Jacobo Héctor Valenzuela Ruano

Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
281/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Jacobo Héctor Valenzuela Ruano
  • J. V. C.
  • T. V. C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 11355/2023, remitido por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que contiene transcripción del proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación, en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación Sinaloa "1", con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo requerido en oficios 14870/2023 y 17297/2023, derivados de los proveídos de veintitrés de mayo y quince de junio del año en curso, respectivamente, solicita diversos datos a fin de hacer efectivas las multas impuestas a las autoridades señaladas en los citados oficios. En atención a lo anterior, dígasele que esta Juzgadora no cuenta con los datos solicitados, por ende, ha de decirse que deberá proceder conforme a sus atribuciones.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa *, y en representación de los menores de identidad reservada, mediante el cual, interpone recurso de revisión contra del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el citado medio de impugnación, intégrese debidamente el expediente electrónico y en su oportunidad remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en Mazatlán, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción que notifique según corresponda el presente proveído y corra traslado a las demás partes con copia del escrito de agravios. Se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del presente juicio de amparo sea vinculado al Tribunal de Alzada, para su debida integración a las actuaciones del amparo en revisión que corresponda. SE REEXPIDE OFICIO Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 14870/2023 dirigido al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "1" adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Sinaloa, con residencia en Culiacán, derivado del auto de veintitrés de mayo del presente año. Por tanto, reexpídase nuevamente el citado oficio a la autoridad que se menciona, para que esté en aptitud de dar cumplimiento a lo solicitado. CUADERNO DE ANTECEDENTES Fórmese cuaderno de antecedentes que supla este expediente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Apoderada Legal de la persona moral citada, mediante el cual, en términos del ordinal 117 de la Ley de Amparo, remite copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Asimismo, como lo solicita se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora, toda vez que del escrito de inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado al Presidente, Vicepresidente, Prosecretario, Tesorero, todos del Consejo de Administración y vigilancia de Country Club de Culiacán, Sinaloa, así como el propio Consejo, de esta ciudad, consiste en la sesión ordinaria de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se ordenó la suspensión de utilización de las instalaciones y servicios del Club "Country Club" a la parte quejosa. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se adelantó, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violentado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, en el particular se tiene que la Directora General, representante de la de la autoridad Country Club de Culiacán, Sinaloa, de esta ciudad, en su oficio informa que en sesión de veintisiete de marzo del año en curso, mediante acuerdo especial 04/2023, aprobó por unanimidad de los integrantes del Consejo de Administración de la sociedad en mención, suspender la ejecución de la sanción acordada, motivo por el cual, la parte quejosa sin limitación tiene acceso, uso, goce y disfrute de las instalaciones en los términos de socio o socia al corrientes de los pagos de sus obligaciones. Además, remite la constancia del cual se aprecia que el quejoso Jacobo Héctor Valenzuela Ruano, representante de los menores de identidad reservada, fue notificado de dicha determinación el treinta de marzo del año en curso. De lo que se advierte, que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de marzo de dos mil veintitrés), acordó lo relativo a la suspensión de utilización de las instalaciones y servicios del Club "Country Club" a la parte quejosa; lo cual denota que el acto reclamado, ha dejado de existir para todos los efectos legales, en tanto que la conducta omisiva que se le atribuyó a las responsables ha sido vencida por la acción aquí solicitada. Por consiguiente, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés. Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente.

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