Jacqueline Margarita Hidalgo González
Expediente 1061/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jacqueline Margarita Hidalgo González
Actuaciones
- Principal
M-I-Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Jacqueline Margarita Hidalgo González, por derecho propio y en representación de la menor Camila Estrella Ortega Hidalgo, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Por recibido el oficio 20523, signado por el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, al que adjunta copia certificada de la demanda de amparo promovida por Jacqueline Margarita Hidalgo González, por derecho propio y en representación de la menor Camila Estrella Ortega Hidalgo, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, en razón de que por determinación de dieciocho de noviembre del año en curso, separó los autos para conocer de los diversos actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 81 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 397 y 429, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales y 21 de la Ley e la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como, las omisiones relativas a la investigación de la denuncia que presentó el veintinueve y treinta de agosto de dos mil veinte y la omisión de recibir escrito dirigido al Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, de esta entidad federativa. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1061/2020-I, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Del análisis de la demanda, este juzgador advierte que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley en la materia, en relación al numeral 6, de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, los citados ordinales en la parte conducente, establecen lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley». «Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita». El artículo 6 de la ley en la materia, transcrito en líneas que anteceden, establece que el juicio constitucional siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, lo que implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, por lo tanto, el interés del impetrante de amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le causa molestias en su esfera jurídica. En ese sentido, del análisis de la copia certificada de la demanda de amparo promovida en esta instancia, se obtiene que ésta carece de firma autógrafa de la promovente Jacqueline Margarita Hidalgo González, por derecho propio y en representación de la menor Camila Estrella Ortega Hidalgo, en razón que el ocurso que obra para tal efecto, mismo que obra en copia certificada y remitido por la autoridad federal oficiante, no obra su firma autógrafa o, signo gráfico que evidencie tal circunstancia, lo que basta con imponerse de las constancias remitidas para tal efecto. Certificación que al estar hecha por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, adquiere la demanda el carácter de auténtica que corresponde a su original, en términos de los artículos 64 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de firma autógrafa tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externado su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 314, Tomo X, Octubre de 1992, el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: «DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA». De igual forma, cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA». Así como, en lo conducente la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 96, Volumen 175-180, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: «FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA». En tales condiciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley en la materia, en relación al numeral 6, de la ley invocada, por tanto, se desecha de plano la demanda que se trata, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Gerardo Badillo Delgadillo, en razón de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el sistema en mención, gozarán de las demás facultades a que se refiere el ordinal 12 de la ley en la materia. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en el presente juicio en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo.
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