Jacqueline González Arellano
Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/12/2023
Partes del expediente
- Jacqueline González Arellano
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual, solicita se habilite el acceso al expediente electrónico, a efecto de consultar los acuerdos y constancias relacionadas. Al respecto, comisiónese al área correspondiente a fin de habilitar al citado órgano jurisdiccional el acceso al expediente en que se actúa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por *** contra acto(s) que reclama del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial tres y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden ***. De la aludida demanda se advierte que la quejosa reclama los siguientes actos: a) Del referido juez: "1. Todo lo actuado dentro de la carpeta judicial ***. 2. El auto de fecha veintiocho (28) de septiembre del presente año en donde se ordena la citación para audiencia inicial emitida en mi contra dentro de la carpeta judicial ***. 3. El auto de fecha veintiocho (19) sic de octubre del presente año emitido en audiencia, por medio del cual se me cita para la continuación de la audiencia inicial emitida en mi contra dentro de la carpeta judicial ***. 4. La audiencia inicial para formulación de imputación derivada de la carpeta judicial ***. b) Del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Investigadora 75 bis de la Fiscalía de Procesos de Juzgados Familiares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 1. Todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación *** 2. La omisión de realizar los actos de investigación propuestos en mi entrevista en sede ministerial de fecha 5 de mayo del presente año. 3. La omisión de poner a la vista la totalidad de los datos de prueba que integran la carpeta de investigación. 4. La omisión de correr traslado de la integridad de la carpeta de investigación. 5. La solicitud ante el Juez de Control competente para que se genere la audiencia inicial en mi contra." c) Del administrador de la Unidad de Gestión Judicial 3: "la organización y realización de la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial *** I. A. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 1ª./J. 78/2018 (10ª), visible en la página 239, Libro 61, Tomo I, Diciembre de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, dispuso: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. (...) Como puede apreciarse, el máximo tribunal se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), en la que sustancialmente se indicaba que la citación a la audiencia inicial se consideraba un acto en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, pues incide en la libertad del quejoso y consecuentemente, era posible impugnarla mediante juicio de amparo indirecto, en términos de lo que señala el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Las nuevas reflexiones asentadas en el criterio arriba transcrito, llevaron a concluir que la referida actuación en realidad es un acto fuera de juicio que no produce afectación material a los derechos fundamentales del quejoso; específicamente a su libertad. Es decir, lo colocaría en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)" Sin embargo, previo a establecer que en la especie se actualiza tal hipótesis de procedencia del juicio de control constitucional en su vía indirecta, es preciso establecer si se cumple con los restantes presupuestos indispensables para ello. En específico, resulta útil citar lo que señalan los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:.- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Conforme tales numerales, el juicio de amparo será improcedente si el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso. Al efecto, cabe señalar que el citatorio a la audiencia inicial (que constituye uno de los actos reclamados en el presente asunto), se halla regulado en el artículo 141, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido es: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar:.-I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; (.)". Como puede apreciarse, la citación mencionada, pese a constituir el medio para que se lleve a cabo la formulación de la imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso, como lo es el derecho a la libertad o algún otro. En efecto, la facultad que ejerce el juez de control para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que dicho imputado debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. Significa entonces, que no se produce la afectación a la esfera jurídica del quejoso, en términos de lo que exige el artículo 5, fracción I de la ley de la materia; es decir, que se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII del mismo ordenamiento. B. En el caso, la justiciable señala como actos reclamados, entre otros, que serán materia en diverso apartado: a) Del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial tres: "(.) 2. El auto de fecha veintiocho (28) de septiembre del presente año en donde se ordena la citación para audiencia inicial emitida en mi contra dentro de la carpeta judicial ***. 3. El auto de fecha veintiocho (19) sic de octubre del presente año emitido en audiencia, por medio del cual se me cita para la continuación de la audiencia inicial emitida en mi contra dentro de la carpeta judicial ***. 4. La audiencia inicial para formulación de imputación derivada de la carpeta judicial ***. b) Del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Investigadora 75 bis de la Fiscalía de Procesos de Juzgados Familiares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: (.) 5. La solicitud ante el Juez de Control competente para que se genere la audiencia inicial en mi contra. c) Del administrador de la Unidad de Gestión Judicial 3: la organización y realización de la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial ***. C. Por lo cual, respecto de dichas actuaciones impugnadas y su ejecución, en la especie se actualiza la causal de improcedencia que ha quedado explicada en párrafos precedentes; en tanto resulta evidente que la pretensión de la quejosa es someter a control constitucional las gestiones realizadas tanto para la solicitud de audiencia inicial, como la citación propia a ésta. Por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta respecto de tales actos. II. A. Por otra parte, respecto de los restantes actos reclamados, es conveniente precisar que los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, (...). "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...). Conforme al sentido de los preceptos transcritos, en tratándose de actos emitidos en el proceso penal, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de los derechos públicos subjetivos, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en el juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una decisión favorable según la etapa en que se encuentre el proceso, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Respecto de la definición de un acto cuya ejecución es de imposible reparación; como supuesto que torne procedente el juicio de amparo, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 3a. 43., publicada en la página 59, Octubre-Diciembre de 1989, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. (...) En tanto que resulta de especial interés por el que se analiza, la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Tomo LVI, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto indican: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. (...) Por lo tanto, para atribuir el carácter de irreparable a un acto de autoridad, se requiere que produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. Significa entonces que si los actos reclamados no cumplieran con esta última característica, provoca el desechamiento de la demanda al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), constitucional; y 107, fracción V, de aquel ordenamiento. El primer numeral indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." B. En el caso, además de los actos analizados en el apartado anterior, la quejosa señala como diversos actos reclamados: a) Del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial tres: "1. Todo lo actuado dentro de la carpeta judicial ***." b) Del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Investigadora 75 bis de la Fiscalía de Procesos de Juzgados Familiares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: "1. Todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación *** 2. La omisión de realizar los actos de investigación propuestos en mi entrevista en sede ministerial de fecha 5 de mayo del presente año. 3. La omisión de poner a la vista la totalidad de los datos de prueba que integran la carpeta de investigación. 4. La omisión de correr traslado de la integridad de la carpeta de investigación." Sin embargo, en su propio escrito de demanda manifestó en el apartado de hechos, lo siguiente: (.) 18) Lo anterior cobra relevancia por el hecho de que el día uno de octubre del presente año, me notificaron sobre cita para audiencia inicial para formulación de imputación (anexo2) para las 10:30 horas del próximo (19) de octubre del presente año en la sala de audiencias dieciséis (16) de la Unidad de Gestión número tres (3), lo cual me deja en estado de indefensión, debido a que como se puede leer en los incisos inmediatos anteriores yo solicité de manera precisa diversos actos de investigación que se me tenían que poner a la vista y del mismo modo correr traslado de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación, lo cual no aconteció y para lo cual, no tiene pretexto de notificarme el C. Agente del Ministerio Público debido a que tiene mis datos de localización, tan es así que como menciono es a través de mis datos de localización que me notificó la generación de la audiencia inicial reclamada. (.) 21) A pesar de lo anterior, me presenté de manera puntual en las instalaciones de la Unidad de Gestión Judicial número tres, para la celebración de la audiencia inicial citada, misma que se llevó a cabo en la sala de audiencias número 16; en la cual, el Juez adscrito dio por iniciada la audiencia respectiva, individualizándose las partes y al tocar el turno a mi defensor particular, este solicita la suspensión de la misma debido a que, como anteriormente manifesté, no se nos corrió traslado de las copias que integran la carpeta de investigación, señalándose fecha para la continuación de la misma el día 04 de noviembre del presente año. C. Como se observa, la pretensión de la justiciable al promover este juicio de amparo, es someter a control constitucional la integración tanto de la carpeta de investigación como de la carpeta judicial, así como la omisión de acceso a todos los datos de prueba y registros recabados en la carpeta de investigación y de correrle traslado con la misma; incluso, la omisión del fiscal de realizar los actos de investigación que propuso en entrevista que le practicó el cinco de mayo del año en curso. Actos cuyos efectos o consecuencias se trasladan a la carpeta judicial de origen, en tanto la indagatoria ha sido judicializada De esta forma, si hasta este momento el juez responsable no ha determinado sujetar al procedimiento a la peticionaria de amparo mediante un auto de vinculación a proceso, resulta evidente que las actuaciones u omisiones que sucedan previo a ello, distintas de cuestiones concernientes a medidas cautelares en sede judicial ninguna afectación de ejecución irreparable ocasionan en la esfera jurídica de la quejosa; sino, sólo a derechos adjetivos o meramente procesales, se insiste, porque aún no se materializa afectación alguna. Por tanto, si los referidos actos no son de aquellos considerados como de imposible reparación, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, esta autoridad judicial considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta. III. Como se solicita, realícense las notificaciones a la parte quejosa por lista de acuerdos, ya que señaló para tal efecto los estrados; téngase por autorizadas en los términos que se precisan a los profesionistas respecto de los cuales se indican los números de cédula correspondientes; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, ya que no se proporcionan los datos con que se acredite que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Permítase la consulta vía electrónica del expediente, ya que proporcionó usuario autenticado. Téngase el correo electrónico que proporciona, como medio para entablar comunicaciones no procesales. Se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Notifíquese.
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