Jaime Alberto Castillo Medina
Expediente 984/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/11/2023
Partes del expediente
- Jaime Alberto Castillo Medina y Otros.
- Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Fuero Común Distrito 04 con residencia en San Luis Rio Colorado, Son.
- Jaime Alberto Castillo Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Juez Oral Penal del Distrito Cuatro del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en San Luis Rio Colorado, autoridad responsable en el presente asunto, mediante el cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.********************Lo anterior toda vez que del estado que guardan los autos, se advierte que el siete de noviembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.********************NOTIFÍQUESE.
- Incidental
se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a *************************** **, por los actos reclamados indicados en esta resolución interlocutoria, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio presentado por Juez Oral Penal del Distrito Cuatro del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en San Luis Rio Colorado, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la carpeta administrativa de la causa penal ********************, de su índice, así como los índices cronológicos de todas las audiencias acontecidas durante el proceso, así como un disco compacto, el cual contiene la versión de audio y video de dichas audiencias. Medios de convicción. En ese sentido, téngase a la autoridad oficiante ofreciendo la prueba documental que adjunta a su informe consistente en un disco versátil digital (DVD), la cual, de conformidad al numeral 119 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, respecto de dicho disco versátil digital (DVD), se hace del conocimiento de las partes en el presente juicio, que en caso de que si lo estiman necesario, pueden consultar la información contenida en el citado formato digital mediante la reproducción que ante este Juzgado se realice y manifestar lo que a su derecho convenga. Se cita por ser aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo I, con registro digital 2004362. Tomo de pruebas Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, en relación con el 22 del Acuerdo General 12/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que existe imposibilidad material para la digitalización de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, dado su volumen. Por tanto, se ordena la apertura de los tomos I y II de pruebas, con las copias certificadas remitidas, en los que se respete sello, folio y rúbrica, mismos que quedan a disposición de las partes para su consulta en el local de este juzgado. Sin que resulte necesario dar vista a las partes con su contenido, por los motivos que a continuación se expondrán. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del oficio de cuenta se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Para determinar lo anterior, cabe precisar que el quejoso señaló como actos reclamados: Ahora, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su oficio, se desprende que en audiencia de veintitrés de octubre del año en curso, a solicitud de la defensa particular del quejoso, se concedió la suspensión condicional del proceso, así como la suspensión de las medidas cautelares e impuso al peticionario las condiciones contenidas en las fracciones I, II, VII, VIII, IX y XIII del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: "I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; [.] VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; [.] XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, ." En efecto, de dichas constancias se advierte que en la audiencia señalada la autoridad responsable: a) Concedió la suspensión condicional del proceso por el lapso de un año seis meses como una salida alterna; b) Estableció que el pago de la reparación del daño asciende a la cantidad de ********************; c) Fijó las condiciones contenidas en las fracciones I, II, VII, VIII, IX y XIII del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a la víctima y los testigos; y, d) Suspendió las medidas cautelares impuestas en audiencia de cinco de julio de dos mil veintidós, por lo que ordenó girar oficio a las autoridades correspondientes. En ese sentido, conviene traer a cuenta lo que el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define como suspensión condicional del proceso: "Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal." De la anterior transcripción se desprende que la suspensión condicional del proceso constituye un mecanismo de solución alterna al procedimiento en el que el imputado se obliga a cumplir con un plan detallado para cumplir con la reparación del daño a la víctima y se somete a las condiciones previstas en el numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en caso de cumplirse, da lugar a la extinción de la acción penal. Ahora, si como se precisó, la autoridad responsable ante la solicitud de la defensa particular del quejoso concedió la suspensión condicional del proceso, y como consecuencia de ello, suspendió el proceso, así como las medidas cautelares en libertad decretadas en audiencia inicial de cinco de julio de dos mil veintidós, en términos de los artículos 179 y 331, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que no es posible jurídicamente resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que con la suspensión condicional del proceso sobrevino la causa de improcedencia en estudio, dado que el quejoso, como imputado, consintió esa forma alterna de solución del procedimiento, y como consecuencia de ello, el acto del cual se inconformó en este juicio de amparo. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando las partes deciden acogerse a ese medio alternativo de solución del proceso, ello representa un beneficio para la persona procesada lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues busca una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2014495, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 33/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Bajo esa condición, al materializarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes; asimismo, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA AUTO A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO ...
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