Jafet Leonardo Ruiz García
Expediente 626/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jafet Leonardo Ruiz García
- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. SE ACUSA RECIBO DEL RECURSO DE REVISIÓN Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa la recepción del diverso, a través del cual se remitió copia y original del escrito de agravios y el original del juicio de amparo; asimismo, comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto y se registró bajo el número de expediente 258******************** de su índice. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. VISTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de diez de julio del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, contra la sentencia de veintinueve de junio del presente año, dictada por este juzgado, así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata. En consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el original del juicio en que se actúa, escrito original de agravios y copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer circuito en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil veintitrés. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta, signado por Julieta García Zepeda, Diputada Presidenta del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución de veintinueve de junio del año en curso, dictada en autos. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por interpuesto dicho recurso, por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el original del juicio en que se actúa, el escrito original de agravios para el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en Turno, del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, y la copia de agravios para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal de Alzada, para lo que a bien tenga determinar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.
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ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO III-626/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE.Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo III-626/2023 promovido por Jafet Leonardo Ruiz García, por propio derecho, contra actos de la Congreso del Estado de Michoacán y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: 1. La Presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado de Michoacán. 2. Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa ofreció como medio de prueba diversas documentales, las cuales obran dentro del presente cuaderno de amparo. EL JUEZ: Se tienen por admitidos y desahogados los medios probatorios de cuenta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación formuló alegatos de su parte a través del pedimento número 322/2023. EL JUEZ: Téngase por rendido el alegato de referencia, y al no existir diversa manifestación al respecto, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 626/2023-IV, promovido por Jafet Leonardo Ruíz García contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente, por razón de turno, al Juzgado Noveno de Distrito, Jafet Leonardo Ruíz García y otros comparecieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del Gobernador del Estado de Michoacán, y otras autoridades. En ese ocurso, los promoventes narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. En auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Noveno de Distrito radicó el asunto bajo el progresivo número 562/2023 de su índice, y determinó prevenir a los promoventes, en particularmente al quejoso José Leonardo Bernal Calderón, sobre algunas inconsistencias en su libelo. Dicho requerimiento fue solventado oportunamente en los términos del escrito presentado el dieciséis del mes y año en mención, en el que se precisó, entre otras cosas, que el aquí quejoso reclama el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, ejercicio fiscal 2022, por el pago de derechos de refrendo de ese año, así como el diverso 20, fracciones I y II, incisos A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, ejercicio fiscal 2023, por cobro de dotación de placas y refrendo correspondiente a dicha anualidad. TERCERO. Separación de juicios. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el órgano jurisdiccional del conocimiento decretó la separación de los autos que integran el juicio, al considerar que entre los diversos quejosos emergen circunstancias distintas, con independencia de que accionen de manera conjunta, dado que reclaman la aplicación de distintas leyes de ingresos, al igual que actos de aplicación. Por dicha razón, admitió la demanda únicamente por lo que hace a la quejosa Luz Andrea Moreno Buitrón y, por cada uno del resto de los promoventes, ordenó la remisión de copia de la demanda y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para que su turno aleatorio. CUARTO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito tuvo recibido el asunto promovido por José Leonardo Bernal Calderón, el que ahora quedó radicado bajo el expediente número 626/2023-IV de esta estadística. En el mismo proveído determinó desechar parcialmente la demanda contra los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, al Director del Periódico Oficial del Estado, así como el acto de aplicación atribuido al Director de Recaudación del Estado. Por el resto de las autoridades -Gobernador y Congreso del Estado- la admitió a trámite; requirió sus respectivos informes con justificación y otorgó la intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por razón de territorio, materia y grado, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclaman normas generales-locales de naturaleza administrativa (fiscal), cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, el escrito aclaratorio relativo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Congreso y del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la inconstitucionalidad material de: La aprobación, promulgación y publicación del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, particularmente, el artículo 20, fracción II, en su inciso A), que prevé la causación de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por refrendo de circulación correspondiente a ese año. La aprobación, promulgación, publicación y cumplimiento del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, particularmente, el artículo 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), que prevén la causación de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, específicamente, por dotación de placas y refrendo de circulación por la presente anualidad. Ambas normatividades se combaten a partir del primer acto de aplicación verificado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que se efectuó el pago de los derechos aludidos en el recibo de número 44000202885 por los periodos 22A0, 22A0 y 23A0, respectivamente. Debe precisarse que el primer monto ahí enterado ($992.00), corresponde al refrendo contemplado para el año 2022; mientras que los dos restantes ($1,905.00 y $1056.00) coinciden con las cantidades previstas para dotación de placas y refrendo, ambos del año 2023, en los términos de los numerales antes precisados. De ahí que se precisen los actos reclamados en los términos indicados. TERCERO. Inexistencia. El Gobernador del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado negó el acto consistente en el cumplimiento, entre otros, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para los ejercicios fiscales 2022 y 2023, por no ser propio de esa autoridad. Aunado a que la parte quejosa no aportó elemento probatorio para acreditar que el Gobernador emitiera un acto de ejecución sobre aquella normativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, ante la inexistencia del acto reclamado únicamente por lo que ve al Gobernador del Estado de Michoacán. CUARTO. Existencia. No obstante lo anterior, son ciertos el resto de los actos reclamados toda vez que al rendir su informe con justificación, las autoridades responsables vertieron manifestaciones de las que se aprecia que aceptaron su existencia, dentro de su respectiva competencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Cabe reiterar que, en el caso, se reclaman porciones normativas de las Leyes de Ingresos del Estado de Michoacán, para los ejercicios fiscales 2022 y 2023; entonces, no es necesario que se acredite su existencia con algún tipo de prueba, conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba". Por ello acorde a lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, su existencia constituye un hecho notorio para este juzgado constitucional. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Al rendir su informe justificado, el Gobernador del Estado invocó como causas de improcedencia las previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XII, de la Ley de Amparo pues, sostiene, la parte quejosa carece de interés jurídico y consintió los actos reclamados. Las hipótesis de inejercitabilidad no se actualizan. De inicio, el quejoso combate la regularidad constitucional de las porciones normativas como heteroaplicativas. Además, acreditó el acto de aplicación y fue verificado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que efectuó el pago de los derechos aludidos en el recibo de número 44000202885 por los periodos 22A0, 22A0 y 23A0, por las cantidades de $992.00 (novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), $1056.00 (mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) y $1,905.00 (mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N), respectivamente. Entonces, se infiere que aquella autoliquidación la hizo en apego a las Leyes de Ingresos del Estado de Michoacán, para los ejercicios fiscales 2022 y 2023, pues son dichas normativa las que, en sus artículos 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), contemplan el pago de dichas cantidades, respecitamente. Tal como lo acredita con el citado recibo de número 44000202885, que anexó a su demanda de amparo. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Además el valor probatorio del documento fiscal mencionado, queda reforzado al adminicular la información que contiene con el código QR (del inglés Quick Response Code o código de respuesta rápida), y lleva a inferir que se trata de un documento auténtico, al remitirse al portal oficial de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Por su principio jurídico y por analogía, son ilustrativos los siguientes criterios aislados: "FACTURAS. LA INFORMACIÓN GENERADA O COMUNICADA QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O EN CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA, OBTENIDA A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR QUE AQUÉLLAS CONTIENEN, SE RECONOCE COMO PRUEBA PLENA. De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se advierte la exigencia de expedir las facturas en los formatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que se consigne en ellos el nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha de expedición, un número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de ambos, relación de las mercancías o servicios, su importe unitario y total, entre otros. Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados simples, al compartir algunas características con los documentos públicos. En ese orden de ideas, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida. Así, respecto del cliente, partiendo del principio de que el documento proviene del proveedor y que a nadie le es lícito constituirse por sí el título o documento del propio derecho, se exige la aceptación por el comprador, para que haga fe en su contra, de modo que sin esa aceptación sólo constituye un indicio que requiere ser robustecido con otros elementos de prueba, y en esto se puede dar un sinnúmero de situaciones, verbigracia, el reconocimiento expreso de factura ante el Juez, o de los hechos consignados en ella; el reconocimiento tácito por no controvertirse el documento en el juicio la firma de la copia de la factura en señal de recepción del original o de las mercancías o servicios que éste ampara, etcétera. Empero cuando no existe tal aceptación, serán necesarios otros elementos para demostrar la vinculación del cliente con la factura, que pueden estar en el propio texto de la factura o fuera de ella. Así, si la firma de recibido proviene de otra persona, es preciso demostrar la conexión de ésta con el cliente, como dependiente o factor, apoderado, representante o autorizado para recibir la mercancía. Por otra parte, dentro de ciertas facturas aparecen algunos metadatos, que son "datos acerca de los datos" y sirven para suministrar información sobre las referencias producidas, los que consisten en noticias que describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. Así, por ejemplo, tenemos que el Registro Federal de Contribuyentes, tanto del cliente como de la emisora de la factura, aporta información adicional, esto es, al remitirse a la inscripción del registro aparece la cédula de identificación fiscal a nombre y denominación o razón social de la que se desprende la actividad comercial y si se encuentra activa. De tal suerte que el valor probatorio del documento fiscal se refuerza al adminicular esa información con el código QR (del inglés Quick Response Code o código de respuesta rápida), que es la evolución del código de barras, que consiste en un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional, lo que lleva a inferir que la factura es un documento auténtico. Esto es así, porque al escanear dicho código (con un aparato de telefonía celular), remite al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde aparecen, precisamente, los datos del emisor. De lo que se colige que el documento fiscal es original, porque aporta más datos de los que se pueden conocer a través de los sentidos humanos como lo es el código QR, que requiere un componente tecnológico para poder descifrarlo, que al escanear dicho código, aporta datos que no son comprensibles en forma directa a través de la percepción de los sentidos; factores que no solamente demuestran la literalidad del documento, sino que dentro de éste aparecen otros elementos que no pueden leerse a simple vista, pero que contienen información fidedigna de los datos que ampara, que puede ser traducida fácilmente con el empleo de los componentes tecnológicos como celulares digitales y páginas de Internet, de tal suerte que el código QR, una vez escaneado, remite al centro de verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en donde aparecen ciertos datos que concuerdan con la factura, como lo son el folio fiscal, el Registro Federal de Contribuyentes de ambas partes, así como la fecha de expedición. Aunado a que el portal de verificación de los comprobantes fiscales se encuentra bajo el control de la entidad pública mencionada, que es la encargada de vigilar y fiscalizar las operaciones mercantiles, por lo que en la actualidad, con el código QR ya no se puede dudar de la legitimidad de las facturas, pues con los avances tecnológicos, las facturas con cadena original y su respectivo código, son documentos con matriz. En esa tesitura, en el mundo de la cibernética existen todo tipo de herramientas, entre las que se encuentra aquella que representa un esquema simplificado para la visualización de la secuencia de un conjunto de transacciones denominado Matriz de Documentación de Datos (MDD), cuya finalidad es el análisis comparativo, integrado y secuencial de cada uno de los datos que se componen de las transacciones. Así, la MDD analiza el contenido de cada una de esas transacciones desde una perspectiva global, integrada y sistematizada, para asegurar una mayor consistencia y correspondencia de las futuras bases de datos a los fines de optimizar los indicadores de gestión y el diagnóstico organizacional. Instrumento que en la actualidad es necesario para un adecuado desarrollo de los diferentes sistemas de gestión administrativa, ya que el valor que agrega la utilización de la MDD es mejorar los indicadores de la actividad empresarial entre los datos y los sistemas de información. El trabajo de investigación realizado demuestra que si bien las empresas se han modernizado tecnológicamente, las estructuras de pensamiento han seguido operando dentro del esquema anterior. El rol del especialista en sistemas no debería ser únicamente atender los requerimientos de los usuarios (que es uno de los paradigmas aún vigentes), sino que debería tomar un papel proactivo y transformarse en un generador de los necesarios procesos de cambio, mientras que el rol del analista de gestión debería tender a revalorizar las bases de datos como fuente primaria en la generación de la información; de ahí la importancia de los QR, que constituyen la evolución de los códigos de barras que sirven para almacenar información en una matriz de puntos o mejor dicho, un código de barras bidimensional que se enlaza a un sitio web, que en este caso es al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporcionará los datos que aparecen en la factura, de lo que se colige que la información puede obtenerse de dos sitios, uno el que aparece en la misma factura (papel) y otro dato que se obtiene de la página del SAT, que es el lugar a donde remitió el código QR, lo que proporciona mayor certeza de las operaciones mercantiles. En otro orden de ideas, anteriormente las facturas no contaban con cadena original, ni sello o firma digital, pero de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar la fuerza probatoria de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital o código QR, dichos elementos generan convicción en cuanto a su autenticidad, por lo que su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla.". "FACTURAS. EL CÓDIGO QR (DEL INGLÉS QUICK RESPONSE CODE O CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA) QUE EN ELLAS SE CONTIENE, CONSISTE EN UN ELEMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE ARROJA INFORMACIÓN FIDEDIGNA DE LOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE COMERCIO. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar la fuerza probatoria de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En este orden de ideas, es importante destacar que anteriormente las facturas no contaban con cadena original, ni sello o firma digital; sin embargo, en la actualidad generan convicción en cuanto a su autenticidad, de tal suerte que su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien las objete, aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, según proceda, atribuir su contenido a las personas obligadas en ellas. Asimismo, dentro de ciertas facturas aparecen algunos metadatos, que son "datos acerca de los datos" que sirven para suministrar información sobre las referencias producidas, los que consisten en noticias que describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de las reseñas. Así, para ejemplificar, tenemos que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tanto del cliente como de la emisora de la factura, aportan datos adicionales, es decir, al remitirse al sitio de Internet de "verificación de comprobantes fiscales digitales", al ingresar los datos del Registro Federal de Contribuyentes de cada una de las partes, así como el número de folio fiscal, aparecen el registro fiscal tanto del emisor como del receptor, y el nombre o la razón social de cada uno de ellos, con lo que se puede comprobar la autenticidad de las facturas, valor probatorio que se refuerza con el contenido del código QR (del inglés Quick Response Code o código de respuesta rápida), que es la evolución del código de barras, que consiste en un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. Dicho elemento permite detectar la posición del código al lector para determinar que el documento fiscal es original; lo anterior es así, porque se aportan más datos de los que se pueden conocer a través de los sentidos humanos, así, el código QR requiere un componente tecnológico para poder descifrarlo como, por ejemplo, un teléfono móvil, que aporta datos que no son comprensibles en forma directa a través de la percepción de los sentidos, factores que no solamente demuestran la literalidad del documento, sino que dentro de éste aparecen otros elementos que no pueden leerse a simple vista, pero que contienen información fidedigna de los datos que ampara, de tal suerte que dicho código es un elemento útil que sirve para remitirse al centro de verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que arroja ciertos datos que concuerdan con la factura, como pueden ser el Registro Federal de Contribuyentes de las partes que intervinieron en la relación mercantil, así como la fecha de expedición y la cantidad consignada, lo que denota que las facturas no sean apócrifas. Esto es así, porque con el portal de verificación de los comprobantes fiscales, se encuentran bajo el control del órgano fiscal que es el encargado de vigilar las operaciones mercantiles, por lo que en la actualidad con el código de referencia ya no se puede dudar de la legitimidad de las facturas, pues en conjunto con los avances tecnológicos, cadena original y su respectivo código, se infiere que se trata de documentos con matriz; de ahí la importancia de los códigos QR que constituyen la evolución del código de barras. De lo que se colige que el código QR que contienen las facturas, consiste en un elemento para la verificación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que arroja información fidedigna de los que participaron en el acto de comercio, que adminiculada con la que se obtiene de la página del Servicio de Administración Tributaria, a través del código citado, proporciona mayor certeza a las operaciones mercantiles.". De ahí que al acreditarse fehacientemente la afectación a sus derechos subjetivos públicos, no se configura la causa de inejercitabiliad prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por otro lado, el plazo legal debe computarse a partir del dos de mayo de dos mil veintitrés, día siguiente al en que se actualizó el acto concreto de aplicación; y concluyó el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles (sábado y domingo) y los festivos (uno y cinco de mayo de 2023), que intermediarion en ese lapso. De ahí que si la demanda se presentó el ocho de mayo de dos mil veintitrés, es evidente que se hizo oportunamente. Entonces, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, al rendir su informe justificado la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, señala que el presente juicio de garantías debe sobreseerse, pues en su decir, se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones VII y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, habida cuenta de que "no se advierte vulneración a ningún concepto de violación de los artículos y ley tildados de inconstitucionales", lo cual, dice, constituye un requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa. Antes de responder tal planteamiento de improcedencia, es de destacarse que atento a los motivos por los que la responsable manifiesta se actualiza la referida causal invocada, el sustento jurídico es diverso al señalado en su informe; esto es, la improcedencia cuya motivación realiza se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos legales que señala. Argumentos que son de obvia y objetiva constatación por este juzgado constitucional. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto.". Sentado lo anterior, debe decirse que contrario a lo argumentado por la responsable, en la especie, no se actualiza la hipótesis de inejercibilidad aludida por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". Luego, de la simple lectura de la demanda de amparo puede percatarse que, al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra de las porciones normativas reclamadas, pues en esencia la parte quejosa arguye diversos argumentos dirigidos a evidenciar la transgresión a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias que consagra la Constitución Federal. Aunado a ello, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que cualquier razonamiento vertido en la demanda de amparo debe examinarse, siendo suficiente que en él se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que se estime le causa el acto, resolución o ley combatidos, así como los motivos que originaron ese agravio. De ahí que lo infundado de la causal invocada, porque si la parte quejosa expuso de manera expresa las garantías que en materia tributaria considera se conculcaron con la aprobación, promulgación, aplicación y ejecución de las normas reclamadas, además de que adujo los razonamientos elementales por los cuales llegó a tal conclusión. Entonces, confrontando las garantías con los preceptos reclamados, se considera que se cumplen con las exigencias de la fracción VIII del artículo 108 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la siguiente tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Así, al no existir alguna otra causal alegada por las partes lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. A manera de preámbulo es necesario destacar que, como ya se dijo, se encuentra acreditado en autos el acto de aplicación de las porciones normativas reclamadas, ya que, como se precisó con antelación, el quejoso Jafet Leonardo Ruíz García anexó a su demanda -previamente valorado-: El comprobante de pago de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, con número 44000202885, por los derechos de refrendo anual de circulación del año 2022, así como refrendo del año 2023 y dotación de placas, en las cantidades de $992.00 (novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), $1,056.00 (mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) y $1,905.00 (mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N), sobre el automotor registrado a su nombre con número de serie 3N1CN7AD0CL881124. Lo que lleva a inferir que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, el peticionario de amparo enteró los derechos en comento ante la autoridad exactora, respecto de los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Esto es, se acredita que el quejoso se colocó en los supuestos previstos en el artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, así como en el diverso 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, que reclama en este juicio constitucional. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la parte quejosa esencialmente argumenta que las porciones normativas reclamadas, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, previstos en la fracción IV del artículo 31 Constitucional. Sobre el primer principio, alega, el costo del derecho previsto en la normas es notoriamente exorbitante con relación al precio real del juego de placas y calcomanía proporcionadas, lo que demuestra la pretensión recaudatoria de las autoridades que no acorde a la tasación de un derecho. Que las autoridades legislativas optaron por reiterar el costo previsto en las Leyes de Ingresos del ejercicio fiscal 2022 y 2023, sin justificar para cada anualidad el costo del servicio. Que para la aprobación de la vigente Ley de Ingresos, en lo tocante al derecho impugnado, no se realizó algún estudio financiero que llevara a fijar la tasación de los servicios de control vehicular, pues solo a través de ese estudio técnico se estaría en condiciones de determinar el costo real de la contribución. Que en la iniciativa de la citada normativa se previó el pago de placas y engomados para la identificación y el control vehicular, así como para allegar a la entidad federativa "recursos necesarios para hacer frente a las diversas (sic) a sus obligaciones financieras", sin que se mencionara en qué se gastaría en específico el excedente referido. Aduce que conforme a la licitación pública CADPE-EM.LPE.124/2021, de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el precio por cada juego de placas y unidad de calcomanía, es de $157.00 (ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), y $4.50 (cuatro pesos 50/100 M.N.), respectivamente; por lo que considera que deben ser dichas cantidades las que debe pagar por la prestación del servicio, lo que evidencia lo excesivo del cobro; más aún que ahora es virtual. En cuanto al segundo principio, toralmente argumenta que el cobro de derechos previstos en las normas impugnadas, es desigual porque establece diferentes tasaciones para los gobernados sin alguna justificación; y, Que si bien se cobran cantidades distintas según el valor comercial del vehículo, esto es propio de un impuesto y genera una desigualdad de los contribuyentes frente al derecho. Lo anterior es parcialmente fundado. PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. De inicio, es indispensable traer a colación lo que sobre el particular prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.". La Norma Constitucional invocada contiene la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme dispongan las leyes. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en la tesis jurisprudencial que más adelante se cita- ha determinado que la Constitución Federal consagra el principio de igualdad bajo el cual todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En relación con la materia tributaria consigna expresamente los principios de equidad y proporcionalidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que cuando los particulares están en idéntica situación deben ser tratados igual, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, los principios de equidad y proporcionalidad se configuran como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, tratándose de la imposición y cobro de contribuciones, lo cual significa que han de servir de criterio básico de la producción normativa y posterior interpretación y aplicación. Tales principios en modo alguno suponen que todos los ciudadanos sean iguales, es decir, con un patrimonio y necesidades semejantes, pues la propia Constitución acepta y protege la propiedad privada, libertad económica, derecho a la herencia y otras prerrogativas; es decir, implícitamente reconoce la existencia de desigualdades tanto materiales, como económicas. Entonces, conforme a dichos principios, los contribuyentes que se encuentren en iguales circunstancias frente a la ley, deben recibir un tratamiento idéntico cuando se colocan en el hecho imponible; así, los sujetos pasivos en similar situación jurídica deben recibir un mismo trato fiscal, en tanto que aquellos que se ubiquen en situaciones jurídicas dispares uno desigual. En la inteligencia de que tales principios operan de manera diversa, según la naturaleza de la atribución de que se trata. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO. Es pertinente puntualizar la conceptualización de "derechos", en términos del artículo 3º, fracción II, del Código Fiscal para el Estado de Michoacán: "ARTICULO 3o. Son contribuciones las cantidades que en dinero deben enterar las personas físicas y morales al Estado, para cubrir el gasto público, las que se clasifican en: Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras y se definen como sigue: [.] II. Derechos son las contraprestaciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas; y,". De lo anterior, se colige que los derechos son, entre otros, las contraprestaciones que las leyes respectivas exigen que paguen aquellos particulares que reciben servicios de la administración pública en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero en beneficio de los gobernados. En otras palabras los "derechos" constituyen un contribución establecida por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos, y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, que prevé como obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". En ese tenor, los principios de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias, específicamente de los derechos por servicios, a diferencia de los impuestos, se rigen por un sistema especial; pues por tratarse del pago del precio de ese servicio prestado por el Estado a personas determinadas que los soliciten, para la determinación de las cuotas correspondientes ha de tomarse en cuenta el costo aproximado que tenga la ejecución del servicio, y que tales cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. En otras palabras, para considerar que los derechos por servicios cumplen con los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, indefectiblemente hay que atender los siguientes aspectos: 1. El monto de cuota debe guardar una correspondencia razonable con el "costo" que para el Estado tenga la realización del servicio, aunque sea de manera aproximada; y, 2. Las cuotas tienen que ser fijas e iguales para los que reciban un mismo servicio, porque el objeto real de la actividad pública se traduce en la prosecución de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme por el cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable en el costo del servicio. Luego, distinguido así este tributo de las demás contribuciones, los principios constitucionales aludidos se cumplen cuando existe un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, teniendo en cuenta el costo aproximado que representa su ejecución. Lo hasta aquí expuesto, proporciona las directrices para resolver la presente litis constitucional, basadas en los criterios que al respecto sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1/98, 2/98 y 3/98, del siguiente tenor: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN.- Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra 'contraprestación' no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de 'derechos'." "DERECHO POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.- Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: 'las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten', de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.". "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.- No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como 'las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio', lo que implicó la supresión del vocablo 'contraprestación'; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.". ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN. El artículo 20, fracción II, de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022, prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: [.] II. Por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación: CONCEPTO CUOTA 2022 A) Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 992.00 B) Para vehículos de servicio particular adaptados o de uso para personas con discapacidad, pagarán el 50 por ciento de lo señalado en el inciso A) de esta fracción, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 65 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo. $ 496.00 C) Por refrendo de tarjeta de circulación tratándose de placas de demostración. $ 1,134.00 D) Para remolques. $ 498.00 E) Para motocicletas. $ 320.00". De lo anterior se obtiene que el legislador estableció las tarifas correspondientes a la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, por el ejercicio fiscal 2022. En general, por el holograma o refrendo anual de calcomanía de circulación, lo fijó de la siguiente manera: i) Autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, $ 992.00. ii) Remolques, $ 498.00. iii) Motocicletas, $ 320.00. iv) Placas de demostración, $1,134.00. Mientras que el artículo 20, fracciones I y II, de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, cuyo análisis parcial es materia del presente juicio, prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: I. Por dotación de placas: C o n c e p t o Cuota 2023 A) Por cada juego de placas para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, incluyendo tarjeta de circulación. En el caso de transportes de carga, en la tarjeta de circulación correspondiente, se entenderá comprendido el permiso de carga, según los bienes que se transporten en cada caso. $ 1,905.00 B) Por cada juego de placas para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, incluyendo tarjeta de circulación, en el que se solicite un número específico. Los derechos a que se refiere el párrafo anterior, se pagarán previamente a la prestación del servicio. La entrega de las placas señaladas se realizará transcurridos 4 días hábiles, después de efectuad (sic) el pago.$ 2,769.00 C) Por cada juego de placas, incluyendo tarjeta de circulación para vehículos de servicio particular adaptados, o de uso para personas con discapacidad, pagarán el 50 por ciento de lo señalado en el inciso A) de esta fracción, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 65 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo. $ 952.00 D) Por cada juego de placas para remolque, incluyendo tarjeta de circulación. $ 1,065.00 E) Por cada placa para motocicletas y cuatrimotos, incluyendo tarjeta de circulación. 575.00 F) Por cada juego de placas para demostración, incluyendo tarjeta de circulación. $ 2,175.00 G) Por la reposición de placas, por extravío, robo, deterioro o destrucción, se pagarán las mismas cuotas establecidas en los incisos A), B), C), D), E) y F) de esta fracción, según corresponda. En el caso de extravío o robo, deberá presentarse copia de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, y la carta de no infracción correspondiente. Las personas físicas o morales que enajenen motocicletas o cuatrimotos, estarán obligadas a realizar la entrega de las mismas con las placas y el refrendo anual vigentes, así como el recibo de los pagos correspondientes. En el supuesto de faltar alguno de los antes mencionados el adquirente será el responsable solidario de los pagos pendientes de realizar. Quien circule en motocicletas o cuatrimotos que no cuenten con placa serán sancionados con una multa de 10 veces la Unidad de Medida y Actualización y se remitirá el vehículo al corralón. II. Por refrendo anual de circulación: C o n c e p t o Cuota 2023 A) Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 1,056.00 B) Para vehículos de servicio particular adaptados o de uso para personas con discapacidad, pagarán el 50 por ciento de lo señalado en el inciso A) de esta fracción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo. $ 528.00 C) Por refrendo de tarjeta de circulación tratándose de placas de demostración. $ 1,208.00 D) Para remolques. $ 530.00 E) Para motocicletas. $ 341.00 [.]". De lo anterior se obtiene que el legislador ha establecido las tarifas correspondientes a la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, para el actual ejercicio fiscal 2023. En general, por la dotación de placas y tarjeta de circulación individualizó la cuota correspondiente de acuerdo al tipo de vehículo: i) Autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, $ 1,905.00 -salvo que se requiera un número especial-; ii) Remolque, $ 1,065.00; y, iii) Motocicletas y cuatrimotos, $ 575.00. iv) Placas de demostración, $2,175.00. En concreto, por el refrendo anual de circulación la cuota correspondiente de acuerdo al tipo de vehículo: i) Autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, $ 1,056.00; ii) Para vehículos de servicio particular adaptados o de uso para personas con discapacidad, $528.00. iii) Placas de demostración, $1,208.00; iv) Remolque, $ 530.00; y, v) Motocicletas, $ 341.00 Lo anterior constituye la contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio anotado, que resulta aplicable a cada particular según el vehículo particular registrado. A más de que se aprecia una diferencia esencial en el monto a pagar en atención al tipo de vehículo de que se trate. Por ello, hasta este momento se concluyen como elementos de la contribución en estudio, los siguientes: a) Sujeto: Como pasivos del tributo, los gobernados que soliciten de los servicios de registro y control vehicular de transporte particular. b) Objeto: El registro y control vehicular de transporte particular, a través del refrendo anual de calcomanía de circulación y la entrega de placas c) Base: Por tratarse de un derecho, corresponde a cada uno de los registros vehiculares que como servicio se realicen ante la Secretaría de Finanzas y Administración. d) Tasa o tarifa: Corresponde a diferentes supuestos de acuerdo al tipo de vehículo particular a registrar (automóviles, remolques, motocicletas, etcétera). e) Época de pago: Ésta será, por tratarse de un derecho, previo a la prestación del servicio, porque se paga como una contraprestación por el servicio que será proporcionado; y, según se solicite por el pasivo de la contribución. El elemento de tasa o tarifa es la materia de análisis en este juicio constitucional a la luz de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, los cuales son analizados de manera separada de acuerdo a los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. ANÁLISIS DE LA TARIFA O CUOTA DEL DERECHO. I. EQUIDAD TRIBUTARIA Pues bien, como se dijo, la cuota o tarifa del derecho relativo, se encuentra sujeta a diferentes supuestos de acuerdo al tipo de vehículo particular a registrar (automóviles, remolques, motocicletas, etcétera). Es decir, el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022; así como en el diverso 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, cuantifican el monto de los derechos ahí previstos, mediante un sistema tarifario que no corresponde al sistema especial que rige el principio de equidad de los derechos por servicios, no toman en cuenta el "costo de la actividad", basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro y holograma, así como la entrega de placas. Dichos preceptos tampoco consideran la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para todos los vehículos que describen las normas en cuestión, lo cual resulta indispensable para definir si un derecho por servicio colma o no tales principios tributarios. Por el contrario, las normas generales sujetas a los procesos constitucionales, fijan el cobro de tarifas atendiendo únicamente a factores que en modo alguno proporcionan datos idóneos sobre los trabajos técnicos a realizar como soporte cierto del costo de tal servicio; es decir, las tarifas sólo se establecen en función de los vehículos diferenciados en cuanto a su tipo, dimensiones y uso, a saber: i) Autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas; ii) Para vehículos de servicio particular adaptados o de uso para personas con discapacidad; iii) Placas de demostración; iv) Remolque; y, v) Motocicletas. Sobre esa base, por su orden, se fijan los montos diferentes a pagar por concepto de un servicio público análogo, como es la dotación de placas y tarjeta de circulación, así como el refrendo anual y holograma. Así, es dable concluir que la porción normativa en análisis, no respeta el principio de equidad tributaria, en tanto que la mecánica empleada por el legislador no brinda elementos fácticos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo de los servicios prestados y, por ende, posibilitar su correlación con el monto de la cuota a pagar, que es precisamente el sistema propio de los derechos, según las directrices que al efecto marcan las tesis jurisprudenciales 1/98, 2/98 y 3/98, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reproducidas en páginas anteriores. En efecto, por la naturaleza misma del servicio de trato, es bien sabida por todos los usuarios, su obligación de la dotación de placas y tarjeta de circulación, así como el refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites, mediante meras deducciones, es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado, requiere un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos automotores, así como al cobro respectivo por el refrendo anual y holograma que hace constar la convalidación del registro, y la entrega de placas. Es decir, el propietario del vehículo, únicamente, deberá acudir a la oficina recaudadora estatal correspondiente, mencionar su número de placas anteriores y nombre del propietario de la unidad, realizar su pago y recibir el comprobante de pago; incluso, dicho trámite se puede realizar en línea, a través del sitio oficial de internet del Gobierno del Estado de Michoacán. Así, en la ejecución del aludido servicio público, por su naturaleza misma, es indudable que existe despliegue técnico similar para todos los vehículos, al margen de sus dimensiones, tipo y uso; es más, en el trámite relativo no se requiere presentarlos ante la autoridad. En otras palabras, el servicio que realiza el Estado, sólo gira en torno a una mera gestión y administración de datos vehiculares, y entrega de las placas que resulta ser el mismo en todos los casos, con independencia de que se trate de diferentes vehículos, lo que permite colegir con certeza que el legislador local hace una distinción indebida entre contribuyentes, en función del tipo, dimensiones y uso de los vehículos. Empero, sin que el despliegue técnico que realiza la autoridad en la prestación del servicio sea diferente; por ejemplo, cuando se realizan revisiones mecánicas en otro tipo de servicios que presta el Estado, en cuyo caso sí resulta útil atender las particularidades de los vehículos, por requerir una diversidad de despliegue técnico; de ahí que no existe alguna razón válida que justifique dicho trato diferenciado en las normas impugnadas. Por tanto, si el servicio ejecutado en el caso de trato, es análogo para todos los vehículos enumerados con antelación, con independencia de su tipo, dimensiones y uso; entonces, estos factores no dan certeza del costo real buscado para fijar cuotas iguales a quienes reciban servicios análogos, pues en la prestación de dicho servicio no varía la actividad que realiza el Estado; siendo ese el criterio del legislador inmerso en las disposiciones legales en cuestión. De ahí que al evidenciarse la contravención al principio de equidad tributaria, es fundado el concepto de violación relativo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales.". II. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA Por otra parte, se toma en cuenta que sobre el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque se considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, no basta su solo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional. Por tanto, inicialmente le corresponderá a la parte quejosa la carga de aportar los elementos, datos o pruebas que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Asimismo, ese Alto Tribunal precisó que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de los datos o pruebas aportadas por aquélla, les corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado a través de su informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. Lo anterior se advierte de la tesis que con sus datos de difusión pública dice: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen.". CARGA PROBATORIA. Ahora bien, se tiene presente que la parte quejosa argumenta que el cobro de los derechos de que se trata son exorbitantes y no son reales con el costo del servicio prestado. Sin embargo, conforme al criterio precitado, es necesario que éste allegue al juicio constitucional los elementos necesarios para que el juzgador pueda tener un parámetro de apreciación del costo del servicio prestado; de ahí que en esa parte resulte ineficaz su planteamiento. No obstante, no se pierde de vista que la parte peticionaria de derechos fundamentes aduce que conforme a la licitación pública CADPE-EM.LPE.124/2021, de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el precio por cada juego de placas y unidad de calcomanía, es de $157.00 (ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), y $4.50 (cuatro pesos 50/100 M.N.), respectivamente; únicamente debe pagar dichas cantidades por la prestación del servicio. Licitación que si bien no se señala expresamente ofrecer como prueba, este juzgador la tiene como un hecho notorio al tratarse de información pública visible en la página oficial del Gobierno de Michoacán. Al respecto se invoca como aplicable la jurisprudencia 74/2006 del Máximo Tribunal en Pleno, que enseguida se transcribe: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.". Así, en este orden de ideas, se estima que el señalamiento de la información pública antes mencionada, es suficiente para tener por satisfecha la carga probatoria de la parte quejosa, respecto a la demostración inicial de los hechos, conforme a los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que, desde su perspectiva, sienta las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada. Además, esa información pública se considera verosímiles en términos del artículo 6o. Constitucional, así como el diverso 70, fracción XXVIII, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues se parte de la base de que se trata de datos que proporcionan los sujetos obligados sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos corresponde a sus archivos administrativos, los cuales deben estar debidamente actualizados y publicarse a través de los medios electrónicos disponibles. Al respecto se invoca como aplicable la jurisprudencia 74/2006 del Máximo Tribunal en Pleno, que enseguida se transcribe: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.". Robustece que esa información pública se considera verosímil en términos del artículo 6o. Constitucional, así como el diverso 70, fracción XXVIII, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues se parte de la base de que se trata de datos que proporcionan los sujetos obligados sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos corresponde a sus archivos administrativos, los cuales deben estar debidamente actualizados y publicarse a través de los medios electrónicos disponibles. Esta clase de datos son, de conformidad con el derecho humano de acceso a la información consagrado en el Texto Constitucional, instrumentos de la mayor relevancia para posibilitar a los gobernados el conocimiento del actuar cotidiano de la autoridad y a través de ello sentar las bases para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el de impugnación judicial de las decisiones legislativas, para efectos específicos de determinar la razonabilidad constitucional del costo del servicio prestado. Por tanto, ante tal elemento de prueba y de conformidad con el invocado criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular cumplió con su carga, corresponde al Estado justificar la racionalidad de la cuota y demostrar la razonabilidad del costo del servicio prestado, a fin de probar la constitucionalidad de la porción normativa impugnada. Pues bien, del fallo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, sobre adjudicación y dictamen correspondiente de la licitación pública referida, se obtiene que el proveedor que reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, conforme a lo dispuesto en la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, especificó el costo unitario de juego de placas y calcomanía, conforme a la tabla siguiente: En efecto, de lo anterior se observa que el costo unitario por juego de placas oscila entre los setenta y nueve y ciento cincuenta y siete pesos; y, respecto de la calcomanía va de los dos hasta los cuatro pesos con cincuenta centavos, según sea el caso, de acuerdo a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 (Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tracto camiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación física mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba). Ello revela, al menos, el costo inicial que el Estado erogó por la adquisición de juego de placas y calcomanía correspondiente según el tipo de vehículo, con independencia de que tal holograma se entregue o sea virtual, para prestar los servicios de registro y control vehicular de transporte particular, lo cual constituye un parámetro mínimo, más no el total, para analizar el costo real de la contraprestación. Luego, al rendir sus informes con justificación el Congreso responsable se limitó a realizar diversas manifestaciones en el sentido de que sí se cumplieron los requisitos legales para la creación de la norma impugnada. Asimismo, sostuvo que, tratándose de derechos, el principio de proporcionalidad tiene una connotación diferente a la de las demás contribuciones y que el costo fijado por la prestación del servicio necesariamente incluye otros elementos materiales para desplegar la actividad. Sin embargo, el que ahora resuelve considera que las autoridades responsables en este juicio no realizaron alguna manifestación eficaz sobre cuáles son las actividades concretas que el Estado debe desarrollar y los gastos que debe efectuar para proporcionar el servicio de que se trata. Menos ofrecieron prueba idónea alguna para controvertir lo expuesto y argumentado por la parte quejosa cuando, acorde con la regla probatoria previamente reseñada, le correspondía hacerlo. En este punto es pertinente acotar que, contra lo pretendido por la parte quejosa, el Estado, para poder prestar el servicio que nos atañe, no sólo debió adquirir las placas y engomado, sino también, aunque limitados, con independencia de si en este año se entregaron o no (en algunos casos sí se requiere por pagos retrasados o su entrega a vehículos nuevos o de otro Estado), innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, que se colocan precisamente en las contribuciones obtenidas, como las que prevén los artículos 55, párrafo tercero, 63 y 67 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán. Además que una característica de este tipo de contribuciones consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualizados a los usuarios atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación. Apoya lo expuesto, por identidad jurídica esencial, la tesis siguiente: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales.". No obstante, como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo, aunque sea virtual. En ese sentido, ante los argumentos y la información señalada por la parte quejosa, con la que se pone de manifiesto la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario que la autoridad responsable, en forma motivada, expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofreciera las probanzas idóneas que considerara pertinentes para desvirtuar lo alegado por la parte peticionaria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior la tesis que con sus datos de publicación dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo.". Por tanto, se estima que con la información señalada por la parte solicitante de la tutela constitucional se advierte un parámetro mínimo e indiciario -costo del juego de placas y calcomanía-, según el cual el cobro del derecho establecido en la Ley de Ingresos sería notoriamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, el que la autoridad responsable no se ocupó de desvirtuar. En este orden de ideas, se concluye que en el caso las autoridades legislativas no demostraron que las tarifas previstas en el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022; así como en el diverso 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, contengan un razonable equilibrio con el servicio prestado. Luego, dado el incumplimiento de la responsable sobre el citado débito procesal, resulta conducente determinar en su contra las consecuencias legales que resultan de su abstención. En consecuencia, al quedar en evidencia la violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, que prevé el artículo 31, fracción IV, Constitucional, lo procedente es conceder la protección federal solicitada y declarar la inconstitucionalidad de la citada porción normativa reclamada. CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. No obstante, antes de proseguir a fijar los efectos de concesión, es pertinente acotar que al resolver el Alto Tribunal en Pleno ha precisado que dependiendo del tipo de actividad que realiza el Estado, para fijar la tarifa del derecho se debe distinguir entre aquellas actividades simples y las complejas, porque entre más cercana esté a la primera clasificación, se podrá establecer un pago calculado sobre bases objetivas; esto es, por unidad de espacio, de tiempo o de peso. Sin embargo, entre más se aleja de lo primero, es decir cuando se trata de actividades complejas, la objetividad para fijar la tarifa obedecerá a otro tipo de parámetros como lo es, entre otros, la razonabilidad. Por ejemplo, para el pago de derechos por la expedición de una copia certificada de un acta del registro civil, resulta con relativa sencillez calcular el costo del papel, de las tintas, la utilización de equipos de cómputo y tiempo del personal de la institución que tendrán que hacer la investigación y el procedimiento respectivo para obtener la impresión correspondiente. En este tipo de casos el servicio que presta el Estado, por conducto del Registro Civil, representa el mismo esfuerzo cuando el acto lo solicita una persona de escasos recursos que una que tiene un ingreso mayor, de ahí que la calidad subjetiva del obligado no incida en el establecimiento de la cuota o tarifa, sino únicamente los elementos objetivos que permitan advertir que la cuota fijada por la expedición de ese tipo de documentos es el adecuado para que el servicio público funcione. Empero, existen otros servicios públicos que son complejos, debido a que su prestación no se agota con una sola actividad, sino que el deber jurídico se extiende mientras subsista una situación jurídica determinada. En relación con lo anterior el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 312/2010, precisó que la proporcionalidad tributaria, tratándose de este tipo de contribuciones -derechos-, se identifica con la relación costo y cuota, significa que la individualización al sujeto pasivo de los costos que le produce al Estado la prestación del servicio, sea atendiendo a su utilización o consumo. El Alto Tribunal también indicó que la objetividad -como parámetro de medición de proporcionalidad-, estará determinada en que el referente escogido por el legislador, para individualizar el costo, conduzca a reflejar la intensidad en el uso del servicio, en el que conlleve a que pague más quien más lo usa, para ello, el análisis debe ser cualitativo y no cuantitativo, ya que, como se ha advertido con anterioridad, el mero costo no es un elemento con base en los cuales se pueda analizar. Además, la intensidad del uso del servicio es un elemento que conduce a identificar quién debe pagar más en función del uso; pero para ello es pertinente analizar si nos encontramos ante un servicio simple o complejo. Así, la distinción del tipo del servicio permitirá determinar si el indicador que individualiza el costo del servicio debe reflejar o no una graduación en el uso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también precisó que el servicio simple se podrá identificar cuando las actividades que realiza el Estado para la prestación directa del servicio -que le generan un costo directo- son constantes; esto es, que las actividades no se ven modificadas debido al objeto del servicio, siempre son las mismas, por ejemplo, la solicitud de una copia certificada. Tratándose de un servicio simple, la intensidad de su uso se ve reflejada por la actualización del hecho imponible. De tal manera que el análisis de razonabilidad dependerá de que el parámetro para individualizar el costo del servicio sea fijo, sin reflejar una graduación en la intensidad, ya que lo que determina el aumento en el uso estará en las veces en que se actualice el hecho imponible; de esta manera, pagará más aquel que se ubique más veces en el supuesto de causación del servicio, es decir, es un pago cuantitativamente mayor pero no progresivo. En ese caso, el parámetro con base en el cual se individualice el costo no debe efectuar una graduación, porque la intensidad del uso estará determinada por las veces en que ocurra el supuesto de causación. Por otra parte, el servicio complejo se podrá identificar cuando varían las actividades que realiza el Estado -que están relacionadas directamente con la prestación del servicio que le genera un costo directo-, en función del objeto del servicio. Esto es así, porque las actividades que están previamente establecidas en un procedimiento se ven influenciadas en su intensidad de uso, por las características del objeto del servicio. En este supuesto, la intensidad de su uso estará reflejada por el objeto; es así que el análisis de razonabilidad dependerá de que el parámetro refleje la graduación en la intensidad del uso, atendiendo al objeto del servicio. Se trata de un reconocimiento de las actividades que se encuentran directamente relacionadas con la prestación del servicio, que servirá de elemento para poder identificar la relación con la variación en el uso. De tal manera, dependiendo del tipo de servicio, ya sea simple o complejo, se podrá determinar si el parámetro para individualizar el costo debe reflejar una graduación en la intensidad del uso. Lo que no significa que la medida de intensidad está directamente relacionada con el aumento de costo total del servicio, porque el análisis de razonabilidad, como se advirtió, es cualitativo y no cuantitativo, en el sentido de que la variación en el uso genere mayores costos. Con base en lo anterior, es preciso considerar que el análisis de razonabilidad está conferido a que exista un referente adecuado que se aplique con un parámetro objetivo, para que, al individualizar el costo, se efectúe en función de la intensidad del uso del servicio. La elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo, y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues en el caso de normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde la propia Constitución señala una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. El citado criterio V/2012 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es del contenido siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso.". En tales condiciones, se reitera que tratándose del derecho por la prestación de servicios de control vehicular, el Estado no sólo debió adquirir las placas y engomado, sino también aunque limitados, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto. De ahí que además de los datos obtenidos del procedimiento de licitación pública estatal electrónica CADPE-EM.LPE.124/2021, a partir de los cuales se estableció un parámetro mínimo indiciario para el costo del juego de placas y calcomanía, también debe tomarse en consideración para cuantificar el costo total de dicho servicio, los demás gastos erogados por el aparato estatal para proporcionarlo. Sin embargo, de los medios de prueba que obran en el juicio de amparo o de los argumentos planteados por la quejosa en su demanda, no se obtiene la existencia de elementos objetivos que nos permitan medir a cuánto ascienden tales costos complementarios. Además que este órgano de amparo no está obligado a emprender un estudio de mercado para determinar cuál debe ser el costo exacto del servicio, ni puede sustituir completamente a la responsable legisladora en lo tocante a la determinación de la tasa o tarifa aplicable y dichos elementos se establecen también a través de cálculos actuariales. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Bajo esa línea de pensamiento, ante lo fundado de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en torno a la constitucionalidad de las normas impugnadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este juzgador se encuentra obligado a precisar los efectos de la protección constitucional otorgada y asegurarse de que la parte promovente sea restituida plenamente en el derecho fundamental que se estimó violentado. Para tal efecto, conviene retomar que este juzgador resolvió conceder el amparo solicitado contra el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022; así como en el diverso 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, al considerar que contravienen los derechos fundamentales de la quejosa por las siguientes razones. En principio, se declaró que tales preceptos violentaban el principio de equidad tributaria por establecer injustificadamente un cobro diferenciado por la prestación del servicio de registro y control vehicular, específicamente por dotación de placas y por holograma o refrendo anual de calcomanía, atendiendo al tipo de vehículo en cuestión. De igual forma se consideró que tales normas contrariaban el principio de proporcionalidad tributaria por haberse evidenciado, al menos indiciariamente, que el costo que le representa al Estado prestar el servicio apuntado era desproporcional con la tarifa fijada para el pago de los derechos correspondientes. Ahora, debe precisarse que el efecto del amparo, en el caso en particular, no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, toda vez que en aras de salvaguardar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Razón por la cual, la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido sólo implica que la parte peticionaria deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de vehículo involucrado en la prestación del servicio. Encuentra sustento a la anterior determinación la Jurisprudencia 29/2012, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." Ahora bien, para lograr restituir plenamente a la parte solicitante del amparo en el derecho fundamental que se estima violentado, es necesario analizar la procedencia de las tarifas por la prestación del servicio recibidos, que en principio garanticen que todos sus destinatarios paguen un mismo monto por ese concepto, con independencia del tipo de vehículo involucrado y, además, sea razonablemente proporcional con el costo que representa para el Estado suministrarlo. Con esas bases, queda de manifiesto que este órgano jurisdiccional, en aras de cumplir con la obligación de reparar totalmente la violación constitucional advertida, se encuentra obligado a valorar, todos los elementos necesarios para lograr su cometido. Máxime que, como ya se adelantó, de las constancias procesales que obran en el juicio de amparo no se advierten elementos suficientes para determinar objetivamente a cuánto ascienden los gastos totales para la prestación del servicio de control vehicular en las modalidades precisadas, a saber, dotación de placas y holograma o refrendo anual de calcomanía. En ese sentido, se estima que la cuota prevista en el inciso E) de la fracción II del artículo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, así como las diversas tasas señaladas en los incisos E), de las fracciones I y II de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, son las que deben considerarse como costo real de los servicios de control vehicular. Es así porque dichas tasaciones son las que el legislador previó como correspondientes para motocicletas, lo que significa que el costo de los servicios de control vehicular por lo que hace a dicho automotor, por su dotación de placas y refrendo -sea por en el ejercicio fiscal 2022 o 2023-, es el que debe imperar para todos los contribuyentes que se coloquen en el supuesto de esas normas. Máxime si se toma en cuenta que dichas tarifas son las mínimas para considerar la adecuada prestación del servicio sin generar un perjuicio al Estado y, en su caso, son las más benéficas para el contribuyente. De modo que debe concluirse que, en apego a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dichos costos son los que deben fijarse por la prestación del servicio de control vehicular cuestionados que corresponden a los ejercicios fiscales 2022 y 2023. En razón de lo anterior, lo procedente es CONCEDER la protección de la Justicia Federal para el efecto de que: I. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, durante su vigencia, el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022; así como en el diverso 20, fracciones I y II, ambas en sus incisos A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023. II. Se aplique a la parte quejosa la tarifa de $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), que prevé el inciso E) de la fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2022; así como la tasas de $575.00 (quinientos setenta y cinco pesos 00/10 M.N.) y de $341.00 (trescientos cuarenta y un pesos 00/10 M.N.), que corresponden a los incisos E) de las fracciones I y II de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023. III. Se le reintegren las diferencias por el pago que efectúo acorde al comprobante de pago de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, de número 44000202885, respecto del automotor con número de serie 3N1CN7AD0CL881124. Por lo expuesto es innecesario abordar el resto de los conceptos de violación, porque no mejorarían los alcances de la concesión aquí otorgada. En la inteligencia de que no fue materia de esta sentencia el estudio de la actualización, multas o recargos por el pago extemporáneo de los derechos declarados inconstitucionales y reposición de tarjeta de circulación, de modo que, en su caso, la autoridad fiscal se encuentra en condiciones de realizar el cálculo o ajuste que considere aplicable sobre dichos accesorios. En ese contexto, es a la autoridad exactora, vinculada al acatamiento de esta determinación, a la que corresponde dar cumplimiento a la sentencia de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, por lo que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deberá requerirse al Director de Recaudación del Estado de Michoacán, para que devuelva las diferencias pagadas. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.". Asimismo, por identidad jurídica esencial, se cita la tesis siguiente: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.". En el entendido de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la norma reclamada, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Ilustra lo anterior la tesis que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general.". Dicha declaratoria de inconstitucionalidad se hace extensiva a los actos concretos de aplicación de la norma reclamada. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por representante social adscrito, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jafet Leonardo Ruíz García, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jafet Leonardo Ruíz García, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
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