Jaime Alberto Cardoso Castellanos

Expediente 516/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
516/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Jaime Alberto Cardoso Castellanos

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio ********************signado por la Técnico Enlace Administrativo de la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por medio del cual informa que se efectuó el registro correspondiente respecto de la demanda de amparo de la que deriva el presente juicio de amparo y adjunta la boleta de turno correspondiente. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido por el Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán, mediante el cual en atención al cumplimiento de la suspensión de plano, refiere que no se ha detenido al quejoso ni se encuentra a disposición de esa autoridad, asimismo refiere que se da por enterado de la suspensión de plano concedida al citado quejoso. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés Vista la demanda que promueve ******************** en favor de ******************** contra actos que atribuye a la Fiscalía Regional de esta ciudad y otra autoridad; en tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro electrónico de este Juzgado bajo el número ********************. Hágase del conocimiento del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, a través de oficio, con la presente demanda y certificación correspondiente, a fin de respetar el equilibro que debe prevalecer en la distribución aleatoria de las cargas de trabajos a los Juzgado de Distrito con sede en esta localidad, y se realice la regulación de ingresos y la distribución equitativa de los asuntos. Así del estudio integral de la demanda de cuenta, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Privación ilegal de la libertad. Incomunicación, tortura física y psicológica y todo lo que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por tanto, debe decirse que dichos actos son prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUSPENSIÓN DE PLANO, RESPECTO DE LA DETENCIÓN ILEGAL FUERA DE PROCEDIMIENTO: En relación a la detención ilegal fuera de procedimiento y privación ilegal de la libertad, con fundamento en los artículos 164 y 165, del ordenamiento legal en consulta, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Si la privación de la libertad de ******************** proviene de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, el agraviado referido deberá ser inmediatamente remitido al Agente del Ministerio Público que corresponda. En cambio, si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, será puesto en libertad. Si el quejoso directo se encuentra privado de la libertad y a disposición del Ministerio Público, por cumplimiento de una orden de detención del mismo, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, serán puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial, según proceda. Si el quejoso directo se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición de dicha autoridad ministerial. Para el caso de que la detención no se ubique en las hipótesis descritas anteriormente, y en la detención por caso urgente [en los que el Ministerio Público restringe la libertad del quejoso] ponga en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente al quejoso de referencia, ello, con apoyo en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo. Igualmente, para el caso de que la detención provenga de un mandato de autoridad judicial, la autoridad responsable deberá poner al directo quejoso a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. Importa aclarar que la medida cautelar no surtirá efectos en favor del agraviado, si se le sorprende en flagrante delito o, bien, si se trata de cumplimentar una orden aprehensión o detención dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables por la peticionaria de amparo. En la inteligencia que, la contravención a la suspensión de plano de los actos reclamados será sancionado por la ley penal, esto de conformidad con el artículo 262, fracción III y V de la Ley de Amparo. INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS Y TORTURA DEL QUEJOSO DIRECTO: Con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados consistentes en incomunicación, malos tratos, tortura y cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que de inmediato cesen los mismos. Asimismo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable que tenga a su disposición al quejoso directo, le garantice el derecho consignado en el artículo 20, apartado B, fracciones II y VIII, de la Constitución Federal, preceptos que, por una parte, prohíben y sancionan toda incomunicación y, por otra, establecen en favor del ciudadano el derecho a una defensa adecuada por un abogado, el cual podrá elegir libremente desde el momento mismo de su detención. Al respecto, resulta aplicable la tesis P.LXIV/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Asimismo, resulta aplicable la tesis 1ª.CCXXVI/2013, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. El derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso penal; lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculpado, en las que activa, directa y físicamente participe o deba participar, así como en aquellas en las que de no estar presente, se cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza jurídica y el debido proceso. Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales, como lo es no declarar, no autoincriminarse, no ser incomunicado, no sufrir tortura alguna, ni ser detenido arbitrariamente, así como ser informado de las causas de su detención, entre otras." En la inteligencia que, la contravención a la suspensión de plano de los actos reclamados será sancionado por la ley penal, esto de conformidad con el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo. Esta suspensión surtirá sus efectos, respecto de los actos que el promovente atribuye a las autoridades señaladas en su escrito de demanda, así como también respecto de aquellas autoridades que tengan a su disposición al quejoso. REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables; quien deberán informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas al correo electrónico oficial 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, de conformidad con el artículo 158 en relación con el diverso 236 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá MULTA por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, que entró en vigor el primero de febrero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, en los términos del artículo 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo. Orden que deben obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR CONDUCTO DEL ACTUARIO ADSCRITO. Por otro lado, en atención al principio pro persona, se ordena ratificar la demanda, por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en las instalaciones de los separos de la policía ministerial a efecto de que localice al quejoso directo ******************** y en el acto de la notificación del presente auto, deberá requerirlo para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor por ********************, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, ésta se tendrá por no presentada. Asimismo, el actuario judicial deberá dar fe en dicha diligencia, del estado físico exterior que presente el quejoso directo, levantando acta pormenorizada al respecto. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ******************** NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. HABILITACIÓN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. INFORMA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones en el libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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