Jacobo Hernandez Rivas
Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Jacobo Hernandez Rivas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de tres de junio de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************** para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos exhibidos por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese personalmente
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****, personalidad que acredita con la escritura pública número 30,284 contra actos que reclama de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 846/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Se transcribe) Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el promovente reclama de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo: La Convocatoria Pública Número 01/2022 para autorizar la instalación y operación de Centros de Verificación Vehicular, Unidades de Verificación Vehicular o Unidades de Inspección Vehicular y de la NOM 236-SE-2021 en el Estado de Hidalgo, publicada el veintitrés de mayo de dos mil veintidós , en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Esta juzgadora, considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés legítimo, contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; ello, porque la parte quejosa no justificó que el acto reclamado afecte su esfera jurídica. En principio conviene recordar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6°, y 61, fracción XII, estos últimos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. (se transcribe)." Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 6. (se transcribe) Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Finalmente, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo indica: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los interés jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De los preceptos transcritos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general) y, se sigue, siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de garantías únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto reclamado, ya sea a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo. El presupuesto jurídico que contienen los preceptos transcritos, interés jurídico o interés legítimo, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando acude en demanda de amparo debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de garantías resultará improcedente por no acreditarse un interés jurídico. Con independencia de lo anterior, también se requiere que se lesione el interés legítimo en el supuesto de que no sea directamente titular de un derecho subjetivo contenido en una norma, el cual supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En efecto, para promover el juicio de amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos o legítimos entendiéndose por éstos, lo siguiente: A. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; B. El interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. C. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; D. No es suficiente para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número sesenta, Octava Época, misma que se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. (se transcribe)" También apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada I.4o.A.357 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página mil trescientos nueve del tomo XVI, agosto de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO. El gobernado en los supuestos de que sea titular de un interés legítimo y se considere afectado con el acto de autoridad, puede acudir a la vía contencioso administrativa a solicitar que se declare o reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le agravia, para lo cual es necesario que: a) sea el titular o portador de un interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una situación individualizada, el resarcimiento de daños y perjuicios, en un beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades. En este orden de ideas, es evidente que un acto de privación, proveniente del ejercicio de una norma de acción y susceptible de incidir sobre propiedades o posesiones de uno o múltiples sujetos, por supuesto que les confiere una posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose esta situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo." Ahora bien, la parte quejosa se duele medularmente de que la Convocatoria Pública Número 01/2022 para autorizar la instalación y operación de Centros de Verificación Vehicular, Unidades de Verificación Vehicular o Unidades de Inspección Vehicular y de la NOM 236-SE-2021 en el Estado de Hidalgo, contraviene la temporalidad en su publicación y apertura para exhibir las solicitudes y cierre de las mismas. Lo anterior, en virtud de que la Convocatoria reclamada, quedó abierta a partir de las ocho horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós y cerró a las dieciséis horas del veinticinco de mayo de ese mismo año; misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el veintitrés de mayo de la citada anualidad; término que estima insuficiente para obtener y entregar la documentación requerida en las bases de la citada convocatoria. Sin embargo, este órgano de control constitucional estima que en el caso el solicitante del amparo no acredita afectación alguna a su esfera de derechos, y que tal consideración si es procedente realizarla en este auto admisorio, porque la parte quejosa de manera expresa aseveró que no cumple con la base de la convocatoria reclamada, entre otros, la precisada en el punto cinco, que establece: "5. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que el participante manifieste que en los últimos dos años no le ha sido suspendida o revocada autorización alguna para la operación de centros o unidades de verificación vehicular y que no se encuentren sujeto a ningún procedimiento administrativo" (énfasis añadido) En efecto, de las manifestaciones vertidas por la promovente en el capítulo de hechos, las que realizó bajo protesta de decir verdad y, por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que la quejosa expuso que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), la emplazó a trámite administrativo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, con la intención de revocar la autorización que actualmente ostenta para operar como Unidad de Verificación Vehicular; como se advierte de la imagen digital que a continuación se inserta: Las manifestaciones expuestas por la parte quejosa, permiten establecer que la promovente, no acredita el interés legítimo requerido para instar el juicio de derechos que promueve, toda vez que a la fecha de la publicación de la Convocatoria reclamada, ya había sido emplazada al trámite administrativo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo; en ese orden, si de acuerdo al punto cinco de las bases de la convocatoria de mérito, resulta necesario para determinar procedente la propuesta para la prestación del servicio público requerido, que los participantes no se encuentren sujetos a ningún procedimiento administrativo, pues de lo contrario, de acuerdo a los criterios para evaluar las solicitudes previstos en la citada convocatoria, serán desechadas aquéllas incompletas o con documentos faltantes, lo que en el caso a estudio acontece, toda vez que la quejosa está imposibilitada materialmente a dar cumplimiento a la documentación requerida en el punto cinco mencionado. Máxime que del contenido de sus argumentos no se aprecia que ello sea un alegato en su demanda de garantías, sino lo que alega es que la convocatoria reclamada contraviene la temporalidad en su publicación y apertura para exhibir las solicitudes y cierre de las mismas, y aunque ello fuese fundado, lo cierto es que no podría obtener ningún beneficio, porque se encuentra sujeta a un procedimiento, lo que de suyo hace que la causa de improcedencia sea notoria y manifiesta. En ese contexto, la convocatoria reclamada, no es susceptible de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa ni mucho menos se observa que, de prosperar la instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio de la parte accionante, por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en su esfera jurídica. De lo que es posible concluir que la parte promovente guarda una situación genérica (interés simple) frente a las circunstancias que expone en su libelo constitucional, esto es, no se afecta su interés legítimo, en tanto no le genera un agravio diferenciado, actual, real y jurídicamente relevante en comparación con el resto de los demás habitantes de la entidad. Por tanto, con su sola manifestación, no se evidencia que sufre una afectación individual o colectiva a partir de una situación actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, ni tampoco se sigue cuál sería el beneficio que en lo particular obtendría con la concesión del amparo; aserto que se alcanza en el entendido que no es el sentido de legalidad, o bien, la opinión particular que el promovente tenga en relación con el tema planteado, lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, cualquier persona estaría en aptitud de impugnar cualquier tipo de acto, llegando al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que originaría la promoción de un indeterminado número de procedimientos. Ilustra lo expuesto, por su temática, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de la autoría del Pleno del más Alto Tribunal del país, que se encuentra en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, del mes de noviembre de dos mil catorce, tomo I, página sesenta, registro 2007921, intitulada: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). (se transcribe)" Sin que pase desapercibido que, aun cuando la legalidad de los actos atribuidos a las autoridades responsables pudiera ser del interés de todos los habitantes de esta entidad federativa, ese objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de protección de derechos fundamentales porque, al ser global, se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente en el territorio nacional, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional referido al inicio de este apartado, y necesario para acudir al presente juicio; por ende, resulta palmario que la parte promovente no tiene un interés propio y distinto de otros gobernados y, en esa medida, resulta improcedente la demanda de amparo. Cobra aplicación, por su sentido jurídico, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, disponible para su consulta en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, del mes de agosto de dos mil dieciséis, tomo II, página seiscientos noventa, registro 2012364, de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. (se transcribe)" En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que el quejoso no acreditó de manera fehaciente el interés legítimo que le asiste para acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto que reclama y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oí y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a Mario Manuel Vera Trejo, en virtud de que si se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. De igual manera, téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico que se tiene como forma especial y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Finalmente, se le autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "Mavet07", en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.
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