Jael Lima Ramos

Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
87/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Jael Lima Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que el seis de octubre de la presente anualidad, dicho tribunal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra la sentencia de dieciocho de abril del año en curso, el cual quedó registrado bajo el número 545/2022 de su índice.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta firmado por el Director General de Amparos Contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, residente en Ciudad de México, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva de dieciocho de abril de este año, dictada por este juzgado Federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa. Consecuentemente, córrase traslado con copia del escrito de expresión de agravios a las partes y, una vez que se encuentren debidamente integrados los autos del juicio en que se actúa, remítanse al Tribunal Colegiado, en turno, del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, para la substanciación del citado recurso, anexándose el original del escrito de agravios de referencia.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****por lo que hace a los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en esta ciudad, consistente en la aplicación del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, para los efectos siguientes: Que no se aplique a *****en lo presente ni en lo futuro, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece que la suma de las pensiones compatibles no podrá exceder del monto equivalente a diez veces el salario mínimo. Dicho monto de la pensión, debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo. Bajo la salvedad, de que aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoriada, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, el criterio jurisprudencial Consecuentemente, el Titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en esta ciudad, por conducto del Titular de la Unidad Jurídica, deberá dejar insubsistente el oficio **, de veinte de enero de este año, y reintegrar a la aquí quejosa las cantidades que, con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubiesen sido retenidas o no pagadas. En el entendido que la devolución de las cantidades deberá realizarse siempre y cuando no haya prescrito el derecho para reclamar los descuentos que le fueron aplicados a la quejosa, en términos del artículo 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes mediante proveído de diez de los corrientes, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Titular de la Unidad Jurídica y en representación del Jefe de Departamento en la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, residente en esta ciudad. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Sin que resulte necesario notificar a las responsables, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, pues, tal como se indicó, esta determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Máxime que es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) sigue latente, por lo que la anterior determinación se emite en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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