Jacqueline Arevalo Erosa
Expediente 1693/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1693/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jacqueline Arevalo Erosa y Otros.
- Jacqueline Arevalo Erosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo, de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, presentado por la aquí parte quejosa ante su potestad el treinta de abril del mismo año, en autos del juicio de origen 4086/2002. Sin embargo como se anticipó, de la lectura de las constancias que remitió la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio de origen 4086/2002 del índice del Juzgado a su cargo, el trece de octubre de dos mil veintiuno se pronunció respecto del escrito de veintinueve de abril del año en curso, presentado por la aquí parte quejosa ante su potestad el treinta de abril de dos mil veintiuno. Determinación que fue notificada mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintinueve de octubre del año que transcurre, todo esto con posterioridad a la presentación de la demanda, que lo fue el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede, toda vez que aún no se ha emplazado a Martha Gabriela Can tercera interesada en el presente asunto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del seis de diciembre de dos mil veintiuno. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por el quejoso Alejandro Reyes Ortega, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la audiencia de siete de los corrientes, mediante la cual la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, ejecutó la sentencia dictada en autos. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso, requirió a la referida autoridad responsable para que ejecute de inmediato la sentencia dictada en el presente asunto. Posteriormente, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 1997 de fecha siete de octubre del presente año, remitió las constancias conducentes para acreditar la manera en la que ejecutó la sentencia dictada en los presentes autos. Cabe recalcar que el citado artículo 77 de la Ley de Amparo, únicamente faculta a este Órgano a requerir la ejecución de la sentencia de manera inmediata a la autoridad responsable, esto es, antes de que cause ejecutoria la sentencia concesoria, en los casos expresamente previstos en dicho numeral, lo cual acontece en el presente asunto. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la misma dejó sin efectos la medida cautelar consistente en la exhibición de garantía económica por la suma de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), impuesta al quejoso en resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte en la causa penal 25/2019; celebró una nueva audiencia en relación con ese momento procesal (medidas cautelares), pronunciándose con libertad de jurisdicción en relación a dicho aspecto, imponiendo en consecuencia una medida cautelar diversa a las que quedaron vigentes en el referido juicio penal, por lo que se considera que la juez responsable ejecutó la sentencia dictada en el presente juicio en los términos señalados en la misma. Por lo antes expuesto, en relación a lo manifestado por el quejoso en el memorial de cuenta, se hace de su conocimiento que una vez que sea resuelto por la autoridad competente el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto por la tercero interesada o en su caso, cause ejecutoria la misma, se procederá al análisis del cumplimiento dado a dicha resolución por parte de la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
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