Jacqueline Sierra Neri

Expediente 32/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
32/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Jacqueline Sierra Neri

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal que guarda. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto de once de febrero de dos mil veintidós, por el sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Firmeza del auto. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de la encargada de despacho de la presidencia de la misma, al que adjuntó diversas constancias que guardan relación con el acto reclamado; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal. Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable. 1. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados acorde con la lectura íntegra de la demanda. a. Omisión de dictar auto de radicación en relación a la demanda promovida por la parte quejosa, así como de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Información y documentales aportadas por la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable adjuntas a su informe justificado, que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que en veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, radicó y admitió la demanda de laboral promovida por la parte quejosa y remitida, a su vez, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, incluso, posteriormente, en catorce de enero de dos mil veintidós dictó un acuerdo de regularización para establecer fecha para la celebración de la audiencia de ley, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa por lo que hace a la omisión de radicar su demanda laboral, nunca existió, ya que, al momento de la interposición de la demanda de amparo, no existía la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa por parte de la junta responsable, determinación que, incluso, le fue notificada de manera personal en ocho de febrero de dos mil veintidós; con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por no existir materia de estudio que originó el juicio de garantías y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Apoya a lo anterior, la diversa tesis IV.3o.72K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Tomo XIII, página 254, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, la cual establece literalmente lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Aunado a lo anterior, si la parte accionante de amparo, de igual manera, reclamó la omisión señalar fecha la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución dentro del procedimiento laboral de origen, es dable concluir que la molestia en su esfera jurídica ha cesado, pues en catorce de enero de la presente anualidad, la responsable regularizó el procedimiento laboral y estableció data y hora para tal efecto, determinación que fue notificada a la parte quejosa en treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Justificación. Lo anterior es así, pues mediante demanda de amparo presentada el cinco de enero de la presente anualidad y recibida por esta sede al día inmediato siguiente (seis de enero del mismo año), **************, por propio derecho, señaló como actos reclamados la omisión de dictar auto de radicación en relación a la demanda promovida por la parte quejosa, así como de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Sin embargo, del informe de ley y memorial de cuenta, se advierte que en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, la responsable emitió el acuerdo correspondiente para radicar y admitir la demanda laboral, determinación que le fue notificada a la parte quejosa en ocho de febrero de dos mil veintidós, esto, antes de la presentación de la demanda. De igual manera, que el catorce de enero de la presente anualidad, la responsable regularizó el procedimiento laboral y señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, determinación que fue notificada a la parte quejosa en treinta y uno de enero de dos mil veintidós. En tal sentido, es dable concluir que a la fecha de presentación de la demanda no existía la omisión que reclama la parte quejosa por lo que hace a pronunciarse sobre su demanda (radicación y admisión) y dejó de existir, posteriormente, en torno a la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley, la cual, no fue señalada en primera instancia como se advierte de las constancias aportadas, pues, únicamente, se prefijó una audiencia preconciliatoria que no se llevó a cabo; aunado a que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Conclusión. En las condiciones anotadas con fundamento en los artículos 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, por una parte, no existían y, por otra, han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintitrés de febrero dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de quince días de conformidad con los ordinales 116 y 117 de la Ley de la Materia para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, rinda su informe justificado sin que a la fecha obre el mismo en autos. Diferimiento. En ese sentido, para dar oportunidad a lo anterior y no violar las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada y, en su lugar, se fijan las once horas con veinte minutos del veintitrés de febrero dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de enero de dos mil veintidós. Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este recinto constitucional solicita se autorice el acceso al expediente electrónico. Como esta ordenado en los autos del juicio de amparo 115/2021, intégrese a los autos la copia simple del memorial MPF/85/2021 firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este recinto constitucional, mediante el cual solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico de diversos juicios de amparo, entre ellos, el sumario al rubro indicado. Autorización consulta del expediente electrónico. Al respecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "**" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto; lo anterior, ya que de una búsqueda en el "reporte de autorizados para consultar Expediente Electrónico" es ese usuario el que se encuentra a nombre del ocursante y vinculado al correo electrónico que proporciona, no así el señalado como: "**". Instrucciones al Oficial Judicial "A" encargado del SISE. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que habilite la consulta del expediente electrónico al usuario precisado en el párrafo anterior. Notifíquese.

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