Jaime Aguilar Álvarez

Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
993/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Jaime Aguilar Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este asunto y la certificación de cuenta se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese hecho valer recurso de queja contra el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda promovida por Jaime Aguilar Álvarez, por derecho propio; en tales condiciones, se declara que dicha determinación ha causado estado. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por ubicarse en el supuesto previsto en el inciso d), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto se desechó de plano la demanda de amparo; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, de conformidad con el numeral 15 del acuerdo citado; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 8.1 y 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Ahora bien, toda vez que en el acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, se determinó que una vez que causara estado ese proveído, se devolvería el toca civil 152/2022, a la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, conjuntamente con los autos del amparo directo 330/2022, al declinar la competencia de la demanda de amparo promovida por Jaime Aguilar Álvarez; por tanto, desglósese del tomo I de pruebas formado con dichas constancias y hágase su devolución a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Se autoriza al secretario firmar el oficio correspondiente.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual remite los autos del amparo directo 330/2022 y el original del toca civil 152/2022 de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, en razón de que en auto de diecinueve de septiembre del año en curso, dicho tribunal colegiado, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, declinando la misma a favor de los órganos jurisdiccionales de amparo con residencia en esta localidad. Atendiendo lo resuelto por la superioridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo y al compartir el criterio de alzada, este juzgado acepta la competencia declinada y asume el conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), regístrese con el número 993/2022-I y envíese el acuse de recibo correspondiente al superior. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo y de los anexos que se acompañan, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.;" Dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es procedente únicamente contra actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Al efecto, se desprende que los requisitos para que se configure la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso, la parte quejosa reclama de forma destacada el acuerdo dictado por la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el quince de junio de dos mil veintidós, en el toca 152/2022, mediante el cual se desecha o declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso Jaime Aguilar Álvarez, contra el auto de tres de mayo último, emitido por la Jueza Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el expediente 824/2016, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de José Guadalupe Aguilar García, en el que se negó al amparista su petición contenida en su escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de enviar el expediente a la Notaría Pública Dieciocho, para la protocolización de lo resuelto en el juicio de origen. Sin embargo, contra dicho acuerdo el impetrante del amparo Jaime Aguilar Álvarez, estuvo en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación, que al respecto prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en sus artículos 115 y 620, con el cual pudo tener como resultado que se revocara el auto de quince de junio de dos mil veintidós, que ahora reclama en éste juicio de garantías; recurso que resulta obligatorio, pues en dichos numerales se dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 115. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. ARTÍCULO 620. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 115 de éste código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista". Por tanto, si la parte quejosa reclama el acuerdo por el cual la Magistrada responsable desechó o declaró inadmisible el recurso de apelación hecho valer contra el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio de origen, es indudable que estuvo en aptitud de interponer el recurso de revocación mencionado, antes de acudir al juicio de amparo, ya que a través de dicho recurso se puedo revocar o modificar el acto impugnado, pues el primer precepto legal mencionado claramente dispone que "en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo", el que, como se dijo, es el de revocación. Máxime, que de acuerdo a la naturaleza jurídica del acto reclamado en estudio, el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones del principio de definitividad establecidas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, de la Ley de Amparo; que lo exima de la obligación de agotar el recurso ordinario de que se trata, antes de acudir al juicio de amparo; por tanto, al no haber agotado el impetrante del amparo el recurso de revocación, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Jaime Aguilar Álvarez. Las jurisprudencias y tesis antes mencionadas integradas conforme a la ley de amparo anterior, resultan aplicables al caso en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Topacios 3226, fraccionamiento La Joya, en esta ciudad y como autorizados para tales efectos a los licenciados Norberto Antonio Contreras Luna y Mauro Conde Martínez, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos a Rubén García Hernández y Jesús Bejarano Jara, por no contar con dicho requisito. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por último, respecto al anexo que remitió el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, consistente en los autos originales del toca civil 152/2022, del índice de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad; fórmese por separado el tomo I de pruebas, respétense los folios y entresellos que contiene; y una vez que cause estado este proveído, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE 17 DE OCTUBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ: Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual remite los autos del amparo directo 330/2022 y el original del toca civil 152/2022 de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, en razón de que en auto de diecinueve de septiembre del año en curso, dicho tribunal colegiado, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, declinando la misma a favor de los órganos jurisdiccionales de amparo con residencia en esta localidad. Atendiendo lo resuelto por la superioridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo y al compartir el criterio de alzada, este juzgado acepta la competencia declinada y asume el conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), regístrese con el número 993/2022-I y envíese el acuse de recibo correspondiente al superior. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo y de los anexos que se acompañan, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.;" Dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es procedente únicamente contra actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Al efecto, se desprende que los requisitos para que se configure la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso, la parte quejosa reclama de forma destacada el acuerdo dictado por la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el quince de junio de dos mil veintidós, en el toca 152/2022, mediante el cual se desecha o declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso Jaime Aguilar Álvarez, contra el auto de tres de mayo último, emitido por la Jueza Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el expediente 824/2016, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de José Guadalupe Aguilar García, en el que se negó al amparista su petición contenida en su escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de enviar el expediente a la Notaría Pública Dieciocho, para la protocolización de lo resuelto en el juicio de origen. Sin embargo, contra dicho acuerdo el impetrante del amparo Jaime Aguilar Álvarez, estuvo en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación, que al respecto prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en sus artículos 115 y 620, con el cual pudo tener como resultado que se revocara el auto de quince de junio de dos mil veintidós, que ahora reclama en éste juicio de garantías; recurso que resulta obligatorio, pues en dichos numerales se dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 115. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. ARTÍCULO 620. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 115 de éste código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista". Por tanto, si la parte quejosa reclama el acuerdo por el cual la Magistrada responsable desechó o declaró inadmisible el recurso de apelación hecho valer contra el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio de origen, es indudable que estuvo en aptitud de interponer el recurso de revocación mencionado, antes de acudir al juicio de amparo, ya que a través de dicho recurso se puedo revocar o modificar el acto impugnado, pues el primer precepto legal mencionado claramente dispone que "en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo", el que, como se dijo, es el de revocación. Máxime, que de acuerdo a la naturaleza jurídica del acto reclamado en estudio, el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones del principio de definitividad establecidas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, de la Ley de Amparo; que lo exima de la obligación de agotar el recurso ordinario de que se trata, antes de acudir al juicio de amparo; por tanto, al no haber agotado el impetrante del amparo el recurso de revocación, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Jaime Aguilar Álvarez. Las jurisprudencias y tesis antes mencionadas integradas conforme a la ley de amparo anterior, resultan aplicables al caso en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Topacios 3226, fraccionamiento La Joya, en esta ciudad y como autorizados para tales efectos a los licenciados Norberto Antonio Contreras Luna y Mauro Conde Martínez, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos a Rubén García Hernández y Jesús Bejarano Jara, por no contar con dicho requisito. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por último, respecto al anexo que remitió el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, consistente en los autos originales del toca civil 152/2022, del índice de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad; fórmese por separado el tomo I de pruebas, respétense los folios y entresellos que contiene; y una vez que cause estado este proveído, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese personalmente al quejoso.

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