Jahaziel González Giles

Expediente 114/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
114/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Jahaziel González Giles
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no hicieron manifestaciones con relación a la vista ordenada en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero, realizara lo siguiente: A. Deje sin efectos la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 516/2018, que reconsideró el proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, y ordenó la modificación de la forma y condiciones del pago por concepto de pensión provisional. B. En su lugar emita otra en la cual, primero fije la Litis del recurso de reconsideración interpuesto por (1) ****************s, que versa respecto al análisis del proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente 516/2018; y luego, reitere el análisis que efectuó concerniente al aumento salarial, que dice: ".Respecto al agravio que expresa el recurrente en relación al incremento de la medida provisional alimentaria decretada en autos a favor del menor [.]; así como de la actora ********, conforme al incremento al salario mínimo nacional, éste se considera improcedente, ello es así, porque de conformidad con lo previsto por el artículo 397 del Código Civil vigente en la Entidad, la pensión alimenticia decretada en autos, debe incrementar proporcionalmente al aumento salarial y conforme al aumento del índice nacional de previos al consumidor; por tanto, es derecho prioritario de los acreedores alimentistas solicitar que la pensión alimenticia provisional decretada en su favor, se aumentada con base al incremento del salario mínimo nacional, por ser un hecho notorio que con el paso del tiempo, también incremente el precio de los productos de la canasta básica; además que, dada la edad del menor involucrado en Litis, es evidente que sus necesidades alimenticias también han aumentado; cuenta habida, que la pensión alimenticia decretada en autos, surte efectos desde el momento en que se decretó; al encontrarse firme dicho proveído, y por ende, el incremento que ésta lleva implícito con base al salario mínimo nacional vigente, también se encuentra surtiendo efectos y debe cubrirse desde el momento en que esta es fijada, de la forma precisada por el numeral invocado." C. Se abstenga de efectuar alguna reducción a la pensión alimenticia provisional, que se decretó desde el auto inicial de cinco de junio de dos mil dieciocho (en virtud de haber adquirido la autoridad de cosa juzgada); por ello, deberá desestimar, de manera fundada y motivada (en observancia al artículo 16 Constitucional), todos los argumentos dirigidos a obtener una reducción o modificación a la pensión alimenticia provisional, tomando en consideración lo expuesto en esta sentencia, en el sentido que, el recurso de reconsideración no es la vía para ello, y que (1)************s está en toda posibilidad de promover la reducción de la pensión en la vía, forma y términos, que son idóneos y procedentes. D. Notifique a las partes, y remita las constancias respectivas que así lo demuestren. Consecuentemente, mediante determinación de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dicha resolución causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable. 2. Trámites de la responsable. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero, remitió los oficios 7/2022 y 178/2022 con los que acreditó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista por segunda ocasión a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el uno de marzo de dos mil veintidós y la parte tercera interesada por medio de lista el nueve del mencionado mes y año. 4. Verificación del cumplimiento. En auto de quince de febrero de dos mil veintidós, con las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio 7/2022, se declaró parcialmente cumplida la ejecutoria de mérito, toda vez que dio cumplimiento a los efectos señalados en los incisos A, B y C, sin embargo, no acreditó haber notificado tal resolución interlocutoria a las partes del juicio de origen como se le vinculó en los efectos de la concesión del amparo; ahora mediante oficio 178/2022 de veintidós de febrero del año en curso, se advierte que la responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud remitió copias certificadas de las constancias que acreditan la notificación a las partes de la resolución interlocutoria a las partes del juicio de origen; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. 6. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. En ese orden de ideas, conforme al artículo 21, inciso c), del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE, ello en razón de que mediante resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil veintiuno, se negó y concedido la suspensión definitiva, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo; asimismo deberá conservarse en el archivo del Juzgado durante tres años; se dejan sin efectos las medidas cautelares decretadas en el mismo. En términos del artículo 20, del citado acuerdo, debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a la destrucción del mismo. Finalmente, hágase la devolución su lugar de origen de las copias certificadas del juicio de origen 516/2018-I, en tres tomos, que remitió la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero, como cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de siete de abril de dos mil veintiuno, recibidas en proveído de siete de mayo del mismo año; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, por no tratarse de autos originales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de febrero del año en curso, remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el en el dentro del expediente 516/2018-I. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de siete de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con motivo del cumplimiento dado por la autoridad a la ejecutoria de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna; por lo tanto se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Entonces, mediante sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional, resolvió el juicio de amparo 114/2021 y su acumulado 120/2021, en el que por una parte negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ************* y por otra concedió a los quejosos ************* y su menor hijo de identidad reservada de iniciales O.J.G.C. el amparo y protección de la Justicia Federal; bajo los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a (1) Jahaziel González Giles por su propio derecho, en lo concerniente al acto reclamado a la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero; de acuerdo a lo expuesto en el considerando SEXTO apartado A, de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a (*****************por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada bajo las iniciales O.J.G.C., respecto del acto atribuido a la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero; por lo argumentado en el considerando SEXTO apartado B, y para los efectos precisados en el diverso considerando SÉPTIMO de la presente sentencia. TERCERO. Publíquese la sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. CUARTO. Captúrese la sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia de la captura generada por el sistema aludido." Y para el efecto de que la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero, realizara lo siguiente: Deje sin efectos la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 516/2018, que reconsideró el proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, y ordenó la modificación de la forma y condiciones del pago por concepto de pensión provisional. En su lugar emita otra en la cual, primero fije la litis del recurso de reconsideración interpuesto por (1)*************que versa respecto al análisis del proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente 516/2018; y luego, reitere el análisis que efectuó concerniente al aumento salarial, que dice: ".Respecto al agravio que expresa el recurrente en relación al incremento de la medida provisional alimentaria decretada en autos a favor del menor [.]; así como de la actora ************** conforme al incremento al salario mínimo nacional, éste se considera improcedente, ello es así, porque de conformidad con lo previsto por el artículo 397 del Código Civil vigente en la Entidad, la pensión alimenticia decretada en autos, debe incrementar proporcionalmente al aumento salarial y conforme al aumento del índice nacional de previos al consumidor; por tanto, es derecho prioritario de los acreedores alimentistas solicitar que la pensión alimenticia provisional decretada en su favor, se aumentada con base al incremento del salario mínimo nacional, por ser un hecho notorio que con el paso del tiempo, también incremente el precio de los productos de la canasta básica; además que, dada la edad del menor involucrado en Litis, es evidente que sus necesidades alimenticias también han aumentado; cuenta habida, que la pensión alimenticia decretada en autos, surte efectos desde el momento en que se decretó; al encontrarse firme dicho proveído, y por ende, el incremento que ésta lleva implícito con base al salario mínimo nacional vigente, también se encuentra surtiendo efectos y debe cubrirse desde el momento en que esta es fijada, de la forma precisada por el numeral invocado." Se abstenga de efectuar alguna reducción a la pensión alimenticia provisional, que se decretó desde el auto inicial de cinco de junio de dos mil dieciocho (en virtud de haber adquirido la autoridad de cosa juzgada); por ello, deberá desestimar, de manera fundada y motivada (en observancia al artículo 16 Constitucional), todos los argumentos dirigidos a obtener una reducción o modificación a la pensión alimenticia provisional, tomando en consideración lo expuesto en esta sentencia, en el sentido que, el recurso de reconsideración no es la vía para ello, y que (1) Jahaziel González Giles está en toda posibilidad de promover la reducción de la pensión en la vía, forma y términos, que son idóneos y procedentes. Notifique a las partes, y remita las constancias respectivas que así lo demuestren. En ese sentido, a fin de analizar si la responsable acató los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, en principio, es necesario precisar que, el fallo protector se emitió del análisis constitucional del siguiente acto reclamado: La resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 516/2018, que reconsideró el proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, y ordenó la modificación de la forma y condiciones del pago por concepto de pensión provisional. Así también resulta necesario precisar que en el considerando Sexto apartado B, de la sentencia amparadora cuyo cumplimiento se analizara, se expresaron las razones que se estimaron suficientes para concluir medularmente lo siguiente: Que la determinación impugnada -resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno que reconsideró el proveído de cinco de febrero de dos mil veinte- inobservó las formalidades esenciales del procedimiento y no cumplió con los requisitos de adecuada motivación y fundamentación, en contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se consideró que asistía razón a la quejosa en la parte de sus argumentos en donde expuso que, al resolver la reconsideración la juez responsable se extralimitó en sus funciones, al modificar la forma de pago de la pensión (de cuarenta salarios mínimos al descuento directo del 35% del salario mensual de deudor alimentario). Que la juez desvió la materia de la litis del recurso de reconsideración, pues su finalidad lo era el análisis del proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, más no la modificación del monto y condiciones de la pensión alimenticia provisional, y con ello alteró de propia autoridad el diverso auto de radicación de cinco de junio de dos mil dieciocho (no susceptible de reexaminarse al adquirir el estatus de cosa juzgada), en el cual decretó la medida provisional de alimentos, además, sin mediar petición expresa en tal sentido, o por lo menos no en la vía y términos en que debe hacerse. Al modificar el monto y forma del otorgamiento de los alimentos que debe otorgar (1)***************, del equivalente a cuarenta salarios mínimos al descuento directo del 35% (treinta y cinco por ciento) de su salario mensual, la juzgadora inobservó su obligación de proteger efectivamente los derechos del menor involucrado. Con la finalidad de una mejor comprensión en el análisis del cumplimiento dado por la responsable, se debe tener presente que en el auto de cinco de febrero de dos mil veinte, únicamente se ajustó el monto de la cantidad que Jahaziel González Giles (como deudor alimentario) debía otorgar a sus acreedores para el año dos mil veinte, en los términos siguientes: ".Por otra parte, al advertir de autos que mediante acuerdo de radicación de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, se estableció por concepto de pensión alimenticia 40 días de salario mínimo que de forma mensual se debe depositar; luego entonces, a efecto de establecer el monto económico que el C. ********************** debe depositar a favor del menor [...], representado por la C. Berenice Alhelí Cerros Ojeda; se hace constar que el salario mínimo nacional vigente actual es de 123.22, que multiplicado por los 40 salarios establecidos en autos, dan como resultado cuatro mil novecientos veintiocho pesos 80/100 m.n., cantidad que mensualmente se debe depositar en este año (2020), de lo que se exhorta al deudor alimentario efectuar los pagos de forma oportuna, en términos de dicho auto de radicación; lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes." El citado auto fue motivo del recurso de reconsideración interpuesto por el quejoso************ al cual recayó la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que constituyó el acto reclamado, la cual fue dictada de la forma siguiente: ".Respecto al agravio que expresa el recurrente en relación al incremento de la medida provisional alimentaria decretada en autos a favor del menor [.]; así como de la actora ******************* conforme al incremento al salario mínimo nacional, éste se considera improcedente, ello es así, porque de conformidad con lo previsto por el artículo 397 del Código Civil vigente en la Entidad, la pensión alimenticia decretada en autos, debe incrementar proporcionalmente al aumento salarial y conforme al aumento del índice nacional de previos al consumidor; por tanto, es derecho prioritario de los acreedores alimentistas solicitar que la pensión alimenticia provisional decretada en su favor, se aumentada con base al incremento del salario mínimo nacional, por ser un hecho notorio que con el paso del tiempo, también incremente el precio de los productos de la canasta básica; además que, dada la edad del menor involucrado en Litis, es evidente que sus necesidades alimenticias también han aumentado; cuenta habida, que la pensión alimenticia decretada en autos, surte efectos desde el momento en que se decretó; al encontrarse firme dicho proveído, y por ende, el incremento que ésta lleva implícito con base al salario mínimo nacional vigente, también se encuentra surtiendo efectos y debe cubrirse desde el momento en que esta es fijada, de la forma precisada por el numeral invocado. Sin embargo, le asiste el derecho al deudor alimentista, respecto a solicitar que la pensión alimenticia que otorga a sus acreedores, debe ser descontadas del salario y prestaciones que obtiene en su fuente laboral, y tomando como base el principio de proporcionalidad que rige la materia alimentaria, previsto por el artículo 397 del Código Procesal Civil vigente en la Entidad; esto es así, porque de la armónica interpretación del numeral invocado, atendiendo al principio de proporcionalidad que rige la materia alimentaria, se considera procedente decretar un porcentaje del salario que obtiene el deudor alimentista, ya que tal medida se ajusta más a las circunstancias reales en que se encuentra el deudor en relación a su capacidad económica, así también, se evitará que los incrementos automáticos que tenga la pensión alimenticia decretada en cantidad líquida, sea proporcional a los ingresos reales del deudor alimentario. Por lo tanto, atendiendo a los argumentos legales vertidos, se considera parcialmente procedente el recurso de reconsideración promovido por Jahaziel González Giles . Atendiendo a lo expuesto, tomando en consideración que obra en autos el informe rendido por la fuente laboral del deudor alimentista, con razón social "Roca Eterna Concretos", de fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, del que se extrae que éste obtiene un ingreso semanal de $2,425.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), se considera justo y apegado a derecho modificar la medida provisional alimentaria decretada en autos, en favor de la accionante y el menor involucrado en Litis; empero, se precisa que, los alimentos provisionales que hasta el momento se encuentran vigentes, decretados por proveído de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, surten efectos hasta que tal medida haya sido modificada, y por tanto, el deudor alimentario debe hacer pago de dicha pensión, considerando los incrementos que esta ha tenido con base al incremento del salario mínimo nacional, desde la fecha en que se decretó. Atendiendo a los argumentos legales vertidos, resulta parcialmente procedente modificar el auto de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, para quedar en los siguientes términos: "Dada cuenta, con el escrito firmado por *******************, con el carácter que ostenta, en atención a sus manifestaciones, mismas que serán motivo de análisis en su momento procesal oportuno. Por otra parte, al advertir de autos que mediante acuerdo de radicación de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, se estableció por concepto de pensión alimenticia, cuarenta días de salario mínimo que de forma mensual se debe depositar; luego entonces, a efecto de establecer el monto económico que el C. ******************** debe otorgar a favor de sus acreedores ****************** y el menor [.], con fundamento en el artículo 522 fracciones II y V del Código Procesal en vigor, en observancia al principio de interés superior de la infancia, así como tomando en consideración el derecho a la jurisdicción contemplado en el artículo 17 constitucional, donde se aloja el principio de economía procesal, con la finalidad de que los acreedores alimentistas de referencia, no se vean en la necesidad de promover una actualización en relación al monto de la pensión alimenticia que el deudor alimentario debe otorgar a la fecha del presente proveído, se precisa que el salario mínimo nacional vigente a la fecha en que la accionante solicitó se actualizara el monto que el deudor alimentista debe otorgar por concepto de alimentos provisionales, mediante escrito presentado en este juzgado el día veinticuatro de enero de dos mil veinte, se encontraba en 123,22, cantidad que multiplicada por los cuarenta días de salario mínimo establecido como medida provisional alimentaria, dan como resultado la cantidad de $4,928,80 (cuatro mil novecientos veintiocho pesos 80/100 M.N.), cantidad que el deudor alimentista, debe otorgar a sus acreedores alimentarios, correspondiente al año dos mil veinte; y por cuanto hace al año que transcurre, se precisa que este debe otorgar por concepto de alimentos provisionales, la cantidad de $5,668.00 (Cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), misma que resulta de multiplicar la cantidad en que se encuentra el salario mínimo actual $147.17, por los días de salario mínimo que fueron impuestos al deudor alimentario, como pensión alimenticia provisional. No obstante a lo anterior, atendiendo al principio de proporcionalidad que rige la materia alimentaria, previsto en el artículo 397 del Código Civil vigente en la Entidad, y toda vez que obra en autos el informe de la fuente laboral del deudor alimentista, de fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve (f. 430), siendo esta la empresa "Roca Eterna Concretos", del que se advierte que el deudor alimentista obtiene una salario semanal por la cantidad de $2,425.00 (Dos mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) a efecto de que se garantice el pago oportuno de los alimentos que el demandado debe otorgar a su acreedor alimentista, así como también, para no dejarlo en estado de indefensión económica, se considera ajustado a derecho modificar la medida provisional decretada en autos en favor de los acreedores******************** y el menor [.]; por lo que, atendiendo a las circunstancias que acontecen en el presente asunto, y haciendo la suma de las cantidades que mensuales son de $9,700.00 (Nueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.), por ello, se decreta como medida provisional alimentaria a favor de los acreedores en comento, el treinta y cinco por ciento (35%), de los ingresos totales que obtiene el deudor alimentista como empleado de la empresa "Roca Eterna Concretos", por tal virtud, gírese oficio a la empresa referida para que se ordene a quien corresponda, aplique el descuento aquí ordenado, por lo que la cantidad equivalente a tal porcentaje deberá ser entregado a la señora *************************** los primeros cinco días de cada mes, en las oficinas de dicha empresa; con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de veinte días de salario mínimo general vigente, por desacato a un mandato judicial, en términos del artículo 144, fracción I, del Código Procesal Civil vigente en el Estado; y además, responderán legalmente con J********************* de los daños y perjuicios que causen a los acreedores alimentarios de este juicio, por sus omisiones, dilaciones o informes falsos, es decir, en caso de que auxilien al deudor alimentista en comento, a eximir su responsabilidad respecto al pago de la pensión alimenticia aquí decretada, se dará vista, de oficio, al Ministerio Público del Fuero Común, para el inicio de la averiguación previa por el delito que corresponda." Entonces, de las precisiones expuestas tenemos que, de los puntos resolutivos y efectos de la concesión del amparo otorgado, la responsable para cumplir la ejecutoria de amparo tenía la obligación de dejar sin efectos la resolución interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno (transcrita en párrafos que antecede); y en su lugar emitir otra en la cual, debía: Fijar la litis del recurso de reconsideración interpuesto por ***********************de manera correcta; Reiterar el análisis que expresamente se le señaló; Desestimar, de manera fundada y motivada (en observancia al artículo 16 Constitucional), todos los argumentos dirigidos a obtener una reducción o modificación a la pensión alimenticia provisional, tomando en consideración lo expuesto en esta sentencia, en el sentido que, el recurso de reconsideración no es la vía para ello, y que (1) ********************está en toda posibilidad de promover la reducción de la pensión en la vía, forma y términos, que son idóneos y procedentes. Finalmente estaba obligada a notificar a las partes, y remitir las constancias respectivas que así lo demostraran. Con motivo de lo anterior, por oficio presentado el seis de enero de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de esta juzgado y acordado el día siete siguiente, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero, informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y, para acreditarlo remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que emitió en el expediente 526/2018-l, en cumplimiento al fallo protector; constancias a las que este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En la citada resolución interlocutoria, la responsable determinó dejar sin efectos la resolución de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por Jahaziel González Giles, en contra del auto de cinco de febrero de dos mil veinte. Asimismo, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, resolvió que es improcedente el recurso de reconsideración promovido por Jahaziel González Giles, en contra del auto de cinco de febrero de dos mil veinte, en consecuencia, lo declaró firme. Para arribar a dicho resolutivo, la autoridad responsable realizó el estudio de los agravios expresado por el recurrente de la siguiente manera: ".Único. Ahora bien, entendiendo a lo expuesto, los agravios expresados por el recurrente, se consideran improcedentes para reconsiderar el proveído de fecha cinco de febrero de dos mil veinte se arriba esa conclusión por los siguientes argumentos legales. En la especie, tenemos que de los argumentos expresados por el recurrente en sus agravios se obtiene que, éste se duele del incremento automático que en el auto con batido se le aplicó a la pensión alimenticia que de forma provisional fue decretada en autos, a favor de su menor hijo, con base al incremento del salario mínimo nacional vigente; y, solicita que la pensión alimenticia decretada, sea modificada en porcentaje que sea descontado de los ingresos que perciben su fuente laboral. Por lo que, atendiendo sus manifestaciones respecto al agravio que expresa el recurrente en relación al incremento de la medida provisional alimentaria decretada en auto favor del menor [.]así como de la actora Berenice Alhelí Cerros Ojeda conforme al incremento al salario mínimo nacional, este se considera improcedente, ello es así, porque de conformidad con lo previsto por el artículo 397 del código civil vigente en la entidad la pensión alimenticia decretada en autos, debe incrementar proporcionalmente al aumento salarial y conforme al aumento del índice nacional de precios al consumidor; por tanto, es derecho prioritario de los acreedores alimentistas solicitar que la pensión alimenticia provisional decretada en su favor, sea incrementada con base al incremento el salario mínimo nacional, por ser un derecho notorio que con el paso del tiempo. también incrementa el precio de los productos de la canasta básica además que, dada la edad del menor involucrado en litis, es evidente que sus necesidades alimenticias también han aumentado; cuenta habida, que la pensión alimenticia decretada en autos, surte efectos desde el momento en que se decretó, al encontrarse firme dicho proveído por no haber sido recurrido por las partes, y por ende, el incremento que está lleva implícito con base al salario mínimo nacional vigente, también se encuentra surtiendo efectos y debe cubrirse desde el momento en que esta es fijada, de la forma precisada por el numeral invocado. Tocante a sus manifestaciones consistentes en que se ha modificado la forma en que fue decretada la pensión alimenticia provisional, decretada en autos con base a salarios mínimos a un porcentaje de sus ingresos reales, mismo que propone sea del 36.44 por ciento (treinta y seis punto cuarenta y cuatro por ciento), por descuento directo al salario que percibe semanalmente como trabajador de la empresa "Roca Eterna Concretos". Estos argumentos resultan ineficaces porque no debemos perder de vista que el recurrente se dice agraviado de la determinación emitida por este juzgado mediante proveído de fecha cinco de febrero dos mil veinte, en el cual se realizó el incremento automático a la pensión alimenticia decretada de forma provisional, con base al incremento anual del salario mínimo y se exhorto al deudo alimentista para que realizará los pagos de la pensión alimenticia de manera oportuna en los términos emitidos en el auto de radicación; y, por tanto no es motivo de controversia, la modificación de tal medida provisional, misma que al haber sido consentida por el demandado, el que la decreta se considera firme, ello de conformidad con lo previsto por el artículo 372 del código procesal civil vigente la entidad, Por tanto, si bien es verdad, las medidas provisionales son susceptibles de modificación, pero ello debe ser medida de procedimiento autónomo correspondiente siempre y cuando el solicitante demuestra el cambio en la circunstancias que a consentían al momento en que fue decretada, ello efecto de no hacer nugatorio el derecho de audiencia que les asiste a las partes. Por tal virtud, las manifestaciones de recurrente, tendientes a modificar la media provisional se consideran ineficaces. Por lo anterior, se considera correcto y apegado a derecho lo determinado en el auto recurrido de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, por lo tanto, con fundamento en el artículo 383, del código procesal civil, resulta improcedente el recurso de reconsideración promovido por **********************, con la personalidad que tiene acreditada en autos, contra el proveído de cinco de febrero de dos mil veintiuno." Así, del estudio realizado por la responsable, se advierte que fijó el estudio de los agravios expresados por el recurrente, atendiendo a las afectaciones que le pudiera causar el auto de cinco de febrero de dos mil veinte, que únicamente ajustó el monto de la cantidad que aquél (como deudor alimentario) debía proporcionar a su acreedores; motivo por el cual, declaró infundado el agravio expresado por éste, referente a la afectación que le causó el ajuste de la medida provisional alimentaria. Determinación a la que arribó la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero, reiterando el análisis que expresamente se le señaló en los efectos del amparo y además argumentado medularmente que, contrario a lo expuesto por el recurrente, de conformidad con lo previsto por el artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, la pensión alimenticia provisional fijada en salarios mínimos, se debe incrementar proporcionalmente al aumento salarial y conforme al aumento del índice nacional de precios al consumidor, habida cuenta que el auto que la fijó adquirido firmeza al no ser recurrido por las partes. También desestimó los argumentos esgrimidos por la parte agraviada, dirigidos a obtener una reducción o modificación a la pensión alimenticia provisional, pues fundamentalmente determinó que estos fueron ineficaces, en razón de que el auto recurrido no tuvo como controversia la modificación de tal medida provisional, sino únicamente el ajuste respecto de la actualización del salario mínimo vigente, ello, aunado a que el auto que fijó los alimentos provisionales fue consentido por el demandado al no recurrirlo y por ende, el mismo adquirió firmeza de conformidad con el artículo 372 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, por lo que el recurso de reconsideración no es la vía para inconformarse y que (1) Jahaziel González Giles está en toda posibilidad de promover la reducción de la pensión en la vía, forma y términos, que son idóneos y procedentes. Determinación sobre el cumplimiento. De lo anterior se tiene que del comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo, las consideraciones que la sustentaron se advierte que la responsable en la resolución interlocutora de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en juicio de origen, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento a los efectos señalados en los incisos A, B y C precisados en el considerando séptimo de la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, habida cuenta que la citada interlocutora fue dictada en congruencia con los lineamientos establecidos; sin embargo, no acreditó haber notificado tal resolución interlocutoria a las partes del juicio de origen, como se le vinculó en los efectos de la concesión del amparo. Por tanto, aun cuando la responsable dio cumplimiento a los efectos señalados en los incisos A, B y C del considerando séptimo de la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su totalidad toda vez que no se encuentra acreditado que se notificó la citada resolución interlocutoria a las partes del juicio de origen. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI Constitucional y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a Leonor Olivia Ruvalcaba Vargas, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente auto, cumpla con la sentencia dictada y acredite haber notificado a las partes del juicio de origen, la resolución interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 516/2018. Apercibida de que siguen vigentes los apercibimientos decretados en auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el en el dentro del expediente 516/2018-I. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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