Jaima Antonio Limas Castillo

Expediente 1694/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1694/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Jaima Antonio Limas Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado el trece de octubre de dos mil veintidós, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, promovido en favor de DIANA JULISSA HERNANDEZ GRANADOS; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que el acuerdo mencionado en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de uno de octubre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, promovida a nombre de 1) JENNYFER ADRIANA o ADRIANA MIRANDA MIRANDA, 2) JAIMA o JAIME ANTONIO LIMAS CASTILLO, 3) MARVIN YONATHAN PINEDA y 4) LAZARO DE JESUS GUERRA CANDELARIO; sin que hayan interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano, concedida a la parte quejosa en proveído de treinta de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de uno de los actuales, se reservó acordar en relación a la razón actuarial suscrita por la fedataria de la adscripción, respecto de la directa quejosa DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera el informe de suspensión de plano solicitado, lo que en el caso ya aconteció; en esas condiciones se levanta la reserva efectuada. Ahora, del informe de referencia, la autoridad migratoria hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la quejosa DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, no se encuentra a disposición de esa autoridad migratoria. Manifestación a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido vertida por la autoridad responsable dentro de su informe de suspensión de plano. Ahora, no obsta lo anterior, el hecho de que la fedataria de la adscripción no haya podido notificar a DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que en el acto de la notificación, o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la misma, ratificara la demanda de amparo instada por Edgar José Moreno Hernández. En ese tenor, resultaría ocioso realizar trámite alguno para localizar a la directa quejosa a fin de que se le notifique el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado en este asunto, para que desahogue el requerimiento que le fue formulado, descrito en párrafos que anteceden, pues de la revisión de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la actualización de una causa de sobreseimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que en el presente juicio de amparo, el licenciado Edgar José Moreno Hernández, promovió la demanda a favor de DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, y señaló como actos reclamados los siguientes: Incomunicación. deportación. Restricción al derecho de transito dentro del territorio mexicano. Aseguramiento. Tortura y malos tratos. En esas condiciones, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que tales actos no existen, pues de las constancias remitidas por la responsable se desprende que la directa quejosa DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, no se encuentra a disposición de esa autoridad migratoria. Documento que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, esta juzgadora determina que no es cierto los actos reclamados señalados, pues de las constancias que obran en los presentes autos, en específico de la razón realizada por la fedataria de la adscripción, se advierte que se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, en busca de la quejosa DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, pero ésta no se encontraba en sus instalaciones. Por tanto, se obtiene que la directa quejosa de nacionalidad salvadoreña, no se encontraba incomunicada mucho menos torturada. Así, los actos reclamados por quien promovió la demanda en favor de DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, no se desplegaron, pues del informe rendido por la autoridad responsable, así como de la razón actuarial, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda (treinta de septiembre del presente año), los actos reclamados no existían. De esta forma, al aparecer claramente demostrado de las constancias de autos, que no existen los motivos de la litis constitucional, de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo es ilógico ocuparse del estudio de constitucionalidad, ya que como resultado procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo presentada el treinta de septiembre del presente año, por el licenciado Edgar José Moreno Hernández, promovió la demanda a favor de DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, no haya sido ratificada por la citada quejosa, pues como se mencionó anteriormente la autoridad responsable no la tiene a su disposición. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues claramente se aprecia que respecto de DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, esta no ha estado a disposición de la autoridad migratoria. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. ACUERDO QUE EN LO QUE INTERESA DICE:--------------------------------- VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de uno de octubre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, promovida a nombre de 1) JENNYFER ADRIANA o ADRIANA MIRANDA MIRANDA, 2) JAIMA o JAIME ANTONIO LIMAS CASTILLO, 3) MARVIN YONATHAN PINEDA y 4) LAZARO DE JESUS GUERRA CANDELARIO; sin que hayan interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano, concedida a la parte quejosa en proveído de treinta de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de uno de los actuales, se reservó acordar en relación a la razón actuarial suscrita por la fedataria de la adscripción, respecto de la directa quejosa DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera el informe de suspensión de plano solicitado, lo que en el caso ya aconteció; en esas condiciones se levanta la reserva efectuada. Ahora, del informe de referencia, la autoridad migratoria hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la quejosa DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, no se encuentra a disposición de esa autoridad migratoria. Manifestación a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido vertida por la autoridad responsable dentro de su informe de suspensión de plano. Ahora, no obsta lo anterior, el hecho de que la fedataria de la adscripción no haya podido notificar a DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que en el acto de la notificación, o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la misma, ratificara la demanda de amparo instada por Edgar José Moreno Hernández. En ese tenor, resultaría ocioso realizar trámite alguno para localizar a la directa quejosa a fin de que se le notifique el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado en este asunto, para que desahogue el requerimiento que le fue formulado, descrito en párrafos que anteceden, pues de la revisión de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la actualización de una causa de sobreseimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que en el presente juicio de amparo, el licenciado Edgar José Moreno Hernández, promovió la demanda a favor de DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, y señaló como actos reclamados los siguientes: Incomunicación. deportación. Restricción al derecho de transito dentro del territorio mexicano. Aseguramiento. Tortura y malos tratos. En esas condiciones, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que tales actos no existen, pues de las constancias remitidas por la responsable se desprende que la directa quejosa DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, no se encuentra a disposición de esa autoridad migratoria. Documento que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, esta juzgadora determina que no es cierto los actos reclamados señalados, pues de las constancias que obran en los presentes autos, en específico de la razón realizada por la fedataria de la adscripción, se advierte que se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, en busca de la quejosa DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, pero ésta no se encontraba en sus instalaciones. Por tanto, se obtiene que la directa quejosa de nacionalidad salvadoreña, no se encontraba incomunicada mucho menos torturada. Así, los actos reclamados por quien promovió la demanda en favor de DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, no se desplegaron, pues del informe rendido por la autoridad responsable, así como de la razón actuarial, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda (treinta de septiembre del presente año), los actos reclamados no existían. De esta forma, al aparecer claramente demostrado de las constancias de autos, que no existen los motivos de la litis constitucional, de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo es ilógico ocuparse del estudio de constitucionalidad, ya que como resultado procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo presentada el treinta de septiembre del presente año, por el licenciado Edgar José Moreno Hernández, promovió la demanda a favor de DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, no haya sido ratificada por la citada quejosa, pues como se mencionó anteriormente la autoridad responsable no la tiene a su disposición. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues claramente se aprecia que respecto de DIANA JULISSA HERNÁNDEZ GRANADOS, esta no ha estado a disposición de la autoridad migratoria. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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