Jahir de Jesus Hernandez Hernandez
Expediente 1020/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jahir de Jesus Hernandez Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención a los artículos 15 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN La demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el dos de octubre de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal de San Andrés Cholula, Puebla, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1020/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción ********************, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso, hecha la excepción de los escritos de demanda, dada la trascendencia del documento. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. CUESTIONES PRELIMINARES En principio, conviene señalar que del escrito de demanda, se advierte que ********************a través de quien se ostenta como su defensor particular: ********************reclama del 1. Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, lo siguiente: a) La orden de aprehensión de ********************, dictada en los autos del mismo expediente; y, b) El auto de formal prisión dictado el ********************, en los autos de la causa penal ********************. Al respecto, tal como se advierte de la certificación de cuenta, se invoca como hecho notorio que en este juzgado federal se tramita el juicio de amparo ******************** promovido por ********************en el que, entre otras documentales, se aprecian las siguientes: 1) Diligencia practicada el ********************, en los autos del proceso ******************** del índice del Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, en el que ******************** y ********************aceptaron y protestaron el cargo de defensores particulares del indiciado ********************. 2) Diligencia practicada a las once horas con quince minutos del quince de agosto de dos mil veintitrés, en la que se notificó a ********************, de la resolución dictada el ********************, en los autos de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla. 3) Un sello en el que consta la notificación de la misma resolución, practicada el ********************, al indiciado -aquí quejoso- ******************** De lo que se colige que, el acto que la parte quejosa reclama, consistente en el auto de formal prisión dictado el ********************, en los autos de la causa penal ********************, se notificó al propio quejoso, como a uno de sus defensores particulares, el dieciocho y ********************, respectivamente. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA Precisado lo anterior, y en lo que atañe a la orden de aprehensión reclamada, de ********************, dictada en los autos de la causa penal ******************** del índice del juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, el suscrito juzgador considera que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En materia penal la libertad personal puede restringirse por diversos motivos, y el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen dicha restricción de la libertad se llama situación jurídica y cada una de ellas por tener características peculiares no puede afectar a la otra, así que cada forma de restricción de la libertad (situación jurídica) excluye a la que le antecedió. En efecto, como se dijo anteriormente, la quejosa reclama: <<la orden de aprehensión de ********************>>; sin embargo, de los antecedentes que narró en su demanda de amparo, y de los autos del juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado federal, se aprecia que el ********************, el juez responsable dictó auto de formal prisión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ********************, previsto y sancionado por los artículos ********************, párrafo primero, en relación con la fracción ******************** del artículo ******************** de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción ******************** del artículo ******************** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso ********************, fracción ********************, del Código Penal Federal, en agravio de la persona de identidad reservada ******************** Ante ello, el precepto 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, invocado líneas atrás, establece la imposibilidad de analizar en el juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica se consideran irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, al no poder decidir en relación con las mismas sin afectar la nueva situación. Hipótesis que se actualiza en el caso que nos ocupa, porque con el dictado del auto de formal prisión en el procedimiento de origen, se impide el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados que se hicieron consistir en <<la orden de aprehensión de ********************>>; en tanto que la situación jurídica que ésta originó ya no subsiste, al haberse dictado el auto de formal prisión en su contra, el cual actualmente rige en el citado proceso, siendo éste el acto que ahora afecta sus derechos fundamentales. Es así porque cualquiera que sea la condición vinculada con la libertad de la quejosa, necesariamente genera un cambio en la situación jurídica personal que guardaba antes del dictado del auto de formal prisión; de ahí que, si inicialmente se reclamó <<la orden de aprehensión dictada en su contra>> por considerar que la misma importa violaciones a sus derechos fundamentales, y con posterioridad aparece que en la causa penal se definió la situación jurídica de la imputada con la emisión del auto formal prisión. Entonces, esa resolución es la que rige la situación jurídica de la quejosa y que afecta sus derechos; generándose un cambio que conlleva no poder resolver respeto a las violaciones que alega la promovente del amparo, en tanto que aquellas no podrían estudiarse sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse auto de vinculación a proceso, tomando en cuenta que ante ello se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera, se cometieron al solicitarse y librarse la orden de captura impugnada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, el siguiente criterio, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, respecto de la orden de aprehensión reclamada; con fundamento en el artículo 1******************** del ordenamiento legal en comento, se desecha la demanda de amparo en el aspecto que se analiza. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.********************o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ********************5 DE LA LEY DE AMPARO". DESECHAMIENTO RESPECTO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RECLAMADO Ahora, en lo que respecto al acto consistente en el auto de formal prisión, el suscrito considera que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; ********************. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de amparo, la jurisprudencia ********************.2o.P.A. J/32, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 165582, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso a estudio, dada la naturaleza jurídica del acto combatido -resolución de auto de formal prisión- el juicio de amparo debe ser promovido, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en el caso no se está en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral. Ergo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término de los quince días para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación del mismo; entonces, al señalar el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla que los plazos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro señala: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)". En esa tesitura, como se demostró con las documentales que obran en el juicio de amparo ******************** promovido por ********************el auto de formal prisión de ********************, dictado en los autos de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, se notificó tanto a la parte quejosa, como a uno de sus defensores particulares, el dieciocho y ********************, respectivamente. Al respecto, tomando en consideración que la notificación del auto de formal prisión se llevó a cabo en diversas fechas al indiciado y a su defensor; para realizar el cómputo del plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, se computará a partir de que se practicó la última. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 1a./J. 48/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA". Entonces, si la última notificación se llevó a cabo el ********************; el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente, esto es, del veintiuno de agosto al ocho de septiembre de dos mil veintitrés, sin contar sábados y domingos, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 1******************** de la Ley de Amparo. Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el dos de octubre de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC", como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, y su ejecución, sean considerados consentidos tácitamente. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO". En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de amparo que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 1******************** de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, respecto del auto de formal prisión reclamado. Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se precisa que las notificaciones que tengan el carácter de personal se realizarán vía electrónica, tal como lo solicitó en el escrito de demanda la parte quejosa, y las restantes por medio de lista. Ello, atendiendo al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." AUTORIZADO No ha lugar a tener por autorizado con las facultades amplias previstas en el numeral 12 de la Ley de Amparo al propio ocursante: ********************ya que aquel promovió el presente juicio en su carácter de defensor particular del quejoso ********************. En contraste, en términos del numeral invocado se autoriza a ********************, en los términos amplios que señala dicho numeral, pues de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que cuenta con cedula profesional de licenciado en Derecho, debidamente patentada ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. NOTIFICACIONES Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa solicitó que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente, se le realicen de forma electrónica, así como la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 3********************, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el promovente ******************** y ********************-a quien la parte quejosa autoriza en los términos amplios previstos en el numeral 12 de la Ley de Amparo- cuentan con los nombres de usuario "********************" y "********************", los cuales están vigentes, se les concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones que les correspondan se realicen a través de ese medio, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos ******************** y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción ******************** de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO (A TRAVÉS DE SU DEFENSOR). Con fundamento en el artículo 26, fracción ******************** de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique al quejoso esta determinación, por conducto de su defensor particular. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues se entiende que su defensor particular, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas a dicho peticionario de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, ********************, 16, 68, 71, ********************7, ********************8, 110, 1******************** y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 1******************** de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA" De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-1******************** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-1******************** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, por conducto de su defensor particular.
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