Jacob Loewen Wiens

Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
797/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Jacob Loewen Wiens
  • José Antonio de Jesús Chávez Peña

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO EN EL MISMO

  2. Principal

    CERTIFICACIÓN. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el secretario CERTIFICA: a) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. b) Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veinte al veintidós de julio de la presente anualidad. c) No existe recurso pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional concedió la protección de la Justicia Federal solicitada; para los efectos siguientes: 04/09/23 17:50:58 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bd.23 ÁLVARO AUGUSTO ÁLVAREZ RENDÓN 1) "Con plenitud de jurisdicción, dar respuesta por escrito sobre la petición formulada por el quejoso Jacob Loewen Wiens, de uno de octubre de dos mil diecinueve. 2) Ordenar se notifique al citado quejoso el acuerdo recaído a dicha petición, en el domicilio que para tal efecto señaló en su escrito de petición." Resolución que causó ejecutoria por auto de quince de julio de dos mil veintidós, sin que existiera necesidad de requerir a la autoridad responsable su cumplimiento, toda vez que, previamente mediante oficio registrado con folio 13981 recibido por este juzgado el catorce de julio de la presente anualidad, la responsable remitió copia certificada de la resolución recaída al escrito presentado por el quejoso el uno de octubre de dos mil diecinueve, la cual fue dictada dentro del expediente ZAC-L-1982-01-10-19 el veinticinco de abril de dos mil veintidós, así como la notificación respectiva a la parte quejosa. Con lo anterior, se dio vista a las partes por auto de quince de julio de dos mil veintidós, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que se hiciera manifestación alguna. Luego, toda vez que se han acatado los efectos del fallo protector; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El 04/09/23 17:50:58 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bd.23 ÁLVARO AUGUSTO ÁLVAREZ RENDÓN ??A???????????? artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." A R C H I V O En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia 04/09/23 17:50:58 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bd.23 ÁLVARO AUGUSTO ÁLVAREZ RENDÓN correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público Federal. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe

  3. Principal

    Juicio de amparo 797/2022 El quine de julio de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado certifica: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa y para la agente del Ministerio Público Federal adscrita del veintinueve de junio al doce de julio del año en curso y autoridad responsable Director Local Zacateas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas del veintiocho de junio al once de julio del año en curso; sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa. Que no se tramitó incidente de suspensión en el presente asunto. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción con folio 13981. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiere sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia solicitado; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, resulta innecesario requerir el cumplimiento de la sentencia protectora, toda vez que en esta fecha se da cuenta con la promoción signada por la autoridad responsable; en tales condiciones, se tiene al Director Local Zacateas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y adjunta las constancias que lo acreditan. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y anexo; para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. ...

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con diez minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 797/2022, se encuentra en audiencia pública Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, se da cuenta con la demanda de amparo, con las constancias que integran el presente asunto y con el oficio con registro 12573. A lo anterior el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, con sede en Guadalupe, Zacatecas. Asimismo, el Secretario da cuenta al Juez con la circunstancia de que en este momento se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y derivado de ello, no ha transcurrido el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes, en su caso, estén en aptitud legal de desvirtuar el contenido de informe justificado. Al respecto, no obstante la circunstancia que expone el Secretario en la cuenta, no se está en el supuesto de diferir la audiencia constitucional, dado el sentido que regirá el fallo que se dicte en el presente juicio de amparo y del contenido del informe, no se desprende que exista materia qué desvirtuar, puesto que en la especie, como se verá con posterioridad, el acto que se reclama a la autoridad responsable es cierto; además, resulta ocioso diferirla, dada la cuestión que se impugna (dilación procesal), por ende, no se está en el supuesto que establece la jurisprudencia P./J. 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." A lo que se abona, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 117, segundo párrafo, establece que ".Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado", de lo que se observa que en su caso, será el quejoso o el tercero interesado quienes deben solicitar el diferimiento de la audiencia constitucional, si tuvieran intención de controvertir el contenido del informe justificado, petición que no se encuentra formulada en autos, máxime que se toma en cuenta el mayor perjuicio que causaría a las referidas partes la postergación de recibir justicia. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las que exhibió la parte quejosa en su demanda de amparo y autoridad responsable en su informe justificado. El juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con que ninguna parte las exhibió. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta correspondiente, y se emite la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 797/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, Jacob Loewen Wiens, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 5 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 797/2022; se admitió a trámite mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. El día de la fecha se celebró la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, el acto reclamado en el presente juicio de amparo a las autoridades responsables, en su respectivo ámbito de competencia: -La falta de contestación a la solicitud de expedición de título de concesión de aguas nacionales, que generó el expediente N° ZAC-L-1982-01-10-19. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado, de ahí que se tenga por cierto el mismo. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia. Al no advertir de oficio causa de improcedencia o que hagan valer alguna en particular las partes, se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Es fundado y suficiente para otorgar la protección solicitada el concepto de violación relativo a que la falta de contestación a la petición del quejoso trasgrede el derecho fundamental de legalidad y certeza jurídica contenido en el artículo 8 de la Constitución Federal. En efecto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la falta de contestación a la petición de uno de octubre de dos mil diecinueve, presentada ante la responsable y relativa a la solicitud de autorización de servicios número ZAC-L-1982-01-10-19, a nombre de Jacob Loewen Wiens, para la concesión del título para el aprovechamiento de aguas nacionales para uso agrícola. Ahora, en torno a la falta de contestación a la petición del quejoso, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a dar contestación, en breve término y por escrito, a las peticiones de los particulares, aunque sólo sea para comunicarles el trámite que se haya dado a las mismas. Y si al quejoso no se le ha dado a conocer ni siquiera el trámite que a su solicitud se le hubiera dado, es incuestionable que no es en el informe justificado cuando debe indicarse que la misma solicitud de licencias se encuentra en trámite, sino comunicarlo así al quejoso mismo." (Tesis aislada, número de registro 316,110, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 32, CXXIX, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época). "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." (Tesis aislada, número de registro 177,628, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, página 1897, XXII, Agosto de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). En efecto, los numerales y tesis transcritas, revelan que a toda petición que formulen los gobernados frente a un funcionario, empleado público o cualquier autoridad que forme parte del poder público, siempre que sea por escrito, de manera pacífica y respetuosa debe recaer un acuerdo en el que se dé contestación de manera congruente y completa a cada una de las peticiones que se le formulen, además de hacerle saber en breve término, dicho acuerdo, así, el funcionario público adquiere las obligaciones siguientes: 1. Dar respuesta congruente y por escrito, en breve término; y, 2. Notificar al particular la respuesta otorgada. Por su parte, los artículos 22, 30 y 30 bis, todos de la Ley de Aguas Nacionales, disponen lo que sigue: Artículo 22.- "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Artículo 30.- "La Comisión" en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán: I. Los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos de descargas de aguas residuales señalados en la presente Ley y sus reglamentos; (.) IV. La transmisión de los títulos de concesión en los términos establecidos por la presente Ley y sus reglamentos; Artículo 30 bis.- El Registro Público de Derechos de Agua es competente para: I. Autorizar la apertura y cierre de los libros o folios, así como las inscripciones que se efectúen; II. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, así como atender y resolver las consultas que en materia registral se presenten; III. Efectuar las anotaciones preventivas; IV. Producir la información estadística y cartográfica sobre los derechos inscritos; V. Resguardar las copias de los títulos inscritos, y VI. Las demás que específicamente le asignen las disposiciones reglamentarias. De dichos numerales se desprende que corresponde a la responsable, en el ámbito de su respectiva esfera competencial, conocer de entre otros trámites, las solicitudes relativas a los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales; al efecto deberán expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, acorde a los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, lo anterior, a fin de garantizar el principio de legalidad. De igual manera, los preceptos antes invocados, señalan que la autoridad del agua (de cuyo carácter se revisten las responsables conforme a las leyes aplicables), deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. En el caso, de la documental que exhibida por la parte peticionaria, se advierte que presentó ante la autoridad responsable el uno de octubre de dos mil diecinueve, la solicitud de expedición de título de concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas, que generó el expediente N° ZAC-L-1982-01-10-19 a nombre de Jacob Loewen Wiens. Sin que de autos se advierta que la autoridad responsable haya dado respuesta a la petición del quejoso y notificado al mismo; tan es así que en el propio informe justificado acepta la falta de contestación a dicha petición, al indicar "En efecto, al caso que nos ocupa, esta Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua si bien se recibió en fecha 01 de octubre del 2019, solicitud ingresada en esta Dirección Local Zacatecas a la cual se le asignó el número de expediente No. ZAC-L-1982-01-10-19 y si bien es cierto que esta Dirección Local Zacatecas cuenta con las facultades para resolver la referida solicitud, también lo es que está a mi cargo para que se encuentre en condiciones de emitir contestación alguna a la solicitud en comento, es indispensable que en su caso, sea procedente la inscripción de dicho trámite.". En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, de la solicitud (uno de octubre de dos mil diecinueve), que dio origen al expediente administrativo ZAC-L-1982-01-10-19, a la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo, ya han transcurrido más de sesenta días, pues la petición de concesión se presentó desde el uno de octubre de dos mil diecinueve, ello significa que se ha excedido el término que alude el numeral 22 de la Ley de Aguas Nacionales, para la respuesta de la solicitud presentada y en su caso, para la inscripción de los actos que son materia del expediente administrativo; por lo que es incuestionable que las autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio del peticionario de amparo, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días hábiles que prevé el aludido precepto legal. En consecuencia, como se puede constatar con las constancias que integran el presente juicio de amparo, la citada autoridad responsable, no ha emitido una respuesta a la petición del gobernado; por ello, ha incumplido con su obligación establecida en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal. SEXTO. Efectos de la sentencia. El Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, deberá de inmediato: 1) Con plenitud de jurisdicción, dar respuesta por escrito sobre la petición formulada por el quejoso Jacob Loewen Wiens, de uno de octubre de dos mil diecinueve. 2) Ordenar se notifique al citado quejoso el acuerdo recaído a dicha petición, en el domicilio que para tal efecto señaló en su escrito de petición. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Jacob Loewen Wiens, contra el acto que reclamó de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Zacatecas, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho Juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Jorge Martín Zamora González quien autoriza y da fe. En Zacatecas, Zacatecas a veinticuatro de junio de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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