Jacqueline Velázquez Olivas

Expediente 1473/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1473/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Jacqueline Velázquez Olivas
  • Zenaida Martínez Macedonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintinueve de noviembre del año en curso, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Por otra parte, asimismo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el once de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Víctor Hugo López Ramírez, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita se habilite en la consulta del expediente electrónico la visualización del acuerdo de seis de diciembre del presente año. En atención a lo anterior, se instruye al actuario judicial de la adscripción, a fin de que realice las gestiones necesarias para que la parte procesal en cita, pueda consultar el acuerdo en mención, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario "vhlopez7". Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente el auto de veintinueve de noviembre del presente año, a la parte quejosa que ahí se indica, por los motivos expuestos en la razón de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte procesal, el auto de referencia y subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional; ello hasta en tanto, designe domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos o bien, dentro de la zona conurbada. Notifíquese y cúmplase.**************** Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios firmados por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, por medio de los cuales, en el primero, rinde su informe justificado, sin embargo, no ha lugar a emitir mayor acuerdo al respecto dado que dicho informe fue recibido el veintidós de los corrientes. Y en el segundo, en atención al oficio 25698/2021, remite copia certificada del acta administrativa número 148/2021, de la que se advierte que las quejosas Jaqueline Velázquez Olivas, Zenaida Martínez Macedonio y María Teresa Espinoza Hernández, egresaron de dicho centro carcelario el doce de noviembre del presente año, al aprobarse la suspensión condicional del proceso por un plazo de nueve meses. En mérito de lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que las quejosas reclamaron en esta instancia constitucional la privación ilegal de la libertad al condicionarla a un pago económico e incomunicación de las directas quejosas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que por oficio UGJ8/45014/2021, la Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial número ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que en audiencia de once de noviembre del presente año, en la carpeta judicial 008/1005/2021, se aprobó a favor de las quejosas Jaqueline Velázquez Olivas, Zenaida Martínez Macedonio y María Teresa Espinoza Hernández, una forma de solución alterna del procedimiento, consistente en la suspensión condicional del proceso, por un plazo nueve meses, por lo que, se ordenó la inmediata libertad de las quejosas, concluyendo el estado de custodia que sobre las mismas se mantenía. Asimismo, en cumplimiento a lo anterior, del acta administrativa número 148/2021, se desprende que las quejosas Jaqueline Velázquez Olivas, Zenaida Martínez Macedonio y María Teresa Espinoza Hernández, EGRESARON del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, el doce de noviembre del presente año Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional, aún se encontraban recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", el doce de noviembre del año en curso, las quejosas egresaron de dicho centro penitenciario en el que guardaban reclusión, por lo cual dejó de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egreso de las impetrantes de amparo, se destruyó el objeto de la petición de las solicitantes del amparo, por ende, en caso de concluirse que el acto reclamado que se combate es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a las quejosas en el goce del derecho fundamental que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues las mismas han egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsisten los actos reclamados la concesión de amparo que pudieran alcanzar las quejosas no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que las quejosas egresaron del centro penitenciario en donde se encontraban recluidas al haber obtenido su libertad, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Cobra aplicación, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios firmados por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, por medio de los cuales, en el primero, rinde su informe justificado, sin embargo, no ha lugar a emitir mayor acuerdo al respecto dado que dicho informe fue recibido el veintidós de los corrientes. Y en el segundo, en atención al oficio 25698/2021, remite copia certificada del acta administrativa número 148/2021, de la que se advierte que las quejosas Jaqueline Velázquez Olivas, Zenaida Martínez Macedonio y María Teresa Espinoza Hernández, egresaron de dicho centro carcelario el doce de noviembre del presente año, al aprobarse la suspensión condicional del proceso por un plazo de nueve meses. En mérito de lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que las quejosas reclamaron en esta instancia constitucional la privación ilegal de la libertad al condicionarla a un pago económico e incomunicación de las directas quejosas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que por oficio UGJ8/45014/2021, la Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial número ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que en audiencia de once de noviembre del presente año, en la carpeta judicial 008/1005/2021, se aprobó a favor de las quejosas Jaqueline Velázquez Olivas, Zenaida Martínez Macedonio y María Teresa Espinoza Hernández, una forma de solución alterna del procedimiento, consistente en la suspensión condicional del proceso, por un plazo nueve meses, por lo que, se ordenó la inmediata libertad de las quejosas, concluyendo el estado de custodia que sobre las mismas se mantenía. Asimismo, en cumplimiento a lo anterior, del acta administrativa número 148/2021, se desprende que las quejosas Jaqueline Velázquez Olivas, Zenaida Martínez Macedonio y María Teresa Espinoza Hernández, EGRESARON del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, el doce de noviembre del presente año Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional, aún se encontraban recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", el doce de noviembre del año en curso, las quejosas egresaron de dicho centro penitenciario en el que guardaban reclusión, por lo cual dejó de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egreso de las impetrantes de amparo, se destruyó el objeto de la petición de las solicitantes del amparo, por ende, en caso de concluirse que el acto reclamado que se combate es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a las quejosas en el goce del derecho fundamental que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues las mismas han egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsisten los actos reclamados la concesión de amparo que pudieran alcanzar las quejosas no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que las quejosas egresaron del centro penitenciario en donde se encontraban recluidas al haber obtenido su libertad, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Cobra aplicación, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano