Jahaziel de la Cruz Dominguez

Expediente 451/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
451/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Jahaziel de la Cruz Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho acuerdo para todos los efectos legales. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado la demanda respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Jahaziel de la Cruz Dominguez, la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el Juicio de Amparo número 451/2021, promovido por la parte quejosa de mérito, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado en veintiuna privada Oriente, número 13, entre primera y tercera avenida Norte, colonia Centro, de esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el seis de octubre dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de treinta de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo número 451/2021, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el uno de octubre del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito aclaratorio que promueve el quejoso Jahaziel de la Cruz Domínguez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 113 y 112 de la legislación de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por cuanto hace al acto atribuido a la autoridad que posteriormente se describirá, en razón de su manifiesta e indudable improcedencia. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable por su parte, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la rubro dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso reclama, entre otras cosas, lo siguiente: La resolución de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, Tapachula, dentro de los autos del toca civil número 94-A/2021, deducido del recurso de apelación interpuesto por Karen Paola Vázquez Ruiz, en contra del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero del Ramo Familiar en esta ciudad, dentro del expediente número 147/2021, relativo al juicio especial de alimentos promovido por la apelante, en contra del quejoso Jahaziel de la Cruz Domínguez, y del juicio de convivencia promovido en vía de reconvención por dicho impetrante, en la que se determinó que el impetrante no ha cumplido con el pago de la pensión alimenticia que de manera provisional se decretó en el auto de radicación y por tanto, ordenó dar vista a la Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado del incumplimiento del pago de la medida provisional de alimentos, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a su notificación, procediera conforme a sus atribuciones de configurarse algún delito, lo anterior, al encontrarse involucrados los intereses de los menores de edad de identidad protegida cuyos nombres corresponden a las iniciales D.M.C.V y V.J.C.V. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado -por el momento- no irroga un agravio personal y directo a la parte quejosa. De esta manera, resulta necesario precisar el contenido de los numerales en cita, que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]". En efecto, dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional se encuentra el llamado agravio personal y directo, que a su vez se encuentra consagrado en la fracción I del artículo 107 constitucional en relación con el 6° de la Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los párrafos que anteceden, permite arribar a la indefectible convicción que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista a favor del peticionario un interés legítimamente tutelado; además que éste se vea afectado por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos del quejoso. A fin de robustecer los argumentos esgrimidos con antelación, es necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6° de la Ley de la Materia, que estatuyen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. En el caso concreto, debe atenderse a que la parte quejosa reclama la resolución de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable, en la que determinó que el impetrante no ha cumplido con el pago de la pensión alimenticia que de manera provisional se decretó en el auto de radicación y por tanto, ordenó dar vista a la Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado del incumplimiento del pago de la medida provisional de alimentos, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a su notificación, procediera conforme a sus atribuciones de configurarse algún delito, lo anterior, al encontrarse involucrados los intereses de los menores de edad de identidad protegida cuyos nombres corresponden a las iniciales D.M.C.V y V.J.C.V.; lo cual, hasta ese estadio procesal no se puede establecer que dicho acto le irrogue un agravio personal y directo a la parte quejosa. Lo anterior, en el entendido de que la sola vista dada por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, Tapachula, a la Fiscal del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero del Ramo Familiar en esta ciudad, no producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, pues en todo caso, depende del actuar de la representación social que se actualice dicha afectación. Además, en el extremo de que se llegare a integrar una carpeta de investigación en contra del quejoso por el supuesto incumplimiento del pago de la medida provisional de alimentos, ello no implica que necesariamente se vaya a ejecutar la acción penal, por lo que en dicho supuesto, la procedencia del amparo dependerá de que los actos de investigación comprometan algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, entre otros, lo que deberá analizarse en el caso específico. Encuentra aplicación a lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con datos de localización Época: Décima Época, Registro: 2015500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Penal, Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.), Página: 1947, de rubro y texto siguientes: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Conforme a lo expuesto, es dable colegir que la petición de amparo que se analiza no encuadra en la hipótesis que permita considerar que -por el momento- existe un agravio personal y directo, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor de la impetrante, no menos cierto resulta que en términos de lo narrado en su escrito inicial, aquélla no ha sido afectada aún por un acto u omisión de las autoridades responsables. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.jgd*

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las once horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Jahaziel de la Cruz Dominguez, la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el Juicio de Amparo número 451/2021, promovido por la parte quejosa de mérito, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado en veintiuna privada Oriente, número 13, entre primera y tercera avenida Norte, coloia Centro, de esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el veintinueve de septiembre dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de veintidós de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo número 451/2021, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el veinticuatro de septiembre del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.

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