Jacqueline Rodriguez Castañeda

Expediente 1218/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1218/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Jacqueline Rodriguez Castañeda y Otros.
  • Jacqueline Rodriguez Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se declara que el acuerdo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. Por último, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, se previno a la parte promovente para que exhibiera documento idóneo con el que acreditar su personalidad como representante legal de las quejosas, sin que a la fecha en que se actué haya cumplimiento a lo anterior. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido asunto, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente al promovente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, se previno a la parte promovente para que exhibiera documento idóneo con el que acreditar su personalidad como representante legal de las quejosas, sin que a la fecha en que se actué haya cumplimiento a lo anterior. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido asunto, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente al promovente. notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal, el auto veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, al quejoso. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el primero de los escritos presentado por ***, quien promovió la demanda de amparo ostentándose representante legal de ***, mediante el cual solicita que se registre su cédula profesional, de la que acompaña copia fotostática en dos tantos. Al respecto, dígasele que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 263 y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, los requisitos para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, son los siguientes: "Artículo 263. Los requisitos para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, son los siguientes: I. Nombre (s) y apellido (s) del abogado postulante; II. Domicilio particular o laboral; III. Comprobante de domicilio; IV. Credencial de elector o identificación oficial vigente con fotografía; V. Número telefónico y correo electrónico; VI. Nombre de la institución que expidió el título profesional, número de registro y fecha de expedición; VII. Número y fecha de expedición de la cédula profesional; y VIII. Nivel y grado académico registrado ante la Secretaría de Educación Pública, o bien ante la institución análoga de las entidades federativas, con efectos de patente en alguna rama del Derecho en la que desempeña su actividad profesional." "Artículo 264. Para el registro de la información especificada en el artículo anterior, los órganos jurisdiccionales realizarán el siguiente procedimiento: I. El abogado postulante deberá solicitar por escrito y bajo protesta de decir verdad la inscripción de su cédula profesional, en la que asiente los datos requeridos en el artículo anterior; II. Con la solicitud presentará el original de la cédula profesional del abogado postulante, así como dos copias simples, tanto de la cédula como de los documentos señalados en las fracciones III y IV del artículo anterior; III. EI servidor público para llevar a cabo el registro deberá verificar los datos contenidos en la cédula profesional en la página web correspondiente de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; o bien de la institución análoga de las entidades federativas; y, en caso de que los datos de la cédula sean coincidentes, procederá a ingresar al sistema los datos proporcionados por el abogado postulante en la solicitud y a registrar la cédula en el sistema computarizado; el servidor público que realice el registro debe asentar su nombre, cargo y órgano jurisdiccional de adscripción; IV. Se hará entrega del original de la cédula, de la identificación exhibida y del comprobante de domicilio; del acuse de recibo generado por el sistema al interesado, quien a su vez firmará de recibido y de conformidad, después de que el servidor público que realizó el registro certifique las copias simples exhibidas; V. El órgano jurisdiccional en donde se lleve a cabo el registro conservará para su resguardo un tanto de las copias certificadas y de la solicitud correspondiente, y remitirá el otro tanto a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación; VI. En caso de que los datos de la cédula profesional que exhiba el abogado postulante no sean coincidentes con los contenidos en la página web de la Dirección General de Profesiones, o en la correspondiente a su similar de las entidades federativas, el servidor público deberá dar cuenta al titular del órgano jurisdiccional de su adscripción, levantará un acta en la que haga constar esta situación y certificará las copias que le fueron exhibidas, haciendo la devolución de los documentos al interesado. Un tanto de las copias certificadas se enviarán a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación para que lleve a cabo ante la Dirección General mencionada o bien en la institución análoga de las entidades federativas, la validación correspondiente y de resultar que no existen antecedentes en sus registros de la cédula respectiva, la Secretaría Ejecutiva le enviara la copia certificada de los documentos para los efectos que estime pertinentes; VII. De no ser posible el registro del litigante por causas no imputables al servidor público encargado de realizar su inscripción, ya sea debido a la imposibilidad de acceder a la base de datos de la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, o de sus homólogas en las entidades federativas cuando cuenten con ellas, para verificar la información de la cédula profesional proporcionada por el solicitante; o, en caso de que no exista un sistema de consulta pública en internet perteneciente a la dependencia o unidad administrativa que hubiere expedido la cédula con efectos de patente sometida a registro, el servidor público notificará tal situación al litigante que lo haya solicitado e inmediatamente, remitirá a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, la documentación en que consten tales hechos para que, dentro del marco de sus atribuciones, ésta lleve a cabo la verificación respectiva haciendo uso de mecanismos alternos. Hecha la verificación de validez, la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación notificará el resultado obtenido al órgano jurisdiccional que le hubiere remitido la documentación, para que, atendiendo al mismo, efectúe el registro del litigante; y VIII. Lo anterior en ningún sentido menoscaba el derecho de los litigantes para ser autorizados en los términos de las leyes aplicables." En tal virtud, deberá ajustarse a lo así previsto para estar en posibilidad de lograr lo que solicita; sin que esté por demás señalar que las disposiciones del acuerdo general 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que cita, tienen por objeto establecer el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, mientras que para llevar a cabo el registro de la información en dicho sistema, debe cumplirse los requerimientos aludidos en los numerales transcritos. Asimismo, glósese el diverso ocurso que presenta el citado *** mediante el cual, por un lado, señala que el documento idóneo para acreditar la personalidad con la que acudió al juicio de amparo, es la cédula de notificación que ajuntó a la demanda, pues a su parecer, con la misma se acredita la representación legal con la que se ostentó; en ese sentido señala que el artículo 6 de la ley de la materia establece la posibilidad de que el quejoso promueve el juicio de amparo por sí, por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la misma. En atención a su contenido, dígase a *** que, hasta este momento, no está demostrado que el caso de estudio se ajuste a alguno de los supuestos a los que alude el numeral que refiere, como a continuación se explica. Lo anterior es así, porque de la interpretación de los artículos 1o. y 276, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la calidad de representante o apoderado de alguna de las partes se acredita en el juicio, generalmente, con el documento público o privado donde conste fehacientemente tal carácter, salvo que la aludida personalidad se desprenda de alguna ley. Esto es, resulta necesario que quien comparezca a juicio ostentándose representante de otra persona, exhiba el poder general para pleitos y cobranzas en el que se establezcan las facultades para ejercer acciones en nombre y representación del mandante, o bien, algún otro documento en el que se consigne que aquél ejerce la representación legal de dicha persona, conforme lo dispuesto en el Código Civil Federal. De ahí que, como se apuntó en auto de veintitrés de noviembre pasado, la cédula de notificación atinente a la interlocutoria de cuatro de noviembre del año en curso, emitida en el toca 308/2020, resulta inapta para justificar la personalidad del promovente en el presente juicio de amparo, pues de la misma únicamente se desprende que tiene reconocido el carácter de abogado autorizado de ***, en su calidad de albacea testamentaria a bienes de ***. Lo anterior encuentra justificación, en el hecho de que la demanda de amparo exige que la petición provenga directamente de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus derechos fundamentales, conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y acorde con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución, así como de los artículos 5 fracción I, y 6 de la Ley de Amparo; es decir, que la demanda de amparo debe contar con la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal o apoderado, la que no puede sustituirse por la de sus autorizados designados en el juicio de origen, pues ellos no son los titulares del derecho legítimamente tutelado cuya salvaguarda se solicita a través del amparo. En consecuencia, el juicio de amparo indirecto que se promueva por conducto del abogado autorizado en un juicio del orden civil, es improcedente, porque la representación prevista en el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa, sólo autoriza a actuar dentro del juicio natural y no así en el juicio de amparo, que reviste la característica de ser una acción autónoma; consiguientemente, frente a lo que sostiene el promovente, el hecho de que tenga el carácter de autorizado en términos de lo dispuesto por dicho numeral, en modo alguno actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Amparo. Además, la última hipótesis a que alude el numeral 6 de la Ley de Amparo, esto es, que la demanda puede promoverse por cualquier persona, se refiere a los supuestos en que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo; pues así lo dispone expresamente el numeral 15 de la ley de la materia. En el caso concreto, se controvierte una determinación emitida en un procedimiento civil, por lo que resulta inconcuso que tampoco se actualiza el supuesto en cuestión. Por tal motivo, subsiste el apercibimiento decretado mediante proveído de veintitrés de noviembre del año en curso; por lo que desde este momento se interrumpe el plazo de cinco días que se concedió al promovente en el citado auto, con el fin de que cumpla debidamente la prevención realizada; sin que esté por demás precisar que el referido plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se le practique. Finalmente, en atención a que *** indica que ***, acude a solicitar la protección de la justicia federal por su propio derecho, y como albacea de la sucesión testamentaria de la sucesión testamentaria ***; por tanto, resulta improcedente proveer de conformidad la diversa solicitud que formula, en el sentido de que se le devuelva la cédula de notificación que exhibió junto con la demanda de amparo, por convenir a los intereses de la sucesión testamentaria a bienes de la señora Jaqueline Rodríguez Castañeda, pues en caso de que cumpla con la prevención formulada en el auto de radicación, con dicho documento se justificará la representación de la citada Rodríguez Castañeda, como albacea de la sucesión testamentaria, conforme con lo dispuesto por el numeral 11 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que en la cédula de notificación se aluda a un número de toca diverso al que indica el promovente, pues se estima que se trata de un error de dedo al redactar la promoción que se provee. Notifíquese; personalmente al promovente.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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