Jacob Sánchez Luna
Expediente 750/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jacob Sánchez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de agosto de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer en el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse a la Agente del Ministerio Público Enlace de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares con sede en la Fiscalía Regional Zitácuaro, las copias certificadas de la carpeta de investigación ZIT/112/00988/2023, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, toda vez que resulta innecesario que sigan obrando en autos. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 790 signado por la Agente del Ministerio Público Enlace de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares con sede en la Fiscalía Regional Zitácuaro, mediante el cual remite copias certificadas de la carpeta de investigación ZIT/112/00988/2023; lo anterior, sin que se tenga que realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el diez de agosto de dos mil veintitrés se dictó sentencia definitiva dentro del presente sumario constitucional. Ahora, al tratarse de copias certificadas de una carpeta de investigación que contiene información confidencial y privada, dichas constancias se tendrán bajo resguardo y en sigilo, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Por tanto, con apoyo en lo previsto en el numeral 25 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que dichas documentales no se integren al expediente electrónico a fin de salvaguardar la información que contiene aperturandose un tomo por separado, sin perjuicio que dicha información podrá consultarse por las partes en el órgano jurisdiccional con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo número 750/2023, promovido por ..., en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones precisadas en el tercer y último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 750, signado por la Agente del Ministerio Público Enlace de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares con sede en la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán; a través del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés; empero insiste en remitir copias incompletas de la carpeta de investigación ********************, con número de caso único ********************; toda vez que se advierte que las fojas marcadas con los números cuatro; cinco; seis; nueve; dieciocho; veintiuno y veinticuatro, se advierten incompletas. Por tanto, subsiste el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita copia certificada COMPLETA Y LEGIBLE de la carpeta de investigación ********************, con número de caso único ********************, de las que se advierta el contenido completo de las fojas citadas en líneas anteriores; o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello. Bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.
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