Humanos de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca Guanajuato, para hacerle del conocimiento tal circunstancia, lo que realizó mediante el oficio JPFS/8178/2016 (foja 942 Íd) Actuaciones que, al no haber sido impugnadas por la parte demandada incidental, quedaron incólumes, circunstancia que permaneció vigente hasta la presentación de la demanda incidental origen de este juicio (diecinueve de agosto de dos mil diecinueve) en la que, la acreedora alimentaria acudió a juicio a ejercer los derechos relativos a la pensión que le había sido fijada desde el convenio celebrado el ocho de diciembre de dos mil catorce. Por tanto, es correcta la determinación de la responsable de declarar precluído el derecho de la acreedora alimentaria para reclamar el monto que se le dejó de cubrir únicamente por el periodo de noviembre de dos mil dieciséis hasta el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, tiempo en que la preclusión decretada puede tener alcance, pues como se dijo, las determinaciones de cinco y siete de diciembre de dos mil dieciséis en las que se decretó que el monto correspondiente al pago de colegiatura formaba parte del quince por ciento de las percepciones recibidas por el deudor alimentario, trastocaron los derechos de la acreedora alimentaria para recibir, por parte del deudor, las cantidades completas fijadas como pensión alimenticia, las que constituían el quince por ciento de las percepciones del deudor alimentario más el monto relativo a las colegiaturas que con motivo de los gastos educativos generaba, y limitó ese derecho a que el monto de las colegiaturas fuere pagado con el 15% a que estaba obligado el deudor alimentario, lo cual no fue impugnado por quien se encontraba facultada de hacerlo Laura Olivia Montiel Pérez -madre de la menor-. Ahora, dicha preclusión no puede tener el alcance para modificar el derecho de la actora incidentista -aquí tercera interesada- que encuentra su origen en los convenios celebrados entre el quejoso y su progenitora, quien ejercía en ese momento su representación. Lo anterior es así, pues como quedó evidenciado, la preclusión es la pérdida de un derecho de carácter procesal, que no fue ejercido en el tiempo señalado por la norma, sobre el que las consecuencias recaen en quien no lo ejerció; sin embargo, al ser un derecho meramente procesal, no puede permanecer en el tiempo, como lo aduce la parte quejosa, pues, se encuentra sujeto al ejercicio del derecho de quien lo posee y el que no ha sido destruido ni modificado; ello pues, no tiene la fuerza legal de llegar al extremo de hacer nugatorio el derecho reconocido en el convenio que hace las veces de sentencia definitiva. Sobre esa base tenemos que el derecho procesal que la actora incidentista perdió únicamente fue el de reclamar los montos que, con motivo de los gastos de colegiatura, no le fueron otorgados, sino que fueron cubiertos con el 15%, que con independencia de los gastos de educación, se encontraba obligado el deudor alimentario a proporcionarle, correspondientes al periodo de noviembre de 2016 a agosto de 2019, no así el derecho a reclamar y obtener las cantidades que con motivo de las colegiaturas y el 15% de los ingresos del deudor, se encontraba obligado éste a proporcionar. Es así, pues el derecho adquirido por la actora incidentista para reclamar el quince por ciento de las percepciones del aquí quejoso más sus gastos educativos, no ha sufrido modificación alguna. En tanto que la promoción del incidente de origen tenía como objetivo la ejecución de un derecho que previamente había sido reconocido y resulta en un ejercicio a ese derecho como acreedora alimentaria, el que tampoco se encuentra sujeto a discusión. En efecto, mediante convenio de ocho de diciembre de dos mil catorce, el reo convino con la entonces representante de la menor al pago del quince por ciento de los ingresos que obtuviere, con independencia de la denominación que se le otorgara, más los gastos generados con motivo de la educación de su hija8, convenio que ha permanecido inamovible, lo cual quedó plasmado por la Sala responsable en la resolución que se analiza, en la que determinó que "de ninguna manera puede considerarse que el auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis como una modificación al convenio, al no existir pronunciamiento que en tal sentido apruebe modificación alguna, sino que lo ocurrido fue la existencia de una acuerdo que trastocó el convenio celebrado entre *** (quejoso) y *** en favor de su hija, relativo a la obligación del deudor al pago de las colegiaturas con independencia del 15% que se le descontaba de su salario y demás prestaciones que como jubilado percibía" Por lo anterior, la sala estimó correcto que la juez natural no considerara los autos de veinte de octubre, siete de noviembre y siete de diciembre de dos mil dieciséis, como actuaciones modificatorias al convenio de veintidós de mayo de dos mil trece y su modificación de ocho de diciembre de dos mil catorce. Consideración que no fue combatida por la parte quejosa, por tanto debe quedar firme. Por tanto, a fin de que procediera la cesación del descuento que se hace al salario del quejoso, era necesario que no subsistiera su obligación alimentista, cuestión que no acontece. Efectivamente, por un lado, no se advierte que el quejoso hubiere promovido incidente de terminación de la pensión alimenticia, a efecto de que la acreedora alimentista hubiere tenido su derecho de defensa y prueba, de modo que se resolviera si debía o no subsistir dicha obligación económica. Sobre el particular, conviene precisar que el hecho de que la Sala considerara procedente la excepción de preclusión de derecho por falta de impugnación sobre los montos correspondientes al periodo de noviembre de dos mil dieciséis hasta agosto de dos mil diecinueve que no fueron reportados por el deudor alimentario, no puede considerarse como una declaración de que la obligación contraída en el convenio celebrado desde el veintidós de mayo de dos mil trece y modificado el ocho de diciembre de dos mil catorce, de proporcionar los gastos correspondientes a la educación de la acreedora, solo debían pagarse hasta esa fecha, pues ello no fue materia del aludido incidente, ya que ahí sólo se resolvió sobre el pago de los adeudos de pensión alimenticia y cumplimiento de convenio. En ese sentido, la firmeza de los autos en los que se permitió al demandado el actuar omisivo en su obligación no se encuentra sujeta a modificación; sin embargo, esa preclusión tampoco es suficiente para variar el compromiso contraído en la celebración del convenio de veintidós de mayo de dos mil trece, máxime que como se señaló, la obligación de proporcionar alimentos y cubrir los gastos de educación de la acreedora alimentaria, se encuentra vigente. Por otro lado, también es infundado el argumento que expone relativo a que la responsable contradice su propia determinación pues declaró probada la excepción de preclusión del derecho de la actora incidental y lo condena a cubrir a la actora incidentista el monto que le fue depositado directamente a él (como deudor alimentario) del quince por ciento de la pensión alimenticia. Alega que aunque existen los convenios que se han referido, prevalece la situación favorable del demandado quejoso pues emana de la firmeza de los actos mencionados, razón por la que tal determinación viola su derecho a la legalidad. Son infundadas las alegaciones reseñadas pues, la condena que realiza la responsable es sobre periodos que no se encuentran dentro de la preclusión decretada (noviembre de dos mil dieciséis hasta agosto de dos mil diecinueve) sino que se trata de cantidades cuantificadas en periodos anterior y posterior al mencionado, de las cuales las anteriores al mencionado periodo subsisten al haberse consentido por el aquí quejoso al no haber expuesto agravios en su contra en la apelación que hizo valer; en tanto que la posterior a ese periodo subsiste al haberse determinado que la obligación alimenticia contraída por el quejoso en el convenio de veintidós de mayo de dos mil trece, se encuentra vigente. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SU MANDATARIA JUDICIAL, dejando incólume la resolución reclamada; negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados por no combatirse por vicios propios Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** mandataria judicial del finado *** contra el acto consistente en la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el Toca *** del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, así como su ejecución, conforme a los motivos y fundamentos, expuestos en el último considerando de la presente sentencia...

  4. Incidental

    ...Téngase por recibido el pedimento suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual solicita que se revoque la suspensión provisional concedida a la parte quejosa en proveído de trece de octubre del año en curso, en virtud que no ha cumplido con los requisitos de efectividad que se fijaron para que continuara surtiendo efectos dicha medida. En atención a lo anterior, dígase a la represente social que no procede acordar de conformidad su solicitud, toda vez que la referida medida cautelar dejó de surtir efectos con motivo del dictado de la interlocutoria de veinticinco de los actuales, por la que se resolvió sobre la suspensión definitiva.

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