Jacobo López Hernández
Expediente 224/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jacobo López Hernández
- Rubén López Roque
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto por el cual se desechó la demanda de amparo; transcurrió sin que se hubiera interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen diversos documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Principal
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO Y ESCRITO ACLARATORIO. Ahora, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda; de igual manera, debe observarse lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se estima que el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que dice: Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese sentido, los preceptos antes citados facultan al órgano constitucional a desechar la demanda cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracciones XV y XXIII, en relación con el numeral 1°, de la Ley de Amparo, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: Como se observa, la pretensión de los quejosos es cuestionar el contenido del informe de gobierno, emitido por el Agente de Policía de la comunidad, porque en su perspectiva, contiene información inexacta; lo que ubica su reclamo en la propaganda política o propaganda gubernamental. Ahora, se destaca que el juicio de amparo fue instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus derechos fundamentales y garantías para su protección, lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos. Con independencia de lo anterior, en la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, ya que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia, en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal y estatal, así como a las acciones de inconstitucionalidad, como la única vía para plantear la no conformidad de leyes del orden electoral con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen violaciones a derechos humanos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional, de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos reclamados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto reclamado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente. Ahora, con relación a la causa de improcedencia que se analiza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que ésta no se actualiza por el solo hecho de que la norma reclamada (cuando se impugna una disposición) se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral; o porque el acto o resolución controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, o bien, considerando lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es propiamente el contenido material de la norma, del acto o de la resolución lo que invariablemente determinará la improcedencia del juicio de amparo. De tal suerte, que nuestro máximo tribunal estableció que para la actualización de la causa de improcedencia sujeta a estudio, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral, o bien, versen sobre derechos políticos, pues en estos supuestos, tales actos están sujetos al control constitucional, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad (si se trata de normas generales), o bien, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente (en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral). Por ello, concluyó que acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá, por este particular y preciso motivo, cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral; por ello, estableció que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos. Finalmente, se precisa que en auto de cuatro de marzo del año en curso, se proveyó respecto al domicilio, autorizados, reproducción electrónica de actuaciones judiciales, habilitación de días y horas hábiles; exhorto para la promoción del juicio en línea; ley de transparencia y gratuidad en el servicio; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
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