Jafet de Jesus Mandez Solis

Expediente 964/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
964/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Jafet de Jesus Mandez Solis
  • Maria del Carmen Evia Echavarria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia firmada el trece de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, inciso e) de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su 19/02/24 17:33:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.7c MARICARMEN ZERMEÑO OCAMPO momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse, y se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que ya que no existe razón legal para que continúen en estos autos los anexos que la autoridad responsable Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, adjuntó a su informe justificado, consistentes en el toca de apelación 872/2021 y el expediente original 213/2020, junto con un Disco Versátil Digital; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 964/2022, promovido por JAFET DE JESÚS MENDEZ SOLIS, contra actos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. La demanda de amparo promovida por JAFET DE JESÚS MENDEZ SOLIS, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, fue presentada en la vía directa el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, ante la propia autoridad responsable; por lo que, fue remitida junto con el informe de la citada autoridad, a la Oficina de partes de los Tribunales Colegiados del Décimo Cuarto Circuito, el once de marzo de dos mil veintidós. El dieciséis de marzo del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, indicó que carecía de competencia, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso, lo constituía la resolución dictada por la citada responsable, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, firmada el diecinueve de enero del presente año, en el toca de apelación 872/2021, relativo a los recursos de apelación interpuestos por María del Carmen Hevia Echaverría, y el segundo, por el aquí quejoso Méndez Solís, contra la sentencia dictada en el expediente 213/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de tramitación especial, promovidas por la citada Hevia Echaverría, a fin de que se decrete una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos N.V.M.H y M.A.M.H, así como la propia sentencia dictada en el procedimiento de origen; siendo que dicha resolución resultaba ser un acto judicial dictado fuera de juicio, del cual correspondió conocer a un Juzgado de Distrito, por lo que ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, la demanda de amparo, el toca de apelación y el expediente que adjuntó la autoridad responsable. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En mérito de lo anterior, el cinco de abril de dos mil veintidós, la demanda de amparo promovida por JAFET DE JESÚS MENDEZ SOLIS, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual fue turnada a este Juzgado al día hábil siguiente, y fue admitida parcialmente mediante acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós, ello toda vez que por lo que respecta a la sentencia de primera instancia dictada por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, con tramitación especial, promovidas por María del Carmen Hevía Echavarría, habida cuenta que se consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Siendo que la misma, se admitió únicamente respecto de la resolución dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, firmada el diecinueve de enero del presente año, en el toca de apelación 872/2021, relativo a los recursos de apelación interpuestos por María del Carmen Hevia Echaverría, y el segundo, por el aquí quejoso Méndez Solís; por lo que se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se puso a la vista el informe justificado de la autoridad responsable; se ordenó la notificación de la tercero interesada María del Carmen Hevia Echaverría, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por medio del diverso 28/2016, por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra un acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La resolución dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, firmada el diecinueve de enero del presente año, en el toca de apelación 872/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, pues así lo admitió al rendir su informe justificado; motivo por el que debe de tenerse por cierto dicho acto. Certeza que se corrobora con las constancias que obran en el toca 872/2021, que remitió como justificación de su informe la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de fondo. Resultan inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el aquí quejoso, en su demanda de amparo, y por ende, insuficientes para otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra. Aún suplida en su deficiencia la queja, de acuerdo con en el ordinal 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, tal y como se expone en la jurisprudencia con número de registro 2022087, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. " En el caso, el impetrante de amparo, refiere que al momento de emitirse la resolución que impugna no se realizó un análisis exhaustivo ni se valoraron los datos aportados en el procedimiento, porque la cantidad que se le fijó como pensión alimenticia es excesiva aunado a que no tiene empleo formal, y porque es éste quien sufraga los gastos de sus hijos, puesto que María del Carmen Hevia Echaverría, los lleva a casa de su abuela paterna para que junto con el quejoso los cuide, que incluso se ocasiones e quedan en su casa desde el martes hasta el domingo, por lo que éste se hace cargo de todos los gastos de sus hijos, de ahí que la resolución se considera excesiva y desproporcionada. Aunado a que su único sustento es conducir un mototaxi, que no es de su propiedad, por lo que no tiene un empleo formal ni ingresos fijos, ya que al día sólo tiene uno o dos salarios mínimos, de ganancia situación que se le externó a la Aquo. Asimismo, indicó que no se niega a pagar una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, tan es así que ha estado cuidando de ellos, pero que de nada sirve proporcionar una pensión que no se ve reflejada en sus hijos, alimentos, ni en vestimenta, ni en nada. Por otro parte, indicó que la aquí tercero interesada María del Carmen Hevía Echavarría, labora en la estética ubicada en la calle cincuenta y siete, letra A, número trescientos noventa y uno, por diez y catorce del fraccionamiento Del Parque de esta ciudad de Mérida; que no tiene ninguna enfermedad e incluso percibe mayores ingresos que el quejoso. Finalmente, aduce que ante la falta de análisis y del alcance que le dio el Juez de conocimiento, no respeto, ni tomó en cuenta los principios básicos de proporcionalidad y equidad, ya que se puede inferir a ciencia cierta, que el aquí quejoso, obtiene sus ingresos como mototaxista, esto de acuerdo al principio básico de ayuda mutua y la proporcionalidad y equidad, conforme lo que preceptúa el numeral 35 del Código de Familia, así como los artículos 24, 25 y 26 del mismo Código. Ahora bien, en principio debe decirse que de las constancias que remitió la Sala responsable, se advierte que el quejoso por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia pronunciada el veintiséis de marzo de ese año, por la Juez Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente en el expediente 213/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de tramitación especial, promovidas por la citada Hevia Echaverría, a fin de que se decrete una pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos N.V.M.H y M.A.M.H. Sin embargo, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el toca 872/2021, con fundamento en el artículo 400, fracción III y 438 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se le tuvo por desistido al impetrante de amparo, respecto del recurso de que se trata, en virtud de que se le fijó un término de tres días para que se presentara ante el Tribunal de Alzada a continuar con dicha apelación, sin que lo hubiere hecho, por lo que se declaró aquél por desierto, y únicamente se estudió el recurso de apelación que hizo valer la citada tercero interesada. En ese tenor, la Sala responsable no se ocupó del recurso hecho valer por el quejoso, limitándose su intervención al análisis del diverso interpuesto por la ahora tercero interesada. Así, en los conceptos de violación hechos valer en este juicio, y que quedaron precisados en párrafos precedentes, se advierte que en modo alguno se encuentran dirigidos a controvertir las consideraciones en que sustentó su resolución la Sala responsable, sino más bien están dirigidas a la sentencia dictada en primera instancia por el Juez responsable, la que quedó superada procesalmente por aquélla, y respecto de la cual, incluso se desechó la presente demanda de amparo, sin que el quejoso se inconformara contra dicho auto, de ahí la inoperancia de dichos argumentos. En mérito de lo anterior, resulta ocioso analizar la determinación impugnada, acorde a los conceptos de violación que esgrime el impetrante de amparo, habida cuenta que no se encuentran dirigidos a confrontar dicha determinación, sino la de primera instancia. Máxime que de llevar a cabo el análisis de los conceptos de violación propuestos, implicaría sustituirse en la autoridad responsable, respecto de tópicos que no fueron sometidos a su jurisdicción, teniendo incluso el quejoso, la posibilidad y obligación de hacerlo, ya que como se expuso, inició el recurso de apelación en contra la sentencia de primer grado, y fue omiso en presentar sus agravios, lo que motivó que se declarara desierto el recurso de que se trata. Apoya a lo expuesto, por su contenido, la jurisprudencia visible en la página 621, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Así como la diversa tesis sustentada por la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207328, página 277, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y textos siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida. En mérito de las consideraciones expuestas con antelación, y ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos por el quejoso, sin que se advierta motivo alguno para suplir su deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que en el caso, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. No ampara. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JAFET DE JESÚS MENDEZ SOLIS, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y que hizo consistir en la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, firmada el diecinueve de enero de dos mil veintidós, en el toca de apelación 872/2021; lo anterior, por los motivos expuestos en el quinto subsecuente. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos el oficio signado por Bertha Paola Gonzàlez Linares designados como Representantes Especiales de los menores de edad Nathalia Valentina y Matias Alejandro, ambos de apellidos Méndez Hevia, por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, cumple con el requerimiento ordenado en el acuerdo de cinco de julio del año en curso y acepta el cargo para fungir, como representante especial de los menores de edad involucrados en este juicio de amparo y proporciona como medio de contacto electrónico el correo electrónico promedefa@gmail.com. En tal virtud, toda vez que existe aceptación expresa por parte de la representante designada por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se le discierne el cargo de representante especial de los menores de edad Nathalia Valentina y Matias Alejandro, ambos de apellidos Méndez Hevia, para los efectos legales a que haya lugar, facultándola ampliamente para el buen desempeño de su cometido en salvaguardar los derechos de los menores de que se tratan, en el trámite del juicio de amparo en que se actúa y tómese nota del correo electrónico proporcionado por la misma, a fin de que sea notificada por esa vía en las determinaciones que así lo ameriten. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que mediante proveído de tres de junio del año en curso, se tuvo a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, informando que designó a la licenciada en derecho Bertha Paola González Linares, para fungir como representante especial de los menores de edad involucrados en el presente juicio de amparo, la cual hasta la presente fecha no ha manifestado si acepta o no el cargo para el cual ha sido designada. Motivo por el cual, remítasele nuevamente copia de la demanda de amparo respectiva en las instalaciones que ocupa la dependencia a la cual se encuentra adscrita; y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y prevéngasele para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, presente su escrito en el que manifieste si acepta o no el cargo para el que ha sido designada, y en su caso, rinda la protesta de ley, debiendo en su caso proporcionar algún medio de contacto electrónico y en general elaborar sus actuaciones por esa vía, a fin de privilegiar las medidas de distanciamiento social derivado de la pandemia tal como se indicó en auto de tres de junio del año en curso. Apercibida que de no presentar el escrito para informar si acepta el cargo, o no manifieste la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por desacato a un mandato de autoridad judicial. Finalmente, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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