Jacobo Olver González Velázquez
Expediente 678/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 202 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 202
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Jacobo Olver González Velázquez y Otros.
- Jacobo Olver González Velázquez
- Lic. Ivonne Odette Pinto León
- Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, de esta ciudad
- Congreso del Estado de Chiapas, en esta Ciudad
- y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 202.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de dieciséis del mes y año en curso, informa que el actor, aquí quejoso Jacobo Olver González Velázquez, fue reinstalado desde el uno de octubre de dos mi veintiuno, según lo indicó y acreditó ********************, en su carácter de ********************, quien para corroborar su aseveración exhibió copias certificadas del nombramiento expedido, así como de las nóminas que acreditan que el actor, aquí quejoso, se encuentra laborando en el ayuntamiento demandado; consecuentemente, la autoridad oficiante tuvo a la demandada dando cabal cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo tercero del laudo de veintitrés de marzo de dos mil once. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de la información proporcionada para los efectos legales a que haya lugar y se le tiene en vías de cumplimiento.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se requirió al Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento Municipal de Bella Vista, Chiapas, para que informara la temporalidad en la que podía realizar un nuevo pago parcial, mínimamente, por la misma cantidad con la que cumplió parcialmente el veintinueve de mayo del año en curso, a favor del aquí quejoso ********************, sin que a la presente fecha, haya dado cumplimiento o manifestado el impedimento legal que para ello tenga, para dar cumplimiento a dicho requerimiento De igual forma, en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, a fin de obtener el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se requirió al Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas; lo anterior, en razón que de las constancias de autos se desprende que el dieciséis de marzo de la presente anualidad, el Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado en comento, transcribió el auto de trece del citado mes y año en curso, dictado en autos del expediente laboral 2276/2020, de su consecutivo, del que se advierte que, entre otras cuestiones, informó que la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas, al devolverle el exhorto JEB/2º/3ºS/01/2023, hizo constar que mediante diligencia de dieciséis de febrero de la presente anualidad, requirió a la demandada el cumplimiento dictado en autos del expediente citado en líneas precedentes, y que la persona que atendió la diligencia de requerimiento comunicó que el aquí quejoso ********************, fue reinstalado desde el año dos mil veintiuno; en tal virtud, requirió a la demandada para que bajo protesta de decir verdad le comunicara la fecha exacta en que ello aconteció, exhibiendo la documentación que corroborara su aseveración, como lo es la última nomina, además, le instruyó para que instrumentara mecanismos de fortalecimiento a sus ingresos propios y de esta manera pueda hacer frente a la condena económica a la que fueron condenados en el laudo derivado del expediente laboral de origen; empero, el Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, no ha informado ni acreditado con documentales idóneas el extremo en mención, o en su defecto manifieste el impedimento legal que para ello tiene. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento, Presidente, Síndico y Tesorero, todos del municipio de Bella Vista, Chiapas y Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, la autoridad responsable y demandada, informen en los términos que se le solicitan, debiendo acreditar las aseveraciones que realicen. Apercibidas, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que se les formula, se le impondrá, a quien incumpla, multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, para el caso de no dar cumplimiento en los términos precisados, sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Fabio López Roblero y Kelli Anabel Pérez Velázquez, en su carácter de Presidente y Síndica Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Bellavista, Chiapas, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se les formuló en auto de seis de octubre del año en curso, informan que solicitaron a la Secretaría de Hacienda, así como al Congreso del Estado de Chiapas, les concedan fecha y hora para agendar reunión y tratar asuntos relativos al pago de la condena derivada del laudo dictado en el expediente laboral *********** del consecutivo del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Al efecto, se toma conocimiento de la información proporcionada por la autoridad responsable oficiante. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del juicio de amparo en que se actúa se desprende que a la presente fecha no se ha logrado obtener el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el presente juicio, no obstante que se hayan realizado múltiples requerimientos para tal efecto, sin obtener el tan anhelado fin. Corolario de lo anterior, como cuestión previa se destaca que el procedimiento relativo al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo indirecto, se encuentra previsto en los numerales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. (.). Del citado numeral 192 de la Ley de Amparo, siguiendo los lineamientos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1566/2013, en sesión de once de agosto de dos mil catorce, se advierte que el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo que debe ser de manera inmediata, así como el plazo de tres días, que de manera general se prevé para el cumplimiento de las sentencias, con las siguientes excepciones: Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el propio auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, se deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo, antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Dichas consideraciones se encuentran inmersas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, página 19, registro digital 2007918, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." De lo que cabe mencionar que este órgano de control constitucional ha proveído todas las medidas a su alcance para lograr el cumplimiento de la sentencia, requiriendo a las autoridades responsables para lograr la ejecución de la sentencia concesoria de amparo. Ahora, del análisis de las constancias de autos, se advierte que las autoridades responsables no han acatado cabalmente la ejecutoria de amparo, dado que han incurrido en actos evasivos que conllevan a retardar el cumplimiento del veredicto constitucional. Lo anterior es así, dado que la autoridad responsable Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a fin de lograr el cumplimiento del laudo condenatorio, determinó que el ayuntamiento demandado no ha cumplido con la condena, a pesar de los múltiples requerimientos realizados por dicho juzgado, en la inteligencia que el laudo reclamado se dictó desde el laudo de veintitrés de marzo de dos mil doce y la interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil trece, sin que hasta la fecha exista constancia que acredite que se haya dado cumplimiento a la condena decretada, en virtud de que si bien los integrantes del Ayuntamiento, Presidente, Síndico y Tesorero, todos del ayuntamiento demandado, han solicitado prórrogas para dar cumplimiento a las prestaciones económicas y han exhibido diversas constancias relativas a varias solicitudes a autoridades hacendarias y legislativas para el otorgamiento de recursos económicos que se incluyan en el presupuesto de egresos, para dar cumplimiento al laudo; sin embargo, el Secretario de Hacienda del Estado respondió a las solicitudes de las autoridades municipales, que recomendaba fortalecer los ingresos propios, ante un panorama económico adverso. Así, se insiste, es evidente que el actuar de las autoridades en comento se considera una actitud evasiva que genera retraso en el acatamiento de la sentencia de amparo, ya que únicamente han solicitado prórroga, así como han informado que están realizando los trámites necesarios para dar cumplimiento al laudo, en cuanto a las prestaciones económicas a que fue condenado el demandado, pero sin concretizarlas, ya que no han remitido las constancias relativas que acrediten su cumplimiento, pese a que fueron vinculadas al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo a partir del auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Con base en lo anterior, se advierten las evasivas con que se han conducido el Ayuntamiento, Presidente, Síndico y Tesorero, todos del municipio de Bella Vista, Chiapas, para acatar el fallo protector, no obstante que el tribunal laboral les requirió el cumplimiento del mismo y con posterioridad no han realizado pago alguno; lo que conlleva a concluir que han actuado con evasivas para la cumplimentación del fallo protector. En esa medida, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sentencia o laudo pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal, al ayuntamiento la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución Federal puede condicionar su acatamiento. Dicho criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia P./J. 5/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 10, tomo XXXIII, marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 162469, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Luego, si el Ayuntamiento, Presidente, Síndico y Tesorero, todos del municipio de Bella Vista, Chiapas, no proveen a la eficaz ejecución de las resoluciones dictando las medidas necesarias en la forma y términos procedentes a efecto de cumplimentar la resolución, es evidente que se conducen con evasivas, si se toma en cuenta que el laudo fue emitido desde el laudo de veintitrés de marzo de dos mil doce y la interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil trece; y, a través de la sentencia de amparo, que causó ejecutoria el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, los requerimientos realizados por el tribunal responsable, eran para que efectuaran el cumplimiento del laudo. Así, es inconcuso que para su debido cumplimiento se requiere que las autoridades municipales, efectúen y demuestren que acataron y ya pagaron las prestaciones económicas a que fueron condenadas; sin embargo, hasta la fecha han sido omisos en remitir las constancias con las que acredite el cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral 659/E/2008. En tal virtud, su actitud tardía únicamente demuestra indiferencia a la resolución legal emitida por la autoridad judicial y el desinterés de las autoridades para cumplir con la ejecutoria protectora de las prerrogativas mínimas fundamentales de quien las solicitó. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento, Presidente, Síndico y Tesorero, todos del municipio de Bella Vista, Chiapas y Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, remitan copia certificada de las constancias así como de las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Debiendo el Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, vigilar el oportuno cumplimiento de los exhortos girados, y hacer efectivas las sanciones con las que conminó a la parte demandada en el juicio de origen, para el caso de no acatar la determinación que le ordene; lo anterior, con la finalidad de lograr la efectiva y cabal ejecución del laudo, y, que con ello, el trabajador obtenga las prestaciones a las que fue condenada la parte demandada en el expediente laboral de origen; o bien, MANIFIESTE EL IMPEDIMENTO QUE TENGA PARA NO ACATAR LA EJECUTORIA EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO A LA PARTE QUEJOSA. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que el artículo 267, fracción I2 de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso; lo anterior, tomando en consideración que existe dilación en el cumplimiento del fallo protector el cual fue dictado desde el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. En ese sentido, si este órgano de amparo advierte la presencia de hechos que pudieren encuadrar en el supuesto del ilícito indicado, bajo la presencia de los elementos que lo configuran, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que actúe conforme a sus facultades ministeriales. También, resulta oportuno citar que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, transcribió el auto de trece del citado mes y año en curso, dictado en autos del expediente laboral 2276/2020, de su consecutivo, del que se advierte que entre otras cuestiones informó que la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas, al devolverle el exhorto JEB/2º/3ºS/01/2023, hizo constar que mediante diligencia de dieciséis de febrero de la presente anualidad, requirió a la demandada el cumplimiento dictado en autos del expediente citado en líneas precedentes, y que la persona que atendió la diligencia de requerimiento comunicó que el aquí quejoso Jacobo Olver González Velázquez, fue reinstalado desde el año dos mil veintiuno; en tal virtud, requirió a la demandada para que bajo protesta de decir verdad le comunicara la fecha exacta en que ello aconteció, exhibiendo la documentación que corroborara su aseveración, como lo es la última nomina, además, le instruyó para que instrumente mecanismos de fortalecimiento a sus ingresos propios y de esta manera pueda hacer frente a la condena económica a la que fueron condenados en el laudo derivado del expediente laboral de origen. Empero, el Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, no ha informado ni acreditado con documentales idóneas el extremo en mención. Apercibidas todas las autoridades responsables que de no hacerlo, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, para el caso de no dar cumplimiento en los términos precisados, sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado, que dispone: "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Cobra aplicación por identidad jurídica, el criterio, que literalmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DE LAS. De conformidad con el artículo 105 de la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no quedare cumplida dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, se mandará oficio al superior inmediato de la autoridad responsable, no para que sirva de intermediario respecto al acuerdo contenido en tal oficio, sino para que en ejercicio de su jerarquía y empleando todos los medios que la ley le conceda, obligue a su subordinado a cumplir sin demora la sentencia constitucional." NOTIFÍQUESE.
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