Jacobo Villanueva Flores

Expediente 472/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
472/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Jacobo Villanueva Flores
  • Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 5, del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    certificación

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; hágase constar lo anterior en carátula respectiva. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Acapulco, Guerrero; dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Jacobo Villanueva Flores, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 5, del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 472/2020, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral de la demanda de amparo en relación con las constancias que adjunta se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La invitación dirigida al quejoso de ocho de septiembre de dos mil veinte, por el Ministerio Público de la Unidad de Investigación 5 del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, a efecto de que compareciera ante esa representación social a las diez horas el día catorce de septiembre de dos mil veinte, a declarar en relación con los hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación número 12160670300281170720. A partir de lo anterior, en el caso concreto, este juzgador advierte oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el numeral 107, fracción I, de la Carta Magna, que respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)". De los preceptos trascritos, se destaca que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional, por lo que el promovente debe acreditar en forma fehaciente cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. Por su parte, es importante precisar además, que en términos de lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persecución de los delitos es una función del Ministerio Público y, ante ello, evidentemente está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente averiguación previa o carpeta de investigación; de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración, tal como lo ha sostenido la Primera Sala del máximo tribunal, no causan daño o perjuicio a persona alguna, por ser de orden público, por lo que no procede el amparo en su contra, puesto que, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación. Para efectos ilustrativos se reproduce la tesis CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Así, se reitera, contra los actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendientes a la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación, por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales -derechos sustantivos-, aquellos inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita. Bajo ese contexto, como ya se indicó se determina que el acto reclamado no produce una afectación real, actual y directa en su persona o esfera jurídica del quejoso, ni vulnera su derecho fundamental de libertad personal, ya que solamente se trata de una simple invitación a fin de que comparezca a declarar en relación a los hechos que se investigan en la citada carpeta de investigación; ya que del análisis de la referida invitación que al efecto exhibe, no se advierte que en él se contenga inmerso algún apercibimiento que ponga en peligro la libertad personal, del quejoso como lo es algún arresto o detención por medio de la fuerza pública para el caso de incumplimiento, ni tampoco medida de apremio alguno. Brinda sustento a lo considerado la jurisprudencia 5 P, del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, que expresa: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados". De igual manera, es aplicable la tesis 118 P, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la misma por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Grande número 232-Bis, planta baja, colonia Hogar Moderno, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Araceli Villanueva Flores y Héctor Medina Narváez, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan Joel Gasga Laredo y Xael Villanueva Flores, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. Finalmente, se informa al quejoso que de acuerdo al artículo 5, fracción I y 22, fracción II del mismo Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensiones 1001 al 1009, en un horario de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el referido Acuerdo General. Del mismo modo, que acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, para la consulta del expediente de manera física, obtención de copias y devolución de documentos previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente.

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