Jahaziel Alor Díaz

Expediente 910/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
910/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Jahaziel Alor Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    III.- AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO DE CUENTA, REMITIDO POR LA ACTUARIA JUDICIAL DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA QUE DICHO TRIBUNAL ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE QUEJA, INTERPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA A TRAVÉS DE SU APODERADO, CONTRA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE FUE RADICADO BAJO EL NÚMERO 177/2023; DE LO QUE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL TOMA CONOCIMIENTO.

  2. Principal

    III.- SE TIENE AL APODERADO LEGAL DEL QUEJOSO INTERPONIENDO RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. REMÍTASE AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, EN TURNO.

  3. Principal

    III.- DESECHAMIENTO.

  4. Principal

    II.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada electrónicamente por Rodolfo Gordillo Alvarado, quien se ostenta como apoderado de Jahaziel Alor Diaz, contra actos del Cuarto Tribunal Laboral de la Región 1, con sede en Villahermosa, Tabasco, y otra autoridad. Por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto Personalidad. Se tiene al ocursante reconocida la personalidad con la que se ostenta en este juicio, toda vez que acredita la representación del directo quejoso en términos de los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, con la determinación de seis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 78/2022, del índice de la responsable, toda vez que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que dicho documento fue digitalizado del original. Desechamiento En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, Novena Época, registro 1003758, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Actos reclamados En este orden de ideas, de inicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1, fracción I, del propio ordenamiento, conviene precisar que del escrito inicial de demanda, se desprende que el acto reclamado consiste en: ? El auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 78/2022, por el Cuarto Tribunal Laboral de la Región 1, con sede en Villahermosa, Tabasco, a través del cual se efectuó la retención de la cantidad de $71,213.62 (setenta y un mil doscientos trece pesos 62/100 moneda nacional) bajo el concepto denominado Impuesto Sobre la Renta, así como su entrega a la moral demandada I.I.I. Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página diecisiete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Postura de este órgano jurisdiccional Conforme a lo anterior, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es propio). De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa; en tanto que si se trata auto en el que se ordenó retener la cantidad correspondiente al concepto denominado Impuesto Sobre la Renta, en el procedimiento ordinario 78/2022, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra la resolución definitiva en que tenga por pagada. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia, puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por Nuestro Más Alto Tribunal, en la tesis visible en la página 7, del Tomo VI, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Luego, en el caso a estudio la parte quejosa acude al juicio de amparo pretendiendo reclamar el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 78/2022, por el Cuarto Tribunal Laboral de la Región 1, con sede en Villahermosa, Tabasco, a través del cual se efectuó la retención de la cantidad de $71,213.62 (setenta y un mil doscientos trece pesos 62/100 moneda nacional) bajo el concepto denominado Impuesto Sobre la Renta, así como su entrega a la moral demandada I.I.I. Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable.; toda vez que tratándose del caso en concreto, la última resolución la constituye la que determine que la sentencia se encuentra cumplida (en el entendido que éste auto determinara que se encuentren pagada la parte quejosa en su totalidad) y archive el expediente, y en el caso, no se está ante ello; por tanto, se concluye que el acto aquí combatido evidentemente no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, es decir, la que tiene por cumplida dicha determinación, sino sólo representa una 11/01/24 13:03:43 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.41 MARTHA JAZMÍN TORRES ESPINOSA 8 actuación judicial para hacer eficaz y definitiva la resolución. Sustenta lo anterior por su contenido, la tesis aislada I.3o.C.255 C, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Enero de 2002, página 1251, que a rubro y texto dicen: "AMPARO PROCEDENTE. EXCEPCIÓN A LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", CUANDO SE TRATA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Si el acto reclamado consiste en una interlocutoria dictada en segunda instancia que resuelve un incidente de liquidación de daños y perjuicios, en la que se determinó la cuantía de los daños y perjuicios que la quejosa debía cubrir a favor de su contraria, la determinación que la responsable hizo al respecto constituye la creación de una situación jurídica nueva o autónoma de las que fueron establecidas en la sentencia definitiva, que en principio se había pronunciado dentro del juicio natural en forma genérica, dejándose su cuantificación en ejecución de sentencia, de tal manera que en la sentencia definitiva aún no se había determinado el monto de los daños y perjuicios a que se condenó a la demandada. Por lo que al establecerse su cuantía en la resolución del incidente de que se trata, es inconcuso que se fijó una nueva situación jurídica, porque no estaba prevista en la sentencia definitiva que se ejecuta. Por ello, la liquidación de los daños y perjuicios a que se condenó a la demandada, es una circunstancia autónoma de la sentencia definitiva, de tal manera que sí es susceptible de ser analizada su legalidad a través del juicio de amparo, porque no se trata de una cuestión estrictamente derivada de la sentencia definitiva que se ejecuta. De tal modo que al constituirse la última resolución que se pronuncia sobre un aspecto de la sentencia definitiva, que no aparece definido por ella, tal acción de amparo se coloca así en la hipótesis establecida en el propio artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, afectando los derechos sustantivos de la quejosa, ya que se le condena a una determinada cuantificación por daños y perjuicios que no estaba determinada como verdad legal." Asimismo, robustece lo anterior, la tesis aislada III.2o.A.13 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 790, que a rubro y texto dicen: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE SENTENCIAS O LAUDOS. PROCEDENCIA DEL AMPARO EN TERMINOS DEL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL NUMERAL 114 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES. Del texto literal del aludido párrafo, se advierte que el juicio de garantías es procedente en contra de la última resolución dictada en procedimientos de ejecución de sentencia, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, la expresión "última resolución dictada en procedimientos de ejecución de sentencia", no sólo es aplicable a las resoluciones que se dicten en último término en tales procedimientos, sino también a las resoluciones intermedias que, aun sin haberse emitido propiamente al finalizar el procedimiento de ejecución, sí revisten el carácter de "últimas" atendiendo a que ponen fin a cuestiones incidentales y que implican la ejecución parcial de lo condenado en sentencias o laudos, verbigracia, las interlocutorias que resuelven incidentes de liquidación, de cuantificación de daños y perjuicios, gastos y costas, etcétera, puesto que tales resoluciones incidentales ocasionan un perjuicio inmediato y, por tanto, de no impugnarse oportunamente, cumpliendo previamente con el principio de definitividad, podrían considerarse consentidas." Atendiendo a lo anterior, y en vista de que dicho juicio está en la etapa de ejecución, entonces la presente demanda no encuadra en el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el citado normativo, pues el mismo resulta improcedente, actualizándose de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 107, fracción IV del propio ordenamiento. Asimismo, sirve de apoyo por las razones jurídicas que la informan, la tesis 1ª./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, visible a página 75, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Sin que pase inadvertido para este Juzgador, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página seis, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, Registro 163152, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; toda vez que en el caso particular, no nos encontramos ante una resolución que vulnere derechos sustantivos de la parte aquí quejosa, habida cuenta que la diligencia reclamada si bien se vincula con el derecho a la propiedad, no se embargan bienes a nombre de la parte promovente; además, ello habría de dilucidarse en la controversia que se instaure contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin que en el caso particular existe una vulneración inmediata a su derecho. Conclusión. En consecuencia, es indudable que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este asunto

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,768 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano