Jacqueline Cisneros Sánchez
Expediente 52/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jacqueline Cisneros Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. No obsta lo anterior que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación de las autoridades responsables; toda vez que el sentido de la citada determinación no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Luego, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento original que fuera exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicha constancia, correrá la misma suerte que este expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. No obsta lo anterior que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación de las autoridades responsables; toda vez que el sentido de la citada determinación no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Luego, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento original que fuera exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicha constancia, correrá la misma suerte que este expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día señalados para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 52/2021, promovido por. la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con la licenciada. secretaria de la sección de amparo, que autoriza y da fe, declaró abierta dicha audiencia sin la presencia de las partes. Abierto el período probatorio se da cuenta con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa consistente copia certificada del oficio numero. signado por la Coordinadora de Comercio del Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz. A lo que la Jueza acuerda. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental relacionada con antelación, dada su propia y especial naturaleza, y dado que no existen más pruebas en el presente asunto, se cierra el citado periodo. Abierto el período de alegatos. Con apoyo en el numeral antes invocado, se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que la Jueza acuerda. Dado que las partes no hicieron valer ese derecho, se cierra el citado periodo. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia y se pasa al análisis del expediente con el fin de dictar interlocutoria. los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 52/2021, promovido por. contra actos del. Coordinadora de Comercio del Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz, y otras autoridades, para resolver sobre la definitiva. PRIMERO. La quejosa. reclama de las autoridades responsables lo siguiente. La orden emitida por la Coordinadora de Comercio del Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para que desocupe, en un término de cinco días naturales, el espacio de su. en la que realiza actividades comerciales, instalada en la periferia del Hospital de dicha localidad; y su ejecución. SEGUNDO. Por proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada por la quejosa como. Delegado Regional de Seguridad Pública del Estado, destacamentado en Ciudad Mendoza, Veracruz. TERCERO. Las autoridades responsables. Coordinador de Protección Civil. Encargado del Centro de Salud, los anteriores del Municipio de Río Blanco, Veracruz. Policía Tercero Encargado de la Comandancia de la Policía Estatal de Río Blanco, Veracruz; al rendir sus informes previos, negaron los actos que se les reclaman. La parte quejosa no aportó medio de convicción idóneo que desvirtué dichas negativas, pues de la única constancia que exhibió se desprende que el acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta a las que se hace referencia en el presente considerando, razón por la cual se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados; lo anterior, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo. CUARTO. Por su parte, la diversa autoridad responsable. Coordinadora de Comercio del Municipio de Río Blanco, Veracruz, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos que se le reclaman; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con la constancia ofrecida por la parte quejosa, consistente en el oficio número. signado por la referida autoridad responsable, del que se desprende el requerimiento a. para que desocuparan las casetas comerciales que se encuentran instaladas en la periferia de dicho nosocomio; de ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados. Ahora bien, los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, disponen: Preceptos de los que deriva que los requisitos para el otorgamiento de la suspensión son. Que la solicite el quejoso. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, la quejosa. manifestó, bajo protesta de decir verdad, que desde hace más de treinta y cinco años se ha dedicado al comercio ambulante en el municipio de Rio Blanco, Veracruz, específicamente, en el entronque autopista número uno, esto es, frente al Hospital Regional de la mencionada ciudad; que el treinta de noviembre de dos mil veinte, las autoridades municipales firmaron un convenio con los comerciantes para reubicarlos en la parte frontal de dicho nosocomio, por lo que trasladó su. a esa ubicación; y que el veintiuno de enero del presente año, las propias autoridades municipales le ordenaron que debía desalojar dicho lugar, dada la inconformidad de otros comerciantes. Luego, para acreditar su interés suspensional únicamente exhibió copia certificada del oficio. de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, signado por la Coordinadora de Comercio del Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz; sin embargo, dicho medio de convicción resulta insuficiente para acreditar su interés suspensional, pues con ella únicamente se acredita que en la data indicada, la funcionaria en mención requirió a. para que desocuparan las casetas comerciales que se encuentran instaladas en la periferia de dicho nosocomio; empero, no demuestra de modo alguno, ni aun de manera indiciaria, que la peticionaria de amparo cuente con autorización o permiso vigente para desempeñar la actividad que refiere en dicho lugar. Por tanto, al no haberse acreditado el referido interés suspensional, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a. la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto, por los fundamentos y motivos expuestos en los mismos.
- Principal
En Córdoba, Veracruz, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 52/2021, promovido por. Con fundamento en el artículo. de la Ley de Amparo, la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, quien actúa con la licenciada. Secretaria que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia sin la presencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente. Demanda de amparo signada por. e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Acto seguido, la Jueza acuerda. Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo probatorio. La Secretaria da cuenta con la prueba ofrecida por la quejosa, consistente en el oficio número. por la Coordinadora de Comercio del Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz, la cual fue admitida en proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. A lo que la Jueza acuerda. Se tiene como prueba de la parte quejosa, el medio de convicción descrito en el párrafo que antecede, el que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahoga dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos en el juicio de amparo en que se actúa. A lo anterior la Jueza acuerda. Al no existir alegatos formulados por las partes, ni pedimento planteado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia; y, Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 52/2021, promovido por. contra actos de la. Coordinadora de Comercio del Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y turnado a este órgano de control constitucional el veintiocho siguiente. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la. Coordinadora de Comercio del Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz, y otras autoridades, que hizo consistir en. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda y la registró bajo el número 52/2021; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridad inexistente. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada por la quejosa como: 4. Delegado Regional de Seguridad Pública del Estado, destacamentado en Ciudad Mendoza, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que los actos reclamados, tendrán ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en. La orden emitida por la Coordinadora de Comercio del Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para que desocupe, en un término de cinco días naturales, el espacio de su. en la que realiza actividades comerciales, instalada en la periferia del Hospital de dicha localidad; y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, en sus denominaciones correctas. Coordinador de Protección Civil. Encargado del Centro de Salud, los anteriores del Municipio de Río Blanco, Veracruz. Policía Tercero Encargado de la Comandancia de la Policía Estatal de Río Blanco, Veracruz, precisados en el considerando anterior, dado que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados; sin que la parte quejosa aportara medio de convicción idóneo que desvirtue dichas negativas, pues de la única constancia que exhibió se desprende que el acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta a las que se hace referencia en el presente considerando. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por las autoridades citadas en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la. Coordinadora de Comercio del Municipio de Río Blanco, Veracruz, dado que si bien en su informe justificado negó la existencia de los mismos; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con la constancia ofrecida por la parte quejosa, consistente en el oficio número. signado por la referida autoridad responsable, del que se desprende el requerimiento a. para que desocuparan las casetas comerciales que se encuentran instaladas en la periferia de dicho nosocomio; de ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso. de la Ley de Amparo, al no acreditar la parte quejosa, contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Tales disposiciones normativas establecen. De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho. otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo. en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa. o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar. la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse. la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. que el promovente pertenezca a esa colectividad. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico. Ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que controvierte la quejosa es la orden de desocupación del local comercial que ocupa, lo cual reclama en su carácter de propietaria de dicho establecimiento ubicado en la periferia del Hospital de Río Blanco, Veracruz. Elementos que, conforme a lo previamente expuesto, corresponden a la figura del interés jurídico para efectos del juicio de amparo, y no a la de interés legítimo. En esta tesitura, el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, entre ellos los de propiedad o posesión, que resulte afectado sin respetar sus derechos humanos de audiencia y defensa que se consagran en el aludido precepto constitucional; sin embargo, como se dijo, esa afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones; consecuentemente, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar que los actos que reclaman afectan su interés jurídico, pues es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. En el caso la quejosa acude a esta instancia constitucional a combatir el acto reclamado consistente en la orden emitida el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, para que desocupe, en un término de cinco días naturales, el espacio de su. en la que realiza actividades comerciales, instalada en la periferia del Hospital de Río Blanco, Veracruz; por tanto, dado que se trata de una persona física que se dedica a una actividad comercial, para acreditar su interés jurídico debe demostrar que cuenta con licencia, permiso o autorización de funcionamiento expedido por la autoridad competente para el ejercicio de dicha actividad, pues con ello demuestra la existencia del derecho que se busca proteger en el juicio de amparo. Ello, de conformidad con lo previsto en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en lo que conducente, establece: De los dispositivos citados deriva que para realizar operaciones en los giros comerciales, los interesados deben empadronarse en la Tesorería y obtener la cédula respectiva y, en su caso, la licencia o autorización de funcionamiento que corresponda, ya sea que sus actividades las realicen en tiendas abiertas al público, en despachos, almacenes, bodegas, interior de casas o edificios o en cualquier otro lugar; asimismo, que dicha licencia, permiso o autorización de funcionamiento, o el registro o refrendo anual en su caso, no causarán cuota alguna, pero sus propietarios cumplirán los requisitos que para el otorgamiento de aquéllos señalen los reglamentos municipales y cubrirán, en su caso, el pago de las formas valoradas que correspondan, que no podrá exceder de una Unidad de Medida y Actualización. Ahora, para acreditar su legitimación para acudir a esta vía constitucional la impetrante ofreció como prueba la siguiente: Sin embargo, con tal probanza únicamente se justifica que en la data indicada, la funcionaria en mención requirió a. para que desocuparan las casetas comerciales que se encuentran instaladas en la periferia de dicho nosocomio; empero, no demostró de modo alguno que contará con autorización o permiso vigente para desempeñar la actividad que refiere en dicho lugar. Por tanto, tal medio probatorio es insuficiente para acreditar la titularidad de los derechos que pretenden defender con motivo de la actividad comercial que desarrolla, y por ende, no acredita su interés jurídico en el presente asunto. En consecuencia, al no demostrarse que el acto reclamado afecte el interés jurídico de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de la materia. Por consiguiente, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados de que se trata este considerando. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el presente sumario, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 52/2021, promovido por. contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
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