Jacqueline Machorro Ortega
Expediente 323/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jacqueline Machorro Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede de la cual se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el 2 precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese el original del incidente de suspensión, continuando con él folio del principal, y archívese el asunto como totalmente concluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de las circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, de dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil veinte, signadas electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales se advierte, entre otras cosas, que se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, II, y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, esto es, que quedan suspendidos los plazos y términos procesales del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de aquellos que se tramiten bajo la modalidad de "juicio en línea", así como de aquellos escritos iniciales que se presenten físicamente y que se califiquen como "urgentes", o bien, que ya radicados tengan tal carácter. Por tanto, tomando en consideración que la quejosa proporcionó un usuario para el efecto de que se practiquen las notificaciones vía electrónica, así como para consultar el expediente electrónico de este sumario constitucional, lo cual implica que reúne las características para la tramitación del "juicio en línea"; en consecuencia, se ordena continuar con la tramitación del expediente en que se actúa bajo la modalidad de "juicio en línea". Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el cuatro de diciembre del dos mil veinte se dictó sentencia definitiva en el presente asunto; no obstante, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que el actuario encargado de la lista de acuerdos correspondiente publicó dicho fallo como: "se celebra la audiencia constitucional, se manda a proyecto de sentencia", siendo lo correcto: "Único.- Se SOBRESEE en el presente asunto". En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se regulariza el procedimiento para el sólo efecto de que el actuario adscrito publique de manera correcta la sentencia, así como practique la notificación electrónica de la misma a la quejosa Jacqueline Machorro Ortega, y a la agente del Ministerio Público adscrita, por medio de la lista electrónica de acuerdos que se publica en internet, así como en el espacio de fácil acceso que para ello designe la administración de este edificio, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La citada sentencia emitida el cuatro de diciembre del dos mil veinte, es del tenor siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 323/2020-IV, promovido por Jacqueline Machorro Ortega, propio derecho, ante la presencia de Giovanni Rodríguez Martínez, Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en términos del oficio CCJ/ST/1259/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del secretario Guillermo Emmanuel Sánchez Islas, quien autoriza y da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia de las partes.. Abierta la audiencia, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: escrito de demanda, ocurso aclaratorio; auto admisorio de veinticinco de junio de dos mil veinte (fojas 57 a 60), sus constancias de notificación; y, el informe justificado que obra agregados en autos. El secretario CERTIFICA: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar, y que no existe persona alguna que le recaiga el carácter de tercero interesado. A LO ANTERIOR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ ACUERDA: se tiene por hecha la relación que antecede, así como por rendido el informe de ley que obra agregado en autos, mismo que será tomado en consideración al momento de resolver el juicio que nos ocupa; asimismo, respecto de la constancia secretarial, tómese en consideración en el momento procesal oportuno. PERÍODO DE PRUEBAS. Continuando con el desarrollo de la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto éste, en el que se hace constar que la Directora General de Desarrollo Territorial del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ofertó las siguientes pruebas: 1. Copia certificada de todo lo actuado en el expediente administrativo DGDT/EJ/PA/379/2019; 2. La instrumental de actuaciones; y, 3. La presuncional legal y humana; EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ ACUERDA: con fundamento en los artículos 119, párrafo segundo y 123 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza; sin más pruebas pendientes por desahogar, se cierra este período. PERÍODO DE ALEGATOS. Abierto el período, se hace constar que fueron expresados por la parte quejosa, mediante escrito registrado con el número de correspondencia interna 5406, manifestaciones que se tienen por vertidas en términos del artículo 124 de la multicitada ley; asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no formuló pedimento en el presente asunto. No habiendo manifestaciones que relacionar se cierra éste. Sin diligencias pendientes por practicar ni promociones por acordar, el secretario en funciones de juez dio por concluida la presente audiencia constitucional de la que se levanta el acta para constancia. A continuación procede a dictar la sentencia correspondiente en los siguientes términos: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 323/2020-IV, promovido por Jacqueline Machorro Ortega, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado vía electrónica el dieciocho de junio de dos mil veinte, el cual fue turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ese mismo día a este juzgado de Distrito, Jacqueline Machorro Ortega, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguientes: III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Del Director General de Desarrollo Territorial, del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO. Del Director General de Desarrollo Territorial, del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se reclama la inobservancia del contenido del artículo 135, párrafo tercero del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por estimarlo violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como antecedentes de los mismos, relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil veinte (fojas 47 a 51), este juzgado federal radicó la demanda con el número 323/2020-IV; y previno a la promovente para que aclara el acto reclamado. A lo que mediante escrito registrado con el número de folio 4683, la quejosa precisó lo siguiente: El acto reclamado, consisten en la inobservancia del contenido del artículo 135, párrafo tercero y cuarto del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el cual contempla la figura de la afirmativa ficta, que se reclama del Director General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. [.] El acto reclamado NO es la omisión de dar contestación a los escritos de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y dieciocho de febrero de dos mil veinte, presentados por la hoy quejosa ante la responsable. Luego, por auto de veinticinco de junio de dos mil veinte (fojas 57 a 60) se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El suscrito juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que en el presente asunto se reclama un acto omisivo, que por su naturaleza carecen de ejecución material, por ende, es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Lo anterior, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio de amparo es el siguiente: La inobservancia de aplicar el artículo 135, párrafo tercero y cuarto del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, dentro del procedimiento administrativo DGDT/EJ/PA/379/2019, el cual contempla la figura de la afirmativa ficta. En tales condiciones, ese será el acto que constituya la materia de análisis de este juicio. En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la nueva ley de la materia, se cita la tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se le atribuye a la Directora General de Desarrollo Territorial del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ya si bien al momento de aclarar su informe justificado (oficio con folio 11244), no acepto ni negó la existencia del mismo; sin embargo, de las constancias que adjuntó se advierte que ante ella se tramitó el expediente administrativo DGDT/EJ/PA/379/2019, en el cual mediante oficio DGDT/EJ/1283/2020, de diecinueve de enero de dos mil veinte se resolvió improcedente la actualización de la figura de la afirmativa ficta, así como el veintitrés de septiembre de este mis año se dictó resolución. Al caso se invoca la jurisprudencia con registro doscientos once mil cuatro, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la octava época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, cuyo epígrafe y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que se encuentra debidamente corroborado con las constancias remitidas por la responsable, consistente en copias certificadas del expediente administrativo DGDT/EJ/PA/379/2019; a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causas de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que se adviertan actualizadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, tomo VIII, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de garantías debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no, es decir, la actualización de una causal, provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En ese sentido, al realizar el análisis del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio se advierte que, éstos fueron presentados vía electrónica a través del portal de juicios en línea, y de los cuales se advierte que carecen de la firma electrónica de la promovente Jacqueline Machorro Ortega; es decir, no existe la voluntad para su presentación, por lo que procede el sobreseimiento, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 3, ambos de la Ley de Amparo. En ese contexto, es importante destacar que, en términos de lo establecido en los artículos los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de instancia de parte agraviada que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona -física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución Federal o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; lo cierto es, que la Ley de Amparo, en sus artículos 10 y 11, autoriza que la persona afectada pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y, cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Dichas figuras jurídicas entendidas como la calidad procesal para actuar en un juicio a nombre de otro, constituyen la expresión de un acto jurídico regular que exige la satisfacción de ciertos requisitos en los que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los formales que deba contener para su validez. Todo lo anterior resulta congruente con el mandato constitucional que instaura el principio de instancia de parte agraviada, conforme al que, como ya se vio, se veda la posibilidad de que una persona distinta de la que es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo a quien afecte la norma general o el acto reclamado, o bien, de su representante o apoderado legal, pueda promover amparo (salvo las excepciones previstas en la ley); lo que justifica que sean sólo ellos los que accionen el juicio, en tanto a éstos es a quienes les corresponde exteriorizar la voluntad para someter a control constitucional de los órganos jurisdiccionales de amparo un acto o norma que les cause perjuicio, así como el señalar el alcance de su pretensión. De ahí que no cualquier persona pueda accionar el juicio de amparo, pues es menester que tratándose del agraviado, sea éste el que directamente haya sufrido el menoscabo en sus derechos por la actuación de alguna autoridad, o bien, que quien legalmente lo represente, acredite fehacientemente dicha personalidad, ya sea en el juicio de amparo o en el procedimiento de origen. Ahora, en cuanto a la posibilidad de designar autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, el artículo 12 de la ley de la materia regula dicha designación. En su primera parte, permite que el agraviado o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien puede interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, debiendo acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado en las materias civil, mercantil, laboral (tratándose del patrón), administrativa y penal, tal como lo mandata la segunda parte de dicho dispositivo legal. El segundo párrafo de la referida norma, autoriza a las partes a designar solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las facultades ya referidas. Esto es, la autorización procesal prevista en el numeral 12 de la Ley de Amparo, no constituye una representación, sino sólo una autorización, la cual puede acompañarse de facultades amplias o limitadas para intervenir en el juicio en el que se le autoriza y cuyas facultades procesales se circunscriben al trámite y resolución de dicho proceso; es decir, únicamente se le confieren facultades para la realización de actos procesales tendentes a lograr una adecuada defensa en el proceso judicial correspondiente. Un claro ejemplo de ello, es la circunstancia de que los autorizados no están facultados para formular una ampliación de la demanda de amparo, ni tampoco para desahogar alguna prevención en la cual deban manifestar hechos o antecedentes del acto que únicamente le consten de forma directa al titular de la acción de amparo. Lo cual ha sido así sustentado tanto por la Primera Sala en las jurisprudencias 1a./J. 37/2011 y 1a./J. 50/2014 (10a.), de rubro y título y subtítulo siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA", AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA"; como por la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Ello, se dijo, porque su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, por lo que si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su ampliación también debe correr a cargo del propio quejoso o, en su caso, de su representante legal y no pueden ser sustituidos por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, en tanto sus facultades se circunscriben al trámite y resolución del proceso en que se le autoriza, pero no cuentan con la representación de los intereses de su autorizante para cuestiones ajenas que deban provenir directamente de la voluntad del interesado. Asimismo, en cuanto al desahogo de alguna prevención en la que se deba manifestar -bajo protesta de decir verdad- hechos o antecedentes del acto que únicamente le consten de forma directa al titular de la acción de amparo, el autorizado tiene vedada la posibilidad de desahogar dicho requerimiento, pues ello se traducía en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación que les fue conferida en el escrito de demanda. En ese sentido y conforme a lo anterior, si bien el autorizado por la quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, puede ...realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, de donde se infiere que dicha autorización implica una diversidad importante de facultades; lo cierto es que, conforme al principio de instancia de parte agraviada consagrado constitucionalmente en su artículo 107, ello no puede llevar a la conclusión de que el referido autorizado puede promover a nombre de su autorizante, el escrito inicial de demanda. Por tanto, si los autorizados no cuentan con facultades para ampliar la demanda o desahogar alguna de las irregularidades que contenga el escrito inicial -como la ya citada-, entonces, muchos menos podrían accionar el juicio de amparo a nombre de su autorizante, en razón de que dicho ejercicio exige que la demanda sea suscrita directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o, en su caso, de su representante legal, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en la ley de la materia. Por otro lado, en el artículo 3 de la Ley de Amparo se prevé como una opción para el promovente el presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, sin que por ello quede sujeto a que toda la tramitación del juicio de amparo, en cualquiera de sus instancias, deba realizarse únicamente a través de esa vía, pues como se dijo, dicha presentación y tramitación es optativa para el quejoso, tal como se dispone en el considerando noveno del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal: "En términos del artículo 3o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo la presentación electrónica de demandas, recursos y promociones, no sujeta a la tramitación del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias a realizarse únicamente a través de esta vía, puesto que tal presentación es optativa y la interpretación de los artículos 2o., párrafo segundo y 3o., párrafo sexto, de la citada ley, en relación con el diverso 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, permite concluir que la obligación de los órganos jurisdiccionales de hacer que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, tomando en cuenta las constancias que deben integrar este último conforme a la normativa que al efecto se emita, se refiere al contenido de esas constancias, no a los signos que deben agregarse conforme al último de los numerales citados, máxime que la finalidad de éstos se cumple en el expediente electrónico mediante signos electrónicos diversos;.". Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; así como el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, emitido en atención a la necesidad de precisar los términos en que las partes dentro de un juicio de amparo pueden acceder por sí o por quien legalmente los represente, mediante el uso de la FIREL, a los expedientes electrónicos de los juicios respectivos; sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme en ambos órganos, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Así y conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, conjuntamente con los acuerdos generales en cita, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la firma electrónica (FIREL), entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f), y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Dicho concepto jurídico se definió en los acuerdos generales referidos, como: "...el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa...". En relación a las bases y términos en que las partes dentro de un juicio de amparo pueden acceder electrónicamente mediante el uso de la firma electrónica certificada a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones que se emitan en éstos, en el Acuerdo General 1/2015 se dispuso que debe ser a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo estrictamente necesario e indispensable que la personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la unidad correspondiente y se registren en el sistema conforme a los requisitos establecidos en el numeral 64 del citado acuerdo, cuyo registro, que es de carácter personal -en ningún caso puede hacerlo a nombre de otra persona- y no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que no se tenga interés, pues para ello es necesario que así lo soliciten ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio o los recurso respectivos. Como se puede observar de lo hasta aquí expuesto, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo a partir de la reforma de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -según se externó en la exposición de motivos correspondiente-, tuvo como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, simplificando con ello la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Todo ello, se dijo, en busca de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, modernizando la tramitación de los juicios de amparo a través de la firma electrónica, a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. De igual manera, en la exposición de motivos correspondiente se destacó que el quejoso y el tercero interesado pueden autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tenga capacidad legal, quienes además podrán interponer por escrito o vía electrónica, a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedan, empero, se aclaró, que en estos casos el quejoso o tercero interesado deben comunicar al órgano jurisdiccional las limitaciones o revocación de facultades del uso de su clave, toda vez que la utilización de la misma equivale a la firma autógrafa de quien siendo parte en el juicio lleva a cabo cualesquiera de las referidas promociones. En suma, entonces, la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo y los acuerdos generales respectivos, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, persiguió, fundamentalmente, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas, ello como muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Sin embargo, de ello no puede colegirse que dicha reforma hubiera tenido como intención que los principios constitucionales rectores del juicio de amparo, como lo es particularmente, el principio de instancia de parte agraviada consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se modificara; pues si bien de conformidad con el primer párrafo dicho numeral, el constituyente permanente delega en el legislador la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el juicio de amparo, ello está condicionado a mantener intactos sus principios y fines y a no pugnar con el espíritu constitucional que los creó. Por lo que, en esa lógica, si uno de los principios rectores del juicio de amparo es que éste deba seguirse siempre a instancia de parte agraviada, entonces, dicho principio constitucional debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que alguien ajeno al agraviado o a su representante legal, como lo podría ser un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueda presentar la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su propia firma electrónica (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea el quejoso por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo. Ello, sin perjuicio de que en el escrito de demanda en términos del artículo 12 de la ley, el quejoso pueda autorizar a la o las personas que estime convenientes para que puedan acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por el mismo medio, siempre que el autorizado cuente con firma electrónica vigente para poder ingresar al expediente de que se trate. En efecto, considerando como se dijo, que la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, únicamente buscó simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales, modernizando el sistema de impartición de justicia a fin de otorgar validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas, garantizando con ello una justicia más expedita acorde con el artículo 17 constitucional. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instituyó como una de las bases a desarrollar en la ley reglamentaria, la de garantizar el acceso a toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo para ello las disposiciones generales que sienten las bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información disponibles para el logro de los fines referidos, conforme lo establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, en el que se contempla el uso de dichas tecnologías en la tramitación del juicio de amparo, específicamente, el uso de una firma electrónica. Empero, como se dijo, ese ulterior desarrollo o ampliación no debe pugnar con el espíritu constitucional que los creó, pues el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de las normas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte agraviada y, por esa razón, no puede quedar en manos del autorizado por el quejoso la presentación de la demanda de amparo firmada electrónicamente con su propia FIREL, pues -se insiste- la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de instancia de parte agraviada. Con base en todo lo expuesto, si la demanda de amparo y el escrito aclaratorio fueron presentados electrónicamente sin la firma (FIREL) de la quejosa, es válido concluir que no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, ya que carecen de la voluntad del que aparece como promovente y tal circunstancia no puede considerarse como una irregularidad que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, el cual establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse. Habida cuenta de que la demanda y escrito aclaratorio aparecen firmados por la persona que es el autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pero tal escenario no constituye una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, ya que, al no contener el escrito de demanda y escrito aclaratorio la firma electrónica del titular de la acción de amparo, se concluye que no existe la voluntad del que aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido, no cabe prevención alguna. Lo anterior ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, en los que ha determinado que, tratándose de una demanda de amparo presentada por escrito en la que no figure la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal, no cabe prevención y/o requerimiento al interesado para reconocer una firma que ni siquiera ha otorgado, en tanto no existe precepto en la ley que establezca la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento. Por tal razón, si bien el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse; también es cierto que la promoción del amparo vía electrónica firmada con la FIREL del autorizado por la quejosa y no por ella misma, ni por quien legalmente lo representa, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, pues se insiste, al no contener el escrito de demanda y escrito aclaratorio las firmas electrónicas del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y como se dijo, no hay instancia de parte. Estimar lo contrario, esto es, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica) por quien se ostenta con el carácter de autorizado por el quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de instancia de parte agraviada consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, pues si la presentación de la demanda se hace por vía electrónica y la misma está firmada con la FIREL del autorizado del quejoso, cabría la prevención a que se refiere el numeral 114 de la Ley de Amparo a fin de subsanar dicha "irregularidad"; empero, cuando la demanda de amparo se presente por escrito con la firma autógrafa de la autorizada por la quejosa, en ese supuesto, como ya se vio, no procede prevenir a la quejosa, sino que el Juez está facultado para desecharla de plano, dada la ausencia de voluntad de la promovente. Es importante destacar que con dicha afirmación no se soslaya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, tuvieron como finalidad permitir a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial, en aras de eficientar el derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; y que conforme a la reforma del segundo párrafo del artículo 1 constitucional, de diez de junio de dos mil once, se establecieron cambios sustanciales que otorgan a las personas una protección más amplia de los derechos humanos, reconocidos no sólo en la Constitución, sino también en tratados internacionales, con la finalidad de favorecer de mejor manera a las personas, pues bajo el nuevo esquema constitucional opera el principio pro personae. No obstante, su observancia no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos sustantivos, técnicos y/o de procedibilidad que puedan actualizarse en el juicio de amparo, ni mucho menos soslayar los principios fundamentales que lo rigen, ya que dichas formalidades son la vía para arribar a una adecuada solución del asunto, las cuales no se vieron modificadas por la implementación de la tecnología en la tramitación electrónica del juicio de amparo. De ahí que lo anterior no implique obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la quejosa ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que, se insiste, los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitir a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho o por conducto de que quien legalmente lo represente -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-, pero no por el autorizado en términos del artículo 12 de la ley, pues como se dijo, si no está legitimado ni siquiera para ampliar una demanda de amparo o desahogar alguna prevención en la cual deba manifestar hechos o antecedentes del acto que únicamente consten de forma directa al titular de la acción de amparo, mucho menos podría tener legitimación para signar con su propia FIREL una demanda de amparo presentada vía electrónica. Los argumentos que antecedente dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 32/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62 (enero de 2019), tomo I, página 5, de la décima época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Así como en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 45/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65 (abril de 2019), tomo I, página 79, que menciona: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto en los artículos 3, 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE el presente juicio. Asimismo, conviene precisar que los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero, al caso resultan aplicables, pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su transitorio sexto. Por lo expuesto y fundado, se; ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo."
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Se celebra la audiencia Constitucional, se manda a proyecto de sentencia...
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de noviembre de dos mil veinte Agréguese a los autos el comunicado de cuenta a través del cual la Directora General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en atención al requerimiento formulado aclara su informe justificado e informa que emitió resolución en el expediente, remitiendo para tal efectos copias certificadas de la misma, así como la constancia de notificación; circunstancia de la cual se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos, dése vista a las partes con el contenido íntegro del mismo, por un plazo continuo y genérico de ocho días, para que expresen lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.
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