Jacobo Apichoto Palermo

Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
320/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Jacobo Apichoto Palermo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno.Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Este expediente es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en este juicio. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintidós de julio de este año; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en este juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, así como por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 320/2021-I; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito recibido vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la "LX" Legislatura del Estado de México, y otras autoridades. II. Por auto del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo con el número 320/2021-I; se pidió a las autoridades responsables rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama disposiciones en materia administrativa con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que los actos reclamados consiste en: - De la "LX" Legislatura del Estado de México: la discusión, aprobación, promulgación y expedición del decreto número 111, por medio del cual se aprueba el Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicado en el nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, en específico el artículo 60 E, en relación con el 60 B, fracción VII, reformada el diecinueve de diciembre de dos mil doce, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. - Del Gobernador Constitucional y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México: la liquidación, cobro y ejecución del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, como primer acto de aplicación de las disposiciones reclamadas. TERCERO. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional y la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, ambas del Estado de México, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto de aplicación de las disposiciones reclamadas. Además, cabe precisar que el quejoso no aportó prueba idónea alguna para desvirtuar tales negativas, de ahí que se tengan por inexistentes los actos que por esta vía combate. Sin que obste a lo anterior que haya exhibido copia de una factura, un formato universal de pago, comprobantes de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos automotores y la tarjeta de circulación del vehículo que en ellos se describe, toda vez que con dichas constancias no se demuestra la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables; en todo caso, quién es el propietario del vehículo, el pago del impuesto en comento, y la identificación del vehículo automotriz referido en la tarjeta de circulación vehicular, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo, no así el acto de ejecución reclamado. Lo anterior, porque con los comprobantes de pago se acredita únicamente que recibió el entero de la contribución reclamada, los cuales no constituyen propiamente actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues, lo único que prueba es la existencia de un acto de autoliquidación de la ley relativa. Dicho aspecto, encuentra justificación en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007 con registro digital 171860 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 367, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO"., en la que señaló que la existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad. Por tanto, la circunstancia de que el quejoso hubiera acudido por voluntad propia a liquidar el importe del impuesto, contenido en las normas que impugna vía amparo, aun y cuando el propio alto tribunal ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad citada. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 182/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 168248, materia Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 294, de rubro: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. CUARTO. La Presidenta de la Diputación Permanente de la "LX" Legislatura y el Gobernador Constitucional del Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron los actos a ellos atribuidos en el ámbito de su competencia, por lo que se debe tener por probada su existencia. Además, respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial o en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en los órganos oficiales de difusión tienen por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 191452, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000, materia Común, página 320, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". QUINTO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie el juicio de amparo es improcedente, toda vez que las normas generales no fueron reclamadas con motivo de su primer acto de aplicación, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el numeral 107, fracción I, inciso d), del propio ordenamiento, interpretado a contario sensu. De las disposiciones citadas se desprende que el juicio de amparo indirecto contra normas, puede promoverse cuando se reclamen atendiendo a su característica autoaplicativa o heteroaplicativa, ya que la ley no establece distinción en cuanto a la naturaleza de la disposición general reclamada, máxime que en la parte final de la citada fracción I del artículo 107 de la ley de la materia, se alude genéricamente a que la ley puede reclamarse "por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso". De donde se deriva que, en caso de que se reclame una norma con motivo de su entrada en vigor, pero que desde ese momento no cause perjuicios al quejoso, sino que requiera de un acto de aplicación posterior, y en sentido inverso, cuando se reclame una ley con motivo de un acto que no sea el primero de su aplicación, el juicio de amparo resultará improcedente en términos de lo dispuesto en dicho numeral, en relación con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Ahora, respecto de las normas que se reclaman con motivo de su aplicación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el "primer acto de aplicación" de una norma, puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad, que en pleno ejercicio de sus facultades legales concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado; así también, en la actualización que de tales normas realice el obligado a cumplir con el deber principal, o bien, aquél particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, tal como se advierte de la jurisprudencia P./J. 67/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 197666, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 84, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN". De igual forma sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 232151, materias Constitucional, Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Primera Parte, página 169, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY". En esos términos, cuando se señala como acto reclamado uno de aplicación de una ley o reglamento, el juzgador de amparo no debe desvincular el estudio de la ley o reglamento controvertidos del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que, tratándose de juicios de amparo en que se reclame una ley con motivo de un acto de aplicación, el juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Las anteriores conclusiones se vertieron en la jurisprudencia 221 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo I, parte SCJN, de la Séptima Época del Apéndice de 1995, con número de registro 389674, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN". Igualmente en la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 235, del tomo XII, agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191311, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN". En el particular, el quejoso reclama los artículos 60 E, en relación con el 60 B, fracción VII, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que contemplan la forma en la que se calculará el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; el valor total del vehículo, el precio del vehículo de la primera enajenación como vehículo nuevo al consumidor final, del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales con registro ante la Secretaría de Economía como empresa para importar autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud del consumidor, así como los descuentos, bonificaciones y contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado. En el valor total del vehículo a que hace referencia, no se incluirán los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo. Cuando no se cuente con documento idóneo para determinar el valor de la primera enajenación del vehículo nuevo, el precio a considerar será el que tenga la autoridad para vehículos de similares características. Ello, con motivo de su aplicación, la cual se concretó en el comprobante de pago con folio fiscal ********************, del treinta de marzo de dos mil veintiuno, relativo al pago del refrendo y tenencia del vehículo marca ********************, modelo ********************, línea ********************, número de placa ********************. Sin embargo, tal recibo no constituyó el primer acto de aplicación de las normas reclamadas como se advierte de las documentales remitidas por la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, ambas del Estado de México, consistentes en: a) Línea de captura de pago ********************del treinta de junio de dos mil diecinueve, respecto del vehículo Honda modelo dos mil dieciséis, número se serie ********************, placas de circulación ********************, por la cantidad de $11,675.00 (once mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); y, b) Copia certificada de la Constancia de Trámite Vehicular del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho para cambio de placas para vehículo con baja y con permiso de circulación y tenencia vigente y hoja de consulta al Padrón Vehicular, de las que se acredita que el quejoso es propietario de dicho vehículo. Las pruebas precisadas, por su carácter de documentales públicas, adquieren valor probatorio pleno de acuerdo a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, se estima que, el recibo de pago del treinta de marzo de dos mil veintiuno, exhibido por el quejoso no constituye el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, ya que éstas se concretizaron en el diverso recibo del treinta de junio de dos mil diecinueve, porque en él aparece la erogación relativa al concepto del impuesto impugnado. De esta manera, si un particular pagó el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, sin que en su momento hubiese ocurrido al juicio de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de tales preceptos, es claro que consintió su aplicación. Por tanto, en el supuesto de que aquél adquiera un vehículo distinto, se coloque en el supuesto de causación del citado artículo y realice el pago correspondiente, no puede considerarse el primer acto de aplicación del referido numeral, actualizándose entonces la causa de improcedencia en estudio al no ser el primer acto de aplicación. Esto, en razón de que la acción de amparo se ejerce para tutelar derechos fundamentales, de los cuales, exclusivamente pueden ser titulares las personas físicas o morales; esto es, los bienes muebles o inmuebles, como tales, no son titulares de derechos humanos, sino exclusivamente sus propietarios o poseedores. Sostener un criterio contrario, es decir, afirmar que es procedente el juicio de amparo respecto de las normas que hoy reclama el quejoso, en relación con el segundo de los bienes muebles, sería tanto como aceptar que la sentencia protectora de derechos humanos tutela la "esfera jurídica" de un bien (vehículo automotriz), no obstante que el quejoso, verdadero titular de los derechos humanos, haya consentido tal precepto normativo, lo cual es jurídicamente inadmisible. Además, ello implicaría considerar que el consentimiento de la norma desaparece cada vez que el quejoso adquiere un bien nuevo, y que al detentarlo, nace nuevamente el derecho de éste para ocurrir al sumario de amparo, lo cual no encuentra sustento en ningún precepto de la Ley de Amparo. Máxime que las disposiciones reclamadas no han sido materia de reforma desde que pago el entero por primera vez. Lo anterior no impide que el órgano de control constitucional analice la legalidad del acto de aplicación reclamado (en relación con el segundo de los vehículos) por vicios propios, sobre todo si éste se emitió con fundamento en una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha determinado que, en ese caso, la suplencia de la deficiencia de la queja opera, en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, aun cuando se trate del segundo o un ulterior acto de aplicación. Sirve de apoyo, la tesis 2a. LXX/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 186675, materias Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 445, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO". Así como, -por identidad de razón- la tesis I.7o.A.496 A del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 173223, materias Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Febrero de 2007, página 1846, de rubro: "PREDIAL. EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, CUYA INCONSTITUCIONALIDAD NO FUE IMPUGNADA OPORTUNAMENTE POR QUIEN OTORGÓ EL USO O GOCE TEMPORAL DE UN INMUEBLE, NO IMPLICA QUE EL ENTERO REALIZADO RESPECTO DE OTRO BIEN RAÍZ, POR EL MISMO CONCEPTO, DEBA CONSIDERARSE COMO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA, ACTUALIZÁNDOSE POR ENDE, LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Cabe precisar que no resulta necesario analizar la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, pues como se puso de manifiesto, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, por lo que si en el presente caso se analizó, en principio, si el juicio de amparo resultaba procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituía el primero que concretó en perjuicio del peticionario la hipótesis jurídica controvertida y, al no ser así, se estimó actualizada la causa de improcedencia invocada, entonces lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de las normas impugnadas. En la inteligencia que en el presente asunto no procede entrar al estudio del acto de aplicación aludido, toda vez que los precetos reclamados, no han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni por los Plenos de Circuito, por lo que no es procedente el estudio del segundo o ulterior acto de aplicación, ya que al no ser inconstitucionales las normas impugnadas, entonces su acto de aplicación no puede considerarse, en sí mismo, violatorio de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico, siendo procedente su estudio únicamente respecto del primero de su aplicación, lo que en el caso no aconteció. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por lista electrónica a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto que a la fecha no obran las constancias de notificación de los oficios girados a las autoridades responsables y la representación social adscrita del auto del veintitrés de junio de los cursantes, en los que se les comunica el cambio de titular de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las doce horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano