Jacqueline Cruz Salgado

Expediente 202/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
202/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Jacqueline Cruz Salgado
  • Carolina Cruz Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Mesa 10. con apoyo en el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, de la suma que ampara del billete de depósito; por tanto, con trascripción de este proveído, remítase dicho documento debidamente transferido a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  2. Incidental

    En once de diciembre de dos mil veinte, doy cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    En once de diciembre de dos mil veinte, doy cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Jacqueline Cruz Salgado y Carolina Cruz Salgado; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Comalcalco, Tabasco, la copia certificada del expediente 169/2016, cuadernillo de incidente de ejecución forzosa de sentencia y cuadernillo de incidente de impugnación de documento privado, constancias que se manejaron por cuerda separada, constante de dos tomos. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 202/2020-10 promovido por Jacqueline Cruz Salgado y Carolina Cruz Salgado. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. La instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda, así como Copia certificada de la escritura pública 17774; 2. Copia certificada del expediente 169/2016, cuadernillo de incidente de ejecución forzosa de sentencia y cuadernillo de incidente de impugnación de documento privado que remitió el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Comalcalco, Tabasco. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 202/2020-10, promovido por Jacqueline Cruz Salgado y Carolina Cruz Salgado, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en Comalcalco Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil veinte (fojas 1 a 12), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro de febrero siguiente, Jacqueline Cruz Salgado y Carolina Cruz Salgado solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de desalojo y/o desocupación y/o demolición y/o lanzamiento y/o despojo dictada en el Juicio Especial de Desahucio 169/2016. 2 La ejecución de la precitada orden. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en Comalcalco Tabasco. 2 Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en Comalcalco Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cuatro de febrero de dos mil veinte (fojas 17 a 21), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 202/2020-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte fojas (fojas 45 a 48), se reactivó el presente juicio y nuevamente se señaló fecha para la audiencia constitucional -la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede-, por lo que de conformidad con los artículos 2 fracción II y 21, del referido Acuerdo General 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. QUINTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En nueve de julio de dos mil veinte, fue emplazado a juicio el tercero interesado Manuel Alejandro Molas Martínez (foja 44). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden de desalojo y/o desocupación y/o demolición y/o lanzamiento y/o despojo dictada en el Juicio Especial de Desahucio 169/2016, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en Comalcalco Tabasco, promovido por Manuel Alejandro Molas Martínez, en contra de Abiud Cruz Córdova, respecto del bien inmueble ubicado en la Calle Número Uno, de acceso a la colonia Gustavo de la Fuente, Manzana 7, Lote 38, del Conjunto Habitacional Presidentes, actualmente Boulevard Gilberto García Sánchez, Manzana 7, Lote 38, del Conjunto Habitacional Presidentes, de la referida ciudad. La ejecución de la precitada orden. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en Comalcalco Tabasco, al haberlo aceptado en el informe justificado (foja 27), lo que se corrobora con la copia certificada que remitió del expediente precitado, de donde se obtiene que emitió la orden de referencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". En consecuencia, también es cierto el acto reclamado al actuario porque, además que fue omiso en rendir informe justificado, no obstante que le fue requerido mediante oficio 3316/2020, tiene el carácter de autoridad ejecutora, al corresponderle la materialización de la orden de desalojo y/o desocupación y/o demolición y/o lanzamiento y/o despojo dictada en el Juicio Especial de Desahucio 169/2016, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en Comalcalco Tabasco, al cual se encuentra adscrito. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, el suscrito considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 del aludido ordenamiento jurídico, misma que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]". Al respecto, es de tener en cuenta que el numeral 5 fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o del precitado ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el precepto legal de referencia dispone que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo y que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En relación con lo anterior, el artículo 107 fracción I, de nuestra Carta Magna, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". De ahí que se colija que el juicio de amparo solamente puede pedirse contra actos que afecten el interés jurídico del quejoso, el cual debe entenderse como el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona. Sobre el particular, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia número 854, visible en la página 582, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice de 1995, del siguiente rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Es así que el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de los hechos a que se refiera la quejosa en su demanda. En la especie, la impetrante de amparo reclama de las autoridades responsables la orden de desalojo y/o desocupación y/o demolición y/o lanzamiento y/o despojo dictada en el Juicio Especial de Desahucio 169/2016, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Comalcalco, Tabasco, promovido por Manuel Alejandro Molas Martínez, en contra de Abiud Cruz Córdova, así como su ejecución, respecto del bien inmueble ubicado en la Calle Número Uno, de acceso a la colonia Gustavo de la Fuente, Manzana 7, Lote 38, del Conjunto Habitacional Presidentes, actualmente Boulevard Gilberto García Sánchez, Manzana 7, Lote 38, del Conjunto Habitacional Presidentes, de la referida ciudad. De la lectura de la demanda de amparo en cuestión, se advierte que las impetrantes refieren que son copropietarias del bien inmueble ubicado en calle Número Uno, de acceso a la colonia Gustavo de la Fuente, manzana 7, lote 38, del Conjunto Habitacional Presidentes, de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, actualmente boulevard Gilberto García Sánchez, manzana 7, lote 38, del Conjunto Habitacional Presidentes, de la referida ciudad. Para acreditar lo anterior, las impetrantes de amparo adjuntaron a su demanda copia certificada del instrumento notarial número 17,774, volumen 278, pasado ante la fe del notario público número 3, con residencia en Comalcalco (fojas 13 a 16). De dicho documento se desprende que Yolanda Concepción Salgado Chacón, en su carácter de compradora, y Oscar Cacep Peralta, en su calidad de Administrador Único de Constructora y Promotora de Viviendas Cacep y Compañía, sociedad anónima de capital variable, como vendedor, comparecieron ante la presencia del notario público número 3, con residencia en Comalcalco, Tabasco, a celebrar la compraventa del bien inmueble ubicado en Calle Número Uno, de acceso a la colonia Gustavo de la Fuente, Manzana 7, Lote 38, del Conjunto Habitacional Presidentes, de la referida ciudad, con superficie de 136.00 metros cuadrados. Asimismo, en el referido instrumento notarial se advierte que el aludido inmueble tiene las siguientes medidas y colindancias: Al norte: 8.00 metros, con lotes 19 y 20; Al sur: 8.00 metros, con Calle Uno; Al este: 17.00 metros, con lote 39; y, Al oeste: 17.00 metros, con lote 37. De igual forma, consta en la referida escritura la siguiente cláusula especial: "CLÁUSULA ESPECIAL: Manifiesta la compradora que del predio que hoy adquiere para sus hijas, se constituye para sí señora YOLANDA CONCEPCIÓN SALGADO CHACON e instituye a favor del señor ABIUD CRUZ CORDOVA, los derechos reales de uso, usufructo y habitación vitalicia". Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en Comalcalco Tabasco, se desprende que el treinta de enero de dos mil dieciocho, en el Juicio Especial de Desahucio 169/2016 de su índice (fojas 102 a 112 de este tomo de pruebas), promovido por Manuel Alejandro Molas Martínez, en su carácter de arrendador y propietario del bien inmueble ubicado en Calle Número Uno, de acceso a la colonia Gustavo de la Fuente, Manzana 7, Lote 38, del Conjunto Habitacional Presidentes, de la referida ciudad, con una superficie construida de 105.68 metros cuadrados, en contra de Abiud Cruz Córdova, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó al aludido demandado a la desocupación y entrega del referido inmueble. Sentencia que fue confirmada mediante resolución de once de julio del aludido año (fojas 151 a 163 del tomo de pruebas de referencia), por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca número 389/2018-1. De lo anterior se obtiene que se condenó al demandado Abiud Cruz Córdova, entre otras prestaciones, a la desocupación y entrega del inmueble ubicado en el boulevard Gilberto García Sánchez (antes calle uno o calle Deportes), manzana 7, lote 38, Conjunto Habitacional Presidentes 1, de Comalcalco, Tabasco. Asimismo, que por auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve (foja 17), se admitió el Incidente de ejecución forzosa, ordenándose lanzamiento en contra de Abiud Cruz Córdova. De igual manera, en proveído de cinco de febrero de dos mil veinte (foja 21), se señalaron las diez horas del doce del aludido mes y año para el lanzamiento de mérito. En ese contexto, podemos establecer que si bien, respecto del inmueble objeto de la orden de lanzamiento, las quejosas se ostentan como copropietarias, el juicio de origen fue promovido por Manuel Alejandro Molas Martínez, en su carácter de arrendador y propietario del mismo, en contra de Abiud Cruz Córdova, a quien le atribuyó la calidad de arrendatario. Con lo que se pone en evidencia que existe un conflicto respecto de la titularidad del inmueble en cuestión. Sin embargo, en esa clase de juicios -de desahucio- no se discute la titularidad de ningún bien o derecho real, mucho menos afecta con gravamen de la naturaleza indicada al inmueble de referencia, en atención a que, dada la naturaleza jurídica de la acción de desahucio, con ella sólo se persigue la desocupación del bien otorgado en arrendamiento, así como, el pago de las rentas causadas y no cubiertas, de donde es claro, que el derecho ejercido dimana de un contrato de alquiler, y por consecuencia lógica, las excepciones que pueda oponer el inquilino, también encontrarán su fundamento en el propio contrato y en cuanto a las prestaciones recíprocas que se prestan arrendador y arrendatario, deben reputarse como índole meramente personal. Por ende, se considera que al no producirse las afectaciones precitadas en la esfera jurídica de las impetrantes de amparo, éstas carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo en relación con la orden de lanzamiento decretada en contra de Abiud Cruz Córdova, respecto del inmueble ubicado en el boulevard Gilberto García Sánchez (antes calle uno o calle Deportes), manzana 7, lote 38, Conjunto Habitacional Presidentes 1, de Comalcalco, Tabasco. Lo anterior no impide que las aquí quejosas puedan a través de la vía y acción correspondiente, ejercitar el derecho real que aducen tener sobre el bien inmueble citado. Por las anteriores consideraciones, se actualiza la causal de improcedencia analizada, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el ordinal 63 fracción V del ordenamiento jurídico precitado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. Cabe destacar que no procede analizar si en el caso la parte quejosa cuenta o no con interés legítimo para instar el presente juicio constitucional, puesto que, por una parte, no acredita con elemento de prueba alguno tener una situación especial frente a la autoridad responsable y, por otra, porque tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, como en el caso sucede, de conformidad con el artículo 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, resulta necesario comprobar ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa, situación que en el caso no se demostró. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados de la autoridad ordenadora, el mismo se hace extensivo respecto de la ejecutora, por no reclamarse por vicios propios. Ello, de conformidad con la jurisprudencia 647, visible a fojas 434 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO LE ES EXTENSIVO AL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a esta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto reclamado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Este juzgador no pasa inadvertido que no fue emplazado a juicio Abiud Cruz Córdova, aun cuando se le reconoció el carácter de tercero interesado y se libró el despacho 82/2020-10 al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Comalcalco, Tabasco, para esos efectos; sin embargo, ello se considera innecesario debido a que no tiene un interés contrario al de las quejosas. Lo anterior, tiene apoyo en la Jurisprudencia: P./J. 46/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 396, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto..." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jacqueline Cruz Salgado y Carolina Cruz Salgado, contra los actos reclamados y autoridades referidas en el resultando PRIMERO, por las razones y motivos expuestos en el considerando CUARTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales Notifíquese.

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