Jacobo Gonzalez Quintana
Expediente 663/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2019
Partes del expediente
- Jacobo Gonzalez Quintana
Actuaciones
- Principal
I) Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido y de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, a través del cual comunica la aceptación de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso Jacobo González Quintana. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
i) Toluca, Estado de México; cuatro de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de notificación practicada por el Actuario de la adscripción en la cual se desprende que el quejoso Jacobo González Quintana, fue notificado del proveído de veintinueve de mayo pasado. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora de la notificación de cuenta se desprende que el quejoso asentó: "Que el acto que atribuyo al tribunal responsable es la determinación que desecho al recurso planteado ante el juez responsable." De lo anterior se toma conocimiento y se provee en los siguientes términos. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. Respecto a los actos atribuidos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, consistente en el proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 61/2008, en el que dicha autoridad, desechó de plano, el incidente no especificado de nulidad de notificaciones del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil trece, por resultar improcedente, toda vez que resultó ser extemporáneo, así como la negativa de entregarle su documento de libertad, procede desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron sus efectos por sustitución procesal. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De ahí que el acto reclamado (proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve que desechó de plano, el incidente no especificado de nulidad de notificaciones del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil trece, por ser improcedente, al resultar extemporáneo dicho recurso, así como la negativa de entregarle su documento de libertad) quedó sustituido procesalmente por la determinación que dictó el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca Morelos, en los autos del toca penal 24/2019, donde declaró improcedente la apelación admitida en contra del proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en la causa penal 61/2008, en el que desechó de plano, el incidente no especificado de nulidad de notificaciones del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil trece, por ser improcedente, al resultar extemporáneo dicho recurso. En efecto, de una interpretación sistemática de la norma legal citada, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos, a saber: Por revocación; o, Sustitución procesal. El primer supuesto, se patentiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Por tanto, resulta evidente que la determinación de desechó de plano el incidente no especificado de nulidad de notificaciones y entrega de documento de libertad, fue sustituida procesalmente por la diversa dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca Morelos que declaro improcedente la apelación admitida. Es aplicable la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 841, Libro XIV, de noviembre de 2012, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo intentada en contra del acto consistente en la determinación de veinte de febrero de dos mil diecinueve que desechó de plano, el incidente no especificado de nulidad de notificaciones, así como la entrega del documento de libertad dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en la causa penal 61/2008. INCOMPETENCIA. RESPECTO DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS AL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, CON SEDE EN CUERNAVACA MORELOS. Previo a explicar los motivos por los cuales este juzgado es legalmente incompetente se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución que fue notificada el catorce de mayo de dos mil diecinueve dictada por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca Morelos, en los autos del toca penal 24/2019, donde declaró improcedente la apelación admitida en contra del proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en la causa penal 61/2008, en el que desechó de plano, el incidente no especificado de nulidad de notificaciones del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil trece, por resultar improcedente, toda vez que resultó ser extemporáneo. Ahora, cabe puntualizar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Sobre tal tópico, los artículos 36 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, establecen: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." A su vez, el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estatuye: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado..." Por tanto, si el acto reclamado lo constituye la resolución dictada en el toca penal 24/2019 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca Morelos, determinación que declaró improcedente el recurso de apelación en contra del proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en la causa penal 61/2008, en el que desechó de plano, el incidente no especificado de nulidad de notificaciones del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil trece, por resultar improcedente (extemporáneo), se estima que la competencia recae a un Tribunal Unitario y no a un Juez de Distrito. Sobre el tópico el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/97, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y otros, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estableció que con motivo de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado; máxime que, en la ley de amparo existe disposición expresa. En estas condiciones, resulta evidente que el órgano de control de la constitucionalidad competente para conocer de la demanda de cuenta lo es el Primer Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca Morelos, pues se reitera fue el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca Morelos quien resolvió improcedente el recurso de apelación del quejoso Jacobo González Quintana. Por ende, un Tribunal Unitario en esa localidad deberá conocer de la demanda de amparo, pues los juzgados de distrito carecen de competencia legal para conocer y resolver de los juicios de amparo indirectos promovidos contra otro Tribunal Unitario. Sirve de sustento la jurisprudencia VIII.1o. J/5, consultable en la página 624, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª/J.14/2012 (10ª), consultable en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012, Libro Vl, Tomo I, Decima Época cuyos rubro y texto son el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." Por las relatadas consideraciones, se estima pertinente proceder conforme a lo anotado en el cuerpo de este proveído y remitir la demanda de amparo promovida por Jacobo González Quintana contra actos del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca Morelos, al Primer Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca Morelos. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J.25/98, consultable en la página 17, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama." Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales conducentes ya que con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Publica en el Estado de México, por medio del cual solicita se le precise el acto reclamado por el quejoso; asimismo, copia del escrito de demanda, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo requerido mediante oficio 13865/2019. Atento a lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos del quejoso, remítase a la oficiante copia simple de la demanda de amparo, donde se advierten los datos solicitados. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
i) Toluca, Estado de México; veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Jacobo González Quintana, contra actos del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito con sede en Cuernavaca Morelos y otra; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 663/2019-I. PREVENCIÓN. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo en vigor, en la parte que interesa, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)." Ahora, la fracción II del artículo 114 transcrito no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos previstos en el numeral 108 de la legislación en comento; sino cualquier deficiencia, irregularidad u omisión, expresamente indicadas en las restantes fracciones, que pudiese obstaculizar el trámite respectivo. En ese tenor, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: ÚNICO. De la demanda de amparo se aprecia que el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: -Se reclaman los actos que se lleva en contra de mi persona del Juzgado "PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS" por ser responsable directo de las violaciones que se llevan a cabo y las cuales consisten en negarme a la anulación de notificación y aún más en negarme mi documento de mi libertad.- Lo resaltado es propio. Sin embargo, de la lectura de la misma se advierte que en el apartado III que destino a autoridades responsables, también señalo al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito con sede en Cuernavaca Morelos. Asentado lo anterior, resulta pertinente requerir al promovente para que señale qué acto le reclama al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito con sede en Cuernavaca Morelos Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis VI.1o.C.18 K, publicada en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición." APERCIBIMIENTO. Se apercibe al agraviado que de no cumplir con tal requerimiento dentro del plazo concedido para tal efecto, se seguirá el presente juicio de amparo únicamente respecto a los actos atribuidos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. DOMICILIO. Con fundamento en al artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense ésta y las subsecuentes notificaciones en el lugar en que se encuentra recluido el quejoso. REQUERIMIENTO DE DEFENSOR. Asimismo, toda vez que el derecho a la asistencia de un abogado en una condición de efectividad en el juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; además de así haberlo solicitado el quejoso en su escrito de demanda, gírese oficio, al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Publica en el Estado de México, para que en el plazo de tres días designe un defensor al quejoso que nos ocupa, únicamente para efecto de que de ser el caso lo asesore en el presente juicio de amparo, informándole que el mismo se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Se apercibe al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Publica en el Estado de México que de ser omiso o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de ser publicada, cuyo rubro y texto son: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Jacob Sanchez Palomar1169/2017
- Jacobo Antonio Garduño Serrano442/2020
- Jacobo Cruz Aguilar1994/2015
- Jacobo E Zuñiga Ovall1648/2022
- Jacobo Estrada Garcia21/2023
- Jacobo Gónzalez Quintana362/2021
- Jacobo Gonzalez Quintana1920/2014
- Jacobo Zuñiga Ovalle1666/2022
- Jael Antonio Malagón Uscanga1646/2022
- Jael Antonio Malagon Uscanga1521/2017
- Jael Larraga Pérez662/2017
- Jahiel Jesus Arreola Díaz1729/2023