Jaime Aguilar Sierra
Expediente 216/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/05/2023
Partes del expediente
- Jaime Aguilar Sierra
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Por resolución dictada el veintinueve de marzo del año en curso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ****, contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para el efecto siguiente: "a) Con plenitud de jurisdicción emita un acuerdo en el que se pronuncie respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D-1/329/2012, debiendo señalar día y hora respecto de aquellas probanzas cuya naturaleza ameriten un posterior desahogo, en el entendido de que esas fechas deberán ser dentro del término de diez días que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. b) Ordene la notificación de dicho proveído a las partes." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veinticuatro de abril del año en curso, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, el Auxiliar de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio 17809/2023 recibido en la oficialía de este Juzgado el veintiocho de abril del año en curso, remitió copia certificada de quince de marzo del año en curso, dictado en el juicio laboral de origen D-1/329/2012, por medio del cual acordó lo conducente respecto a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de dicho procedimiento, señalando hora y día para el desahogo de aquéllas que así lo ameritan, el cual ya fue notificado a las partes. Por lo anterior, el dos de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable. De lo que se sigue, que la autoridad responsable emitió un acuerdo en el que se pronunció respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D-1/329/2012, y ordenó la notificación de dicho proveído. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE JUICIO, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Por lo que la fecha probable de su DEPURACIÓN será El QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE DEPURACIÓN en la carátula del expediente. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional:
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta y, en atención a su contenido, téngase a la Auxiliar de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla rindiendo su informe en vía de cumplimiento al fallo protector, exponiendo al respecto que mediante auto de quince de marzo del año en curso, dictado en el juicio laboral de origen ********************, acordó lo conducente respecto a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de dicho procedimiento, señalando hora y día para el desahogo de aquéllas que así lo ameritan, el cual ya fue notificado a las partes, remitiendo copia certificada del citado auto. Por lo anterior, dese vista a las partes con el contenido de dicho informe para que en el término de tres días hábiles computados a partir de la legal notificación de este proveído, expresen lo que a su derecho legal convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Esto, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo que dispone: "Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. (.). Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley". Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Tomo XI, de marzo de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Cabe hacer mención que no obsta a lo anterior que este órgano jurisdiccional durante el procedimiento haya realizado previos requerimientos de cumplimiento a la autoridad responsable, ya que la presente determinación tiene como finalidad establecer de manera definitiva si la autoridad responsable dio o no acatamiento puntual a la ejecutoria de amparo, por lo que la presente vista constituya la última que se otorga al impetrante, previo dilucidar tal cumplimiento y/o la responsabilidad en que haya o no incurrido la responsable". Notifíquese en términos de ley. Así, lo proveyó y firma la doctora Julieta Ramírez Fragoso, Jueza Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, ante el licenciado José Manuel Brodeli Vélez Torres secretario que autoriza y da fe. L'JMBVT/mpas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto, sin que se precisara su clasificación documental; en consecuencia, se provee: En cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el citado numeral 18 del referido Acuerdo General, una vez realizada la depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, mediante el cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos remite copia certificada de diversas constancias, entre ellas de la constancia de baja en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del quejoso José Efrén Mario Morales Ojeda, en la que se aprecia que se realizó la anotación de baja injustificada, misma que se remitió a su expediente personal para constancia; de lo que queda enterada la suscrita. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión del Servicio de Carrera Policial, Secretario Técnico de la Comisión de Servicios de Carrera Policial del Estado de Puebla, en su calidad de Encargado de Despacho de la Subsecretaria de Desarrollo Institucional y Administración Policial del Estado de Puebla y la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el ámbito de su competencia, Informen a este órgano judicial el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo dictada en el sumario en que se actúa, en el entendido de que los efectos fueron los siguientes: ".. para el efecto de que las autoridades responsables Comisión del Servicio de Carrera Policial, Secretario Técnico de la Comisión de Servicios de Carrera Policial del Estado de Puebla, en su calidad de Encargado de Despacho de la Subsecretaria de Desarrollo Institucional y Administración Policial del Estado de Puebla, y la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán proceder en los términos que enseguida se indican: a) Realicen las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente al quejoso ****, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de Custodio Adscrito a la Dirección del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán Puebla, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que, dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionario por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud al quejoso deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus coasegurados, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley corresponda. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán demostrar que se han cubierto las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio del quejoso, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del peticionario de amparo como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que se realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo". Hágase saber a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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