Jael Antonio Malagón Uscanga

Expediente 118/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
118/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
21/02/2018

Partes del expediente

  • Jael Antonio Malagón Uscanga

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 23), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Elena Uscanga Cordero, en favor del directo quejoso Jael Antonio Malagón Uscanga, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    VII.- Visto el comunicado de cuenta mediante el cual la Administradora Postal del Módulo de Servicios Postales de Palacio de Justicia Federal, en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante proveído de veintinueve de enero del presente año (foja 215), remite los acuses originales de las piezas postales RM110632061MX, RM110632089MX, RM110632092MX, RM110632101MX, donde consta la entrega de los oficios 40379/2017, 40380/2017, 40381/2017 y 40382/2017 y solicita una prórroga de diez días a fin de remitir el acuse relativo a la pieza postal registrada con el código RM110632044MX, por los motivos que expone. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º agréguese a los presentes autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, teniendo parcialmente por cumplido el requerimiento que se le hiciera y como lo pide la oficiante se le concede una prórroga de diez días contados legalmente, para que remita a éste órgano de control el acuse de recibo del comunicado RM110632044MX, o bien la forma SPM-78 relativa a la misma, caso contrario se le hará efectiva la multa con la cual fue conminada mediante proveído de veintinueve de enero del presente año (foja 215). Ahora, Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, del que se advierte que aún no obra el acuse de recibo del oficio 39517/2017 (foja 178), dirigido al Poder Ejecutivo Federal, por con ducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual fue enviado bajo el número de pieza postal RM109276650MX. En consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la Administradora Postal del Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal, para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación de la presente determinación, remita el acuse correspondiente o la forma SPM-78 de la citada pieza postal apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

  3. Principal

    III.- Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 1269), se envió el exhorto 908/2017, orden 935/2017, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez en turno; con la finalidad de notificar dicho proveído al quejoso Enrique Caballero Acosta, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, mismo que se envió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) el once de ese mismo mes y año, correspondiéndole el número de folio 302477, tal como se acredita del acuse de recibo que obra en autos (foja 1279). Sin embargo, dicha comunicación no ha sido devuelta, por lo tanto, requiérase al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, a efecto de que en el plazo de tres días previstos en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe el trámite que se le dio a dicha comunicación oficial. Apercibido que en caso de ser omiso se le impondrá multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Elena Uscanga Cordero, en favor de Jael Antonio Malagón Uscanga, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 118/2018. Ahora bien, previo a acordar lo conducente respecto de la procedencia del ocurso que se atiende es menester destacar que el quejoso hace consistir su reclamo en esta vía esencialmente en: La omisión y/o negativa de la autoridad responsable de suministrarle atención médica al quejoso. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio para el efecto de que el citado acto cese de inmediato, en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud del agraviado. Asimismo, la suspensión concedida, es además para el efecto de que se otorgue al quejoso el servicio médico y medicamentos que necesite, acorde al estado clínico que presente y de acuerdo con su expediente médico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Federales de Readaptación Social; así como para que en su caso cese cualquiera de los actos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A las autoridades responsables se hace de su conocimiento que de no acatar esta suspensión de plano, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de la materia. Igualmente, las responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, será sancionada en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. Dicha suspensión no surtirá efecto alguno, si los actos reclamados por el inconforme no constituyen alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no producen algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como los identifique el agraviado. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Cabe resaltar que la suspensión de oficio no tendrá como efecto extraer al quejoso del lugar en el cual se encuentra, en atención a que ese efecto jurídico no se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para los efectos siguientes: 1. Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, específicamente, en el lugar donde se encuentra interno el directo quejoso Jael Antonio Malagón Uscanga. 2. Atento a las manifestaciones hechas en la parte final del escrito de cuenta, también se comisiona al actuario judicial adscrito para que de fe únicamente de las condiciones físicas en las que se encuentra el quejoso, ello es así, pues el citado funcionario no es especialista en materia de medicina, por lo que es evidente que no puede dar fe de su estado de salud. Sin que en el caso se desatienda la petición de la promovente de amparo relativa a que se certifique la atención médica de manera profesional, así como aquélla referente a que el área médica del centro carcelario en el que se encuentra interno el directo quejoso, informe si es necesario o no algún otro tipo de intervención médica, ello en virtud de que dichas circunstancias serán objeto de los informes de cumplimiento a la suspensión de plano que rindan las autoridades responsables. 3. Haga del conocimiento al quejoso el contenido de esta determinación y lo requiera a fin de que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por Elena Uscanga Cordero, y si es su deseo autorizar a la promovente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. 4. Finalmente, le aperciba que de no ratificarse la demanda de amparo se tendrá por no presentada, acorde con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la materia y se dejará sin efectos la suspensión de plano y oficio concedida en líneas que anteceden. En otro punto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Ahora, en torno al acto reclamado por la parte quejosa cabe acotar, que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto, el establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, regular los medios para lograr la reinserción social. Asimismo, en el citado ordenamiento legal, particularmente en el Capítulo III referente al Procedimiento Administrativo, el legislador estableció un mecanismo legal con el fin de que las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas conforme a los términos de dicha ley (familiares, visitantes, defensores públicos, Ministerio Público, etc.), pudieran formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y así poder salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o en cumplimiento a una pena. En esas condiciones, y para el caso de que el directo quejoso ratifique la demanda promovida en su favor, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II y IV, 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se considera pertinente requerirle que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: PRIMERO. El quejoso deberá aclarar el acto que por esta vía combate. Lo anterior es así, pues si bien en el capítulo correspondiente a la precisión del acto reclamado, la promovente señaló como tal la omisión y/o falta de las autoridades responsables de suministrar atención médica al directo quejoso Jael Antonio Malagón Uscanga, no obstante las diversas peticiones que ha formulado; lo cierto es que, de las manifestaciones hechas en la demanda que se atiende, de forma particular, en el capítulo relativo a los antecedentes así como a los preceptos legales que se estima transgredidos, se obtienen datos contradictorios, pues por una parte el quejoso hace referencia a que personal adscrito al centro carcelario en el que se encuentra interno le ha negado la atención médica medicinas que aduce necesitar, y por otra, hace alusión a la inobservancia de las autoridades penitenciarias a los reglamentos que tutelan la estadía del quejoso dentro de su lugar de reclusión con la finalidad de brindarle atención médica. Por tanto, toda vez que dichas manifestaciones crean incertidumbre en el suscrito para estar en aptitud de precisar con claridad el o los actos que por esta vía se combaten, se considera oportuno requerir al quejoso para que precise de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 1. Deberá aclarar si lo que reclama es la omisión de la responsable en dar contestación a un derecho de petición, o bien, si la omisión reclamada únicamente deriva de la conducta a que está obligada la responsable en términos de los reglamentos que tutelan la estadía del quejoso dentro de su lugar de reclusión, relativos a su obligación de otorgarle atención médica; o finalmente, si su reclamo se circunscribe a la negativa (respuesta en sentido negativo) de la autoridad penitenciaria de otorgarle la atención médica y medicinas que aduce necesitar. 2. Para el caso de reclamar la citada omisión como una abstención de las responsables de dar contestación a una petición, deberá señalar ante qué autoridad o autoridades formuló dicha petición (lo cual lleva implícito su denominación correcta), y en qué fecha. 3. Por otro lado, de señalar como acto reclamado destacado la negativa de la autoridades penitenciarias responsables de suministrarle la atención médica que aduce necesitar, tendrá la obligación de referir lo siguiente: a) Qué autoridad o autoridades le dieron contestación a la solicitud o solicitudes formuladas; y, b) La fecha y forma en la que tuvo conocimiento de la o las contestaciones a sus solicitudes. Es aplicable la tesis número I.7o.A.100 K, publicada en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, es aplicable por las razones que la informan la tesis publicada en la página 427 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro 212552, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al Juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado." SEGUNDO. Hecho lo anterior, el quejoso deberá realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto o actos que señale como reclamados, de los cuales se adviertan los siguientes elementos: Si contra el acto o actos que reclame en esta instancia ha promovido el procedimiento administrativo que para tal efecto contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es si hizo valer ante la autoridad penitenciaria la petición que refiere y en qué fecha. Para el caso de haber hecho valer el mencionado procedimiento, tendrá que precisar ante qué autoridad se tramitó, lo cual implica su denominación correcta, y señalar el estado procesal que guarda, es decir, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso la resolución que haya resuelto el aludido procedimiento la señala como reclamada; en el entendido que de reclamar tal resolución deberán indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta. Si fuere el caso, deberá señalar si contra la resolución emitida en el referido procedimiento administrativo de petición previsto en el Capítulo III de la Ley de Ejecución Penal, formuló la controversia ante el Juez de Ejecución y/o Control respectivo, que para el caso prevé el artículo 114 del citado ordenamiento legal. De haber formulado controversia tendrá que señalar el estado procesal que guarda, esto es, si se encuentra en trámite, o bien si ya se resolvió, en qué data, y el sentido de la determinación respectiva; además deberá manifestar si desea reclamar esa resolución en esta instancia, para lo cual tendrá que indicar la fecha precisa de notificación y/o conocimiento. Finalmente, el peticionario de la protección constitucional deberá indicar si en una temporalidad de seis meses a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra los actos reclamados que en su caso reclame en el presente asunto; en este aspecto, además tendrá que informar el número de expedientes, ante que juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de estos. Tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda, por el peticionario de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, no se advierten tales elementos los cuales resultan indispensables para el capítulo de antecedentes, el cual a su vez es un requisito esencial de la demanda de amparo en términos de la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - -II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, no obstante que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la presente determinación en el lugar de su reclusión. Además, se hace del conocimiento del fedatario judicial adscrito que en el momento en que se practique la citada diligencia deberá requerir al impetrante de amparo para que manifieste si es su deseo ratificar el domicilio que se señaló en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, esto es, la lista que pública este Juzgado Federal, o bien, si desea señalar para tales efectos el lugar en el cual se encuentra recluido. En la inteligencia que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le practicarán personalmente en el lugar de su reclusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. En otro orden, se hace la indicación al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir el oficio derivado del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad que esté ejecutando el acto reclamado, a quien deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

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