Jael Noemi Gómez Silva
Expediente 215/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/03/2022
Partes del expediente
- Jael Noemi Gómez Silva
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que las partes se encuentran notificadas de la sentencia dictada en este asunto, así como del proveído en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer en su contra; en consecuencia, remítanse a la superioridad este expediente, escrito de agravios y fotocopia del mismo, para la sustanciación del aludido medio impugnativo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada; por tanto, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase el ocurso exhibido y previa constancia de esto último, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos a la superioridad para su substanciación, acompañándole el ocurso de expresión de agravios y fotocopia correspondiente.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el pedimento firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, téngasele formulando alegatos en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que se dicte resolución, expídase copia certificada de la misma, previo recibo de estilo que se deje asentado en autos. Notifíquese.
- Incidental
En Tijuana, Baja California, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno, hora y día señalados por auto de cuatro del mismo mes y año, para la celebración de la audiencia incidental que refieren los artículos 141 y 144 de la Ley de Amparo, correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de derechos fundamentales 215/2021-E promovido por Jael Noemí Gómez Silva, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades; ante la presencia remota del juez Francisco Caballero Green, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Israel Badilla Navarrete, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, el secretario da cuenta al juez, con el informe previo rendido por la autoridad responsable. A lo que el juez acuerda: téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe previo de conformidad con el artículo 140, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin que lo anterior sea motivo de diferimiento de conformidad con la jurisprudencia P./J.119/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, diciembre de 2000, tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO." Asimismo, se le tiene designando delgados y domicilio procesal. Acto continuo, el secretario procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran: fotocopia del escrito de demanda de amparo e informes previos. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias, lo que se tomará en consideración al resolverse este incidente. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció, por lo que se cierra el periodo. Abierta la etapa de alegatos, el secretario certifica y hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se cierra esta etapa. A lo que el juez acuerda: sin pruebas pendientes por desahogar ni escritos de alegatos que tener por reproducidos, se tiene por terminada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 215/2021-E promovido por Jael Noemí Gómez Silva, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades. R e s u l t a n d o I. Por escrito recibido en este juzgado, Jael Noemí Gómez Silva, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades, que hizo consistir en: "[.] La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, la promulgación y orden de publicación y SUS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS TILDADOS DE INCONSTITUCIONALES 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo, y 248, de la Ley de Salud". Por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 4º, cuarto párrafo, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado, se solicitaron los informes previos y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que previos diferimientos, se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo, mismos que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Tercero. La quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, para los efectos siguientes: Se le permita el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabidol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana"; y, Se le autorice realizar las actividades relacionadas con dicho autoconsumo - sembrar, cultivar, cosechar, reparar, acondicionar, poseer, transportar en cualquier forma, emplear, usar y consumir- del estupefaciente "cannabis" -respecto al estupefaciente "cannabis sativa", respecto del psicotrópico "THC"-. En ese tenor, en relación con la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de las disposiciones legales 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, se niega la suspensión definitiva, ya que les reviste a tales actos el carácter de consumados; considerar lo contrario equivaldría a darle efectos restitutorios a la medida cautelar, lo cual es propio de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Avala lo considerado la tesis 174 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775, julio de 1999, tomo X, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Cuarto. Respecto de la aplicación de las normas prohibitivas del uso lúdico de la sustancia cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabidol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Cabe señalar que tratándose de la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el numeral 128 de la Ley de Amparo. En la especie, la quejosa solicita expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del precepto anteriormente citado. El segundo requisito previsto en la fracción II, del numeral de referencia, también se cumple, ya que con el otorgamiento de la medida solicitada, no se contravienen disposiciones de orden público ni el interés social. Para justificar esta afirmación, es importante precisar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. El artículo 129 de la Ley de Amparo, enumera algunos ejemplos que pueden considerarse actos que perjudican a la sociedad, como cuando con la concesión de la medida cautelar se continúe con el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, establecimientos de juegos con apuestas o sorteos, la producción y el comercio de narcóticos; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; se permita el alza de precios en relación con los artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la drogadicción; se permita el incumplimiento de órdenes militares; se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, entre otros. Esto es, se trata de actividades cuya realización o ejecución afectarían gravemente a la sociedad, por tratarse de actos que producirían un perjuicio a la salud, economía, ambiente o permitirían la realización de actividades ilícitas y constitutivas de delitos, lo que evidencia que el legislador pretende que con la suspensión no se vulnere o afecte irremediablemente a la sociedad. En este contexto, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 237/2014, determinó que son inconstitucionales las porciones normativas reclamadas, pues establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabidol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana", toda vez que provocan una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, con lo cual se acredita la apariencia del buen derecho que asiste a la peticionaria de amparo. Por lo que, si dicha prohibición no es una medida necesaria y proporcional para proteger la salud y el orden público, es dable considerar que el otorgamiento de la medida no contraviene disposiciones dicho orden ni el interés social. Además, de permitir que se apliquen los efectos de las normas combatidas en la esfera jurídica de la quejosa, hasta que se dicte la resolución de fondo en el juicio de amparo, generaría, en términos de lo que ha sido ya reconocido por la jurisprudencia, una vulneración a su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, lo cual no podría ser reparado con una eventual sentencia que concediera la protección constitucional, ya que el tiempo no podría retrotraerse para que la quejosa ejerza y goce de ese derecho. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 128, 146, 147 y 148 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no se aplique en la esfera jurídica de la quejosa los efectos y consecuencias de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos - sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabidol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Esta medida no implica una autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias precisadas en el párrafo precedente; en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jael Noemí Gómez Silva, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerativo tercero de la presente resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Jael Noemí Gómez Silva, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, para los efectos señalados en el considerativo cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese.
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