Jade Nallely Vigueras Salazar
Expediente 898/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jade Nallely Vigueras Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, en la que el auxiliar de Actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común a los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asentó la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 24179/2020 de seis de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en virtud que personal de seguridad le informó que las notificaciones se estaban realizando de manera electrónica por conducto de los correos electrónicos proporcionados; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Por ello, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional notifique por medio del correo electrónico el oficio 24179/2020 de seis de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno, en la que por una parte sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Sin que obste para la anterior determinación el que no haya transcurrido el término otorgado a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí que las partes sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio, el mismo no afecta a las referidas autoridades y por tanto, no están legitimadas para interponer recurso contra la citada resolución. Sirve como apoyo a lo anterior, la tesis XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII junio de 1998, página 706, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento.". En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se negó la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Ahora, en caso de que las autoridades a las que se les deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentren en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que los resguarde y entregue dichos oficios una vez que reanuden sus labores. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; a través del cual, devuelve el oficio 20683/2021, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contiene la sentencia emitida en autos. Atento a su contenido y advirtiéndose de autos que, por acuerdo de siete de mayo del presente año, se tuvo a la Secretaría de Educación Pública, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, rindiendo el informe justificado solicitado en el presente juicio de amparo; del cual se remite copia para mayor referencia; en consecuencia, reenvíese el oficio de referencia 20683/2021, por su conducto, a efecto de que notifique al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la sentencia emitida en este asunto, de nueve de julio de dos mil veintiuno. Ahora bien en caso de que la autoridad a la que se le deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentre en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que resguarde y entregue dicho oficio una vez que reanude sus labores. Notifíquese. Lo proveyó Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión; quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta y tres minutos del uno de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 898/2020, promovido por Jade Nallely Vigueras Salazar, por propio derecho, en audiencia pública, Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión, asistido del Secretario Felipe Camacho Silva, que autoriza y da fe, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid19). Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo y anexos, auto admisorio, las constancias de notificación a las partes y los informes justificados de las autoridades responsables, así como los acuerdos en donde se proveyó lo conducente. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que las partes no los formularon y, que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó intervención alguna. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Con lo que se concluye el período de referencia. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe. Secretario en funciones de Juez de Distrito Secretario V I S T O S para resolver el juicio de amparo 898/2020, promovido por Jade Nallely Vigueras Salazar, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Jade Nallely Vigueras Salazar, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: PRIMERO. Como ordenadoras: a) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. b) El Secretario de Educación Pública. c) El Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. d) El Director del Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Como ejecutoras: a) El Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública." "IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LAS ORDENADORAS SE RECLAMA: 1. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: la aprobación y haber ordenado la publicación del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de profesiones en el Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de abril del 2018. 2. Del Secretario de Educación Pública: el refrendo del mencionado Decreto, así como su discusión y aprobación y la posterior orden para su publicación. 3. Del Director General de Profesiones, se reclama la emisión y publicación del Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para ejercicio profesional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de abril de 2018. DE LAS EJECUTORAS SE RECLAMA: 1. Del Director General de Profesiones, se reclama la aplicación del artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para ejercicio profesional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de abril de 2018, en mi cedula profesional electrónica 12055767." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La quejosa señaló que en el caso no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; indicó como derechos violados los contenidos en los artículos 5, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 8 a 12), este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le corresponde y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman normas de carácter general y su acto de aplicación, éste de naturaleza administrativa con ejecución material dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Sustenta lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa reclama: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Educación Pública y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación: La expedición, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, concretamente, su artículo 32, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil dieciocho. Del Secretario de Educación Pública, del Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación: La emisión, refrendo y publicación del Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil dieciocho. Del Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública: La expedición a la quejosa de la cédula profesional electrónica número 12055767, de diecisiete de agosto de dos mil veinte. TERCERO. Existencia de actos. Son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 54 a 58), Secretario de Educación Pública (fojas 59 a 63) y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación (fojas 18 y 19), consistentes en la expedición, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, concretamente, su artículo 32, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil dieciocho; así como también, son ciertos los actos reclamados al Secretario de Educación Pública (fojas 59 a 63), Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (fojas 64 a 69) y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación (fojas 18 y 19), consistentes en la emisión, refrendo y publicación del Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil dieciocho; pues así lo manifestaron dichas autoridades al momento de rendir sus respectivos informes justificados. Además de que, tales ordenamientos reclamados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Por otro lado, es cierto el acto reclamado al Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (fojas 64 a 69), consistente en la expedición a la quejosa Jade Nallely Vigueras Salazar, de la cédula profesional electrónica número 12055767, de diecisiete de agosto de dos mil veinte; pues así lo manifestó dicha autoridad al momento de rendir su informe justificado. Certeza de acto que se corrobora con la propia cédula profesional electrónica que acompañó la parte quejosa a su demanda de amparo (foja 7), documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; y, de cuya lectura se acredita que, efectivamente, la mencionada cédula profesional electrónica fue expedida a la ahora quejosa. CUARTO. Análisis de causas de Improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo debe analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio. Así, este Juzgado advierte de oficio que respecto de los actos reclamados consistentes en el refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, concretamente, su artículo 32, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil dieciocho y, del Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil dieciocho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII, interpretados en sentido contrario, ya que la parte quejosa omitió formular conceptos de violación en contra de dichos actos legislativos. Para demostrar esa afirmación es preciso conocer el contenido de los referidos preceptos; en primer lugar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 108, fracciones III y VIII, del mismo ordenamiento, exponen: "108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación. (.)" El primero de los preceptos reproducidos, establece las causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del segundo precepto, se advierten los requisitos que debe cubrir una demanda de amparo, entre los que se encuentra el expresar conceptos de violación. En ese sentido, se tiene que es imprescindible que el quejoso formule conceptos de violación que demuestren la inconstitucionalidad de los actos o norma impugnada. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que por conceptos de violación deben tenerse todos los razonamientos que con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no se encuentren en el capítulo relativo y no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. En tratándose de normas generales, la parte quejosa debe combatir por vicios propios el refrendo de las mismas; por tanto, si en el caso, la parte quejosa no impugnó por vicios propios el refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, concretamente, su artículo 32, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil dieciocho y, del Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil dieciocho, resulta indefectible que en el caso se actualiza la improcedencia del juicio, por cuanto a dicho actos que integran la creación de las referidas normas. Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII, interpretados en sentido contrario, así como el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, concretamente, su artículo 32, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil dieciocho y, del Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil dieciocho, atribuidos de manera respectiva al Secretario de Educación Pública, Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, ya que la parte quejosa omitió formular conceptos de violación en su contra. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." QUINTO. Desestimación de las causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las propongan las partes, o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Secretario de Educación Pública y el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, señalan que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, concretamente, su artículo 32, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil dieciocho, el Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil dieciocho y, la expedición de la cédula profesional electrónica número 12055767, no causan perjuicio a los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues a su decir, tales actos están revestidos de absoluta legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23, fracción XV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y 32 de su Reglamento. Debe desestimarse la causa de improcedencia invocada, toda vez que, dilucidar si los actos reclamados cumplen o no con la legalidad que todo acto de autoridad debe contener, es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto; esto es, los motivos en que se sustenta la improcedencia del juicio, son precisamente la materia de la litis, que sólo puede abordarse al resolver sobre su constitucionalidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001, de Pleno del Máximo Tribunal del País, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". Al no quedar pendiente de estudio diversas causas de improcedencia invocadas por las partes, ni advertirse de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por regla general, en el juicio de amparo indirecto que se promueve contra normas generales con motivo de un acto concreto de aplicación, una vez superadas las cuestiones de procedencia, el análisis de los conceptos de violación que se refieren a constitucionalidad de dichas normas debe ser previo al que corresponde al acto de aplicación. Lo anterior, porque en el supuesto de que se declare la inconstitucionalidad de la referida norma, ello repercutirá necesariamente en la constitucionalidad del acto de aplicación, lo que haría innecesario el estudio de este último por vicios propios. Tal criterio está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN". Por consiguiente, la parte quejosa hace valer en su único concepto de violación, que tanto el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, así como el Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, transgreden el principio de subordinación jerárquica, pues se omitió en su contenido adicionar que la cédula profesional sirva para identificarse, limitando con ello, ciertas calidades y características que se encuentran contenidas en el artículo 23, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Agregando que, la cédula que expida la autoridad debe de servir no sólo para efectos del ejercicio profesional, sino para identificar a la persona que ostenta la patente. El concepto de violación antes reseñado es infundado tal y como a continuación se dilucidará. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal le otorga al titular del Ejecutivo Federal la facultad reglamentaria. Dicha facultad consiste en la posibilidad de que el Ejecutivo Federal provea en la esfera administrativa para la estricta observancia de las leyes expedidas por la autoridad legislativa; es decir, el mencionado poder está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Asimismo, es esencial destacar que la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Consecuentemente, la facultad reglamentaria se halla regida por dos principios: reserva de ley y subordinación jerárquica. El principio de subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que se encuentre su justificación y medida. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala 2ª./J. 29/99 de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN". Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 3 y 23, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México establecen lo siguiente: "3. Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado." "23. Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: (.) IV. Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; (.)" Por su parte, el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México establece lo siguiente: "32.- Una vez realizada la inscripción de un título profesional o grado académico se entregará, por medios electrónicos, la cédula profesional electrónica correspondiente al solicitante, con efectos de patente para su ejercicio profesional, misma que deberá ser emitida conforme al estándar que al efecto publique la Dirección General de Profesiones en el Diario Oficial de la Federación." Ahora bien, el texto del mismo artículo del Reglamento, anterior a la reforma del cinco de abril de dos mil dieciocho, establecía que la cédula profesional contendría "el retrato y la firma del profesionista". Dicha porción reglamentaria fue suprimida y en su lugar se estableció que las cédulas profesionales serán emitidas conforme al estándar publicado por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, el artículo reiteraba lo que señala la ley en cuanto a que la cédula profesional tendría efectos de patente "para su identidad en sus actividades profesionales". La mencionada porción reglamentaria también fue suprimida. No obstante ello, es importante destacar que para verificar la regularidad constitucional de una modificación a un reglamento a la luz del principio de subordinación jerárquica, es preciso contrastar dicho reglamento con el texto legislativo y no con la versión del reglamento anterior a la mencionada reforma. Es decir, los límites dentro de los cuáles debe operar el nuevo reglamento son los contenidos en la Ley reglamentada y no en lo que preveía el reglamento anterior, pues en el principio de subordinación jerárquica se analiza, como su nombre lo indica, una relación de mayor a menor jerarquía entre las disposiciones normativas y no las reformas al mismo reglamento. En ese mismo sentido, la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en ningún punto establece los elementos, características o datos que debe contener la cédula profesional; tan es así, que la Ley Reglamentaria no ha sufrido reforma alguna, ello puesto que es el reglamento el instrumento idóneo donde se regulan las provisiones necesarias para la ejecución de la ley emanada por el órgano legislativo. En ese sentido, se considera que las modificaciones impugnadas no implican una trasgresión al principio de subordinación jerárquica, puesto que el artículo reformado no está contrariando, modificando o excediendo lo establecido en la Ley Reglamentaria. La reforma del reglamento en cuestión únicamente está pormenorizando o reglando la aplicación del mandato legal. Así, el hecho de que en el Reglamento, el Ejecutivo Federal haya suprimido la referencia respecto del efecto de identidad en las actividades profesionales de la cédula profesional, no implica que contraríe la Ley Reglamentaria, puesto que ello sigue reconociéndose en el texto legislativo y no es menester que el reglamento impugnado lo replique. En ese mismo sentido, si el reglamento no establece expresamente que la cédula profesional contendrá el retrato y la firma del profesionista, ello no se traduce en que dicho documento ya no sea útil para la identificación del profesionista en las actividades profesionales; en la inteligencia de que la cédula profesional no tiene el propósito de ser un documento de identificación oficial, sino que tiene la finalidad de que los ciudadanos tengan certeza de que quien la porta está acreditado por parte del Estado para ejercer cierta profesión. En el caso, el Reglamento está dentro del alcance de las disposiciones de la ley reglamentada, puesto que la referencia a que será en el estándar dónde la Dirección General de Profesiones establezca cómo se expedirán las cédulas profesionales no contraría la ley dado que es esta misma la que le confiere la facultad a dicha Dirección de expedir la referida cédula profesional. Por todo lo anterior es que el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, no viola el principio de subordinación jerárquica. En otro aspecto, se procede a examinar el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional que se establece en el anexo del "Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil dieciocho. Sobre ello, debe destacarse que en los Estados Unidos Mexicanos la Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular; así como que dicha Cédula tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país. Lo anterior, de acuerdo al Capítulo VII "Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana", de la Ley General de Población; sin embargo a falta de la expedición de ésta, es la credencial para votar la que servirá como medio de identificación personal. Si bien la credencial para votar surgió con la finalidad de ejercer el derecho al voto, en México es el documento que da garantía y certeza de los datos de identidad del titular, además de que cumple con los requisitos que dispone la Ley General de Población para la Cédula de Identidad Ciudadana. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido la dualidad de la credencial para votar con fotografía como documento oficial necesario para ejercer el derecho al voto y como medio de identificación oficial. En ese orden de ideas, contrario a lo expresado por la parte quejosa, la cédula profesional no es un documento de identificación oficial. En tanto que su expedición, únicamente constituye el registro de carácter administrativo expedido por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que posibilita al titular de la misma a ejercer la profesión correspondiente. Sobre ello, la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en su artículo 23, fracción IV, establece que son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones, entre otras, expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. Lo anterior implica que dicha cédula debe cumplir con las funciones para las cuales es expedida, esto es, las relacionadas exclusivamente con el ejercicio de las actividades profesionales, conteniendo la información indispensable para ello, cumpliendo así el propósito establecido en la Ley Reglamentaria de patente para el ejercicio profesional e identificación para las actividades profesionales. Así, contrariamente a lo argumentado por la quejosa, la cédula profesional no tiene el propósito de ser un documento de identificación oficial, pues esa función, como se explicó, la cumple la credencial para votar en ausencia de la Cédula de Identidad. Por el contrario, la cédula profesional únicamente informa que el titular está acreditado para ejercer determinada profesión en virtud de que cumplió con ciertos requisitos educativos para tener la capacidad de desarrollarse profesionalmente, es decir, que una persona cumplió con los requisitos legales para poder obtenerla, como lo puede ser, haber acreditado satisfactoriamente los estudios en cierto ámbito profesional en una institución educativa de validez oficial. La cédula profesional tiene la finalidad de que los ciudadanos tengan certeza de que quien la exhibe está acreditado por parte del Estado para ejercer cierta profesión, es decir, que la persona tiene un título profesional por haber cumplido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, lo que la faculta a ejercer determinada profesión. De esa forma, el hecho de que la Ley Reglamentaria establezca que la cédula profesional sirva de "identidad" en las actividades profesionales, debe entenderse en el contexto de la norma y no de manera aislada, es decir, que no tiene como finalidad identificar a una persona por sus rasgos físicos -como sí lo tendría una identificación oficial-, sino que solamente acredita la capacidad profesional de una persona. De ahí que la cédula profesional no sirve ni pretende cumplir el propósito de ser un documento de identificación oficial. Además, si la cédula profesional requiriera una fotografía del profesionista, ésta se tendría que renovar cada determinado tiempo para poder hacer un ejercicio de contraste entre los rasgos físicos del profesionista y los contenidos en dicho documento, lo que sería poco funcional con el paso de los años, pues actualmente no se determina que la cédula profesional deba actualizarse cada determinado tiempo. Cuestión que -a diferencia de la cédula profesional- sí sucede con la credencial para votar con fotografía, pues ésta tiene una vigencia de diez años, a cuyo término se debe solicitar una nueva credencial. Bajo las anteriores premisas, la circunstancia de que la cédula profesional electrónica no contenga la fotografía y firma del profesionista en la cédula profesional, al no constituir requisitos necesarios para su finalidad, esto es para la identidad exclusivamente en las actividades profesionales, fácilmente dichos elementos podrían ser subsanables con la presentación de un documento oficial de identificación personal; por lo que, el hecho de que la cédula profesional electrónica no los contenga, no la torna en sí misma inconstitucional. Sentado lo anterior, procede analizar el Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, cuyos elementos se destacan a continuación: El estándar oficial de la cédula profesional electrónica da paso al documento electrónico de patente para el ejercicio de las actividades profesionales, es decir, ya no se requiere que la cédula profesional sea un documento físico, sino que ahora será uno electrónico. Al respecto, un documento electrónico es aquel proveniente de un sistema de elaboración electrónica, es decir, la información es procesada por computadoras a través de señales electrónicas plasmadas en un soporte. Por su parte, la Ley de la Firma Electrónica Avanzada, define al documento electrónico como aquél que es generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos. Un documento electrónico debe superponerse al documento físico obteniendo de él las mismas ventajas, seguridades y garantías que éste posee, entre las cuales está que se encuentre dotado de autenticidad, gozando de validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación. Conviene precisar que la intención de la reforma que dio origen a la cédula profesional electrónica tuvo como principales objetivos el modernizar, simplificar y hacer más transparente el proceso para el registro del título profesional y obtención de la nueva cédula profesional electrónica, así como facilitar su uso desde cualquier lugar, hora y dispositivo con acceso a internet, para dar oportunidad a los profesionistas y a la sociedad de tener certeza sobre los conocimientos que ejercen. Asimismo, el rediseño de la cédula profesional electrónica implicó la integración de las instituciones educativas, las cuales tienen la autoridad para validar en sus bases de datos que las personas que solicitan la expedición de la cédula, efectivamente completaron los estudios requeridos, por lo cual, para reducir los tiempos de entrega, la Secretaría de Educación Pública incluyó en el proceso el requisito de que debe firmarse electrónicamente tanto por la institución educativa que valida los estudios al enviar a dicha Secretaría los datos respectivos, como por el solicitante al momento de requerir su expedición. A este proceso de integración se le conoce como interoperabilidad. La interoperabilidad puede definirse como la capacidad de los sistemas de información y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos, de procesar e interpretar correctamente la información compartida y de posibilitar el intercambio del conocimiento e información entre ellos, es decir, se trata de que los sistemas informáticos que se utilicen en la administración electrónica sean compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine un organismo técnico establecido para tal efecto. De esta forma, en la creación de la cédula electrónica intervienen: I) la institución académica quien verifica los datos de la persona que concluyó sus estudios; II) el profesionista que solicita la expedición de una cédula profesional; y III) la Secretaría de Educación Pública; todos mediante el uso de las firmas electrónicas correspondientes. Al respecto, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional define a la firma digital como la que "se obtiene mediante aplicaciones tecnológicas en que se utiliza criptografía asimétrica, también denominada sistemas de cifrado de clave pública, para asegurar la autenticidad de los mensajes electrónicos y garantizar la integridad de su contenido." La firma electrónica es un concepto más amplio que la firma digital, ya que la electrónica se basa en la validez jurídica de los documentos en donde se emplea dicha firma, pues con este tipo de firma se puede identificar al autor y señalar conformidad con el contenido del documento. Ahora bien, la Ley de Firma Electrónica Avanzada define a la firma electrónica como el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de dichos datos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Uno de los elementos principales de la firma electrónica es el certificado digital, respecto del cual la Ley de la Firma Electrónica Avanzada, señala como autoridades certificadoras para emitirlos a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía y al Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior resulta relevante ya que tratándose de la cédula profesional electrónica, la Secretaría de Educación Pública utiliza las firmas electrónicas expedidas por el Servicio de Administración Tributaria -como autoridad certificadora- de: I) las instituciones académicas; II) del estudiante, quien al solicitar la expedición de la cédula profesional respectiva debe suscribir dicha solicitud con su firma electrónica y; III) del servidor público autorizado para emitir la cédula profesional. Por su parte, la firma electrónica del Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública permite la fiabilidad en el procedimiento para la emisión de una cédula profesional, lo que se refuerza con los mecanismos de colaboración (interoperabilidad) entre dicha Secretaría y las instituciones educativas para garantizar que la información que se refleje en la cédula profesional sea plenamente validada y verificable por medios digitales. En este sentido, si la institución académica verifica que el profesionista cumplió con los requisitos necesarios para ser acreedor de un título profesional y dicha información, a su vez, es enviada mediante el uso de la firma electrónica por parte de la institución académica correspondiente y del solicitante a la Secretaría de Educación Pública y ésta se cerciora de que los datos proporcionados son veraces, es válido concluir que los elementos impresos en la cédula profesional electrónica gozan de una presunción de legalidad ya que previo a la expedición de dicha cédula profesional, la Secretaría de Educación Pública ha llevado a cabo la verificación de los datos indispensables, tanto del profesionista como de la Institución educativa que otorgó el título respectivo al interesado, lo que en su conjunto permiten constatar la identidad del interesado exclusivamente en sus actividades profesionales y no como documento de identificación oficial. Esta interoperabilidad entre las instituciones ofrece seguridad técnica y jurídica de que el profesionista sea quien realmente dice ser ya que se podrá validar la emisión de una cédula profesional a través de un código de verificación del documento electrónico, el cual consiste en una cadena digital constituida por caracteres algorítmicos criptográficos, que dada su naturaleza, es única e irrepetible. De esta manera, el servicio digital permite eliminar requisitos innecesarios para la cédula profesional, facilitando los trámites para su obtención a los egresados mediante la interoperabilidad entre la información validada a través de la Clave Única de Registro de Población, la información enviada por la institución académica y, finalmente, con la firma electrónica de los involucrados. Bajo esos parámetros, un documento electrónico debe obtener las mismas ventajas, seguridades y garantías que un documento "físico", entre las que se encuentran que el documento esté dotado de autenticidad, gozando de validez y eficacia de documento original siempre que esté garantizada su autenticidad, integridad y conservación. Conforme a ello y una vez precisada la interoperabilidad entre las diversas partes que intervienen en la creación de la cédula profesional electrónica, conviene señalar los elementos de ésta y su relación con dichas características, los cuales se materializan en cuatro apartados: Datos administrativos: número de cédula profesional, Clave Única de Registro de Población, Entidad de Registro, libro, foja, número y tipo. Datos del profesionista: nombre completo, nombre del programa y clave de la carrera respectiva proporcionada por la Dirección General de Profesiones. Los datos precisados en estos dos incisos permiten la identificación del profesionista ya que incluyen, entre otros, la Clave Única de Registro de Población, el nombre completo y la carrera cursada. Datos de la institución educativa: nombre y clave de la institución proporcionada por la Dirección General de Profesiones, fecha y hora de expedición de la cédula profesional, fundamento jurídico para la emisión electrónica, descripción de la cadena original del documento y la firma electrónica avanzada del servidor público facultado. En este apartado se incluyen los datos enviados vía electrónica por la institución académica a la Secretaría de Educación Pública, ya que la Dirección General de Profesiones asigna una clave a las instituciones académicas la cual aparece en la cédula profesional, además de que la Secretaría, mediante el uso de la firma electrónica avanzada del servidor público facultado, da fe de la expedición de la cédula profesional correspondiente. De esta manera, los incisos b) y c) garantizan la autenticidad del documento, es decir la identidad del emisor de la cédula profesional electrónica. Elementos de seguridad, de verificación y autenticidad de la cédula profesional electrónica, tales como sello digital de tiempo y la dirección de la página web donde se podrá verificar el contenido del documento, el cual también es consultable en cualquier aplicación de código QR que se puede descargar de forma gratuita en un teléfono móvil. Todos estos datos dan origen a la cadena original del documento, la cual por su naturaleza algorítmica criptográfica es única, lo que garantiza la integridad del documento, es decir, que el documento no puede ser violado, falsificado o repetido, mediante la conjunción de los datos contenidos en los incisos a), b) y c) y el sello digital temporal. Por tanto, los elementos antes mencionados corroboran la inviolabilidad, autenticidad e integridad de la cédula profesional electrónica, a diferencia del documento físico que su mecanismo de validación es la confianza en la persona que presta el servicio profesional, o, en su defecto, que la fotografía -aunque no esté actualizada- concuerde con los rasgos físicos de quien la ostenta. En ese orden de ideas, se concluye que el hecho de que el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente, establezca ciertos elementos que debe contener la cédula profesional y no se incluya a la fotografía, no lo hace inconstitucional, pues se reitera que la información ahí obtenida se relaciona con el ejercicio de la profesión, por lo que la cadena digital de la cédula electrónica autentifica precisamente los datos del profesionista y de la institución educativa que avala los estudios profesionales realizados, mismos que son verificados por la autoridad competente, sin que sea necesaria la existencia de otros elementos y sin que funja como identificación oficial en nuestro país. Dado que los elementos del estándar oficial citado se contienen a su vez en la cédula profesional expedida a favor del quejoso, es que no asiste razón a la parte quejosa. Las consideraciones anteriores, fueron sostenidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 775/2019, en sesión de diez de junio de dos mil veinte. En esas condiciones, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, respecto del artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y del Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, así como respecto de su acto de aplicación relativo a la expedición de la cédula profesional expedida a la quejosa, en tanto que la inconstitucionalidad de ésta, se hace depender de la de los ordenamientos reclamados. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jade Nallely Vigueras Salazar, por los motivos expresados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firma Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión, asistido de Felipe Camacho Silva, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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