Jacquelinne Ramirez Cantu

Expediente 2386/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2386/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Jacquelinne Ramirez Cantu

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio número 521 proveniente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, adjunto al cual se remite copia del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión ordinaria virtual de diez de mayo de dos mil veintidós por el Pleno del referido Cuerpo Colegiado, en el toca del recurso de queja 440/2021. Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente en razón de que el mismo expresamente no fue solicitado. Hágase del conocimiento de las partes que el referido Cuerpo Colegiado, determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." En el último considerando de la ejecutoria de cuenta, el Tribunal Colegiado de Circuito, expresó y en lo que interesa se transcribe: "[.] En consecuencia, al resultar esencialmente fundados los agravios hechos valer por la recurrente, lo procedente es declarar fundada la queja. En ese sentido, como a la fecha se tiene conocimiento de que del asunto fue returnado al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México en donde se continúa con el conocimiento del asunto, entonces, a efecto de no generar mayores dilaciones comuníquese a dicho juzgado la presente determinación, para el efecto de que provea sobre la admisión de la prueba pericial en materia contable ofrecida por la parte quejosa y dicte las providencias conducentes para su desahogo y se haga del conocimiento esta resolución al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. [.]." Realícense las anotaciones que corresponda. Atento a lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, tomando en consideración que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se suspendió el procedimiento del sumario constitucional en que se actúa, hasta en tanto el Tribunal Colegiado comunicara a este órgano jurisdiccional la resolución que dictara en el recurso de queja interpuesto en autos, circunstancia que ya aconteció; por tanto, se levanta la suspensión del procedimiento decretado y, se ordena continuar con la secuela procesal. Por tanto, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Colegiado oficiante, respecto a la prueba pericial en materia de contabilidad que ofrece la parte quejosa, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite. Al respecto, resultan aplicables las tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "PERICIAL EN EL AMPARO. ES ILEGAL LA DECLARATORIA DE DESERCIÓN DE LA PRUEBA RELATIVA, EN EL CASO DE QUE EL PERITO DEL OFERENTE NO COMPAREZCA A ACEPTAR EL CARGO. Es ilegal la declaratoria de deserción de la prueba pericial anunciada si no se presenta al perito propuesto por el oferente dentro del plazo de 3 días a fin de que manifieste si acepta o no el cargo conferido y, en su caso, rinda la protesta de ley, en atención a que del tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo se advierte que una vez que se tiene por anunciada la prueba pericial, el órgano de control constitucional debe designar al o los peritos que estime necesarios, independientemente de que el oferente de la prueba o las demás partes nombren sus peritos para que se asocien al designado por aquél, ya que si tal prueba no es colegiada, tampoco es imprescindible que en su desahogo intervengan especialistas diversos al nombrado oficiosamente por el Juez Federal. Es decir, basta con que se desahogue mediante el dictamen que rinda el perito seleccionado por el Juez Federal, aun sin la intervención de los que, en su caso, propongan las partes.". "PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO. Conforme al tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, una vez anunciada la prueba pericial, el Juez de Distrito debe designar al o a los peritos que estime necesarios para la práctica de la diligencia, independientemente de que cada parte pueda nombrar a un perito para que se asocie al oficial o rinda su dictamen por separado. De lo anterior se sigue que la naturaleza de la pericial en el amparo no es colegiada, porque el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del perito nombrado por el juzgador. En este tenor, la Ley de Amparo es expresa al señalar la manera como debe rendirse la prueba pericial, que no es la fijada por el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni cabe aplicar dicho código adjetivo a fin de que el Juez esté obligado, necesariamente, a nombrar a un tercer perito cuando exista discordancia entre el dictamen oficial y el de los demás, pues de hacerlo se desconocería la naturaleza de la prueba pericial en amparo, al convertirla en colegiada, siendo incongruente con los principios y bases que rigen este medio de control constitucional.". Para tal efecto, se tiene a la parte quejosa designando como perito de su parte al Licenciado en Contaduría Juan José Arcos Sánchez, para el desahogo de la prueba pericial en materia contable, por tanto, notifíquese a dicho profesionista por conducto de la parte quejosa oferente de dicho medio de convicción en el domicilio que tiene señalado en esta Ciudad Capital, para oír y recibir notificaciones personales, para el efecto de que se le cite a aceptar y protestar el cargo conferido y para que rinda el dictamen correspondiente. En ese sentido, requiérase al perito designado por la parte quejosa, Licenciado en Contaduría Juan José Arcos Sánchez, para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por conducto del representante legal de la sociedad mercantil quejosa, comparezca en el local que ocupa este juzgado debidamente identificado a fin de aceptar y protestar el cargo conferido. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que establece que cuando sea el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes para una comparecencia o para el desahogo de un requerimiento será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", este órgano jurisdiccional no señala fecha y hora en específico ni genera el código QR a fin de que el perito en cita comparezca al local de este Juzgado de Distrito, en atención a que no se tiene certeza de la fecha en que sea notificado en forma personal el profesionista mencionado ni de la agenda del mismo; por tanto, el perito deberá agendar su cita a través de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el objeto de obtener su código QR para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. En caso de que al referido perito, no le sea posible generar el código QR, podrá llamar al teléfono 5551338100 Extensión 6068 para que le generen el código referido. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es limitado el acceso al personal y a los visitantes el acceso a todas las instalaciones de los órganos jurisdiccionales. En razón de lo anterior, con el objeto de respetar el derecho de las partes en el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, que reconoce la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación; finalmente, el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para emitir normatividad y los criterios para modernizar sus estructuras, sistemas y procedimientos administrativos, tanto internos como de servicios al público. Considerando que la impartición de justicia es el principal servicio público que presta el Poder Judicial de la Federación. Así, es indiscutible que esta facultad normativa modernizadora debe incluir la tramitación de expedientes y el desahogo de diligencias judiciales. Por tanto, tal como lo reconoce el Consejo de la Judicatura Federal, el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Así, con el fin de impartir una justicia pronta y expedita, los órganos jurisdiccionales pueden emplear en sus audiencias y sesiones colegiadas el método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia", para garantizar los principios relacionados con el aseguramiento de la presencia de las y los jueces, o magistrados y todos los intervinientes en las salas de audiencia (presencial o virtual), y hacer frente a cualquier contingencia, ya sea por situación de urgencia, emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, a cualquiera otra situación que a consideración del titular del órgano jurisdiccional impida o dificulte el desahogo presencial de las audiencias que establezca la Ley, o cuando se procure mejorar el acceso a la justicia para las personas justiciables. En consecuencia, en caso de que el perito no pueda comparecer físicamente en el local de este órgano jurisdiccional, se autoriza la comparecencia vía electrónica en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 22/2020 así como por el Acuerdo General 12/2020 y su Anexo Técnico emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Y para tal efecto se le requiere para que comparezca vía remota mediante videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex"; lo anterior para aceptar y protestar el cargo conferido, por lo que se solicita contar con identificación oficial que pueda ser visible para exhibirla en ese momento. Cabe, precisar que en atención a lo dispuesto por los citados acuerdos 22/2020 y 12/2020 y su Anexo Técnico emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se remitirá la invitación al correo electrónico que al efecto señale; en consecuencia con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, requiérase al perito de la parte quejosa, Licenciado en Contaduría **********, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, proporcione una cuenta de correo electrónico, ya sea por escrito o vía electrónica al correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdoaux1cto@correo.cjf.gb.mx. En el caso de ser afirmativo y cuando realice lo anterior, se le remitirá la invitación al correo electrónico proporcionado, para que asista vía remota a la videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex", en términos del artículo 25 en relación con el diverso 28, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Una vez enviada la invitación, ésta tendrá el carácter de citatorio y será remitido desde el correo institucional antonia.villanueva.ayala@correo.cjf.gob.mx, de la Licenciada Antonia Villanueva Ayala, Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Juzgado de Distrito. Además, de conformidad con el artículo 17, fracción I, del Acuerdo General 22/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la Contingencia por el virus COVID-19, las partes que intervengan en la diligencia, deberán estar disponibles quince minutos antes de la hora programada, a fin de preparar a los intervinientes para la ratificación de mérito y la implementación de la logística operacional. Se hace de su conocimiento que está a su disposición el correo institucional olga.casillas.gutiérrez@correo.cjf.gob.mx para atender cualquier asunto relacionado con la diligencia señalada en párrafos precedentes. Bajo el apercibimiento que de no proporcionar la cuenta de correo electrónico solicitada, o en el caso de no comparecer físicamente al local de este órgano jurisdiccional o vía videoconferencia para los efectos indicados dentro de los plazos indicados se seguirá con la secuela procesal y al momento de resolver el juicio de amparo se tomará únicamente en consideración el dictamen que en su caso emita el perito oficial y/o el que designe su contraparte, lo anterior para los efectos legales conducentes. En otro orden, requiérase al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en cual surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el nombre de un profesional que pueda fungir como perito oficial en materia de contabilidad. Se apercibe al Coordinador en mención que de omitir nombrar perito oficial dentro del término establecido u omitir manifestar el impedimento material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al que tiene el salario mínimo general vigente diario para todo el país; lo anterior, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por otra parte, en términos del último párrafo del referido artículo 119 de la Ley de Amparo córrase traslado con el cuestionario exhibido por la oferente, y hágase saber a las partes restantes que se les concede un plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que adicionen el cuestionario con lo que convenga a sus intereses, en la inteligencia que de ser omisas al respecto, se les tendrá por conformes con las preguntas contenidas en el cuestionario presentado con el ofrecimiento de la prueba. De igual manera, de conformidad con el diverso 120 de la ley de la materia, se hace del conocimiento de todas las partes que cuentan con el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para designar perito de su parte para el desahogo de la prueba, el cual podrá asociarse con aquél que se designe como oficial o rendir su dictamen por separado, bajo la premisa que de omitir tal designación, se les tendrá por conformes con el dictamen que emita el perito oficial de este juzgado. En otro orden, visto el estado procesal que guardan los presentes actuaciones de los que se advierte que en proveídos dictados el tres de enero y diecisiete de febrero, ambos de dos mil veintidós, se reservó acordar lo conducente respecto de los escritos en los que en el primero de ellos la parte quejosa ofrece las pruebas que en el mismo se precisan y en el segundo de dichos ocursos también la parte quejosa promovió ampliación de demanda de amparo, por lo que, respecto del primero, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y exhibidas las pruebas documentales a que se hace referencia en dicho ocurso las que anexo al mismo, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Asimismo, visto el diverso escrito presentado juicio en línea por *********, en su carácter de representante de la sociedad mercantil quejosa *************, mediante el cual manifiesta su voluntad de ampliar la demanda de amparo, con respecto de las autoridades responsables y actos reclamados que se les atribuyen y que se precisan en dicho ocurso; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite la ampliación de la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En el caso, no se solicita la suspensión provisional en relación con los actos reclamados precisados en el escrito de ampliación de demanda, por ello, no ha lugar a proveer lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS En términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su respectivo informe justificado en relación con el escrito de ampliación de la demanda de amparo, las cuales deberán hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas, por tal motivo remítaseles copia simple del escrito de ampliación de demanda para que estén en posibilidad de rendir su respectivo informe. De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron sus labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a las citadas autoridades que en caso de que omitan rendir su informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE ADSCRITO Asimismo, ya que en el presente asunto se reclaman normas generales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquense vía oficio las determinaciones de este expediente al Fiscal Ejecutivo Asistente de la adscripción. SIN TERCERO INTERESADO La parte quejosa manifestó que no existe tercero interesado y este juzgador no advierte la existencia de alguno en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se fijan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese; en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Fiscal Ejecutivo Asistente (antes Agente del Ministerio Público de la Federación).

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