Jaime Alberto Suárez Navarro

Expediente 721/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
721/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Martha Georgina Suárez Navarro
  • Jaime Alberto Suárez Navarro
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Instructora de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acusan recibo del oficio 10294/2022, por el que se devolvieron los cuadernos de prueba; devuélvase el presente expediente al archivo de este juzgado.

  2. Principal

    Se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Se procede ordenar el archivo del presente expediente, como asunto concluido. El presente asunto es susceptible de depuración. El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. El original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo del asunto; y, por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión, se destruirá transcurridos seis meses... Se ordenó formar cuadernos de pruebas, ya no es necesario contar con tales cuadernos de pruebas, devuélvanse...

  3. Principal

    Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente, acusa recibo del 14576/2021, por el cual se le hizo de su conocimiento la resolución emitida en el presente juicio de amparo...

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de noviembre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Jaime Alberto Suárez Navarro y Martha Georgina Suárez Navarro, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las catorce horas con treinta y un minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De un análisis realizado al escrito de demanda, en armonía con el resto de la información del expediente, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se hace consistir en lo siguiente: La resolución interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de nulidad 51/21-07-03-3, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra de la diversa de seis de enero de esa misma anualidad, en la que se negó la suspensión solicitada por los peticionarios del amparo. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado. Además, cabe señalar que de las documentales que en copia certificada fueron remitidas en apoyo al informe justificado, consistentes en copias certificadas de las actuaciones que integran el procedimiento natural, se aprecia la resolución reclamada. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, los quejosos Jaime Alberto Suárez Navarro y Martha Georgina Suárez Navarro, solicitaron a la Comisión Nacional del Agua, la interrupción de la caducidad de volúmenes de agua no utilizados respecto del título de concesión 08JAL117434/12FMDA18. 2. Que en respuesta a tal solicitud, la Dirección de Administración del Agua del Organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, emitió la resolución BOO.812.02.02.005451, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se determinó improcedente la interrupción de la caducidad de un volumen parcial de 1'544,577.00 (un millón quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y siete) metros cúbicos de agua no utilizados, por el periodo comprendido del doce de junio de dos mil diecisiete, al diecisiete de junio de dos mil diecinueve. 3. Que dicha resolución fue impugnada por los quejosos a través de juicio de nulidad mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil veintitrés, en el cual se solicitó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que "se interrumpa la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de nulidad interpuesto". 4. Que de esa solicitud correspondió conocer a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente 51/21-07-03-3-OT, la que se admitió mediante proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, en el que se determinó negar la medida cautelar solicitada, bajo el argumento fundamental de que, de resolver conforme a lo peticionado por los promoventes, implicaría resolver el fondo del juicio de nulidad, lo que conllevaría a otorgarle efectos restitutorios a la medida cautelar solicitada, los cuales son propios de la sentencia definitiva. 5. Que en contra de esa resolución, los quejosos promovieron recurso de inconformidad, el cual se resolvió mediante la resolución que se combate en esta instancia constitucional, emitida el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que se resolvió declarar infundados los agravios hechos valer y confirmar la resolución impugnada. 6. Que el catorce de mayo de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia en el juicio de nulidad de origen, misma que determinó reconocer la validez del acto administrativo impugnado, la cual fue combatida por los aquí quejosos mediante juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito bajo el juicio de amparo directo número 178/2021. 7. El juicio de amparo mencionado se resolvió mediante ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos, para efecto de que la autoridad responsable emitiera una nueva sentencia, acorde a los lineamientos que le fueron señalados. QUINTO. Causas de improcedencia. La Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, considera que en el caso opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, dado el cambio de la situación jurídica, pues a su consideración ya se resolvió en definitiva el juicio de origen, con lo cual dejaría de surtir efectos la suspensión que eventualmente se otorgara a los peticionarios del amparo. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)" Respecto de la causa de improcedencia invocada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que a continuación se transcribe, estableció cuándo se produce, por regla general, el cambio de situación jurídica. "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la tesis transcrita, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, estableció el supuesto de actualización de la causal de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, la que por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. Que por razón de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca, en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sentado lo anterior, cabe señalar que en la especie, es evidente que no se ha concretado el cambio de situación jurídica alegado por la sala responsable, en virtud de que, contrario a lo que refiere, no existe prueba que evidencie que el juicio de nulidad 51/21-07-03-3-OT ha sido resuelto en definitiva, por lo que, en un dado caso, la suspensión que eventualmente se otorgara a los peticionaros del amparo, podría surtir sus efectos hasta en tanto dicha situación ocurriera. Lo anterior se considera así, pues si bien el catorce de mayo de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia definitiva en el juicio de nulidad 51/21-07-03-3.OT, dicha resolución fue combatida mediante juicio de amparo directo, según se hizo mención en los antecedentes del acto reclamado; de dicho juicio correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el expediente de amparo número 178/2021. Por su parte, de una revisión realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que el siete de octubre de dos mil veintiuno, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió la sentencia que resolvió el aludido juicio de amparo, la cual se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En dicha resolución se determinó conceder a los quejosos el amparo y la protección de la Justicia Federal a efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, emita una nueva, en la que reitere los aspectos que se declararon ineficaces y, en cuanto a la negativa lisa y llana que formuló la parte actora de que la resolución combatida "haya sido entregada en original con firma autógrafa", analice con plenitud de jurisdicción, en forma total y detallada, la litis tal como le fue planteada en función de lo expuesto en la propia ejecutoria. Lo expuesto, permite concluir que el juicio de nulidad 51/21-07-03-3.OT, no ha sido resuelto en definitiva, pues en cumplimiento al juicio de amparo directo 178/2021, la autoridad responsable debe de emitir una nueva resolución, en la que purgue los vicios que fueron destacados en la ejecutoria que resolvió ese procedimiento, la cual es susceptible de ser impugnada, al habérsele otorgado, en parte, plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable. Como corolario de lo expuesto, es dable concluir que no ha ocurrido el cambio de la situación jurídica alegado por la autoridad responsable, por lo que, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por los peticionarios del amparo. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En sus motivos de disenso, los peticionarios del amparo alegan una violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de una indebida motivación y fundamentación de la resolución que constituye el acto reclamado, debido a que, a su consideración, no se aplicó correctamente lo establecido en los artículos 24 y 26 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Al respecto, los promoventes del amparo señalan que el motivo por el cual se solicitó la suspensión del acto reclamado, es decir, los efectos de la resolución BOO.812.02.02.005451, de diez de diciembre de dos mil diecinueve -que declaró improcedente la interrupción de la caducidad de un volumen parcial de 1'544,577.00 metros cúbicos de agua-, fue para poder seguir administrando dichos volúmenes, sin que la autoridad responsable disminuyera los flujos, o bien, que fueran concesionados a un tercero o que la propia autoridad dispusiera de estos. Agrega que la responsable dejó de valorar lo expuesto en el escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve, en el cual señalaron la importancia de que no se ejecutara la resolución reclamada, en relación con la posible actualización de la caducidad de los volúmenes de agua que se pretende interrumpir. Asimismo, exponen que hasta la fecha en que se promovió la demanda de amparo, aún no se ha ejecutado la caducidad de los volúmenes de agua, ni se ha disminuido su explotación; por ende, es claro que de suspenderse el acto reclamado no se darían efectos restitutorios y se resolvería el fondo de la litis. Argumentan por otra parte que el Magistrado Presidente de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó negar la medida cautelar solicitada, únicamente por los siguientes puntos: Se estaría resolviendo el fondo de la litis. Se darían efectos restitutorios, que son propios de la sentencia. Por lo que, cualquier otra manifestación o justificación novedosa no debió de formar parte del recurso de reclamación, sin embargo, la sala responsable, al resolver dicho medio de impugnación, hizo alusión a que el otorgamiento de la medida cautelar contravendría el interés social y el orden público, sin justificar cómo es que se transgredían dichos principios de concederse la medida solicitada. Aunado a lo anterior, los peticionarios del amparo argumentan que su pretensión no era que se declarara la procedencia de la interrupción de la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados, sino que se les permitiera seguirlos utilizando, hasta en tanto no se resolviera el fondo de la litis del juicio de nulidad. Sentado lo anterior, conviene precisar que para realizar un mejor estudio del asunto los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa serán analizados en conjunto o en un orden diverso al propuesto por el quejoso, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." No asiste razón a los planteamientos formulados por los peticionarios del amparo, pues tanto de su demanda de nulidad, como del escrito de agravios relativo al recurso de inconformidad que se resolvió a través de la resolución reclamada, se desprende que de manera categórica solicitaron que se les concediera la medida cautelar para el efecto de que se interrumpiera la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados, hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio natural, lo cual, en efecto, constituye precisamente el fondo de la litis. Además, de las solicitudes mencionadas no se aprecian indicios o elementos suficientes que permitan colegir que en realidad su pretensión era interrumpir el plazo para que no se decretara la caducidad y que se le siguiera permitiendo la utilización de los volúmenes de agua mientras se resolvía el procedimiento, para que así la autoridad responsable lo tomara en cuenta al momento de resolver el recurso de inconformidad. Por otra parte, si bien es cierto que en la resolución reclamada, la autoridad responsable hizo alusión cuestiones relacionadas con disposiciones de orden público y el interés social, aun cuando dichas situaciones no fueron materia de la resolución reclamada, también lo es que dichas cuestiones fueron respondidas por la autoridad responsable ante los propios planteamientos formulados por los peticionarios del amparo en su escrito de agravios relativo al recurso de inconformidad. Para evidenciar lo expuesto es necesario en primer lugar transcribir la resolución reclamada, al menos en la parte que para el caso interesa, la cual es del tenor siguiente: "(.) se procede a resolver el recurso de reclamación promovido por la parte actora en contra del acuerdo de 6 de enero de 2021, por el que se desechó la medida cautelar solicitada y; (.) R E S U L T A N D O. (.) C O N S I D E R A N D O. (.) Ahora bien, en la especie la resolución impugnada por la actora, es la contenida en el oficio BOO.812.02.02/005451 de 10 de diciembre de 2019, dictada dentro del expediente JAL-O-2100-04-07-19, por la que el Director de Administración del Agua, del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, determinó improcedente la solicitud de interrupción de caducidad de un volumen parcial de 1'544,577.00 metros3 por el periodo comprendido del 17 de junio de 2017 al 17 de junio de 2019, amparado en el título de concesión 08JAL117434/12FMDA18; deviniendo que la litis a dilucidar en el presente juicio se circunscribirá a determinar si es correcto o no que la determinación de la autoridad de negar la interrupción de la caducidad de volúmenes (sic); por su parte, del contenido del libelo de demanda, se advierte que los promoventes señalan expresamente en la página 34 (folio 17 reverso de autos), los (sic) siguiente: '.se solicita la suspensión de la ejecución del acto controvertido para el efecto de que se interrumpa la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de nulidad interpuesto.'; de donde se deriva que la pretensión de los actores con la medida cautelar solicitada, no implica mantener la situación de hecho existente en el estado e que se encuentra (que se traduciría en la no interrupción de la caducidad del volumen por el periodo que lo solicitó), sino que pretende que se determine procedente la interrupción de la caducidad, cuestión que, como se indica en el proveído reclamado, se traduce en otorgar efectos restitutorios del acto impugnado, que dejaría el litigio sin materia, toda vez que, se reitera, la cuestión a dilucidar en el presente juicio a determinar si es procedente o no la interrupción que solicitó la promovente a la autoridad, por consiguiente, de autorizarse en el incidente de medidas cautelares la multicitada interrupción, implicaría determinar, a priori, que es legalmente procedente su petición, lo que es materia del fondo del asunto, como se precisó en el auto cuestionado. (.) En este mismo sentido, esta Juzgadora advierte que la determinación vertida por la autoridad en la resolución controvertida, en el sentido de negar la interrupción por caducidad de un volumen de agua, por ende, la pretensión de la medida cautelar puede generar una afectación al interés social, además de que se contravendrían disposiciones de orden público, en atención a lo preceptuado por los artículos 1º y 7 BIS de la Ley de Aguas Nacionales, que señalan: (.) Por lo expuesto y, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: I.- Es procedente pero infundado el recurso de reclamación planteado por la parte actora, en consecuencia; II.- Se confirma la legalidad del acuerdo de 6 de enero de 2021, por el que se desechó por improcedente la medida cautelar solicitada. (.)" Como se aprecia de la parte transcrita de la resolución reclamada en sede constitucional, la sala responsable determinó confirmar la resolución impugnada mediante el recurso de reclamación, que en primer lugar desechó por improcedente la medida cautelar solicitada, en virtud de que consideró que, de concederse dicha suspensión, se le otorgarían efectos restitutorios, que son propios de la sentencia de nulidad. Llegó a tal conclusión, pues señaló que la litis a dilucidar en el juicio de nulidad es la de analizar la legalidad del oficio BOO.812.02.02/005451 de diez de diciembre de dos mil diecinueve, por la que se declaró improcedente la solicitud de interrupción de caducidad de un volumen parcial de 1'544,577.00 metros cúbicos por el periodo comprendido del diecisiete de junio de diecisiete al diecisiete de junio de dos mil diecinueve, amparados por el título de concesión 08JAL117434/12FMDA18; o en otras palabras, determinar si resulta o no procedente la interrupción de la caducidad de los aludidos volúmenes. Por su parte, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, la responsable precisó que la parte actora solicitó dicha medida para el efecto de que se interrumpiera la caducidad de los volúmenes no utilizados, lo cual constituye propiamente el fondo del asunto, pues a través de la sentencia de fondo es donde se resolverá si es procedente o no decretar dicha interrupción, derivado de la legalidad o ilegalidad del oficio reclamado. Además, señaló que podría generarse una afectación al interés social y además, se contravendrían disposiciones de orden público, al contrariarse lo preceptuado en los artículos 1º y 7 BIS de la Ley de Aguas Nacionales. Sentado lo anterior, se considera correcto lo resuelto por la autoridad responsable. Como se expuso previamente, en uno de los planteamientos expresados por los quejosos, se señala que, contrario a lo resuelto por la autoridad responsable, de concederse la suspensión solicitada, no se otorgarían efectos restitutorios a dicha medida cautelar, pues no se ha ejecutado el acto reclamado. Resulta infundado tal planteamiento. Se considera que los quejosos parten de una apreciación incorrecta, pues señalan que no se dan efectos restitutorios a la medida cautelar, en virtud de que no se ha ejecutado el acto reclamado, dado que la autoridad responsable no ha dispuesto de los volúmenes de agua no utilizados, ni los ha concesionado a un tercero, por lo que es factible que se pueda suspender el acto reclamado; sin embargo, los efectos restitutorios a los que hace alusión la sala responsable en la resolución reclamada son los atinentes a la sentencia de nulidad, que tiene como finalidad el restituir a la parte actora en su derecho violado una vez que se declare la nulidad del acto reclamado. Sin embargo, a lo que se refieren los peticionarios del amparo es a que los actos reclamados no han sido consumados y, por ende, son susceptibles de suspenderse; no obstante, dicha circunstancia no tiene que ver con lo expuesto por la autoridad responsable en la resolución reclamada, que como se dijo, se refiere a los efectos restitutorios que eventualmente otorga la sentencia de nulidad, en caso de resultar fundados los planteamientos que se hagan valer. Aunado a lo anterior, se considera que de proceder como lo pretenden los quejosos, sí se otorgarían efectos restitutorios a la medida cautelar, los cuales son precisamente la materia del fondo del asunto, pues lo que se pretende con la promoción del juicio de nulidad es la emisión de una declaratoria por parte de la autoridad administrativa en la que resuelva como procedente la interrupción de la caducidad de un volumen parcial de 1'544,577.00 un millón quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y siete metros cúbicos, por el periodo comprendido del diecisiete de junio de diecisiete al diecisiete de junio de dos mil diecinueve, amparados por el título de concesión 08JAL117434/12FMDA18. Mientras tanto, de la demanda de nulidad que presentada por los peticionarios del amparo se aprecia que en el capítulo relativo a la medida cautelar solicitada, expresaron de manera textual lo siguiente: "(.) En términos de lo previsto por el artículo 24 de la Ley federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se solicita la suspensión de la ejecución del acto controvertido para el efecto de que se interrumpa la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de nulidad interpuesto (.)" Es decir, solicitaron de manera expresa que se les otorgara la medida cautelar para el efecto de que se interrumpa la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados, lo cual es precisamente lo que se pretende obtener con la eventual sentencia de nulidad que se emita en su favor, es decir, que se declare la interrupción de la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados. Por ende, es evidente que de concederse la medida cautelar se concedería el fondo del asunto, lo cual no es permisible en virtud de que la figura jurídica de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de los actos de autoridad que motivaron su interposición, para garantizar la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no pueden abordarse cuestiones atinentes al fondo del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En ese sentido, de concederse la suspensión para los efectos solicitados por el peticionario del amparo; es decir, para que se interrumpa la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados, la sala responsable estaría resolviendo el fondo del asunto planteado. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su primera integración, cuyo epígrafe y contenido dicen: "SUSPENSION, AL RESOLVERSE NO DEBEN TRATARSE CUESTIONES DE FONDO. La suspensión del acto reclamado, debe estudiarse a través de las disposiciones del capítulo 3o., título II, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que reglamentan la suspensión, y no tratarse en ellas cuestiones que se refieran a la procedencia del amparo." Así, las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna sobre las cuestiones en que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo en el juicio de garantías, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si en efecto, el acto reclamado afecta derechos de la parte quejosa e implica alguna violación de garantías. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.J/12, con número de registro 204894, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA"; asimismo, la jurisprudencia VI.2o. J/347, con número de registro 209401, sustentada por el mismo órgano colegiado, de rubro: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO". No se soslaya que los peticionarios del amparo alegan en sus conceptos de violación que su pretensión al solicitar la medida cautelar fue que se les siguieran otorgando los volúmenes de agua cuya caducidad pretenden se interrumpa, para que no sean dispuestos por la propia autoridad responsable o bien, concesionados a un tercero. Sin embargo, resultan inoperantes tales manifestaciones, en virtud de que constituyen elementos novedosos, que no fueron evidenciados ni hechos valer en el escrito de agravios relativo al recurso de reclamación; máxime que en el escrito de demanda de nulidad tampoco se aprecian indicios o elementos que permitan colegir que en realidad su pretensión era la de interrumpir el plazo para que se decretara la caducidad, para que así la autoridad responsable lo tomara en cuenta al momento de resolver el recurso de inconformidad atendiendo a la causa de pedir y analizando qué fue lo que en realidad quiso exponer la parte actora. Según se dijo en líneas previas, de la demanda de nulidad se desprende que la parte actora señaló textualmente que se solicitaba la medida cautelar para el efecto de que se interrumpiera la caducidad de los volúmenes de agua no utilizados, sin que de ese documento se aprecie exposición alguna que refiera o denote que la pretensión de la parte actora en realidad la suspensión del plazo de la caducidad y que se le permitiera seguir explotando los volúmenes de agua no utilizados. Por otra parte, del escrito de agravios relativos al recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución que determinó negar la medida cautelar se aprecia que como puntos de disenso se hicieron valer dos agravios fundamentales, los cuales consisten en lo siguiente: Que la autoridad responsable perdió de vista que el trámite para interrumpir la caducidad de volúmenes de agua no utilizados se efectúa previo a que actualice la caducidad y, el que se haya negado la interrupción no implica que en ese momento actualice dicha figura, por lo que al no haberse consumado el acto reclamado, era procedente conceder la suspensión solicitada. De lo contrario, de permitirse a la autoridad demandada ejecutar el acto, se traduciría en la realización de un acto que es de ejecución irreparable. Que con la concesión de la suspensión no se causa perjuicio al interés social y a disposiciones de orden público, por lo que era procedente conceder dicha medida. No obstante, no expresaron ante la autoridad responsable de manera alguna que en realidad la pretensión que se buscaba con la medida cautelar era que se les permitiera seguir utilizando los volúmenes de agua cuya caducidad pretenden interrumpir, o en su defecto, que de manera momentánea, no se decretara la caducidad de dichos volúmenes; así como tampoco expresaron algún argumento que facilitara la comprensión a la sala responsable de que esa era la pretensión de los peticionarios del amparo, para que así estuviera en posibilidad de analizar la procedencia de la suspensión bajo tales argumentos. Así, al no haber sido materia tales exposiciones del recurso de inconformidad y al haberlos hecho valer únicamente en la acción constitucional, es de concluir que dichas alegaciones constituyen argumentos novedosos, por lo que resultan inoperantes y no es posible atenderlos en este juicio de amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 150/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, del rubro y texto que dicen: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, materia administrativa, página 1137, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." En otro orden de ideas, resulta infundado el planteamiento expuesto por los quejosos en el sentido de que la responsable no atendió los argumentos que hizo valer en el escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve, pues dicho ocurso no se puso a consideración de la sala responsable, sino que este fue dirigido a la autoridad demandada previo a la promoción del juicio de nulidad y constituye precisamente la petición por la cual solicitó la interrupción de los volúmenes de agua no utilizados. Por ende, no fue incorrecto que la responsable no tomara en cuenta las consideraciones ahí vertidas, pues no formó parte de la litis, la cual se constituye con los planteamientos formulados en el escrito de demanda, en su caso sus ampliaciones y la contestación a dicha solicitud por parte de la demandada. En tales condiciones, ante lo infundado e inoperante de los motivos de inconformidad planteados, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jaime Alberto Suárez Navarro ni a Martha Georgina Suárez Navarro, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; hasta el día de hoy, doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron; quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM

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