Jacobo Miguel Kaloyan Aguirre

Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
519/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Jueza Segundo de Primera lnstancia en Materia Familiar
  • Jacobo Miguel Kaloyan Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por la superioridad, con el cual remite testimonio de la resolución dictada en la queja civil 162/2022, en la que se resolvió: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Jacobo Miguel Kaloyan Aguirre, contra el proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, emitido por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, cuya denominación actual es Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California." Acúsese recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del acuerdo en cita; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veinticuatro de abril de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Finalmente, cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Israel Badilla Navarrete, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/CIBN/sob

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintidós de julio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la ley de la materia, ríndase informe materia del recurso de queja, en el sentido de que es cierto que este juzgado dictó la determinación referida en el párrafo anterior, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por Jacobo Miguel Kaloyan Aguirre. Como sustento remítase a la superioridad reproducción de las constancias pertinentes, así como del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, téngase al quejoso desahogando la prevención formulada en autos. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, el quejoso reclama lo siguiente: "El auto dictado dentro de la audiencia de conciliación efectuada el día veintisiete de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio de divorcio necesario con número de expediente 2863/2018 por el que se abre a prueba el juicio ordinario civil de divorcio necesario a fin de obligarme mediante la imposición de la carga de acreditar causales de divorcio. La inconstitucionalidad del artículo 264 del código civil de nuestro Estado que prevé el divorcio necesario mediante la acreditación de causales, fundamento de la autoridad responsable para continuar la secuela procesal del divorcio tradicional en su etapa probatoria." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Los preceptos invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; [.]." [Énfasis añadido] En el caso el solicitante del amparo Jacobo Miguel Kaloyan Aguirre reclama la inconstitucionalidad del artículo 264 del Código Civil para el Estado de Baja California, con motivo del primer acto de su aplicación, que refiere se traduce en el acuerdo dictado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la audiencia de conciliación, celebrada en los autos del expediente 2863/2018 de origen. Sin embargo, contrario a lo argüido por el quejoso, este juzgado de distrito considera que no existe el acto de aplicación de la norma impugnada que pudiera llegar a deparar algún perjuicio en su contra. En relación con lo anterior, es necesario tener en cuenta que el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establece las bases para la procedencia del juicio de derechos humanos cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza. Así, para reclamar la constitucionalidad de disposiciones generales a través de la promoción del juicio biinstancial, se requiere acreditar que estas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato [individualización incondicionada], o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación [individualización condicionada], el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también pueden surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al peticionario con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Guarda relevancia la jurisprudencia P. /J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, julio de 1997, tomo VI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Ahora bien, debe indicarse que para acreditar una afectación al interés jurídico de la persona que la legitime para impugnar en el juicio de amparo disposiciones de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe fehacientemente que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En el caso concreto, este tribunal considera que el artículo 264 del Código Civil para el Estado de Baja California, constituye norma jurídica de carácter heteroaplicativo, dado que su sola entrada en vigor no genera en automático una afectación a los solicitantes de divorcio, sino que requiere de un acto de individualización condicionada, a fin de estimar que generó un perjuicio contra un determinado cónyuge, sin que dicho acto deba considerarse la apertura de la etapa de prueba en el juicio de origen, ya que es la secuela procedimental del juicio natural, en la que se pueden o no aportar las mismas, a más, no necesariamente deben ser encaminadas a probar las causales de divorcio que señala el precepto combatido. Así, para estimar probada la materialización en la esfera jurídica del quejoso respecto del indicado numeral, es necesaria la aplicación sustantiva de dicha porción normativa por parte del juzgador familiar en la determinación reclamada, lo cual no acontece, ya que únicamente se está ante las etapas del procedimiento natural del juicio de origen. En primer término, debe apuntarse que el peticionario estima que en atención a la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 264 de mérito es inconstitucional, ya que se encuentra en la misma hipótesis normativa que resuelve el criterio citado, al exigir indebidamente la acreditación de causales de divorcio necesario para disolver el matrimonio. Tal tesis jurisprudencial se encuentra visible en la página 570, libro 20, julio de 2015, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante." En efecto, la inconstitucionalidad del artículo 264 del Código Civil para el Estado de Baja California, radica en condicionar el otorgamiento del divorcio con la exigencia de que se actualicen determinadas circunstancias, pues los individuos tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y sólo basta la manifestación de alguno de los cónyuges de no querer continuar casado para conseguir la disolución de su matrimonio. Destaca la consideración de la primera sala del más alto tribunal en el país, contenida en la contradicción de tesis 73/2014 que dio lugar a la jurisprudencia antes invocada, la cual se transcribe a continuación: "De acuerdo con lo anterior, la inconstitucionalidad de dichos artículos debe tener como efecto que los jueces de instancia decreten el divorcio sin que exista cónyuge culpable. Así, los jueces no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. En este sentido, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante." [Lo resaltado es propio] Así, se colige que los jueces familiares no deben exigir a ninguno de los cónyuges la acreditación de causal alguna como requisito para decretar la disolución matrimonial, mientras que al menos uno de ellos exprese su voluntad de divorciarse. Sentado lo anterior, la pregunta a resolver es la siguiente: ¿En qué momento se puede considerar que un juez familiar del Poder Judicial del Estado de Baja California, indebidamente "aplica" el artículo 264 condigno en perjuicio de alguna de las partes en un proceso de divorcio sometido a su conocimiento? La respuesta es: precisamente cuando el juzgador llegue a requerir a los litigantes la comprobación de alguna de las causales en cuestión para declarar el divorcio en el juicio, es decir, cuando condicione la disolución matrimonial, no obstante la voluntad manifestada de alguno de los cónyuges de modificar su estado civil, lo que no acontece, ya que de las documentales exhibidas, en concreto el acuerdo de veintisiete de abril del actual, únicamente conlleva el trámite y la apertura de la etapa de pruebas a las partes a fin de mejor proveer y determinar en relación con el juicio y de atender los principios de igualdad y celeridad del proceso correspondiente. Ahora bien, en el proveído reclamado, en la audiencia de conciliación el juez responsable determinó abrir el periodo probatorio a las partes, virtud que el promovente no asistió a la misma y la contraparte solicitó la continuación del procedimiento, no así a exigir u obligar a acreditar las diversas causales descritas en el artículo 264 del Código Civil para el Estado de Baja California. Sin embargo, en la decisión judicial de abrir el juicio a prueba, no existe aplicación alguna del citado artículo 264 por parte del juzgador responsable, cuenta habida que en ningún momento condicionó el otorgamiento del divorcio, previa comprobación de causales. A más, que será sólo hasta al dictado de la sentencia cuando de manera sustantiva se pronuncie el juez primigenio sobre la declaración del divorcio; momento en el cual se advertirá si efectivamente se aplica o se deja de aplicar la porción normativa refutada inconstitucional, en atención a la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.) anteriormente transcrita. De ahí que, en todo caso, el perjuicio que pudiera llegar a resentir el impetrante en su esfera jurídica, sería si en el fallo definitivo se tuviera por acreditada alguna causal y se declarara al demandado como cónyuge culpable, o bien, si no se decretara la disolución del matrimonio por no haberse comprobado alguna de las condicionantes inconstitucionales. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción I, interpretado a contrario sensu, así como el numeral 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por Jacobo Miguel Kaloyan Aguirre, contra los actos que reclamó de la Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de vintidós de julio de dos mil veintidós, emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

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