Jacobo Martínez Cortés

Expediente 405/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
405/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jacobo Martínez Cortés
  • Pablo Román Cruz Huérfano o Pablo Ramón Cruz Huérfano o Paulo Ramón Cruz Huérfano. y Otros.
  • Pablo Román Cruz Huérfano o Pablo Ramón Cruz Huérfano o Paulo Ramón Cruz Huérfano.
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA" con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo diez días hábiles que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes, interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó y se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos ahí precisados. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha determinación; hágase ello del conocimiento de las partes, para, los efectos legales procedentes. Se requiere cumplimiento Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para los siguientes efectos : ".deberán proporcionar al quejoso valoración médica en traumatología y ortopedia, y acrediten a este juzgado que dicha circunstancia ha sido satisfecha." Apercíbaseles que de no cumplir sin causa justificada, se les impondrá, una multa por la cantidad de $10,374.00 (DIEZ MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización , de conformidad con l/o dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 párrafo primero y 258, de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades responsables

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de ocho de noviembre en curso, se advierte que el momento de que la actuaria adscrita a este Juzgado Federal, notificó personalmente al quejoso *** o ***, la sentencia de treinta y uno de octubre pasado, en la diligencia relativa, el quejoso hizo diversas manifestaciones respecto a los actos reclamados. Lo anterior, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, ya que mediante sentencia de treinta y uno de octubre pasado, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; misma que se encuentra pendiente de causar ejecutoria. No obstante lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con copia simple de la razón de cuenta, dese vista al a defensor público licenciado ***, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio al citado defensor público.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 405/2023, promovido por *** y ****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés , en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, *** y ****, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Director General y Titular o Encargado del Área Médica del del CEFERESO #13 "CPS-OAXACA, por los actos siguientes: Actos reclamados: "La Omisión y la Negativa de las Autoridades Responsables de brindarnos la Atención Médica Adecuada." Actos que estimaron violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 4o., 16, 18 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. 1. Mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso , se radicó el juicio de amparo con el número 405/2023 y se desechó la demanda de amparo por las razones ahí expuestas. 2. Inconforme con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja y mediante ejecutoria dictada el veintisiete de junio del año en curso, en el recurso de queja 156/2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, declaró fundado el citado medio de impugnación y revocó el auto recurrido. 3. En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad y previo diverso requerimiento, mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés , se desechó la demanda de amparo respecto del quejoso ****, y se admitió la demanda respecto del diverso quejoso ***; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que le asiste al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y previo trámite, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó en los términos que anteceden; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten, atendiendo a la integridad de la demanda, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. La omisión de las autoridades responsables de brindarle atención médica adecuada, y valoración especializada en psiquiatría, traumatología y ortopedia. Sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" . Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" . TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado . No obstante, dicha negativa queda desvirtuada de las propias manifestaciones que realizaron al rendir sus respectivos informes, así como de las constancias que obran en autos, donde se aprecia que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de abril del año en curso no había recibido ninguna atención médica. De ahí, que se tenga por cierto el acto reclamado que se les atribuye. CUARTO. Causas de improcedencia. Antes de abordar el estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia invocadas por las partes o que de oficio esta juzgadora advierta, de conformidad con lo señalado en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En la especie, las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, hicieron valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En la especie, de las constancias que obran en autos, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2o., aparece que el veintiuno de junio del año en curso, el quejoso fue valorado por el médico general del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quien le diagnosticó de gonalgia bilateral, artralgias en clavículas, disminución de la visión, lumbalgia, micosis superficial e insomnio; sin que hubiere sido referido a la especialidad de psiquiatría. En este contexto, resulta evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, han cesado respecto la omisión de las autoridades responsables de brindarle atención médica adecuada y valoración especializada en psiquiatría, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo motivo del juicio que nos ocupa, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; tomando en cuenta que el quejoso ya fue atendido por el médico general del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quien le diagnosticó de gonalgia bilateral, artralgias en clavículas, disminución de la visión, lumbalgia, micosis superficial e insomnio; sin que hubiere sido referido a la especialidad de psiquiatría. Lo que resulta suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, quedando restituido el agraviado en el goce de sus derechos, como si se hubiese concedido la protección constitucional. Sirve de apoyo la tesis número II1ºCT217K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Octava Época, citada en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo". Asimismo, la jurisprudencia P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro digital: 197367, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Circunstancia que impone sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos precisados, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal. Al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia, ni argumento adicional que contestar en ese sentido, procede el estudio de las pretensiones de las partes. QUINTO. Conceptos de violación. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón a que no existe disposición en la Ley de Amparo, que obligue a realizarlo; al respecto, se cita la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" . SEXTO. Estudio de fondo. Resulta fundado el concepto de violación expuesto por el quejoso, suplido en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 fracción VII, de la Ley de Amparo, debido a su condición de marginación y vulnerabilidad, porque al estar privado de su libertad se encuentra en clara desventaja social para su defensa en el juicio de amparo En principio, se destaca que el derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 4o., de la Constitución Federal, del que se deduce que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Al respecto, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4o. constitucional no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. LXVIII/2009 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materias(s): Constitucional, Registro digital: 165826, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica". Así como la tesis P. XVI/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Registro digital: 161333, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". Por su parte, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal reconoce el derecho a la salud de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Ahora bien, los artículos 9, fracción II, 34, 74 y 76, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; (.)" Artículo 34. Atención médica. La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud (.)" "Artículo 74. Derecho a la salud. La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud." "Artículo 76. Servicios Médicos. Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónicodegenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia." Por su parte, el numeral 13 fracciones I, II, IV y XIV, 16, fracción IV, y 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, rezan: "Artículo 13.- Son atribuciones del Director General: I. Administrar, organizar y operar el Centro Federal; II. Aplicar las disposiciones y normas generales y especiales que rijan al Centro Federal; (.) IV. Vigilar que se cumplan en el Centro Federal las leyes, el Reglamento, los Manuales respectivos y demás disposiciones en materia de ejecución de penas privativas de libertad y de prisión preventiva; (.) XIV. Autorizar el acceso de profesionales de la salud ajenos al Centro Federal, para atender los casos que lo requieran, así como el traslado de internos a instituciones del sector salud, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal. (.)" "Artículo 16.- Corresponde al Titular del Área Técnica: (.) IV. Otorgar atención médica y psicológica a los internos, y (.)" "Artículo 49.- Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria. El Área de Servicios Médicos deberá contar, al menos, con los insumos del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud." Mientras que el artículo 17, inciso A), fracciones I, II, IX, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, cita: "Artículo 17.- Los titulares de los centros federales tendrán las funciones siguientes: A) De los CEFERESO: l. Dirigir la organización, administración y funcionamiento del CEFERESO, así como garantizar la custodia, permanencia y protección de los internos, visitantes y personal que labore en el mismo; lI. Vigilar el respeto absoluto a las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de los internos; (.) IX. Autorizar la internación de profesionales del Sector Salud ajenos al CEFERESO para atender en su interior casos de gravedad, previo dictamen de la Jefatura de Servicios Médicos del CEFERESO (.)" De lo anterior se concluye que el derecho a la protección de la salud de un recluso en un centro penitenciario conlleva que cuando éste padezca alguna enfermedad o malestar que amerite atención y tratamiento médico, deberá vigilarse que se le proporcione y atienda adecuadamente; de ahí que tal prerrogativa no se limita al diagnóstico de una enfermedad o padecimiento sino al acceso al tratamiento, como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Ahora, de las propias manifestaciones realizadas por las autoridades responsables en sus informes justificados, lo cual debe considerarse como una confesión expresa de su parte, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 199 y 200 del código procesal en mención, se advierte que el quejoso se encuentra pendiente de valoración médica en traumatología y ortopedia. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado es violatorio del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede conceder a ****, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó, para los efectos siguientes. De conformidad con el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, las autoridades responsables 1) Directora General y 2) Director Médico, del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS- Oaxaca", deberán proporcionar al quejoso valoración médica en traumatología y ortopedia, y acrediten a este juzgado que dicha circunstancia ha sido satisfecha. Lo anterior, bajo su más estricta responsabilidad; en términos del procedimiento que señalan los preceptos 50, 51, 52 y 53 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. SÉPTIMO. Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." OCTAVO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas que se hubieran citado en esta ejecutoria, anteriores a la Onceava época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios, respectivamente, del Decreto por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. NOVENO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, conforme al considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, términos del considerando sexto de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los considerandos séptimo y noveno de esta decisión, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para las once horas con cincuenta y cinco minutos del día dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con los avisos de los Coordinadores de Magistrados y Jueces del Decimotercer Circuito y las Circulares 28/2023 y 29/2023, emitidas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veintisiete de octubre de esta anualidad, por lo que fue jurídica y materialmente imposible desahogar la referida audiencia. Ahora bien, toda vez que de la revisión practicada a este expediente, se advierte que se encentra integrado en su totalidad, así como que por la naturaleza del acto reclamado y el contenido de los informes justificados, es posible concluir que resulta viable llevar a cabo la audiencia constitucional, sin que tal proceder afecte a las partes procesales; con fundamento en el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica.

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