Jacobo Kornhauser López apoderado de Alejandra Canchola Lopez
Expediente 560/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jacobo Kornhauser López apoderado de Alejandra Canchola Lopez
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
León, Guanajuato, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese.
- Principal
León, Guanajuato, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 560/2023. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LA MODALIDAD EN LÍNEA. En los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del propio Consejo. Por ello, con independencia del esquema en que actúen las partes (tradicional, híbrido o en línea) el eje rector de la actividad jurisdiccional de este órgano será la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico. En atención a lo anterior, se informa a las partes que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, y serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites ante el propio Consejo, Por su parte, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. MEDIDAS PARA LA ACTUACIÓN DESDE EL SISTEMA ELECTRÓNICO. Con la finalidad de conducir el juicio conforme al esquema en línea, se comunica a las partes: 1. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, así como las notificaciones realizadas por el sistema, tendrán validez legal suficiente y constarán únicamente en el expediente electrónico, sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente físico. Por lo tanto, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. 2. Las listas de acuerdos publicadas electrónicamente tendrán validez legal, por lo cual, durante el trámite de este juicio se prescindirá de incorporar la certificación de la notificación por lista al expediente físico. 3. Las constancias que se alleguen de manera física se digitalizarán e integrarán de inmediato al expediente electrónico, con la salvedad de aquellas que no puedan ni deban digitalizarse, ya sea porque se trate de objetos, para proteger la integridad del documento o los datos personales que contengan, o bien, porque por su voluminosidad, el SISE no alcance a cargarlos en formato digital (salvo que existan los acuerdos de interconexión). En estos casos, quedarán a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado en el cuaderno auxiliar que se forme para su consulta. 4. Los expedientes físicos y cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente, con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. 5. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. 6. Los documentos presentados en formato físico que no resulten relevantes para el trámite del asunto, no se agregarán al expediente electrónico. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés dictado en el juicio * del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de León, Guanajuato. En el citado proveído se desechó el recurso de revocación interpuesto por la hoy parte quejosa para impugnar la diversa decisión de doce de abril de dos mil veintitrés, en la que la responsable no recibió la declaración de la testigo * ya que la ateste ofrecida fue *. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *, por quien dice ser su apoderado *, contra actos del Juzgado Quinto Civil de Partido de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. A efecto de distinguir entre un derecho sustantivo y otro de carácter procesal o adjetivo, la doctrina jurisprudencial ha venido clarificando con el paso de las épocas, sin asignarles un orden, que los derechos sustantivos son prerrogativas como la vida misma, a las propiedades o posesiones, la integridad personal, el patrimonio, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la libertad en sus múltiples manifestaciones, tales como la libertad personal, de conciencia, de expresión, de asociación, de tránsito; otros derechos como al honor, a la intimidad, a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones particulares, la dignidad, la igualdad de las personas, la inviolabilidad del domicilio como prolongación a la libertad individual, o cualquier otro de los valores supremos consagrados en la Constitución Federal o también denominados "los bienes de la vida". Por otro lado, los derechos adjetivos o instrumentales, también llamados procesales, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes sustantivos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, como pueden serlo la vida, la propiedad, la posesión, la salud, el derecho a la intimidad persona, entre otros, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, puede ser en todo caso impugnada en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva o en este caso, impugnando la interlocutoria que se dicte en el incidente de liquidación de intereses promovido por la parte amparista. En ese tenor, si lo que se pretende tutelar con el dictado de la sentencia que se emita en el juicio de origen, es precisamente uno de esos valores supremos que reconoce la Constitución Federal, entonces, serán derechos adjetivos aquellos de carácter formal o intraprocesal que instrumenten todo el procedimiento con el que se aspira a la obtención de esa tutela sustantiva. Esto es, serán derechos adjetivos aquellos que encauzan el procedimiento, o con la intervención e impulso de las partes, con vista a la obtención de una sentencia favorable para alguna de ellas; de manera que, si se consigue que el fallo definitivo le favorezca, las infracciones a estas normas procesales se habrán extinguido sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado, pues precisamente el objetivo de tutela sustantiva -la protección o reconocimiento de derecho sustantivo en sí se habría colmado con la obtención de ese fallo favorable. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes del caso: Dentro del Juicio Ordinario Civil *, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se ofreció la prueba testimonial nominada a cargo de *, por lo que se señaló día y hora para su desahogo. El doce de abril de dos mil veintitrés compareció la testigo aludida la cual se identificó con su credencial de elector a nombre de *, por lo que, a solicitud del mandatario judicial de la tercera interesada, alegó que se trataba de una persona distinta, ya que el ofrecimiento de la prueba testimonial era a cargo de *, por ello, la autoridad responsable determinó no recibir su atesto derivado a que era persona distinta. En contra de dicha determinación la parte quejosa promovió recurso de revocación, el cual fue desechado en auto de diecinueve de abril del año actual. Actuación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Dados los antecedentes narrados, se considera que el acto reclamado tiene un efecto meramente procesal, esto es, sus consecuencias se reflejan tan solo para efectos del procedimiento ya que éstas, de manera concreta, se traducen en que el juicio continuará sin el desahogo de la referida probanza, pero no genera en la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Esto es, lo acontecido no incide material y directamente en sus derechos sustantivos como puede ser la vida, la propiedad, la salud o la intimidad personal, sino sólo en un aspecto procedimental, cuenta habida que por tratarse de cuestiones procesales, sólo tiene efecto de carácter adjetivo, pues únicamente genera la continuación de la tramitación del juicio natural por sus etapas respectivas. Luego, será hasta en tanto se dicte sentencia cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de tal determinación, y será hasta entonces cuando la parte quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo -y sin que ello constituya un presupuesto para la causa de inviabilidad que se analiza-, podrá combatir dicha cuestión; no debe perderse de vista que, de obtener fallo favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesa es, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Bajo esa condición, en atención a que el acto reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la presente demanda. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1 de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Lo anterior tiene apoyo en la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubros y textos siguientes: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Por lo expuesto y fundado se impone desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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