Jacobo Cassab Cherem
Expediente 710/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jacobo Cassab Cherem
Actuaciones
- Principal
XI... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En cumplimiento al capítulo cuarto, artículo 14 y capítulo octavo, artículo 21, incido d), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se considera susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos tres años a partir del día de la fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
XI... Naucalpan de Juárez, Estado de México; quince de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Jacobo ..., por propio derecho, contra actos de los Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 710/2022-XI. En principio, resulta necesario precisar que la demanda de amparo que se examina fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web en el que las partes y sus representantes en los juicios de amparo, pueden acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan; lo que otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, el que en concordancia con los artículos 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de agosto de dos mil veinte, regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En este contexto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por su parte, los artículos 6 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que cuenten con firma electrónica reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema y vincular la firma con dicho registro. También, en los preceptos 17 y 42 del Acuerdo, se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, el caso en que se promuevan demandas donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; por lo que, en tratándose de dichos actos no se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Por su parte, del precepto 45 del Acuerdo 12/2020 de referencia, se advierte que fuera de los casos de excepción precisados, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente. Finalmente, el artículo 52 del citado Acuerdo, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre de su titular. En el caso se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene la Firma Electrónica de la parte quejosa Jacobo Cassab Cherem, conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, del ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica que denote alguna firma electrónica de quien la promueve, lo que es un requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, pues como se señaló, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar la demanda se debe establecer si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos legales en cita, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. En efecto, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3 de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando, deben contener la Firma Electrónica; pues es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, la que resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda. Ahora bien, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa, como ya se precisó, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la parte quejosa; por tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad del promovente y está facultado para desechar la demanda. Lo anterior se insiste, ya que ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del impetrante de garantías, o como en el caso, a través de la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre de quien se dice agraviado por el acto de autoridad, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. Lo anterior se sustenta además, con el criterio que ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se expuso que no puede darse un trato diferenciado entre la falta de firma electrónica y la de firma autógrafa, ya que la ausencia de ésta, genéricamente representa la falta de voluntad y, por ende, no amerita realizar requerimiento alguno a la parte promovente; esto aun cuando en el documento digitalizado exista evidencia de alguna firma o rubrica autógrafa del promovente. Lo anterior, aunado a que, como se aprecia de dicha demanda, ésta carece de la firma autógrafa del quejoso Jacobo Cassab Cherem, lo que pone de manifiesto que no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, toda vez que de admitirla y tramitarla, se fomentaría la práctica viciosa de cualquier persona para que, sin firmar su libelo, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expedición de la voluntad de promover la instancia. Así, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es desechar la demanda de amparo en la que aparece promueve Jacobo Cassab Cherem, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSO Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "JORSHUAHERNANDEZ", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el referido usuario. Sin que pase inadvertido que también señale como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de publicación de este juzgado y como domicilio particular uno diverso en la Ciudad de México; sin embargo, la Ley de Amparo no prevé la posibilidad de que se tengan dos domicilios para el mismo efecto; además, se estima que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), se prefiera el uso de medios electrónicos, para notificarle el contenido del presente acuerdo. Se le tiene señalando el correo electrónico que indica para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se autoriza a Montserrat Becerra Zúñiga y Juan Jorshua Hernández Moreno, en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la aludida ley, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a Stephanie Guadalupe Llanjo Morales, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, como lo prevé el párrafo segundo, última parte del citado numeral, con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, toda vez que si bien se le confiere facultades amplias, lo cierto es que no cuenta con el referido registro, por lo que una vez que lo realice y reiterada que sea su petición, se acordará lo conducente.... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión.
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