Jaime Alberto Sanmiguel Ortiz

Expediente 206/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
206/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Jaime Alberto Sanmiguel Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto con el oficio suscrito por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, con el cual remite la demanda de amparo presentada por Jaime Alberto Sanmiguel Ortiz, el cuadernillo de amparo indirecto 3/2022 y los informes previo y justificado rendidos por dicha autoridad; en consecuencia, acúsese recibo de estilo. Fórmese y regístrese bajo el expediente 206/2022-VII. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Al respecto, es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso presentó demanda de amparo ostentándose tercero extraño al juicio oral ordinario civil 457/2019, donde se ejerció la acción de terminación de contrato de arrendamiento promovido por Miguel Ángel Ponce de León Rentería contra Guadalupe Carreto Rentería, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, consistente en el embargo ordenado mediante auto de veinticuatro de febrero del año en curso, a bienes de su cónyuge; y su ejecución. Establecido lo anterior, es de puntualizarse que el suscrito advierte de modo manifiesto e indudable que en relación a los actos que pretende impugnar la parte quejosa, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que el quejoso reclama de la autoridad responsable el embargo ordenado mediante auto de veinticuatro de febrero del año en curso, a bienes de su cónyuge; y su ejecución, dentro del juicio oral ordinario civil 457/2019, donde se ejerció la acción de terminación de contrato de arrendamiento promovido por Miguel Ángel Ponce de León Rentería contra, también lo es que esto no lo convierte en tercero extraño a juicio, habida cuenta que su cónyuge Guadalupe Carreto Rentería quien es parte demandada en dicho juicio, compareció, fue oída y vencida en el mismo, es decir, contestó la demanda instaurada en su contra, ofreció pruebas e interpuso los medios legales de defensa e incluso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia dictada en el juicio de origen, el cual le fue negada la protección de la justicia federal. Ciertamente, cuando se trata de bienes que forman parte del fondo común de la sociedad conyugal, debe tomarse en consideración la nota distintiva del régimen de sociedad conyugal, consistente en que al no precisarse el dominio de los cónyuges sobre bienes o partes alícuotas determinadas, ninguno de ellos puede verse afectado por cualquier acto jurídico en una parte específica de su patrimonio, pues ésta la conocerán sólo hasta el momento de la liquidación de la sociedad. De ahí, que si uno de los cónyuges no fue escuchado en el procedimiento, aquél no debe ser considerado como tercero extraño. Para demostrar lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 170 del Código Civil del Estado de Chihuahua, inherente al régimen de sociedad conyugal bajo el cual se rige el matrimonio de la parte quejosa que desde el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete (según se aprecia del acta de matrimonio allegado por el propio quejoso a su demanda de amparo), esto es, antes de la instauración del juicio de origen. Asimismo, previamente se destaca que en los presentes autos no obra constancia alguna que al celebrarse el matrimonio entre el quejoso y su cónyuge hubiesen realizado capitulaciones matrimoniales; lo que se adminicula con lo asentado en el acta de matrimonio de referencia. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 48/2001, sostuvo que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, este último señalamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada básicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente por cualesquiera de los cónyuges, inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos. En congruencia con lo anterior, se encuentran las disposiciones de los artículos 170 al 194 del Código Civil del Estado de Chihuahua. La jurisprudencia aludida es consultable en la página 433, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de la literalidad siguiente: "SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Si se toma en consideración, por un lado, que los elementos que definen a la sociedad conyugal se identifican con los de una sociedad de gananciales, que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos; por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad común; y los adquiridos por fondos del caudal común o adquiridos a título gratuito por ambos cónyuges y, por otro, que el fundamento y finalidad de este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutención y auxilio de los consortes y los hijos, si los hubiere, es inconcuso que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, este último señalamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada básicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualesquiera de los cónyuges, inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos." De lo anterior, se obtienen como datos relevantes los siguientes: a) El matrimonio podía celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes, pudiendo ser la primera convencional o legal, según se establezcan o no capitulaciones matrimoniales. b) En el régimen de sociedad legal, los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges, forman parte del caudal común. c) El dominio, posesión y administración de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad. d) Disuelta la sociedad legal y terminado el inventario se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes, por mitad. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá por mitad de lo que cada consorte hubiere llevado a la sociedad. De ello, se colige que los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges, durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, constituyen un fondo común. Esta regla general de inclusión de los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges al fondo común de la sociedad legal, es una condición normal, constante, derivada de la naturaleza económica de ese régimen patrimonial, donde lo excepcional es, en cambio, que el bien adquirido no forma parte de la sociedad común, circunstancia que, por tanto, admitiría prueba en contrario. De lo que se sigue, que el cónyuge que invoque a su favor la presunción legal de que los bienes fueron adquiridos durante el matrimonio así contraído, no tiene a su cargo la obligación de demostrar que el bien de que se trate ingresó a la sociedad a costa del caudal común y sí, por el contrario, la tendría quien asegure que tal bien es de su propiedad, es decir, que no pertenece a dicho fondo. En este sentido, es relevante señalar que la prueba de que los bienes fueron adquiridos con el fruto del trabajo de cada uno de los cónyuges resulta prácticamente imposible, debido a que el matrimonio no es una sociedad mercantil o especulativa en la que deba documentarse todo tipo de operación comercial o financiera. Estos señalamientos tornan inconsistente cualquier interpretación en el sentido de justificar que, mientras persiste la sociedad legal, a cada uno de los consortes le corresponde el cincuenta por ciento del dominio del patrimonio común y que nada más en ese porcentaje, podría afectarse el bien en cuestión, pues tal pretensión sólo adquiere actualidad hasta el momento de la liquidación del inventario y únicamente respecto del sobrante del patrimonio común, si lo hubiere, una vez cubiertos los créditos que hubieren contra el fondo social, toda vez que al realizarse el inventario y la liquidación de la sociedad, deben llevarse los sobrantes del fondo social que se dividirá entre los dos consortes a falta de disposición expresa ante la omisión de las capitulaciones matrimoniales, y respecto a las pérdidas, el importe de éstas se deducirá por mitad de lo que cada consorte hubiere llevado a la sociedad. Así, tomando en cuenta estas notas distintivas de la sociedad legal, regulada por el Código Civil del Estado de Chihuahua, válidamente se puede afirmar que mientras subsista el matrimonio celebrado bajo ese régimen y ante la omisión de las capitulaciones matrimoniales, a cada consorte le corresponde el dominio, posesión y administración del patrimonio común, mas no separadamente el cincuenta por ciento de éste, ya que no existe base legal que determine esa composición de los bienes del fondo social respecto de cada uno de ellos y, en cambio, sí se prevé que para la liquidación de la sociedad se lleven los sobrantes del fondo social que se dividirá entre los dos consortes a falta de disposición expresa ante la omisión de las capitulaciones matrimoniales, lo que significa que es hasta la liquidación cuando se determina ese porcentaje del cincuenta por ciento, al que se le disminuiría el importe de las pérdidas de cada consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderle. En mérito de lo anterior, debe precisarse que en el caso, el quejoso es cónyuge del demandada, la que sí compareció a juicio, contestó la demanda instaurada en su contra ofreció pruebas e interpuso los medios legales de defensa contra la sentencia dictada en el juicio de origen; por tanto, no lo convierte en tercero extraño al procedimiento de origen, pues el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, mientras subsista la sociedad, luego si uno de ellos compareció al juicio a defender los intereses de la sociedad conyugal, resulta cumplido este requisito. Esto es así, porque cuando se trata de bienes que forman parte del fondo común de la sociedad conyugal, debe tomarse en consideración la nota distintiva del régimen de sociedad conyugal, consistente en que al no precisarse el dominio de los cónyuges sobre bienes o partes alícuotas determinadas, ninguno de ellos puede verse afectado por cualquier acto jurídico en una parte específica de su patrimonio, pues ésta la conocerán sólo hasta el momento de la liquidación de la sociedad. De ahí, que si uno de los cónyuges no fue escuchado en el procedimiento de origen, aquél no debe ser considerado tercero extraño. Resulta aplicable al presente asunto, en lo que interesa, la jurisprudencia 82/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de la literalidad siguiente: "SOCIEDAD LEGAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO UNO DE LOS CÓNYUGES EN EL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DEL OTRO, AUN CUANDO SE EMBARGUEN BIENES COMUNES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Cuando se trata de bienes que forman parte del fondo común de la sociedad legal, debe tomarse en consideración tanto la nota distintiva del régimen de sociedad legal, consistente en que al no precisarse el dominio de los cónyuges sobre bienes o partes alícuotas determinadas, ninguno de ellos puede verse afectado con el embargo en una parte específica de su patrimonio, pues ésta la conocerán sólo hasta el momento de la liquidación de la sociedad, como que de conformidad con lo previsto en los artículos 340 al 342, 363, 365 y 366 del Código Civil para el Estado de Sonora, existe la posibilidad de que las deudas a cargo de la sociedad legal puedan cubrirse con bienes propios y que las individuales con bienes de la sociedad, estableciéndose que será hasta el momento de la liquidación de la misma cuando el cónyuge acreedor podrá exigirle al obligado el débito correspondiente; de ahí que si uno de los cónyuges no fue demandado en el juicio seguido contra el otro, en el cual se embargaron bienes comunes o, incluso, propios del cónyuge que no fue demandado, este último no debe ser considerado tercero extraño al juicio. Lo anterior se confirma y encuentra apoyo en los artículos 310 y 331 del indicado código, los cuales establecen que ninguno de los cónyuges puede ser considerado como tercero respecto de la sociedad, por lo que ve a las obligaciones a cargo de ésta que afecten bienes sociales, llegando la ley al extremo de considerar que la sentencia que se dicte en contra de uno solo de ellos tiene efectos de cosa juzgada frente al otro, y aunque el citado artículo 331 hace referencia a la excepción prevista en el artículo 330 del propio código, ésta no resulta aplicable al embargo de bienes comunes, toda vez que se refiere a los casos en los que se reclame la constitución de obligaciones o enajenaciones de bienes inmuebles o vehículos, es decir, de actos meramente voluntarios, supuesto dentro del cual no cabe el embargo, por tratarse de una afectación judicial o mandamiento de autoridad que no requiere del consentimiento del deudor. En consecuencia, en el supuesto de que se embarguen bienes propios de cada consorte o, en su defecto, bienes comunes del patrimonio de la sociedad legal, el cónyuge que no fue demandado no puede ser considerado como tercero extraño al juicio." Lo anterior es así, porque los artículos 340, 341, 342, 363, 365 y 366 del Código Civil para el Estado de Sonora -que sustentan la consideración esencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tratándose de la sociedad legal, no puede considerarse como tercero extraño al procedimiento al cónyuge que no compareció a juicio, ya que no puede verse afectado en una parte específica de su patrimonio sino hasta el momento en que se liquide la sociedad-, coinciden en sustancia con lo dispuesto en los artículos 170 al 194 del Código Civil del Estado de Chihuahua, lo que justifica la aplicación por identidad de razón de la jurisprudencia en comento. Brinda apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXXI/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 560, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD. La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante." En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse en el presente caso la invocada causal de improcedencia; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." De igual forma, sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto. Toda vez que el quejoso señaló domicilio el ubicado en calle 6 de marzo 406, colonia centro de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, es decir, fuera de la residencia de este Juzgado Federal; por tanto, gírese despacho al Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Galeana, con sede en Casas Grandes, Chihuahua, a fin de que en auxilio a las labores de este juzgado, notifique personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo en el domicilio señalado en el párrafo que antecede. Asimismo, se autoriza al juez exhortado a llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de realizar la actuación que se le encomienda, incluyendo la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de la notificación en comento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo III, de la ley de amparo Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos numerales 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Asimismo, se le comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende a partir del dieciséis de febrero próximo de las ocho horas con treinta minutos hasta las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerds.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita.

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