Jaime Alba Madrazo

Expediente 868/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
868/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2018

Partes del expediente

  • Jaime Alba Madrazo

Actuaciones

  1. Principal

    Ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos que obran en el cuaderno formado juicio de amparo en que se actúa; y toda vez que ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, en auto de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, toda vez que si bien la parte quejosa pretendió dar cumplimiento al auto de prevención antes citado, en proveído que antecede, sin que se tuviera por cumplida la citada prevención, subsistiendo la misma, sin que haya dado contestación a la prevención realizada. En esa mixtura, se hace efectivo el apercibimiento realizado a la parte quejosa, con fundamento en el numeral 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito signado por el promovente de amparo ****, mediante el cual pretende dar cumplimiento al auto de prevención que se le formulara mediante proveído de ****. Sin embargo, del contenido del escrito aclaratorio no se advierte que la parte promovente realice la narrativa de antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, pues del análisis de su escrito mediante el cual pretende dar cumplimiento al auto de prevención formulado con antelación se desprende que no realiza tal formalidad. En apoyo, cabe citar el criterio jurisprudencial 127/99, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Por lo tanto, subsiste la prevención decretada en el auto de ****. Por lo anteriormente expuesto, no ha lugar a tener por cumplida la prevención formulada; y en mérito de lo anterior, hágase del conocimiento de la parte promovente que subsiste la prevención formulada en auto de veintitrés de julio del año en curso; en el entendido que el plazo otorgado para su cumplimiento seguirá transcurriendo una vez que se notifique de manera personal la presente resolución, pues se ha visto interrumpido por causa de la presentación del escrito aclaratorio de mérito. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 1ª/J. 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo 2012, Tomo 1, cuyo rubro es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Así como, la tesis VI.3o.A.J/2 (10ª) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Décima Época, visible en la página 1241, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, registrada con el número 2002861, que a la letra dice: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas." Notifíquese personalmente...

  4. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho: "Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito signado por el promovente de amparo ****, mediante el cual pretende dar cumplimiento al auto de prevención que se le formulara mediante proveído de ****. Sin embargo, del contenido del escrito aclaratorio no se advierte que la parte promovente realice la narrativa de antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, pues del análisis de su escrito mediante el cual pretende dar cumplimiento al auto de prevención formulado con antelación se desprende que no realiza tal formalidad. En apoyo, cabe citar el criterio jurisprudencial 127/99, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Por lo tanto, subsiste la prevención decretada en el auto de ****. Por lo anteriormente expuesto, no ha lugar a tener por cumplida la prevención formulada; y en mérito de lo anterior, hágase del conocimiento de la parte promovente que subsiste la prevención formulada en auto de veintitrés de julio del año en curso; en el entendido que el plazo otorgado para su cumplimiento seguirá transcurriendo una vez que se notifique de manera personal la presente resolución, pues se ha visto interrumpido por causa de la presentación del escrito aclaratorio de mérito. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 1ª/J. 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo 2012, Tomo 1, cuyo rubro es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Así como, la tesis VI.3o.A.J/2 (10ª) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Décima Época, visible en la página 1241, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, registrada con el número 2002861, que a la letra dice: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas." Notifíquese personalmente... ".

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